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Una
lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio informativo No. 123
Del 01 al 14 de agosto de 2003 |
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1988/2003:
Provea, 15 años
por los derechos sociales y contra la impunidad
CONTEXTO
*
"Derechos humanos y coyuntura" estrena presentación
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
"Historia de los Derechos Humanos": Nueva
publicación de Provea
*
Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas: Acuerdos y logros
*
Estado en deuda con el derecho a la
vivienda de los habitantes de Lagunillas
*
Dirección de Salud de Miranda lesiona
derecho de petición
*
MSDS se compromete a
aportar recursos para cardiópatas del J. M. de los Ríos
*
Genéricos nacionales ganaron ante medida
que impedía su producción
*
Nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo
facilita procedimientos judiciales para trabajadores y
patronos
*
Plan de inversión extraordinaria es menor
que los recortes presupuestarios de febrero a la salud y
la educación
*
Crisis de la salud pública:
responsabilidades y víctimas
*
Indicadores de seguridad social
*
Indicadores socieconómicos del BCV y
CENDA
*
Propuestas y exigencias a los poderes públicos
sobre el derecho a la educación
DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS
*
Vocería del Foro por la Vida preocupada
por situación de los solicitantes de refugio en
Venezuela
*
Acuerdo de Sala Plena del TSJ es
inconstitucional
*
Nuevos casos de ejecuciones
extrajudiciales en Anzoátegui
*
Tribunal de Aragua reencausa expediente
de Teniente Sicat
*
Propuestas y
exigencias a los poderes públicos sobre el derecho a la
libertad de expresión e información
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “El derecho a la
retroactividad de las prestaciones”
DOCUMENTOS
*
Cecodap: “La muerte de Davis denuncia la
ineficiencia de nuestro sistema de salud”
*
Organizaciones GLBT venezolanas ante
decisión del Vaticano contraria a las uniones
homosexuales
A
efectos de este servicio informativo utilice:
coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro
sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Autorizada la reproducción total o parcial
en tanto se mencione la fuente |
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CONTEXTO
"Derechos
humanos y coyuntura" estrena presentación |
Con este nuevo
formato de "Derechos humanos y coyuntura", Provea adelanta
la celebración de su decimoquinto aniversario dando
respuesta a las sugerencias hechas por nuestros lectores.
La nueva presentación, hecha en lenguaje HTML, exhibe un
concepto más atractivo, dinámico y práctico para la
lectura de nuestro servicio informativo, permitiendo que
los lectores manejen su consulta con mayor facilidad.
El diseño estuvo a cargo del equipo de Webmundial, (http://www.webmundial.com.ve),
con quien estamos trabajando en nuestra nueva página web,
la cual esperamos ofrecer a los usuarios próximamente. Las
fotos que aparecen en la cabecera de este nuevo formato
son del reconocido fotógrafo venezolano Luis Brito, Premio
Nacional de Fotografía de 1996, a quien agradecemos su
desinteresada colaboración.
Finalmente, esperamos satisfacer los exigentes estándares
de nuestros suscriptores quienes -de más está decirlo-,
pueden hacernos llegar sus comentarios.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
"Historia de los Derechos Humanos": Nueva
publicación de Provea |
Continuando con la serie editorial de
formación en derechos humanos "Tener derechos no basta",
Provea presenta su nueva publicación: "Historia de los
Derechos Humanos", la cual puede adquirirse en nuestra
sede por 3.500 bolívares o consultar próximamente en
nuestro sitio web.
Con este folleto, Provea aspira a contribuir en la
divulgación de los procesos históricos, luchas y
conquistas que definieron la doctrina de los derechos
humanos.
En esta publicación se abordan los aspectos más
importantes del acontecer histórico ligados a la lucha por
los derechos humanos en Occidente. El tratamiento de esta
historia implicó realizar una breve reflexión sobre cómo
se entiende a la historia, destacando el carácter plural
de los protagonistas y la complejidad de los hechos que se
conjugan para dar sentido a la realidad. El aporte del
ilustrador Abilio Padrón y los textos escritos por Ana
Barrios, Pablo Fernández y Enrique González, facilitan al
lector el entendimiento de los temas tratados.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas:
Acuerdos y logros |
El pasado
09.08.03 se celebró el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas. En ese contexto, la Gaceta Oficial
N° 37.749, publicada el 08.08.03, informa de los
diferentes acuerdos alcanzados por la Asamblea Nacional (AN)
acerca de la materia indígena (TSJ, 13.08.03,
http://www.tsj.gov.ve/gaceta Agosto/080803/
080803-37749-02.html) . El
parlamento acordó solicitarle al Ejecutivo Nacional:
1ro.) Celeridad en las tareas de delimitación del Hábitat
y Tierras ancestrales de los pueblos indígenas, a cargo
del Consejo Nacional de Demarcación, ;
2do.) Promover la iniciativa mundial para la aprobación
definitiva de la Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas en el seno de la Organización de
Naciones Unidas (ONU);
3ro.) Continuar con la política activa en defensa de las
acciones emanadas por la ONU a favor de los pueblos
indígenas y la biodiversidad;
4to.) Continuar y apoyar el proceso de Educación
Intercultural Bilingüe para orientar la consulta y
participación en lo relativo a sus intereses;
5to.) Apoyar a los pueblos indígenas para solicitar a la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Declaración Universal de
la Interculturalidad de los Sistemas Educativos;
6to.) Reconocer que la práctica de la medicina indígena es
importante en el tratamiento de cualquier paciente, así
como considerar su estudio y que se concrete en las
prácticas de los médicos como una medicina alternativa; y
7mo.) Oficializar el 12 de octubre como Día de la
Resistencia Indígena (Ídem.).
Con respecto a la primera exigencia dirigida por el
legislativo al ejecutivo, el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARN) informó que, hasta ahora, sólo
"se han juramentado las 8 comisiones regionales de
demarcación (Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas,
Sucre, Anzoátegui, Apure y Zulia), notifica Mary Carmen
Díaz, secretaria
Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas
[...] Algunas comunidades ya han realizado su
autodemarcación. Los casos más avanzados son Bolívar,
amazonas, Anzoátegui y Zulia" (El Nacional, 09.08.03, pág.
A/9).
En su Agenda Salud y Vida N° 58, (Últimas Noticias,
10.08.03, pág. 5), el Ministerio de salud y Desarrollo
Social (MSDS) informó que el Plan de Atención Integral a
la Población Indígena arrojó como resultado la atención
directa, en el área de salud, de 159.925 indígenas, entre
1999 y el año 2002. Para este año asegura que se atenderá
la salud de 130.000 indígenas "mediante los planes de
consulta, inmunizaciones, control sanitario y suministros
de medicamentos. Para lo cual el Ejecutivo Nacional
mantiene en ejecución recursos por el orden de los 4,09
millardos de bolívares". Sin embargo, hay que acotar que,
según datos preliminares del Instituto Nacional de
Estadística, 328.065 personas se declaran indígenas y
178.343 fueron empadronados en comunidades autóctonas (El
Nacional, Op. cit..).
Por su parte, el mismo parlamento nacional también está en
mora con el sector indígena, pues no aprobó la ley
orgánica de Pueblos Indígenas que crearía un instituto
autónomo como órgano rector de las políticas dirigidas
hacia ese sector (Ídem.).
Finalmente, hay que reseñar la traducción a la lengua
Wayuu de la Constitución, cuyo texto fue bautizado en
vísperas de la efeméride en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (MECD). Aristóbulo Istúriz, jefe de ese
despacho, informó que se está realizando la traducción del
texto constitucional a otras lenguas como el Warao y al
Pemón (Ídem.). Esteban Emilio Mosonyi, asesor
antropolinguístico del MECD alerta, no obstante, que a
pesar del esfuerzo, se debe trabajar en función a los
casos más dramáticos en cuanto a extinción de lenguas
indígenas, tales como el Añú, el Baré y el Yabarana "que
tienen pocos hablantes ya viejos" (Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Estado en deuda con el derecho a la vivienda de
los habitantes de Lagunillas |
El Ministerio
de Infraestructura (Minfra) mantiene represados 19.000
millones de bolívares correspondientes al presupuesto de
los años 2002 y 2003, que debió transferir a la empresa
estatal Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago
S. A. (Ducolsa), para la construcción de viviendas de los
habitantes de la población de Lagunillas, Edo. Zulia,
quienes fueron perjudicados por el fenómeno de subsidencia
que afecta a la costa oriental del Lago de Maracaibo (ver
edición N° 118 de este servicio informativo en
http://www.derechos. org.ve).
El proceso de reubicación de todas estas familias ya tiene
un retraso de 8 años, mientras que el riesgo de mayores
daños para sus inmuebles y vidas aumentó progresivamente.
A este ritmo, el proceso de reubicación tardará unos 10
años más, cuando su lapso era de 3 años. Este retraso suma
otros problemas tales como el crecimiento de la población,
la cual inicialmente no fue censada.
A este respecto, Provea recuerda que en ocasiones
anteriores (Ídem.) solicitó al Ejecutivo Nacional la
emisión de un decreto que declare la emergencia para
atender el fenómeno de subsidencia en esta zona, tal como
se hizo en 1992.
El general Álbaro Carrasco Roa, presidente de Dulcosa,
informó que para diciembre de este año se entregarán
1.000 viviendas en el sector El Danto, para reubicar a
igual número de familias. Según pudo constatar Provea en
una reciente visita efectuada en el sector, las viviendas
reúnen las condiciones adecuadas de habitabilidad. Sin
embargo, la empresa no culminó las obras destinadas a los
servicios de educación, salud y deportes. Ante esta
situación, los habitantes manifiestan que sólo aceptarán
la reubicación cuando dichas obras sean concluidas, pues
la experiencia en anteriores circunstancias similares
indica que aceptar tales condiciones no garantiza que
Dulcosa acelere la construcción de los servicios
faltantes.
Los comerciantes denunciaron ante el representante de
Provea que dicha empresa no tiene pautadas justas
indemnizaciones por los daños y prejuicios causados y que
no les ofrece alternativas serias para continuar con los
negocios que actualmente administran. Algunos habitantes
exigieron su derecho a una indemnización integral por los
otros bienes que perderán con la reubicación y por los
daños morales causados por el desarraigado de su entorno
y comunidad de origen que dicho proceso implica. Hasta
hora, las indemnizaciones sólo reconocen el valor de la
estructura física de las viviendas que tendrán que
abandonar.
También denunciaron que el general Carrasco no convoca al
Consejo Directivo de la empresa, el cual cuenta con 3
miembros de la comunidad, impidiendo la participación de
la comunidad en el diseño de las políticas de la empresa y
en el control de las inversiones y obras que se realicen
(Provea, 13.08.03).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Dirección de Salud de Miranda
lesiona
derecho de petición |
Este 12.08.03, el Juzgado Superior 2do. en
lo Civil Contencioso y Administrativo de la región Capital
declaró parcialmente con lugar una acción de amparo
constitucional interpuesta por Provea contra el director
regional de salud del Edo. Miranda, Miguel Mejías, por
violación del derecho de petición.
En febrero de este año el área de Defensa de Provea
recibió una denuncia por parte de representantes del
gremio de bioanalistas de Miranda, sobre las condiciones
de funcionamiento del servicio de bioanálisis en varios
hospitales de la entidad federal. Para entonces, los
equipos para prestar el servicio automatizado habían sido
retirados sin que la gobernación firmara nuevos contratos
para el suministro de los equipos, insumos y reactivos
necesarios, afectando las condiciones de higiene y
seguridad laboral, así como la cantidad y calidad de los
servicios prestados en estos centros asistenciales.
Respondiendo a la denuncia, Provea solicitó información al
director de Salud sobre las medidas tomadas ante tal
situación, particularmente sobre la situación
presupuestaria de la dirección.
A 4 meses de solicitada la información al funcionario
estadal Provea introdujo, de conformidad con el Artículo
51 de la Constitución, la acción de amparo constitucional
ante la falta de respuesta oportuna y adecuada por parte
de las autoridades públicas requeridas. Cabe señalar que,
2 semanas después de iniciado el procedimiento, Provea
recibió una respuesta por parte de Mejías. No obstante, su
respuesta no correspondió a los términos de la petición.
La decisión tomada por el tribunal se sustentó en estos
hechos y exige a la autoridad denunciada responder en un
lapso de 10 días hábiles sobre la materia de la solicitud
de Provea, es decir, la situación presupuestaria del
sector salud en dicha gobernación (Provea, 14.08.03).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
MSDS se compromete a
aportar recursos para cardiópatas del J. M. de los Ríos |
El 04.08.03, se efectuó una reunión entre
representantes del hospital J. M. de los Ríos, Alcaldía
Metropolitana, MSDS, Ministerio Público (MP), Consejo
Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)
y las organizaciones de derechos humanos Centros
Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y Provea (Asamblea
Nacional, 05.08.03,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4154).
La Comisión Permanente de Contraloría de la AN, convocó a
las organizaciones de derechos humanos accionantes en el
caso de los niños, niñas y adolescentes con cardiopatías
congénitas y demás participantes de la mesa de diálogo, a
una sesión para conocer de la denuncia presentada por la
Dirección de Salud de la Alcaldía Metropolitana contra el
MSDS por la falta de los recursos reservados para el
hospital de Niños J. M. de los Ríos y Fundacardín, del
hospital Militar.
En la reunión, Miriam Morales, directora de Salud
Poblacional del MSDS, informó que las órdenes de pago
habían sido aprobadas, aún cuando la Alcaldía niega
conocer su destino. Con respecto al acuerdo de la Mesa de
Diálogo instalada desde el año 2001, a petición del fallo
favorable a los niños, niñas y adolescentes con
cardiopatías congénitas del hospital de niños J. M. de los
Ríos para estudiar y resolver la situación que afectaba la
posibilidad de una atención oportuna y adecuada, en la
sesión se trató el punto relativo a garantizar un flujo
permanente y regular del dinero para un fondo que
garantice la realización de las intervenciones
quirúrgicas, terapéuticas, insumos y medicamentos.
Al respecto, Morales informó sobre la firma de "un
convenio de desempeño con la Fundación Patronato hospital
J. M. de los Ríos y con el Hospital Militar (Fundacardín)"
(Ibíd.).
Morales aseguró que su despacho se compromete a
"consignar, en la última semana del mes de agosto, los
recursos necesarios para la atención integral de los niños
con cardiopatías congénitas a través de la firma de un
convenio con Fundacardín y el hospital J. M. de los Ríos"
(Ibíd.). Igualmente, explicó la funcionaria que "se
firmará
Finalmente, representantes de las organizaciones de
derechos humanos celebraron la firma de este convenio
porque asegura presupuestariamente la atención integral de
este sector. Queda pendiente el resultado de las
investigaciones iniciadas por la comisión parlamentaria
sobre el destino de los recursos, hasta ahora
desconocidos.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Genéricos nacionales ganaron ante medida que
impedía su producción |
El pasado
31.07.03, el Juzgado 6to. de Primera Instancia en lo Civil
y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas dejó sin efecto las medidas
cautelares decretadas por el Juzgado 9no. de Municipio de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas que "intentaban prohibir la libre comercialización
del producto genérico Atorvastatina" (Últimas Noticias,
10.08.03, pág. 4) producido por laboratorios farmacéuticos
nacionales.
En marzo de 2002, varios laboratorios foráneos solicitaron
a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la
Libre Competencia (Procompetencia), organismo técnico
encargado de administrar la Ley para Promover y Proteger
el Ejercicio de la Libre Competencia, un procedimiento
sancionatorio de competencia desleal en contra de 4
empresas nacionales que producen algunos medicamentos
genéricos, entre los que se cuenta la Atorvastatina (Tal
Cual, 18.07.03, pág. 4). En esa ocasión, Procompetencia
dictó una medida cautelar que prohibió la comercialización
de esos productos, pero los laboratorios cancelaron la
fianza que les permitió seguir su comercialización. Esto
hizo que las trasnacionales, entre las que se cuenta
Pfizer, acudieran a los tribunales civiles. La demanda
tuvo aceptación del Juzgado 9no. de Municipio. Ello obligó
a las empresas farmacéuticas nacionales, acompañadas de
varias organizaciones sociales, a solicitar la revocación
de la medida cautelar que impedía la producción de estos
medicamentos (Últimas Noticias, Op., cit.).
Con esta decisión, las empresas farmacéuticas nacionales
conservan el derecho de producir estos genéricos y su
libre comercialización. A propósito de las medidas
restrictivas llevadas a cabo por compañías farmacéuticas
trasnacionales, Héctor García, vicepresidente de la Cámara
de Laboratorios Nacionales, opina que las mismas son "un
ataque que persigue desaparecer los genéricos que ya
ocupan 30% del mercado de medicamentos en Venezuela [...]
Aún cuando las empresas locales siguen los procedimientos
legales pautados para la solicitud y concesión de
registros sanitarios, previsto en el ordenamiento jurídico
nacional e internacional [...] En cambio, los medicamentos
de marca sólo quieren mantener el control del monopolio
del mercado tratando de obstaculizar la comercialización
libre y la competencia de los productos nacionales que se
venden a un menor precio" (Tal Cual, Op. cit.).
Por su parte, la red de organizaciones sociales Gente
Unida, califica la medida tomada por el Juzgado 6to. como
"un logro de la lucha reivindicativa de la sociedad"
contra medidas que pretenden "poner en juego la salud del
pueblo venezolano, queriendo eliminar un producto
efectivo, de calidad comprobada y elaborado por la
industria nacional" (Últimas Noticias, Op. cit.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo facilita
procedimientos judiciales para trabajadores y patronos |
A partir de
este 14.08.03, comenzó a regir la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo (LOPT). A propósito de la promulgación de este
nuevo instrumento, el magistrado Iván Rincón Urdaneta,
presidente del máximo tribunal del país, reconoció a la
LOPT como "una novedosa herramienta de cambio en el marco
de la modernización de los procesos judiciales, lo que sin
duda alguna se traducirá en más calidad y oportunidad a
los servicios judiciales” (Tribunal Supremo de Justicia,
06.08.03,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/
notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=668).
Las palabras fueron pronunciadas en el acto de culminación
del primer Curso de Capacitación de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo para Jueces de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución, organizado por la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Provea, por su parte, considera que la LOPT viene a ocupar
un espacio relevante en la regularización de los procesos
jurídicos con un procedimiento sencillo, oral, gratuito y
público para la defensa de los derechos laborales.
Tal como lo reseñamos en nuestra columna semanal "Son
Derechos" (Últimas Noticias, 10.08.03, pág. 10;
http://www.derechos.org.ve),
al momento en que un trabajador decida reclamar por
cualquier concepto a su empleador, con la LOPT tendrá a la
mano un nuevo procedimiento que contempla la apertura de
una etapa conciliatoria -para arreglar los problemas por
acuerdo-, así como la posibilidad de realizar arbitrajes,
en el que las partes nombren sus propios jueces para el
caso concreto y que sean éstos los que decidan la causa.
Otra de las novedades es que los juicios serán orales, por
lo que se espera que disminuya el actual retardo procesal.
Asimismo, se contempla la creación de la Defensoría
Pública de Trabajadores, con la finalidad de brindarles
asistencia jurídica.
Esta ley deroga a la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo, así como el procedimiento de
estabilidad previsto en la Ley Orgánica de Trabajo y su
Reglamento.
Con esta ley se unificarán los procedimientos judiciales y
se cumplirá el mandato constitucional de modernizar al
sistema judicial. Provea espera que con el nuevo
procedimiento se cumpla el objetivo de facilitar la
defensa de los derechos de los trabajadores de una forma
efectiva y desprovista de formalismos que entorpezcan el
acceso de los mismos al sistema judicial.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Plan de inversión extraordinaria es menor que los
recortes presupuestarios de febrero a la salud y la
educación |
En la edición N° 158 del programa Aló
Presidente, realizado el 03.08.03, el Primer Mandatario
anunció la aplicación, para el 2do. semestre de este año,
de la Agenda Bolivariana de Coyuntura y Desarrollo
Endógeno (ABCDE), un programa de inversiones en el sector
social que contará con 3,2 billones de bolívares
provenientes del presupuesto ordinario, utilidades del
Banco Central de Venezuela (BCV), recursos del Banco de
Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes),
institución financiera del Estado, y canjes por concepto
de petróleo (El Universal, 12.08.03,
http://www.eluniversal.com/2003/08/05/05111BB.shtml).
La primera etapa de este programa comprende la entrega de
recursos hacia las áreas de salud y educación y el
reforzamiento de planes del Ministerio de Producción y
Comercio (MPC) y las zonas especiales de desarrollo, entre
otros (Ibíd.). El área de salud recibirá 140 millardos de
bolívares para dotación de centros asistenciales,
específicamente, para los hospitales Pérez de León,
Clínico Universitario, Pérez Carreño, Domingo Luciani,
hospital militar Carlos Arvelo y construcción de un
cardiocentro infantil en Montalbán, todos ellos de Caracas
(Tal Cual, 04.08.03, pág. 3). El sector de la educación
recibirá 100 millardos de bolívares, para la construcción
de escuelas bolivarianas y para la misión Sucre, proyecto
que persigue la incorporación de más bachilleres a la
educación superior.
Sin embargo, hay que recordar el recorte al presupuesto
asignado para este año al gasto público social de 2,8
billones de bolívares, realizado por el Ejecutivo Nacional
el pasado mes de febrero (ver edición N° 111 de este
servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
De manera que, luego de 6 meses, la inyección de 240 mil
millones de bolívares a los sectores de la salud y la
educación a través de la ABCDE debe observarse tomando en
cuenta el monto del recorte hecho en febrero. "A los
despachos de Salud y Educación se les rebajaron en total
801,3 millardos de bolívares, de manera que se está
inyectando apenas 30% de lo que se les había disminuido.
La inversión que se está efectuando con las utilidades del
instituto emisor -y las cuales estaban presupuestadas-,
están compensando parcialmente lo que se ajustó en el
primer trimestre" (El Universal, Op. cit.).
La ABCDE, también prevé recursos para la construcción de
viviendas. "A través de la Corporación Venezolana de
Petróleo (CVP) se invertirán 480 millardos de bolívares
[...] Sin embargo, mientras se anuncian recursos
extraordinarios para el sector vivienda, el presupuesto
ordinario tiene problemas de ejecución. Por el Fondo de
Aportes del Sector Público (que se obtiene de 5% del
presupuesto) el sector vivienda recibiría 970 millardos de
bolívares, pero de ese monto solamente se entregaron 12%
(120 millardos), y según los voceros del sector en el
transcurso del tercer trimestre se desembolsarían 240
millardos de bolívares" (Ídem.).
Por otro lado, los directores de los 14 hospitales y 84
ambulatorios de la red de salud metropolitana, adscrita a
la Alcaldía Mayor calificaron como discriminatorio el
tratamiento que el jefe de Estado hizo de la distribución
de los fondos de la ABCDE dedicados al sector salud (El
Universal, 12.08.03,
http://www.eluniversal.com/2003/08/05/05210BB.shtml)
En rueda de prensa efectuada el 04.08.03, los directivos
de los hospitales y ambulatorios señalaron que el
Ejecutivo "los marginaba para castigar al alcalde
metropolitano, 'sin tomar en cuenta que estos centros de
salud son los únicos que en Caracas han soportado la
crisis que desde hace 4 años afronta la salud pública
[...] Es un anuncio político, pero no se le cobra al
alcalde mayor, Alfredo Peña [opositor del gobierno], sino
a todos los sectores más pobres que acuden a diario a
nuestras instituciones. No es un castigo contra Alfredo
Peña, es un castigo contra el pueblo, contra los pobres'"
(Ídem.).
Entre los centros asistenciales de la red metropolitana
que no fueron incluidos en la ABCDE, se encuentran la
Maternidad la Concepción Palacios, el Instituto Oncológico
Luis Razetti, el hospital José María Vargas, el
Psiquiátrico de Caracas, entre otros.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Crisis de la salud pública:
responsabilidades y víctimas |
A finales de
febrero de este año Provea se pronunció sobre la grave
situación que afectaba al sistema público de salud. Hizo
un llamado a los entes estatales con competencia en el
sector de asistencia a la salud en el ámbito nacional,
estadal y municipal, para la adopción inmediata de las
medidas necesarias con el fin de solventar el colapso en
que cayó la red de ambulatorios y hospitales del país.
Para ese momento el país venía de sufrir un paro nacional
que afectó a toda la institucionalidad asistencial y a la
sociedad venezolana, problemas como la disminución crítica
de los inventarios de medicamentos e insumos médicos, la
paralización de las licitaciones para el suministro y/o
mantenimiento de los equipos médicos, el retraso acumulado
por meses de la cancelación del salario y beneficios
laborales del gremio de los trabajadores de la salud, la
suspensión generalizada de las intervenciones quirúrgicas
electivas, la suspensión de las intervenciones por
transplante de órganos, el cierre de consultas médicas, la
disminución crítica de las reservas de sangre, de los
factores de coagulación, así como de reactivos (como el de
la prueba del VIH) en los bancos de sangre del país, entre
otros, hicieron que los establecimientos hospitalarios
redujeran su capacidad para garantizar la atención mínima
(ver edición Nº 112 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
Tomando en cuenta las razones políticas y económicas que
afectaban el contexto, se exhortó al MSDS a adoptar
medidas deliberadas y concretas, inclusive extremas, como
declarar un estado de emergencia del sector salud.
Como la realidad lo demuestra, se hizo caso omiso de las
señales de preocupación, no sólo de las expuestas por
Provea, sino de las otras innumerables hechas por
distintas organizaciones. Ahora, queda solamente reseñar
los efectos de la indolencia estatal. Hay que enumerar,
por ejemplo, el fallecimiento de una paciente renal en el
hospital Pérez Carreño (Correo del Caroní, 06.08.03, pág.
D/1); la pérdida del trasplante de riñón de 3 pacientes
(El Nacional, 09.08.03, pág. A/9), de un grupo de 1.800
cuyo trasplante se encuentra en peligro de perderse
(Correo del Caroní, Op. cit.); 6.000 pacientes renales que
necesitan tratamiento semanal, 4.000 pacientes que reciben
atención psiquiátrica y geriátrica del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hospitalizado en
clínicas privadas, casi 3.500 personas del programa de
suministro de antirretrovirales (El Universal, 10.08.03,
pág. 1/1); 558 pacientes con hemofilia que no reciben su
medicamento, entre ellos 20 niños(as) y adolescentes cuya
salud y vida peligran (Últimas Noticias, 09.08.03, pág.
3); 17 pacientes hemofílicos y trasplantados
hospitalizados por falta de medicamentos (Últimas
Noticias, 05.08.03, pág. 6); etc.
Distintas acciones de calle y protestas de toda índole
enmarcan el panorama antes descrito, pero la respuesta de
los entes gubernamentales a cargo de la salud no supera
los pronunciamientos y las explicaciones generales. La
ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, destituyó a
la directiva del IVSS el pasado 06.08.03 (El Nacional,
pág. A/8, 07.08.03).
Con respecto al papel jugado por la anterior gerencia,
encabezada por Edgar González, Carlos Quintero,
integrante de la organización de derechos humanos Acción
Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), observa que "las causas
de esta remoción son evidentes. En menos de 45 días el
sector VIH/SIDA y las PVVs hicieron 2 movilizaciones de
calle y denunciaron a la opinión pública el
desabastecimiento de antirretrovirales en todo el país por
más de 4 meses; otras protestas de miles de personas
afectados por hemofilia, renales, cáncer y transplantados
debido a la falta de medicamentos, insumos y equipos
médicos; deterioro de los servicios de atención médica;
reiteradas denuncias sobre las irregularidades
administrativas de su gestión; elevadas deudas millonarias
a las empresas proveedoras de productos farmacéuticos;
entre otros" (Acción Ciudadana Contra el SIDA, 12.08.03,
accsi@internet.ve).
Al arribo de su cargo como nuevo presidente del instituto,
Jesús Viloria anunció que "no habrá atrasos en los
procesos administrativos para honrar las deudas con los
laboratorios y garantizar el suministro de medicamentos
para pacientes con VIH, cáncer, renales y trasplantados"
(Últimas Noticias, 08.08.03, pág. 2).
Quintero también señala el comportamiento que el despacho
de Salud y Desarrollo ha tenido en esta crisis y observa
"con preocupación que la Dra. María Lourdes Urbaneja en su
carácter de Ministra de Salud y Desarrollo Social se ha
eximido de la grave situación de desabastecimiento de
antirretrovirales en el IVSS" (Ídem.). Advierte el vocero
de ACCSI que "varias ONG con servicio en VIH/SIDA y de
otros sectores que representan a Hemofilia, Transplantados
y VIH/SIDA estamos programando reuniones y la posibilidad
de unir esfuerzos y realizar acciones conjuntas" (Ídem.).
Según fuente periodística, Asia Villegas, defensora
especial de Salud y Seguridad Social de la Defensoría del
Pueblo, realizó desde mediados de julio reuniones con
todos los directores regionales de salud en las que
acordaron "sacar de la agenda política el tema de la
salud" (El Universal, 10.08.03, pág. 1/2). También recordó
que había gestionado un acuerdo entre la directiva
anterior del IVSS y representantes de la Asociación de
Unidades de Diálisis Extrahospitalarias para cancelar 44
de los 88 millardos de bolívares que adeuda el instituto a
estas unidades de diálisis privadas. Asegura la
funcionaria que el problema del IVSS radica en sus bajos
niveles de recaudación (Ídem.).
Complementa este diagnóstico la constatación de la deuda
que el instituto tiene desde hace 2 años con las 28
empresas agrupadas en la Cámara Venezolana del Medicamento
(Caveme) que suministran los medicamentos de los pacientes
adscritos al seguro social, la cual alcanza los 105
millardos de bolívares (El Universal, pág. 1/1, Op. cit.).
Vivian Martínez, directora de Farmacia del IVSS, asegura
que "ya estaba en marcha un acuerdo de pago de 6 millardos
de bolívares, con los que se espera reactivar los
despachos" (Ídem.).
A la deuda del IVSS se le añade el proceso que representó
la aplicación de controles al mercado de divisas: "desde
el 21.01.03, los laboratorios han hecho 2.427 solicitudes
ante Cadivi, que suman 139,84 millones de dólares. Les han
aprobado 1.535 solicitudes de licencias de importación por
84,51 millones, de los cuales hasta el 04.08.03, habían
sido pagados sólo 10 millones 399 mil dólares, aunque hay
liquidaciones de facturas aprobadas por 24 millones 63 mil
dólares" (Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Indicadores de seguridad social |
El Plan de Transición del IVSS, presentado
el pasado 08.07.03, señala que el beneficio de seguro de
paro forzoso alcanza mensualmente a una población de
14.700 personas promedio, quienes cumplen los requisitos
de haber sido despedidas y contribuyentes del régimen
cuando trabajaba (El Universal, 04.08.03, pág. 1/12).
También destaca que "los trabajadores afiliados se
encuentran por el orden de los 2,7 millones de personas,
lo que equivale alrededor de la mitad de los trabajadores
dependientes ocupados del país" (Ibíd.). Esto contrasta
con el porcentaje de empresas privadas del país que
mantiene deudas con este ente estatal (92%) (ver edición
N° 115 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
Además, sólo un 20% de las empresas registradas (272.040)
cumplen con el pago de su cotización de seguridad social
de sus trabajadores. De ese monto, 75% corresponde al
sector privado y 25% al público (ver edición N° 111 de
este servicio informativo).
Según destaca la fuente, "ante la exigencia de la
solvencia del organismo para la adquisición de dólares
algunas compañías han pagado sus obligaciones, pero ello
no es suficiente, la recaudación diaria que estaba en 2,5
millardos de bolívares pasó a 4 millardos de bolívares y
las deudas se mantienen" (El Universal, Op. cit.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores socieconómicos del BCV y CENDA |
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó
que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área
Metropolitana de Caracas registró en el mes de julio un
aumento de 1,8%, es decir, un 0,4% mayor que el observado
en junio (1,8%) e inferior al reportado en el mismo mes
del año pasado (3,6%). Con dicho resultado la variación
acumulada del IPC al mes de julio se situó en 17,4%,
superando en un 0,5% la alcanzadas para el mismo período
del año anterior (16,9%). (BCV, 04.08.03,
http://www.bcv.org.ve/ipc/2003/jul/ipcdocs.htm).
Explica el órgano emisor que “el conjunto de los bienes
presentó un aumento de precios igual al registrado en el
mes previo (2,1%), el cual siguió estando por encima del
incremento global de los servicios, aún cuando estos
últimos mostraron una variación acelerada (de 0,7% a
1,5%)” (Ibíd.).
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social
de la Federación Venezolana de Maestros (Cenda) anunció el
costo alcanzado al cierre de julio por la Canasta Básica (CB)
-que incluye los gastos en alimentos, servicios y
viviendas de una familia de 5 personas: 1.184.00
bolívares; lo que representa el costo de 5 salarios
mínimos de 209.088,00 bolívares (El Nacional, 08.08.03,
http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?Plantilla=3&Id=31034&IdSeccion=65).
El costo de la CB en julio representa un aumento de 1,5%
con respecto al valor alcanzado por este indicador en
junio (1.020.384 bolívares). Según el CENDA, "De los 7
grupos que forman la CB, 6 registraron aumentos de precio
entre junio y julio. El mayor repunte se dio en la canasta
alimentaria, que forma parte de la CB, con 2,9% pasando
de 374.816 bolívares en junio a 385.858 bolívares en
julio. Le siguieron los rubros de salud -medicamentos-,
con 1,7% y vestido y calzado con 1,2%" (Ibíd.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Propuestas
y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la
educación |
- Incrementar la matricula de educación
preescolar y educación media a fin de lograr, por lo
menos, un 55% de cobertura en un plazo no mayor a 5 años;
- Iniciar un proceso gradual de construcción de aulas para
lograr incluir a la población desescolarizada,
priorizándose el nivel preescolar y la 2° etapa de
educación básica;
- Disminuir progresivamente los índices de repitencia,
especialmente los constatados en 1° y 7° grado;
- Favorecer la reinserción escolar de los niños y/o
jóvenes que han salido del sistema de educación formal;
- Dar efectivo cumplimiento a todas las Resoluciones del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes destinadas a
impedir cualquier forma de discriminación de alumnos en el
ingreso y/o permanencia dentro del sistema educativo;
- Aprobar la Ley Orgánica de Educación en concordancia con
los principios y fundamentos establecidos tanto en la
Constitución vigente como en los acuerdos internacionales
de derechos humanos;
- Garantizar la participación social en la formulación del
“Plan Nacional de Educación para Todos”;
- Velar por el efectivo cumplimiento de la política que
garantiza el acceso a la educación pública sin el
condicionamiento de cobros de ninguna naturaleza;
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales
en el Convenio firmado entre la Asociación Venezolana de
Escuelas Católicas y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes;
- Comenzar un proceso de evaluación del proyecto de
Escuelas Bolivarianas a fin de potenciar sus logros y
reducir las fallas del mismo;
- Desarrollar un plan nacional de formación docente para
adecuar las prácticas pedagógicas a una concepción de la
educación no excluyente, democrática y participativa;
- Continuar asignando recursos financieros a los
establecimientos educativos para que puedan funcionar sin
que se vean obligados a depender de las cuotas de la
Sociedad de Padres y Representantes. Velar porque esta
asignación sea eficiente, equitativa y oportuna;
- Continuar la tendencia a incrementar el porcentaje del
PIB dedicado a la educación;
- Garantizar presupuestos acordes con las necesidades de
cada uno de los niveles educativos;
- Velar por la ejecución presupuestaria eficiente,
transparente y oportuna;
- Dar a conocer el Plan Nacional de Reparación de Escuelas
con metas a corto, mediano y largo plazo a fin de que la
ciudadanía pueda controlar la efectividad en el
cumplimiento del mismo;
- Garantizar que el ingreso a la docencia sea sólo a
través de concursos públicos organizados en forma
periódica, transparente y de acuerdo con parámetros
legales. Así mismo, garantizar una adecuada
contraprestación socioeconómica a los docentes;
- Fortalecer el Sistema Nacional de Medición y Evaluación
del Aprendizaje (Sinea);
- Eliminar el carácter de “obligatoria” de la asignatura
“Instrucción Premilitar”;
- Dar a conocer públicamente el procedimiento formal de
autorización de textos escolares;
- Elaborar una nueva Resolución que contextualice y
mantenga el espíritu de la Resolución N° 1484, la cual
establece, en el sistema curricular venezolano, la
educación en valores y derechos humanos (Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Vocería del Foro por la Vida
preocupada por situación de los solicitantes de refugio en
Venezuela |
El pasado 05.08.03, la Vocería y el Grupo
de Trabajo del Derecho al Refugio de la coalición de
organizaciones venezolanas de derechos humanos Foro por la
Vida, formularon al Ejecutivo Nacional algunas exigencias
motivados por la preocupante situación que afecta a los
1.300 solicitantes de refugio sin respuesta por parte del
gobierno de Venezuela. Dos días después, el 07.08.03, el
presidente Hugo Chávez juramentó la Comisión Nacional de
Refugiados (CNR) (Gobierno en Línea, 08.08.03,
http://www.gobiernoenlinea.ve),
presidida por Ricardo Rincón, representante del Ministerio
de Relaciones Exteriores, y formada por María Auxiliadora
Belisario Martínez, Héctor David Reyes Quevedo, Yvonne
Dorta, Valentín Noda y el diputado Tarek William Saab
(Agencia Venpres, 11.08.03,
http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#Gaceta).
En la Gaceta Oficial N° 37.748, que publica los nombres de
esta comisión, se señala que "las referidas personas
ejercerán sus funciones sin devengar salario alguno, en
tanto que el ministerio de Relaciones Exteriores será el
encargado de velar por el cumplimiento de la referida
disposición legal" (Ídem.). Informó Rincón que la CNR,
"tiene previsto reunirse una vez al mes y,
extraordinariamente, siempre que sea necesario para
cumplir sus objetivos, previa convocatoria del presidente"
(Gobierno en Línea, Op. cit.).
Sin embargo, algunos de los aspectos expuesto en el
comunicado del Foro por la Vida no pierden vigencia y por
esta razón, presentamos a continuación los señalamientos
que esta comisión deberá conocer para fortalecerse
institucionalmente y restituir las garantías lesionadas a
los 1.300 solicitantes de refugio desamparados por el
Estado venezolano.
- La normativa aplicable a estas solicitudes es la
contenida en la Ley Orgánica de Refugiados, Refugiadas,
Asilados y Asiladas (LORA) y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos y de refugiados, así
como supletoriamente las de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos (LOPA) en la materia que le
compete. El órgano competente para decidir de estos casos
es la Comisión Nacional de Refugiados. En este sentido,
preocupa la no aplicación del cuerpo normativo mencionado
y el desconocimiento del deber de respeto inmediato por
parte del Gobierno;
- Una vez constituida la Comisión, ésta deberá resolver
todas las solicitudes que se tienen represadas, algunas
hace más de 4 años, bajo las garantías mínimas del debido
proceso que se señalan tanto en la Constitución como en la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incluido
el plazo razonable de la decisión; y tratar de buscar el
equilibrio entre los intereses de seguridad del Estado y
el respeto de los derechos humanos de los solicitantes;
- Esperamos que el respeto a los derechos humanos de los
solicitantes se encuentre estipulado expresamente en el
Reglamento de la LORA, en cuyo texto, a pesar de todos
nuestros esfuerzos, no hemos podido contribuir, pues el
Ministerio de Relaciones Exteriores no lo presentó
formalmente para el conocimiento público y la consulta
ciudadana, tal como lo exige la LOPA;
- Además de dar respuesta a los casos represados y a los
que se presenten en el futuro, la Comisión, el Gobierno y
en general el Estado venezolano deben velar por el respeto
y la garantía de los derechos humanos de los solicitantes
de refugio en todo momento, lo que implica reconocer su
condición y no catalogarlos de desplazados, tal como lo
hace el Acuerdo Bilateral entre Venezuela y Colombia
firmado en abril de este año;
- Finalmente, nos preocupa que el recurso de amparo
interpuesto por Provea y un grupo de solicitantes de
refugio ante el Tribunal Supremo de Justicia, a más de un
año de su presentación, sólo haya recibido en el mes de
julio una petición de consulta sobre algunos aspectos de
la demanda. Esta demora en la admisibilidad del recurso
constituye una violación al derecho de justicia y al de un
recurso efectivo y rápido como debería ser el amparo
constitucional y tal como lo ha desarrollado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Vocería del Foro por
la Vida: Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap);
Vicaría Episcopal de Derecho Humanos de la Arquidiócesis
de Caracas; Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea)" (Foro por la Vida, 05.08.03,
foroporlavida@derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Acuerdo de Sala Plena del TSJ es
inconstitucional |
El pasado
16.07.03, la Sala Plena del TSJ emitió un acuerdo que
establece como inadmisibles aquellos escritos que
contengan "conceptos irrespetuosos u ofensivos a la
majestad del Poder Judicial, así como señalamientos
públicos contra los jueces y magistrados para calificarlos
y exponerlos al desprecio público" (Tribunal Supremo de
Justicia, 12.08.03,
http://www.tsj.gov.ve).
Provea cataloga dicho acuerdo como inconstitucional porque
impide el derecho constitucional de acceso a la justicia
(Artículo 26), a partir de valoraciones subjetivas de un
juez o magistrado sobre aquello que considere
irrespetuoso. Además, viola normas del Código de
Procedimiento Civil (CPC) y de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derecho y Garantías Constitucionales, que indican
claramente las circunstancias en que una acción judicial
debe ser declarada inadmisible. Cabe acotar que ninguna de
dichas normas establece la inadmisibilidad por "irrespeto
al juez".
Provea se pregunta sí, amparados por este acuerdo, los
magistrados y jueces observarán como irrespeto señalar la
incompetencia o ineficiencia de jueces que tardan más de
un año en pronunciarse sobre la admisibilidad de un amparo
(tal como ocurre con la acción que desde hace un año
interpusieron un grupo de refugiados con apoyo de Provea,
ante la Sala Constitucional). ¿Qué implicaciones acarreará
al proceso y a la culminación de la causa esta evaluación
subjetiva de dichos funcionarios?.
Provea también señala que dicho acuerdo viola el Artículo
57 de la Constitución, que consagra el derecho a la
libertad de expresión.
No obstante, Provea comparte con los magistrados su
preocupación porque los escritos introducidos por algunos
abogados contengan expresiones soeces o insultantes, pero
ante ello, la labor de los magistrados debe ser más
pedagógica que coercitiva. Lo correcto es hacer una
exhortación a que se cumpla con el código de ética
profesional del abogado.
Por lo antes señalado, Provea considera que dicho acuerdo
debe ser impugnado judicialmente por los colegios de
abogados y, en tal sentido, Provea iniciará los contactos
necesarios para que dicha acción judicial se haga posible
(Provea, 13.08.03).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Nuevos
casos de ejecuciones extrajudiciales en Anzoátegui |
La Fundación de Derechos Humanos del Estado
Anzoátegui denunció que el 12.08.03 hubo 6 ejecuciones
extrajudiciales en el sector La Ponderosa de la ciudad de
Barcelona, Edo. Anzoátegui, realizadas por efectivos de la
policía estadal (Polianzoátegui), de la policía del
municipio Simón Bolívar (Polibolívar) y del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)
delegación Barcelona (Fundación de Derechos Humanos del
Estado Anzoátegui,
fdhanzmagallanes@hotmail.com, 14.08.03).
Alcides Magallanes, presidente de la organización de
derechos humanos integrante del Foro por la Vida, afirma
que los hechos sucedieron como una retaliación de los
funcionarios policiales por la muerte de un oficial de
Polibolívar, en un operativo en el cual fueron abatidos
los presuntos delincuentes (2 sujetos) que el agente había
interceptado al momento de realizar un atraco, según
declararon testigos presenciales. Según Magallanes, luego
del intercambio de disparos que causó la muerte del agente
y de los 2 sujetos, comisiones de efectivos de los cuerpos
policiales antes señalados, se presentaron en La Ponderosa
donde, sin ordenes judiciales y violando el procedimiento
regular, allanaron varias casas, deteniendo y ejecutando a
6 ciudadanos en sus residencias, según atestiguan
familiares (Ibíd.).
Ante estos hechos, la organización regional de derechos
humanos solicitó a la Defensoría del Pueblo y al fiscal
Superior del estado realizar una investigación para
determinar las responsabilidades. Sobre este aspecto hay
que destacar el rechazo que la Fundación hace de la
solicitud que Nilvia Núñez de Silva, directora-presidenta
del Instituto Autónomo de la Polibolívar, dirigió a la
Defensoría del Pueblo (en rueda de prensa del 14.08.03)
pidiendo la renuncia de Noel Azócar, defensor del Pueblo
adscrito a Anzoátegui "por estar parcializado a favor de
los delincuentes". La Fundación considera que con esta
declaración, la institución policial pretende obstaculizar
la labor llevada a cabo por la Defensoría, institución que
Magallanes considera como única aliada en la lucha por el
esclarecimiento de las 300 ejecuciones extrajudiciales
registradas en la entidad federal desde el año 2000
(Ibíd.).
Con respecto a las investigaciones sobre estos hechos, hay
que reseñar la medida privativa de libertad contra 7
efectivos de la policía regional decretada por el Tribunal
6º de Control de Anzoátegui, a solicitud del MP, por estar
presuntamente incursos en el delito de homicidio
intencional, en perjuicio de Luis Gregorio Ojeda, hecho
ocurrido en abril del 2001 y que forma parte de los casi
300 casos de ejecuciones extrajudiciales y abusos
policiales (El Metropolitano, 07.08.03, pág. 22).
"Según las investigaciones conducidas por los fiscales
2do. y 6to. regionales, María Celeste Moncada y José
Alberto Morillo, respectivamente, los funcionarios
Euclides Rafael Fuentes, Marx Ramiro Morales, Jorge Luis
Mendoza, Rodolfo Enrique Macarán, Melchor Rafael Aguilar,
Pedro Salcedo Briceño y Pedro Rafael Marcano se llevaron a
Ojeda Fajardo, después que éste fue detenido por
estudiantes de la Universidad de Oriente quienes lo
confundieron con un atracador [...] Ojeda, fue entregado
con vida a los efectivos policiales. Sin embargo, horas
más tarde el cadáver apareció en la morgue del Hospital
Luis Razzetti con un impacto de bala en el tórax. Los
funcionarios manifestaron que Ojeda Fajardo falleció
durante un enfrentamiento" (Ministerio Público, 06.08.03,
http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/
A2003/prensajulio2003.asp).
Durante la etapa de investigación se encontraron
suficientes elementos de convicción que permitieron que el
Ministerio Público, en mayo de 2003, acusara a Pedro
Salcedo Briceño y Jorge Luis Mendoza por el delito de
homicidio intencional y al resto de los funcionarios por
encubrimiento.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Tribunal de Aragua reencausa expediente de Teniente Sicat
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El 11.08.03,
Fabiola Colmenarez, magistrada y presidenta de la Corte de
Apelación del Edo. Aragua, informó que su tribunal decidió
la anulación de la sentencia del tribunal 3ro. de Control
del Edo. Aragua (El Siglo, 12.08.03, pág. D/1), que el
03.04.03 había absuelto de toda culpa al teniente (Ej.)
Alessandro Sicat Torres en el caso abierto por los
familiares de 3 soldados que, estando a su cargo,
sufrieron heridas graves (2) y la muerte (1), al haberles
rociado un producto inflamable y les prendió fuego (ver
edición N° 114 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
La reciente medida responde a la apelación que la parte
querellante hizo de la decisión del tribunal de Control,
el 22.04.03. La sentencia "ordena la celebración de un
nuevo juicio oral y público ante un juez de este mismo
Circuito Judicial Penal, distinto del que se pronunció la
sentencia objeto de impugnación" (El Siglo, Op. cit.).
Asimismo ordena detención judicial privativa de libertad a
Sicat en el Centro Penitenciario de Tocorón, en Aragua
(Ídem.). Para la fecha en que la fuente reseña la noticia
se desconocía el paradero del imputado; mientras tanto, se
espera el sorteo de la causa seguida contra Sicat.
Sobre este caso, Marino Alvarado, coordinador del Área de
Defensa, manifestó su satisfacción por el nuevo giro que
toma el proceso, luego de denunciarse irregularidades.
Igualmente, destacó que es importante que "a Sicat se le
respete su derecho a la defensa y al debido proceso" (El
Mundo, 14.08.03, pág. 2).
El vocero de Provea recordó que esta organización ha
recibido varias denuncias sobre soldados torturados
mientras cumplen el servicio militar. Aclaró que muchos
casos fueron procesados debidamente por la Dirección de
Derechos Humanos de la Fuerza Armada Nacional (FAN)
(Ibíd.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas
y
exigencias a los poderes públicos sobre el derecho a la
libertad de expresión e información |
- Propiciar un debate y participación
públicos en torno a las distintas regulaciones
legislativas y reglamentarias, relacionadas con los medios
de comunicación social, el ejercicio del periodismo y el
acceso a la información por parte de los ciudadanos;
- Abstenerse de formular declaraciones públicas que
propicien agresiones hacia comunicadores sociales o su
intimidación, todo lo cual puede ser traducido en
prácticas de autocensura que limiten a los ciudadanos el
acceso a la información y opinión;
- Garantizar la integridad personal de los comunicadores
sociales durante el ejercicio de sus actividades
profesionales, investigando y sancionando cualquier
agresión proveniente de funcionarios públicos o
particulares;
- Desarrollar una política estatal que garantice, a través
de un sistema de radio-televisión de servicio público, la
necesaria pluralidad de opinión e información propias de
una sociedad democrática, así como la construcción de una
oferta que mejore la calidad en contenidos y formatos;
- Promover la creación de medios de comunicación locales,
comunitarios, plurales y alternativos, en un marco de
respeto a su autonomía, como mecanismo para garantizar el
derecho a la expresión de sectores sociales excluidos y el
derecho a una información plural de la sociedad;
- Abstenerse de utilizar la potestad de asignación o
suspensión de frecuencias radio-televisivas como un
mecanismo de presión sobre los medios de comunicación
orientado a limitar la libertad de expresión y el derecho
a la información;
- Garantizar el ejercicio al derecho a réplica en los
medios de comunicación por parte de los afectados;
- Ajustar la legislación y reglamentos relacionados con la
comunicación social para evitar incompatibilidades con los
postulados constitucionales y los tratados
internacionales, en particular en lo referido a las
figuras del vilipendio o desacato;
- Desarrollar políticas que garanticen de forma abierta
acceso a la información de carácter público en manos del
Estado en todas sus instancias;
- Promover ante las distintas instancias del Poder
Judicial un conocimiento y repercusiones prácticas de la
jurisprudencia del sistema interamericano en materia de
libertad de expresión e información;
- Abstenerse de utilizar procesos judiciales como
mecanismos orientados a limitar la libertad de expresión
(Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Son Derechos: “El derecho a la retroactividad de las
prestaciones” |
"Con la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999 comenzó a correr el lapso de un año
para que, luego de instalada la Asamblea Nacional, se
procediera a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo,
especialmente en lo relativo a la retroactividad de las
prestaciones sociales y la reducción de la jornada de
trabajo.
Lamentablemente el parlamento, instalado desde hace 3
años, no ha cumplido con el mandato constitucional
contenido en la disposición transitoria 4ta., tal como no
lo ha hecho con otras disposiciones constitucionales. La
consecuencia es que los trabajadores tienen negado el
derecho al cálculo retroactivo sobre la base del último
salario, tal como lo establece la Constitución.
La reforma de la Ley del Trabajo debió ser una prioridad
para el legislativo. Sin embargo, el proyecto de reforma
que hoy descansa en la Comisión de Asuntos Sociales,
aprobado en primera discusión, ni siquiera contempla la
reforma del actual régimen de prestaciones sociales, razón
por la cual los trabajadores deben permanecer alertas.
Esta omisión contrasta con los motivos esgrimidos para la
transformación del parlamento bicameral a unicameral: la
simplificación del proceso de formación de las leyes.
Por estas razones, Provea exhorta a los parlamentarios a
solventar la reiterada mora legislativa que caracteriza a
este poder, cumpliendo con la Constitución y saldando la
deuda que tiene con los trabajadores venezolanos" (Provea,
14.03.04,
son@derechos.org.ve).
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DOCUMENTOS
Cecodap: “La muerte de Davis denuncia la ineficiencia
de nuestro sistema de salud” |
"Davis Campos López recibió como regalo de
cumpleaños, la muerte. Davis pone en evidencia la
deficiencia de un sistema que no es capaz de hacer valer
el derecho a la vida y a la salud de las niñas y niños
venezolanos.
¿Cuántos Davis mueren día a día por negligencia, mala
praxis o carencia de insumos en nuestros centros de salud?
Seguramente son muchos más de los que conocemos,
simplemente que su muerte pasa desapercibida o se hace
invisible porque no se reseña a través de los medios de
comunicación.
El hecho es que la muerte de Davis, según la información
difundida, pone de manifiesto varios aspectos que hay que
investigar:
1. ¿En qué condiciones estaba cuando el médico de
nacionalidad cubana le prescribió aspirinas y no otro
medicamento? ¿Por qué tenía fiebre? ¿Cuáles eran las
causas reales de su enfermedad y por qué no se le remitió
a un centro especializado para que se le hiciera un
diagnóstico a fondo?
2. ¿Por qué en todo el recorrido o “ruleteo” no se asumió
la responsabilidad de hacer un diagnóstico que
posibilitara iniciar el tratamiento que la emergencia
exigía? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Los médicos? ¿El
centro hospitalario?
Lo que no se puede obviar es el uso político, de parte y
parte, evadiendo responsabilidades, de lado a lado,
tratando de justificar lo injustificable: Davis murió por
no recibir una atención oportuna y eficaz.
Cecodap como organización de derechos humanos de la niñez
y adolescencia exige que la investigación se realice
apegada estrictamente a derecho y, lo más importante, que
se haga justicia para que a los responsables, directos o
indirectos, se le apliquen las sanciones para que
situaciones como éstas no se vuelvan a repetir.
Para Cecodap es doloroso constatar como las niñas, niños y
adolescentes son víctimas de las carencias de un sistema
de salud con autoridades que no pueden ni quieren ponerse
de acuerdo para dar respuestas a las prioridades urgentes,
porque lo que priva son los intereses personales y
partidistas.
La muerte de Davis denuncia lo vulnerable y desprotegido
que están nuestros niños y niñas cuando requieren atención
médica. No se puede aceptar que sólo gocen de la salud los
que tienen la posibilidad de contar con recursos que le
permitan utilizar servicios privados, comprar insumos para
ser atendidos en centros públicos, contar con medios de
transporte para movilizarse con la urgencia del caso.
El derecho a la salud es de todas y todos los venezolanos
sin discriminación de ningún tipo" (Cecodap, 01.08.03,
http://www.cecodap.org.ve)
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DOCUMENTOS
Organizaciones GLBT venezolanas ante decisión del
Vaticano contraria a las uniones homosexuales
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Unión Afirmativa: "Declaración conjunta con
respecto a la posición del Vaticano sobre el matrimonio
homosexual"
“Ayer el Estado Vaticano acaba de publicar
un documento relativo al reconocimiento jurídico de las
relaciones homosexuales, denominado “Consideraciones sobre
propuestas para dar reconocimiento legal a uniones entre
personas homosexuales". A este respecto, nuestras
asociaciones, dedicadas a la defensa y promoción de los
derechos humanos y la dignidad de personas transgénero y
homosexuales, declaran :
1.- Este documento no hace más que reafirmar la posición
discriminatoria y excluyente de ese Estado con respecto a
las personas cuyo proyecto de vida no se corresponde con
su visión ideológica del mundo.
2.- El Estado Vaticano pretende imponer una visión
unipolar de las relaciones de pareja y de la realidad
humana, así como sobrepasar con su ideología los
principios jurídicos, éticos y de Derechos Humanos. Estos
plantea riesgos de graves violaciones de los derechos
humanos, no sólo para el sector objetivo de ese documento
sino para cualquier otro sector vulnerable de la
población.
3.- Su pretensión de que los líderes políticos de
confesión católica impongan sus creencias sobre el
principio de pluralidad, imprescindible en toda sociedad
democrática, es írrita y éticamente insostenible. Supone
para éstos un conflicto ético entre esa imposición
ilegítima y su deber de respetar la diversidad social que
incluye el derecho de cualquier persona a no ver su
proyecto de vida limitado por creencias que no comparte,
impuestas al Estado y al resto de la sociedad por vía de
la conciencia individual de un sector del liderazgo.
4.- Denunciamos la actitud abusiva del Estado Vaticano al
pretender por esta vía incidir en las políticas públicas
de otros Estados soberanos, irrespetando el principio de
autodeterminación de los pueblos.
5.- Aplaudimos la posición ética y valiente de algunos
líderes políticos de confesión católica, que anteponen sus
deberes ante la sociedad y su diversidad, a las
obligaciones resultantes de su vinculación a una comunidad
de creencias en particular. Dr. Jesús Medina, Director
Ejecutivo de Alianza Lambda de Venezuela; Pol. José Ramón
Merentes, Coordinador General de Unión Afirmativa” (Unión
Afirmativa, 01.08.03,
unionafirmativa@hotmail.com).
Alianza Lambda de Venezuela: "Declaraciones del
Vaticano con relación al matrimonio Gay son homofóbicas"
Recientemente, la Iglesia Católica, bajo su
máxima representación en la tierra, el Papa Juan Pablo II,
ha emitido un comunicado elaborado por la Congregación de
la Doctrina de la Fe, donde pide a los líderes católicos
que participan en la toma de decisiones en los congresos o
las asambleas legislativas de los países, que no aprueben
leyes que permitan el matrimonio entre personas del mismo
sexo.
Nuestra organización, que trabaja desde 1998 por los
Derechos Humanos de la comunidad Gay, Lésbica, Bisexual y
Transgénero venezolana rechaza categóricamente este
comunicado por considerar que:
1.- Instiga el odio y la homofobia generalizada.
Especialmente en un país mayoritariamente católico como
Venezuela.
2.- Atenta contra los Derechos Humanos fundamentales de
los ciudadanos y ciudadanas GLBT venezolanos, quienes
estamos amparado por la Constitución Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela (Artículos 19, 20, 21,
22 y 23). En ellos se consagra la igualdad de los
ciudadanos ante la Ley, la no discriminación y el amparo
del Estado a grupos vulnerables a la discriminación como
el nuestro.
3.- Está en contraposición con lo expresado en la Carta
Andina para la promoción y protección de los Derechos
Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Declaración sobre el derecho al desarrollo de las
Naciones Unidas, el Pacto por los Derechos Sociales y
Culturales, entre otros Pactos, Acuerdos y Convenciones
suscritos y ratificados por Venezuela.
4.- Propone obligar, mediante el uso de la religión como
arma homofóbica, a nuestros legisladores a actuar
inconstitucionalmente.
Por lo antes expuesto, Alianza Lambda de Venezuela,
mantendrá una actitud vigilante sobre los nuevos hechos
que puedan ocurrir, amparados en un falso discurso de
igualdad, unión, respeto, amor, paz y armonía que fomenta
la Iglesia Católica de nuestro país, especialmente en
estos tiempos. Un discurso que NO nos incluye, a pesar de
ser nosotros, igual que el Papa y que todos los curas
venezolanos, hijos del mismo Dios.
La Iglesia Católica venezolana siempre ha mantenido una
postura homofóbica insultante, distando mucho de las
verdaderas enseñanzas de Jesucristo y dando la espalda a
la muy numerosa feligresía católica homosexual que habita
en estas nación.
La sociedad venezolana está plagada de infinidad de
parejas homosexuales. A todo nivel, en todos los estratos
sociales y en todas las ciudades, millones de homosexuales
en este país viven en parejas, muchas veces hasta más
felices que las tradicionales parejas heterosexuales, a
pesar de no contar injustamente con el aval jurídico
pertinente, tal como ocurre en naciones hermanas como
Argentina o Colombia.
Este es un hecho innegable que no se puede tapar con
ninguna declaración y tal como lo especifica nuestra
Constitución Nacional, el Estado garantizará a toda
persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable,
indivisible e interdependiente de los derechos humanos. su
respeto y garantía son obligatorios para los órganos del
poder publico (art. 19), "todas las personas tienen
derechos al libre desenvolvimiento de su personalidad" (art.
20), "todas las personas son iguales ante la ley" (art.
21), "la falta de ley reglamentaria de estos derechos no
menoscaba el ejercicio de los mismos" (art. 22), "los
tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno,
en la medida en que contengan normas sobre su goce y
ejercicio mas favorables a las establecidas en esta
constitución y en las leyes de la republica, y son de
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del poder público" (art. 23).
Alianza Lambda de Venezuela se mantendrá firme en su
misión y seguimos y seguiremos luchando por la igualdad
plena de los ciudadanos Gays, Lesbianas, Bisexuales y
Transgéneros venezolanos" (Lambda de Venezuela, 01. 08.03,
lambdavenezuela@hotmail.com ).
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El Programa
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(Provea) es una organización no gubernamental
especializada en la defensa y promoción de los Derechos
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a cabo busca beneficiar a las víctimas o potenciales
víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola
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