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Una lectura de la realidad venezolana
desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 124
Del 15 al 28 de agosto de 2003 |
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1988/2003:
Provea, 15 años por
los derechos sociales y contra la impunidad
EFEMÉRIDES
DE SEPTIEMBRE
CONTEXTO
*
Excusas por fallas de
primera edición con nueva presentación
*
Vocería del Foro por la Vida repudia atentado en Irak contra
sede de la ONU
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
*
Admitido recurso de nulidad contra
discriminación de trabajadores(as) domésticos(as)
*
Haximú: una década de impunidad
*
Algunos
elementos para
encarar el debate internacional sobre el tema de las
patentes de los medicamentos
* Revisando
la tasa de escolaridad de 5 años
*
Indicadores de derechos laborales
* Indicadores
socioeconómicos del INE y derecho a la alimentación
*
Situación
epidemiológica nacional
*
Propuestas
y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la salud
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Foro por la Vida condena
asesinato de defensor de derechos humanos
*
Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz presenta recomendaciones en materia de derechos
humanos tras cumplirse primera mitad del período
constitucional del Presidente Chávez
*
Ministerio Público acusó a oficiales del Ejército
por sucesos de “El Caracazo”
*
Absueltos 10 ex funcionarios policiales en primer juicio
por
desaparición forzosa
*
Provea:
No a la suspensión de garantías en zonas fronterizas
*
Designada nueva directiva del CNE
*
Rectificación: Secuestro de ex gobernador del Táchira no tuvo
motivaciones políticas
*
Propuestas
y exigencias
a los poderes públicos sobre el derecho al asilo y al
refugio
ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Historia
y derechos humanos”
*
Son Derechos: “¿Qué puede pasar si se aprueba el ALCA?”
DOCUMENTOS
*CIDH
REPUDIA ASESINATO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS
VENEZOLANO JOE CASTILLO
* Equipo Pastoral del Alto Apure: "Ya basta de impunidad"
* "Declaración del
Seminario Latinoamericano de Acceso a Medicamentos
Esenciales y
Propiedad Intelectual"
A efectos de este servicio
informativo utilice:
coyuntura@derechos.org.ve
Ediciones anteriores disponibles en nuestro
sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Autorizada la reproducción total o parcial en
tanto se mencione la fuente |
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08 Día
Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
19 Día Internacional de la Paz
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CONTEXTO
Excusas por fallas en primera edición con
nueva presentación |
Solicitamos excusas
a nuestros lectores por
las fallas aparecidas en la primera edición con
nuevo formato de
"Derechos humanos y coyuntura". Como pudieron percatarse,
los hipervínculos que permiten conectar los títulos que
están en el índice con su respectivo contenido no
funcionaron. Estos problemas ya fueron superados en la
presente edición.
También queremos aprovechar la ocasión para agradecer los
comentarios recibidos
como reacción a la nueva presentación. Tales expresiones de
agrado nos comprometen a continuar las mejoras.
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CONTEXTO
Vocería del Foro por la Vida repudia atentado en Irak contra
sede
de la ONU |
La vocería de la coalición venezolana de organizaciones de
derechos humanos Foro por la Vida lamenta la muerte de
Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas, ocurrida por el atentado
terrorista perpetrado contra la sede de la ONU, en Irak,
este 19 de agosto, ocasionando un centenar de heridos y 17
fallecidos.
La vocería del Foro por la Vida repudia el terrorismo como
medio político y recuerda su condición de crimen contra la
humanidad. Este ataque, dirigido contra una misión
diplomática cuyo objetivo era combatir los efectos que la
intervención militar estadounidense tiene en el pueblo
iraquí, demuestra la irracionalidad de todas las formas de
terrorismo.
Además del daño personal e institucional ocasionado, este
atentado va en contra del trabajo por los derechos humanos
incluyendo el derecho a la autodeterminación. En este
sentido, vale recordar que a su llegada a Bagdad como
enviado especial de Naciones Unidas, Viera de Mello señaló
que "ningún extranjero puede gobernar este país. Sólo los
iraquíes pueden hacerlo. Sólo ellos tienen la capacidad y el
derecho de administrar Irak. Cuanto más sea la demora más
grande será la frustración y la impaciencia".
La vocería del Foro por la Vida manifiesta su solidaridad
con los familiares y amigos de las personas fallecidas.
Igualmente, desea manifestar su solidaridad al secretario
general de la ONU, Kofi Annan, a quien instamos a reforzar
su decisión de continuar trabajando por la paz y el respeto
de los derechos del pueblo iraquí (Foro por la vida,
20.08.03, foroporlavida@derechos.org.ve).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Admitido recurso de nulidad contra
discriminación de trabajadores(as) domésticos(as) |
Este 18.08.03, el Juzgado de Sustanciación de la Sala
Político Administrativa del TSJ, informó sobre la admisión del recurso
interpuesto el pasado 02.07.03 por Provea, en el que se solicitaba la nulidad del artículo 10 del
Decreto Nº 2.387, del 29.04.03, publicado en la Gaceta Oficial
Nº 37.681 (Tribunal Supremo de Justicia,
18.08.03,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=687).
El decreto impugnado excluye a las/os trabajadoras/es
domésticas/os (choferes particulares, camareras/os,
cocineras/os, jardineras/os, niñeras/os, lavanderas/os y
oficios afines) de la aplicación de un aumento del salario mínimo obligatorio
general, vigente desde el 01.07.03. De este modo, el decreto
contraría lo consagrado en los artículos 2, 19, 21, 88 y 91
de la Constitución, referidos al derecho a la igualdad, a la
no discriminación y protección del trabajo y a
un salario justo, así como a los convenios N° 111, 122
y 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
relativos a la igualdad de la remuneración, política de
empleo y fijación de salarios mínimos (ver edición N° 120 de
este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
De acuerdo con esta admisión, el Juzgado de Sustanciación de
la Sala Político Administrativa remitirá al Fiscal
General de la República, a la Procuradora General de la
República y a la Dirección General del Despacho de la
Presidencia, copias certificadas de la
solicitud, su documentación y del
presente auto (Tribunal Supremo de Justicia, Op. cit.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Haximú: una década de impunidad |
El pasado 10.08.03, en la sede del Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), ubicada en
Caracas, fue inaugurada la exposición "Haximú: la constante
impunidad", de Aníbal Ortizpozo, artista chileno
residenciado en Venezuela.
Con pinturas, esculturas, dibujos, fotografías y textos, esta
muestra plástica denuncia el desinterés del Estado a lo
largo de una década de la masacre de Haximú en la que
fallecieron 12 indígenass a manos de un grupo de mineros
ilegales brasileños (garimpeiros), en un sector del Edo.
Amazonas conocido como Haximú.
Debe recordarse que en diciembre de 1996, la Oficina de
Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto
Ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (Cejil) y Provea, elevaron el caso ante el
sistema interamericano al no conseguir justicia en la
jurisdicción nacional. En 1999, los representantes del
Estado venezolano y estas organizaciones suscribieron un
acuerdo de solución amistosa que, entre otros aspectos,
incluía la adopción de un plan de salud para beneficiar al
pueblo Yanomami y medidas para garantizar el control y la
vigilancia del área territorial de esta comunidad. Desde que
se firmó este acuerdo el Estado no ha materializado la
mayoría de los compromisos.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron este
incumplimiento ante la CIDH y más recientemente, el pasado
27.02.03, se celebró en la sede de dicha instancia
continental la audiencia sobre el caso Haximú, en donde las
organizaciones accionantes presentaron su última denuncia de
incumplimiento. En la misma audiencia, una vez más el
gobierno expresó su disposición a corregir sus faltas y en
tal sentido aceptó la propuesta de organizar para el pasado
mes de marzo dos reuniones de carácter operativo donde se
establecerían lapsos para el cumplimiento de los
compromisos, pero hasta ahora siguen sin concretarse (ver edición N° 115
de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
En una rueda de prensa celebrada por la apertura de esta
exposición, Carlos Correa, coordinador de Provea se refirió
a estos incumplimientos y advirtió que los mismos "podrían
llevar a la ruptura de la solución amistosa" (El Nacional,
22.08.03, pág. A/8) . Denunció, además, que las
circunstancias que originaron la masacre de Haximú no han
variado. Por ejemplo, se tiene conocimiento del
funcionamiento de dragas manejadas por garimpeiros en
ecosistemas protegidos del Amazonas venezolano, habitados
por 4 comunidades Yanomami. Correa informó que, por esta
razón un equipo de la organización realizará próximamente
una inspección en la zona (Ídem.).
"Haximú, la constante impunidad" estará abierta al público
hasta el próximo 05.10.08. Complementando la exhibición de
las piezas de Ortizpozo, se efectuarán distintas actividades
dirigidas a generar conciencia sobre los sucesos de Haximú,
la situación indígena y otros temas vinculados.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Algunos
elementos para
encarar el debate internacional sobre el tema de las
patentes de los medicamentos |
Entre el 20 y 21.08.03, se realizó en Brasilia el Seminario
Latinoamericano sobre Acceso a Medicamentos Esenciales y
Propiedad Intelectual, un evento organizado por la
Asociación Brasileña Interdisciplinaria para el SIDA (ABIA),
el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) y
Oxfam Internacional. El evento reunió a
casi 70 representantes de organizaciones de la sociedad
civil, redes comunitarias y gobiernos de 9 países,
para analizar estrategias de combate contra los problemas
generados por los altos costos de medicamentos y el efecto
de los acuerdos internacionales de propiedad intelectual
(Asociación Brasileña Interdisciplinaria para el SIDA,
22.08.03, abia@abiaids.org.br).
La próxima Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), a celebrarse en Cancún, México,
del 10 al 14.09.03, fue uno de los principales temas tocados
a causa del retroceso observado en el cuadro de asistencia
farmacéutica en algunos países, debido a que los acuerdos
sobre patentes de los países
desarrollados encarecen los productos médicos: "la propiedad intelectual sobre medicamentos impide la
protección a la salud pública y el acceso a medicamentos
para todos, debido a los altos precios", afirmó Sezifredo
Paz, consultor técnico del Instituto Brasileño de Defensa
del Consumidor" (SELA, 25.08.03,
difusion-sela@sela.org).
En este sentido, acordaron elevar algunas propuestas a las autoridades de la OMC.
La declaración que las comprende será entregada por cada delegado a sus
respectivos gobiernos para que la propuesta sea debatida
(Ídem.). Cabe destacar que no hubo representantes
venezolanos en este encuentro.
Una nota informativa de la organización Médicos Sin Fronteras
(MSF) (Médicos Sin Fronteras, 25.08.03,
http://www.accessmed-msf.org/documents/Pre-CancunS.pdf),
que asistió a la cita de Brasilia, recuerda que fue en la Conferencia Ministerial de Doha, Qatar, del año
2001, "cuando los
miembros de la OMC
adoptaron la revolucionaria 'Declaración sobre el Acuerdo
ADPIC y la Salud Pública', que claramente reconocía la
primacía de la salud pública sobre los intereses
comerciales. La Declaración confirmaba algunas de las
salvaguardas clave contempladas por el Acuerdo sobre
Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad
Intelectual (ADPIC) y obligaba a los países a interpretar el
tratado de forma que la salud pública quedara protegida y se
fomentase el acceso a medicamentos para todos".
Sin embargo, como lo reconoce MSF, después de su adopción,
el “'carácter optimista' de Doha se evaporó y ha habido
repetidos intentos por parte de las naciones ricas –
particularmente aquellas donde se encuentran las principales
compañías farmacéuticas – de erosionar el alcance y la
fuerza de la Declaración" (Ídem.).
Por su parte, Silvia Ribeiro, de Tercer Mundo Económico,
asegura que "los países sede de las transnacionales
farmacéuticas -Estados Unidos y la Unión Europea, con leves
variaciones- han tratado de reducir los ámbitos de
aplicación de las excepciones. Primero, reduciendo el número
de enfermedades aplicables, por ejemplo, sólo malaria,
tuberculosis y sida. Hace poco aclararon que el SARS, o neumonía atípica, no
podría entrar en esas 'excepciones'. Luego, manipulando el
término 'razones de salud pública' para que sólo fuera
válido en situaciones de 'extrema urgencia', evaluación
subjetiva que siempre puede ser discutida. Y ahora Estados
Unidos declaró que el grupo de países que podrían aplicar
las excepciones serían sólo el de los 'menos adelantados':
los 48 extremadamente pobres, según la Organización de las
Naciones Unidas" (Tercer Mundo Económico, 25.08.03,
http://www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-171/actualidades06.htm).
Ante este panorama, Provea considera que es necesario abrir
el debate sobre la posición nacional sobre este asunto que
afecta la salvaguarda del derecho a la salud y exigir a las
instancias estatales consistencia con lo consagrado en los
artículos 83 y 84 de la Constitución.
En la sección DOCUMENTOS puede consultar la declaración
elaborada en este seminario.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Revisando
la tasa de escolaridad de 5 años |
La magnitud del aumento de la matrícula escolar en relación
con otros períodos gubernamentales ha sido objeto de
declaraciones de diversas autoridades del Ministerio de
Educación y también del presidente de la República casi
desde el inicio de este período constitucional.
Sin desconocer que la política de ratificación de la
gratuidad de la educación y la implantación de escuelas de
doble turno (llamadas escuelas bolivarianas) son políticas
públicas acordes con la garantía de este derecho y saludadas
como positivas desde Provea, hemos sido prudentes al evaluar
el monto de este incremento.
Para ello, Provea utiliza la misma metodología a lo largo de
los años y los mismos indicadores, tomados de las
Estadísticas Educacionales que se publican como anexo de la
Memoria y Cuenta que el MECD publica cada año y las
proyecciones de poblaciones del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
El ministro Aristóbulo Istúriz declaró recientemente : “En
el año 1998 encontramos una tasa de escolaridad del 55%, eso
significa que de cada 100 niños en edad escolar 55 estaban
dentro y 45 fuera del sistema educativo. El año pasado
cerramos con una escolaridad promedio de 75%, lo que quiere
decir que subimos esa tasa en 10 puntos” (Últimas Noticias,
19.08.03).
Las cifras de Provea coinciden parcialmente con las del
Ministro. Según nuestros cálculos, la tasa general de
escolaridad (total de niños inscritos en el sistema escolar
comparados con la población en edad escolar) para el año
2001-2002 es de 77,4% (algo más elevada que la mostrada por
Istúriz). Pero si la comparamos con la de 5 años atrás que
era de 71,1%, esto representa un incremento de alrededor de
6%, el cual no es desestimable, pero es unos puntos menos
que el crecimiento anunciado.
En nuestro próximo informe anual ofreceremos un estudio de
la evolución de estas tasas a lo largo de la última década
discriminando estas cifras por niveles, porque las cifras
globales ocultan en qué niveles la exclusión es mayor
(preescolar y media).
Asimismo, la comparación debiera hacerse diferenciando el
crecimiento en las escuelas públicas y en las privadas.
De todas formas, Provea ratifica que la política de
gratuidad en el acceso y las escuelas de doble turno
trajeron sin lugar a dudas crecimiento en la matrícula, que
es uno de los indicadores (pero no el único) que permite
monitorear la universalidad de este derecho.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores de derechos laborales
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Según lo reseña un
diario capitalino (Tal Cual, 21.08.03, pág. 8), la OIT
presentó un informe que revela la existencia en Venezuela de
un 31,6% de desempleo juvenil, dentro de la tasa de
desempleo que, según el organismo internacional cerrará el
2003 en 18%. Los datos recabados por la OIT subrayan la
afirmación recogida en la edición N° 120 de este servicio
informativo (ver en
http://www.derechos.org.ve), sobre el alto componente
juvenil que se haya en la tasa de desempleo general,
observada tanto por fuentes oficiales como privadas: "a
finales de mayo, la tasa de desempleo en ese grupo de edad
[15 a 24 años] llegó a 38,9% del total de desocupados"
(Ídem.).
Otra fuente periodística recoge la estimación del Consejo
Nacional de Venezuela del Comercio y los Servicios (Consecomercio)
relativa a la pérdida de 1 millón de empleos en el sector
privado en los últimos 3 años (El Nacional, 20.08.03, pág.
B/2). Por su parte, la Confederación Venezolana de
Industriales (Conindustria) destaca que en el sector
manufacturero, el desempleo alcanzó, para ese mismo lapso,
el 20% (Ídem.).
En otro orden de ideas, deben mencionarse las proyecciones
sobre accidentes laborales realizadas por el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel):
150.000 anuales. Francisco González presidente de este
órgano del Ministerio del Trabajo, detalla esta cifra: 10 de
cada 100 accidentados quedarán discapacitados en grado leve
o severamente, 1.500 trabajadores mueren anualmente (El
Nacional, 26.08.03, pág. A/10).
Denuncia González que, pese a que la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo cumplió
17 años de vigencia y que el texto constitucional establece
el derecho a disfrutar del mejor entorno laboral, la mayoría
de los centros empleadores carecen de los órganos de
protección a la salud laboral estipulados en las leyes: "no
hay comités de seguridad laboral, ni los servicios de
seguridad en el trabajo [...] Tampoco ha sido tema que
inquiete a la dirigencia sindical [...] con la excepción de
la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y
ahora la Unión de Trabajadores de Venezuela (UNT)" (Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores socioeconómicos del INE y derecho a la
alimentación |
Según
reporta el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) del mes de
junio alcanzó los 249.868,32 bolívares, aumentando un 4,5%
con respecto a la cifra de mayo (238.927,37 bolívares). Este
indicador comprende el consumo de cereales, carnes,
pescados, frutas, leguminosas, café, té, leche, queso,
huevos y productos derivados de la grasa y aceites como
mayonesa y margarina, para una familia de 5 personas
(Instituto Nacional de Estadística, 19.08.03,
http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/noticias.asp).
Es necesario recordar que, a partir de junio, el salario
mínimo mensual general vigente es de 209.088,00 bolívares.
El reporte del INE detalla la composición del consumo que
tuvo una familia de 5 personas para este mes: en cereales y
derivados (arroz, granos partidos, avena, harina de maíz, de
trigo y pastas alimenticias), un total de 51.195 bolívares.
En carnes (molida, falda, largarto, hígado de res, carne de
cochino y mortadela) y pescados (atún fresco, enlatado,
corocoro, cazón, sardinas frescas y enlatadas), un promedio
de 49.000 bolívares. En el renglón de lácteos (leche en
polvo o pasteurizada, queso blanco duro) y huevos, 43.963
bolívares. En aceite vegetal, margarina y mayonesa,
23.364,05 bolívares. Entre frutas y hortalizas, 42.460
bolívares. En tubérculos (apio, ocumo, papas, yuca),
19.886,80 bolívares. En oleaginosas y leguminosas (arvejas,
lentejas, caraotas negras, frijoles y lentejas) 10.033,49
bolívares. En azúcar y sal, 8.155,67 bolívares. En café
molido y té, 2.782,70 bolívares (Ibíd.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Situación
epidemiológica nacional |
El reporte
epidemiológico semanal del MSDS, Alerta Epidemiológica, en
su edición N° 33 (MSDS, 26.08.03,
http://www.msds.gov.ve/msdsweb/Index.html),
correspondiente a la semana comprendida entre el 10 y el
16.08.03, notifica que la malaria aumentó un 18,2% (596
casos reportados) con respecto a la cifra de la semana 32
(504 casos). De esta misma enfermedad se registró un
acumulado de 16.080 casos hasta la semana 33, es decir, un
21,3% menos que los registrados en el año 2002 en ese mismo
lapso (20.437 casos).
Con respecto al dengue, en la semana 33, Alerta documenta
415 casos, un 22,4% más que los reportados en la semana N°
32 (339). El acumulado hasta la semana 33 es de 11.640 casos
de dengue en el territorio nacional, es decir, un 57% menos
que los casos acumulados en el año 2002 para ese lapso
(27.098). Sin embargo, los casos de mortandad por dengue
hemorrágico sumaron otro caso en la semana 33, por lo que
legan a 2 el total de muertes a nivel nacional. Cabe
recordar que para el año pasado no hubo un sólo deceso por
esta epidemia.
Alerta Epidemiológico también registra en su última edición
nuevos casos de contagio y muerte de fiebre amarilla,
después de 4 años de ausencia en el país (Tal Cual,
08.08.03, pág. 5). La fuente oficial confirma 3 nuevas
muertes (2 en el municipio Machiques del Edo. Zulia y 1 en
el municipio Fernández Feo del Edo. Táchira) y comenta que
se investigan más de 22 casos sospechosos. Siguen sin
reportarse casos de sarampión en el reporte epidemiológico
realizado por este organismo (Ibíd.).
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Propuestas
y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la salud |
- Dar prioridad a la
lucha contra la exclusión social a través de medidas de
promoción social y de combate a la pobreza;
- Cumplir con el compromiso de la eliminación progresiva del
cobro directo a los usuarios en la prestación de los
servicios de salud;
- Fortalecer la Red Primaria de Salud y garantizar recursos
para su funcionamiento, dotación y mantenimiento de equipos,
insumos medico quirúrgicos y básicos de atención al
paciente;
- Fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), con la
incorporación progresiva de vacunas combinadas;
- Fortalecer los sistemas nacional y regional de registro de
datos en salud, además de fortalecer los procesos de
evaluación institucional;
- Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los
nuevos parámetros establecidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela;
- Aumentar la inversión pública en salud para llegar
progresivamente a no menos del 10% del PIB;
- Garantizar un presupuesto adecuado para el MSDS, tanto en
el campo social como en salud, que permita mantener un
enfoque integral de la salud;
- Garantizar un presupuesto adecuado para los estados,
cumpliendo con criterios de distribución en materia
poblacional. En las redes Hospitalarias y Ambulatorias,
realizar una mayor y mejor inversión con control de la
gestión;
- Recuperar el rol prioritario de los servicios de
epidemiología en el combate contra las enfermedades
prevenibles y garantizar una mayor inversión en los
mecanismos de control;
- Dar relevancia a la salud mental dentro de las prioridades
de las políticas públicas de salud;
- Fortalecer la capacidad institucional de las Direcciones
Regionales de Salud;
- Monitorear y apoyar el proceso de descentralización hacia
los municipios;
- Actualizar el registro nacional de personas con VIH/Sida
en el país;
- Instrumentar los mecanismos de participación de las
comunidades en el diseño, control y resguardo de las medidas
y servicios de salud;
- Asegurar que la Memoria y Cuenta del MSDS
contemple un balance entre las políticas adoptadas y la
situación de salud y con especial énfasis en el seguimiento
regular de los indicadores
(Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Foro por la Vida condena
asesinato de defensor de derechos humanos |
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El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones
de derechos humanos, condena el asesinato del abogado Joe
Luis Castillo González, ex coordinador de la Oficina de
Derechos Humanos del Vicariato de Machiques. Así lo hicieron
saber los voceros del Foro, José Gregorio Guarenas, Carlos
Correa y Fernando Pereira.
Joe Castillo fue asesinado el miércoles 27.08.03 en la
urbanización Tinaquillo de Machiques en el Edo. Zulia. El
hecho se enmarca claramente dentro de los patrones de
actuación del sicariato. “Venía en su auto en compañía de su
esposa y su hijo. Cuando se encontraba muy cerca de su
vivienda, dos sujetos a bordo de una moto efectuaron 13
disparos. Joe murió por el impacto de 9 balas y su esposa e
hijo (de 1 año y medio) fueron heridos”, señaló Guarenas,
coordinador de la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de
la Arquidiócesis de Caracas.
El Foro por la Vida exige la pronta y adecuada investigación
de este hecho y la sanción de las personas que resulten
responsables. Correa, coordinador general de Provea, señala
que el Foro le solicitó este jueves al Ministerio Público la
designación de un fiscal especial para el caso, “también nos
comunicamos con el Defensor del Pueblo para que esa
institución vigile el adecuado cumplimiento de la
investigación y con la Vicepresidencia de la República para
que garantice una adecuada actuación de los organismos de
seguridad”.
Castillo, de 30 años, trabajó durante más de 5 en la Oficina
de Derechos Humanos del Vicariato Apóstolico de Machiques.
Esta oficina es parte del Foro por la Vida y desarrolla
tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos,
especialmente entre las poblaciones indígenas de la región y
los refugiados de nacionalidad colombiana.
La muerte de Castillo se suma a las que semanalmente ocurren
en la frontera con Colombia a manos del sicariato u otros
actores armados. “La ausencia de una institucionalidad
estatal que responda a las múltiples necesidades de la
población es lo que explica la impunidad y la inseguridad de
la región. El Foro por la Vida no propone soluciones
militaristas ni suspensión de garantías. No es con más armas
o con menos derechos que se fortalece la presencia del
Estado venezolano. Es acercando, fortaleciendo y haciendo
efectivas las instituciones responsables de los derechos a
la salud, la educación, la justicia y el empleo digno, que
la frontera va a dejar de ser una zona vulnerable a la
violencia”, comentó Pereira, coordinador general de Cecodap.
La coalición se mantendrá vigilante del los avances de esta
investigación y de la consistencia con los derechos humanos
de las políticas públicas que el Estado adopta en la
frontera (Foro por la Vida, 28.08.03,
foroporlavida@derechos.org.ve).
El 28.08.03, la CIDH emitió un comunicado de prensa sobre
este hecho, el cual trascribimos en la sección DOCUMENTOS.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz presenta recomendaciones en materia de
derechos humanos tras cumplirse primera mitad del período
constitucional del Presidente Chávez |
El pasado 15.08.03, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
presentó un pliego de recomendaciones, propuestas y
exigencias al Estado venezolano en
materia de derechos humanos, ante la ausencia de un Plan
Nacional de Derechos Humanos, tras cumplirse la primera mitad
del período constitucional del Presidente Hugo Chávez.
En una rueda de prensa con motivo de la presentación de este
documento, Alfredo Ruiz, coordinador general de la
organización, señaló que “el hecho de no contar con un plan
de acción explícito y coherente en materia de derechos
humanos, pone en evidencia las dificultades del gobierno
para concretar en la práctica los postulados
constitucionales y dar respuestas efectivas a la situación
que vive el país, especialmente en los sectores de escasos
recursos” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 15.08.03,
redapoyo@cantv.net).
Para que exista una efectiva
garantía de respeto de los derechos humanos, es necesario un
fuerte y efectivo trabajo en todos los niveles del Estado y
el compromiso de toda la sociedad, añadió. En este sentido, a través
de este documento, la Red de Apoyo "exhorta a cada ministerio a
elaborar planes específicos que desarrollen sus compromisos
en materia de derechos humanos y hace un llamado a los poderes
públicos en sus diferentes ámbitos (municipal,
estatal y nacional) a diseñar y poner en práctica un Plan
Nacional de Derechos Humanos que establezca mecanismos
concretos y efectivos de implementación y supervisión de
políticas públicas en derechos humanos, favoreciendo la
participación de las organizaciones no gubernamentales en la
formulación, supervisión y evaluación del mismo" (Ibíd.).
Ruiz agregó que, “actuando desde una actitud
constructiva y propositiva, coherente con el principio de
participación y democracia protagónica expresado en la
Constitución, la
Red de Apoyo ha formulado una serie de planes operativos o
propuestas de acciones que se corresponden con las áreas
conexas a los derechos vinculados al mandato de la
organización: prevención y sanción de la tortura; seguridad
ciudadana; formación de funcionarias y funcionarios
encargados y encargadas de hacer cumplir la ley; objeción de
conciencia; fronteras; educación en derechos humanos; lucha
contra la impunidad y acceso a la justicia. Asimismo,
incluye el necesario respeto e implementación de los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos y
el fortalecimiento del Poder Judicial, la Fiscalía General
de la República y la Defensoría del Pueblo, instituciones
fundamentales para garantizar el respeto a los derechos
humanos [...] las propuestas tienen como punto de
partida las experiencias de la organización en los procesos
de defensa y promoción de derechos humanos que ha acompañado
desde su fundación en el año 1985, en interacción con
diversos actores sociales, así como con las funcionarias y
funcionarios del Estado. En este sentido, pretende ser una
propuesta para retomar el diálogo entre el Estado y la
sociedad a los fines de buscar soluciones conjuntas a la
problemática de los derechos humanos” (Ibíd.).
El documento plantea áreas temáticas que muestran, de manera
diferenciada, los plazos probables para la ejecución de las
metas y objetivos y el ente del poder público al cual va
dirigido. Las propuestas se fundamentan en los marcos
normativos nacionales e internacionales y se orientan en los
principios de integralidad y progresividad de los derechos
humanos, así como en el enfoque de género y constituyen un
papel de trabajo para iniciar el diálogo con autoridades y
otras organizaciones en aras a construir caminos viables
para el respeto y la garantía a los derechos humanos en
Venezuela" (Ibíd.).
Este documento de la Red puede
consultarse en nuestro sitio web:
http://www.derechos.org.ve.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Ministerio Público acusó a oficiales del Ejército
por sucesos de “El Caracazo” |
Este 18.08.03, el Ministerio Público (MP) consignó ante la oficina de
distribución de los tribunales de Caracas la acusación
formal contra 3 oficiales del Ejército, por la presunta
comisión del delito de homicidio calificado en grado de
complicidad correspectiva, en perjuicio de Crisanto Mederos,
hecho ocurrido el 03.03.89, durante los sucesos de “El Caracazo”
(Ministerio Público, 21.08.03,
http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2003/prensaagosto2003.asp)
.
Los acusados en cuestión son Pedro Colmenares, Carlos Yánez y Jesús
Blanco. Los 2 últimos, capitán y subteniente del Ejército,
respectivamente, fueron imputados el 04.02.02, mientras que Colmenares,
con rango de teniente coronel para ese entonces, fue imputado el
02.03.02, por
la Fiscalía 21 Nacional, a cargo de Alis Fariñas.
Recuerda la fuente que un grupo de
efectivos militares entró en la residencia de la familia
Mederos "a fin de realizar presuntamente un procedimiento
para la búsqueda de objetos provenientes de los saqueos
ocurridos en días anteriores. Según los testigos, Mederos
fue asesinado en el interior de la vivienda y su cuerpo fue
sacado del lugar sobre una tabla cubierto con una sábana"
(Ibíd.).
Este es el segundo proceso judicial abierto hasta ahora,
luego de 14 años de ocurridos los hechos. El primero fue
abierto contra dos agentes de la Policía Metropolitana (PM)
presuntamente involucrados en el homicidio de Luis Manuel
Colmenares (El Nacional, 19.08.03, pág. A/8).
Hay que recordar que la Corte IDH condenó en agosto de 2002
al Estado venezolano por los daños causados a las
víctimas y a sus familiares por la represión ocurrida
en febrero y marzo de 1989 (ver edición N° 101 de este
servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve). El Comité de Familiares de
las Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de
1989 (Cofavic) destacó que el pasado 22.08.03 se venció el
lapso para que el Estado cumpliera con el dictamen del máximo tribunal continental.
Cofavic
responsabiliza al MP de la "impunidad que reina en relación
con las aproximadamente 500 causas penales que 'se mantienen
en el limbo' y cuyos expedientes se han ido deteriorando y
extraviando con los años" (El Nacional, Op. cit.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Absueltos 10 ex funcionarios policiales en primer juicio
por
desaparición forzosa |
Este 26.08.03 fueron absueltos de culpa 10 ex funcionarios
de la Policía del Edo. Yaracuy, acusados por la desaparición
de Orlando Castillo, el 21.01.01 en el sector Barrio Nuevo del
Municipio Bruzual del Edo. Yaracuy (El Nacional, 27.08.03,
pág. B/9). La decisión fue tomada por Isidra Salazar Petit,
presidenta del Tribunal Mixto de Juicio N° 2 de la
circunscripción judicial del Edo. Monagas y los 2 escabinos
que participaron en el juicio. Este era considerado por el
Ministerio Público como el primer juicio realizado en
Venezuela por desaparición forzosa de personas (Ministerio
Público,19.08.03,
http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2003/prensaagosto2003.asp).
Los acusados por la presunta comisión de este
delito, tipificado en el artículo 181-A del Código Penal,
eran
el comisario Abel Rodríguez y los efectivos Fabio
Pérez, Oscar Pérez, Juan Villegas,
José Mata y Esry Rivero, los
funcionarios Arelys Ochoa, Roxy García Vallés, Luis Azuaje y José Manuel Peralta, quienes permanecían detenidos
desde el mes de diciembre de 2001 (Ídem.).
Según las investigaciones del MP, Castillo fue detenido por efectivos policiales
de Yaracuy y permaneció recluido en la comisaría
policial de Chivacoa, "donde recibiría una paliza después de
lo cual se desconoce su paradero" (El Nacional, Op. cit.).
El fiscal 30 Nacional, Oswaldo Domínguez y el 4º de Yaracuy,
Omar González, acusaron en octubre del 2001 a los 10
funcionarios por la presunta comisión del delito de
desaparición forzosa. El 13.12.01, la juez
4° en funciones de control de Yaracuy, Norma Delgado, acogió
en su totalidad la acusación y las pruebas presentadas por
el MP y remitió la causa a la etapa de
juicio.
El 23.04.02, el MP solicitó ante
el TSJ la radicación del caso en Monagas,
alegando que los funcionarios policiales podrían
obstaculizar la justicia o intimidar a los testigos. La solicitud fue acordada el 18.06.02, remitiendo el proceso a la jurisdicción penal del
Edo. Monagas (Ídem.).
El veredicto del tribunal regional "se basó en que no se
comprobó la responsabilidad penal de los policías en el
caso, de acuerdo con los detalles aportados por el defensor
de los agentes de seguridad" (El Nacional, Op. cit.)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Provea:
No a la suspensión de garantías en zonas fronterizas |
Según la prensa nacional (El Nacional, 29.08.03, pág. A/5),
Ronald Blanco La Cruz, gobernador del Edo. Táchira anunció
que el Ejecutivo Nacional restringirá los derechos al libre
tránsito, a la inviolabilidad del hogar y a la reunión en
los estados fronterizos con Colombia (Mérida, Zulia, Apure y
Táchira). Blanco La Cruz hizo tales declaraciones el
28.08.03, en la transmisión de mando del Teatro de
Operaciones N° 2, a cargo del resguardo de la seguridad en
Táchira Mérida y Zulia).
Este anuncio estuvo precedido por la propuesta del general (Ej.) Carlos Acosta, comandante de la Segunda
División de Infantería y de la Guarnición Militar de San
Cristóbal, Edo. Táchira, quien informaba 8 días antes del
anuncio del gobernador de Táchira que presentaría a la AN un plan de suspensión de algunas garantías constitucionales en las
poblaciones adyacentes a la
frontera colombo-venezolana (El
Nacional, 20.08.03,
http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?Plantilla=3&Id=31596&IdSeccion=135).
Blanco La Cruz aseguró que tal medida se tomaba "debido a
las constantes incursiones de grupos subversivos y al
aumento del índice de secuestros, extorsiones y robos en lo
que va del año 2003" (El Nacional, Op. cit.).
En este sentido vale la pena recordar que en la edición N° 3
de este servicio informativo se celebraba la medida de
restitución de las garantías en 16 municipios fronterizos
suspendidas desde el 27.06.94 (ver en
http://www.derechos.org.ve). Eso ocurría el 21.02.99,
mediante un decreto presidencial refrendado por el Gabinete.
Para ese entonces decíamos que la restitución de las
garantías constitucionales en los municipios fronterizos
debía acompañarse con la eliminación de los Teatros de
Operaciones (TO) con el objeto de desmilitarizar la Política
de Seguridad Fronteriza, y con el diseño y ejecución de un
plan de desarrollo en la frontera, guiado por el respeto a
los derechos humanos (edición N° 2 de este servicio
informativo).
Con relación a la rehabilitación de este tipo de medida, Provea reivindica lo
dicho en su Informe Especial "Estado de derecho sin
fronteras" (que puede consultarse en el Informe Anual sobre la
Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, octubre
1997-septiembre 1998,
http://www.derechos.org.ve): "La medida de suspensión de
garantías en la frontera ha traído como correlato una
práctica sistemática de violación a los derechos humanos de
esa población y, en este sentido, puede afirmarse que ha
sido contraria a la seguridad del Estado. Ha lesionado,
además, la legitimidad de la acción del gobierno en aquella
localidad, lo que podría convertirse en una amenaza a la
seguridad de las instituciones gubernamentales" (Ídem.).
También se señalaba que, para ese momento, la medida de
suspensión de garantías parecía "no estar resultando
efectiva para el control de uno de los delitos más
importantes cometidos en la frontera: el secuestro [...] y
por el contrario se ha convertido en una clave de violación
sistemática a los derechos humanos de la población
fronteriza" (Ídem.).
Ante estas conclusiones, hay que considerar la vuelta a
estas medidas como un desconocimiento de los hechos
históricos y un retroceso en materia de derechos humanos.
Por estas razones, instamos a las autoridades responsables
de los asuntos fronterizos a examinar las experiencias y
reconsiderar medidas más ajustadas a los criterios
consagrados en el marco constitucional.
Debe
considerarse, además, que en una situación hipotética de
suspensión de garantías en la zona fronteriza con Colombia,
se acrecentará el estado de vulnerabilidad en el que se
encuentran las familias solicitantes de
condición legal de refugiado en
Venezuela. Actualmente, este grupo de personas no cuentan
con una documentación que los acredite en términos formales
y un contexto de restricción de garantías propiciaría
situaciones de devoluciones involuntarias a territorio
colombiano, colocándolos en riesgo de violación de sus
derechos a la vida y a la integridad física.
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DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
Designada nueva directiva del CNE |
Este 27.08.03, fueron juramentados los 5 nuevos rectores y
10 suplentes integrantes de la nueva directiva del Consejo
Nacional Electoral (CNE), seleccionados este 25.08.03 por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
(Tribunal Supremo de Justicia, 25.08.03,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=697).
En la ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera se
expresa que, en consonancia con el artículo 13 de la Ley
Orgánica del Poder Electoral, se escogió a Francisco
Carrasquero como presidente, a Ezequiel Zamora como
vicepresidente, a Oscar Battaglini como primer rector
principal, a Jorge Rodríguez como segundo rector principal y
a Sobella Mejías como cuarta rectora principal. Los
suplentes de Battaglini son Germán Yépez y Orietta Caponi;
de Rodríguez serán Estefanía de Talavera y Esther Gauthier;
de Mejías serán Carlos Aguilar y Carlos Castillo. Los
suplentes de Carrasquero, en su condición de tercer rector
principal son Tibisay Lucena y Manuel Rachadel, mientras que
los de Zamora, en su condición de quinto rector principal,
son Miriam Kornblith y Carolina Jaimes. Además, fueron
designados William Pacheco, como secretario del CNE y Andrés
Brito, como Consultor Jurídico. Con respecto a los
integrantes de los órganos subordinados, quedaron
conformados de la siguiente forma: en la Junta Nacional
Electoral: Rodríguez, Lucena y Zamora; la Comisión de
Registro Civil y Electoral: Mejías, Aguilar y Battaglini;
Comisión de Participación Política y Financiamiento:
Carrasquero, Castillo y Battaglini. Como miembros del
Consejo de Participación Política fueron designados Carlos
Delgado Chapellín, Teodoro Petkof, Hernando Grisanti y
Guillermo García Ponce (Ídem.).
La decisión del TSJ fue recibida con beneplácito por
representantes del sector gubernamental y de la oposición.
César Gaviria, Secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA) emitió este 26.08.03, un comunicado
en el que catalogó la conformación del nuevo CNE como un
paso importante para "asegurar que la salida a la
conflictividad que ha vivido Venezuela durante los últimos
meses sea pacífica, democrática, constitucional y electoral,
en cumplimiento con el acuerdo suscrito el pasado 29 de mayo
por los representantes del gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales
que lo apoyan, así como la Coordinadora Democrática y las
organizaciones políticas y de la sociedad civil que la
conforman". (Globovisión, 28.08.03,
http://www.globovision.com/documentos/cartas.comunicados/2003.08/25/oea/index.shtml)
.
Mediante un comunicado, el Centro Carter también celebró el
anuncio de la designación del nuevo CNE y exhortó "a los
partidos políticos a que acepten el nombramiento del CNE y a
que trabajen con él para asegurar que todos los procesos
electorales respeten la voluntad del pueblo venezolano, con
transparencia e integridad". Además, anunció que Jennifer
McCoy, directora del Programa para Las Américas del Centro
Carter, viajaría a Caracas para ofrecer asistencia al órgano
comicial y para evaluar el progreso del acuerdo firmado en
la Mesa de Negociación y Acuerdos (Centro Carter, 28.08.03,
http://www.cartercenter.org/viewdoc.asp?docID=1436&submenu=news#spanish).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Rectificación: Secuestro de ex gobernador del Táchira no tuvo
motivaciones políticas |
En la edición N° 122 de este servicio informativo, bajo el
título "Violencia política: Nuevo saldo trágico" reseñamos,
entre otros hechos, el secuestro del que fue víctima Sergio
Omar Calderón, ex gobernador del Edo. Táchira y líder
regional de la oposición. El devenir de los hechos nos
demostró que el plagio no tuvo motivación política y con
esta reseña de la conclusión de los sucesos esperamos
rectificar.
Calderón fue rescatado el
22.08.07 a casi un mes de su plagio por una misión del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) y el Departamento Administrativo de
Seguridad de Colombia (DAS). Para ese entonces, las
autoridades policiales no descartaban ningún móvil del hecho
y el Vicepresidente Ejecutivo de la República, José Vicente
Rangel informaba que desde el principio del hecho el
Gobierno se había abocado a las investigaciones (ver edición
N° 122 de este servicio informativo en
http://www.derechos.org.ve).
Entre las primeras declaraciones efectuadas por Calderón, él
mismo descartó la motivación política de su rapto, imputado
desde un principio al hecho (El Nacional, 22.08.03,
http://www.el-nacional.com/Articulos/Articulo.asp?idSeccion=63&Plantilla=3&id=31692).
"Así dejó de lado la hipótesis que se manejó sobre la
vinculación de las llamadas Fuerzas Bolivarianas de
Liberación, supuestamente simpatizantes del gobierno del
presidente Hugo Chávez, con el hecho.
Calderón estima que la mayoría de sus captores eran 'gente
joven que no llegaba a los 30 años' y detalló que todos
tenían acento colombiano, por lo que podría tratarse de
guerrilleros del vecino país" (Ídem.).
Por su parte, Lucas Rincón, ministro del Interior y
Justicia, junto con Ramón Chávez, director del CICPC, descartó la tesis de autosecuestro
o de secuestro político que manejaban algunos sectores y aseguró que el
secuestro de Calderón fue ejecutado por el hampa común (El
Universal, 22.08.03,
http://www.eluniversal.com/home/avances.html).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas
y exigencias
a los poderes públicos sobre el derecho
al asilo y al
refugio |
- Garantizar
la instalación inmediata de la Comisión Nacional sobre
Refugiados y resolver las cerca de 1000 solicitudes de
refugio represadas;
- Dictar el reglamento de la Ley Orgánica sobre Refugiados o
Refugiadas y Asilados y Asiladas,
- Garantizar que el TSJ se pronuncie sobre el amparo que un
grupo de refugiados interpuso por el derecho al refugio el
30.07.02;
- Garantizar una coordinación estadal más eficiente con
ACNUR en la definición de políticas para atender a los
refugiados;
- Respetar el principio de no devolución y sancionar a todo
funcionario que realice una deportación inmediata, sin
respetar el derecho a la defensa y el debido proceso;
- Garantizar en caso de solicitudes de extradición de
solicitantes de refugio o asilo, el principio de la doble
instancia acatando las recomendaciones que hiciera el Comité
de Naciones Unidas Contra la Tortura en el año 1998,
- Implementar una campaña de difusión, capacitación y
sensibilización sobre contenidos y procedimientos que
establece la ley sobre asilo y refugio, dirigida a
funcionarios civiles y militares llamados a implementarla, y
de manera especial a aquellos ubicados en las fronteras
nacionales;
- Diseñar y ejecutar, sobre la base de las disposiciones y
principios de la ley sobre refugio y asilo, una política
nacional integral en materia de refugiados, garantizando el
respeto a los derechos humanos de las personas que ingresen
a territorio venezolano, atención oportuna y respuesta
adecuada en los lapsos que la ley establece sobre las
solicitudes de refugio;
- Acatar las recomendaciones y medidas cautelares adoptadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(Provea,
http://www.derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Son Derechos: “Historia
y derechos humanos” |
Hay varias formas de entender la historia. Una de ellas
plantea que la historia de una persona, de un pueblo, de un
país o de la humanidad entera, sirve para
explicar por qué somos lo que somos y no de otro modo. Otra
es entenderla como una suma de hechos extraordinarios
protagonizados por hombres o mujeres excepcionales o, más
bien, como un proceso dinámico y constante en la que todos y
todas colaboramos en su construcción diaria con nuestro
trabajo y nuestras luchas. Además, la historia es dinámica y
cambiante. Por ello, muchas de las conquistas alcanzadas en
un momento determinado pueden tropezarse con obstáculos o
experimentar retrocesos. Lo importante es saber a qué se
deben, por qué ocurren y qué debemos hacer para superarlos.
En este sentido, Provea presenta un nuevo folleto de su
serie “Tener derechos nos basta”, titulado “Historia de los
derechos humanos”. En este folleto se abordaron los aspectos
más importantes del acontecer histórico ligados a la lucha
por los derechos humanos. Con este folleto, Provea aspira
desentrañar el papel histórico que hechos y comunidades han
jugado en las conquistas y en las luchas cotidianas que
definen actualmente la doctrina de los derechos humanos.
Esta publicación puede adquirirse en nuestra sede por 3.500
bolívares" (Provea, 22.08.03,
son@derechos.org.ve).
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ARTÍCULOS
Son Derechos: “¿Qué puede pasar si se aprueba el ALCA?” |
"Desde la aplicación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TCLAN) en 1994, entre Canadá, Estados
Unidos y México, la población de éste último país ha podido
conocer las siguientes consecuencias:
1.- Estancamiento de la producción de maíz. La importación a
gran escala de productos agrícolas norteamericanos
subsidiados causó la contracción de la cosecha, al extremo
de que muchos pequeños agricultores perdieron sus fuentes de
trabajo convirtiéndose en peones migrantes o simplemente en
desocupados. Por otra parte para muchos campesinos
indígenas, que tienen cultivos de subsistencia, representó
la pérdida de una forma de vida que incluía formas de
trabajo colectivo;
2.- 158.000 niños menores de 5 años mueren cada año a raíz
de enfermedades ligadas a la malnutrición;
3.- En el sector manufacturero hubo una pérdida de 3,4% de
los empleos existentes a la entrada en vigor del TLCAN. En
cuanto a los empleos nuevos, estos son precarios, ya que los
trabajadores no gozan de las prestaciones de la ley
(seguridad social, vacaciones, aguinaldos.);
4.- Más de un millón de nuevos trabajadores mexicanos que
trabajan en las maquiladoras reciben menos que el sueldo
mínimo de 5 dólares al día;
5.- El incremento de la industria fronteriza ha empeorado
los problemas medio-ambientales y de salud pública en la
región;
6.- En el ámbito cultural, la producción cinematográfica se
ha reducido al 25%.
Estos son algunas de las consecuencias de la aplicación de
un tratado como el ALCA en un país hermano" (Provea, 29.08.03,
son@derechos.org.ve).
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DOCUMENTOS
CIDH REPUDIA ASESINATO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS
VENEZOLANO JOE CASTILLO |
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
repudia el asesinato de Joe Castillo, defensor de derechos
humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, quien
trabajaba y vivía en Machiques, Estado Zulia, Venezuela. Joe
Castillo se dedicaba a trabajar principalmente con personas
que buscan refugio en esta zona fronteriza con Colombia.
Según la información recibida por la Unidad de Defensores de
Derechos Humanos, el señor Joe Castillo, quien en el pasado
había recibido amenazas con motivo de su trabajo, recibió 9
impactos de bala el día miércoles 27 de agosto de 2003,
cuando se dirigía a su casa, en compañía de su esposa y de
su pequeño hijo. Este acto habría sido perpetrado por dos
hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes
abrieron fuego contra el vehículo del defensor provocando su
muerte, hiriendo a su esposa y dejando a su hijo de un año y
medio en estado de gravedad.
La CIDH recuerda que durante la última Asamblea General de
la OEA realizada en Chile, los Estados adoptaron la
Resolución AG/RES. 1920 de 10 de junio de 2003, condenando
una vez más los actos que atentan contra la actividad de los
defensores y “decidió reiterar su recomendación a los
gobiernos de los Estados miembros para que intensifiquen los
esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de
expresión de los mismos”.
La CIDH solicita al Estado de Venezuela que garantice las
condiciones para el trabajo de los defensores de derechos
humanos, y que efectúe una exhaustiva investigación para
establecer las responsabilidades correspondientes. (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 28.08.03,
CIDH-EXPRESION@oas.org).
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DOCUMENTOS
Equipo Pastoral del Alto Apure: "Ya basta de impunidad" |
"Nosotros, el equipo pastoral del Alto Apure, presentamos el
13 de mayo del año 2002, un documento acerca de la realidad
socio política y eclesial de esta región fronteriza. Su
titulo era “Ya no podemos callar más”. Hoy, al cabo de un
año largo, volvemos a presentar nuestras preocupaciones.
Titulamos este documento “YA BASTA DE IMPUNIDAD”. Estamos
claros que nuestra misión como Iglesia es la misma de Jesús:
“Dar buenas noticias a los pobres”, anunciar a los cautivos
la libertad, dar la vista a los ciegos y despedir libres a
los oprimidos (Luc. 4,18).
Tres son los temas nucleares que en el ejercicio de nuestra
misión nos vemos obligados a enfrentar: El Sicariato, Los
Secuestros y La Impunidad. Reconocemos que estos problemas
no son nuevos. Se viven desde hace muchos años . Su
tratamiento nos lo reclaman tanto los habitantes de los
centros urbanos, como los caseríos más lejanos de esta
región fronteriza. Quisiéramos dar un poco de luz en medio
de esta grave confusión. Deseamos seguir la recomendación de
Jesús de Nazaret: “Ustedes son la luz del mundo”.
EL SICARIATO
Son demasiadas las muertes violentas acaecidas en la región
desde el mes de enero del 2003 hasta la fecha. Se aducen
razones muy diversas: filtraciones de la guerrilla
colombiana, ajustes de cuentas, rencillas personales,
crímenes pasionales, eliminación de opositores políticos e
ideológicos, etc. En medio de esta dramática realidad lo que
nos preocupa de manera especial es el sistema de ejecución
de estas acciones: El sicariato. Este método perverso es
relativamente nuevo en la región.
Según cifras que lleva la emisora Fe y Alegría en este lapso
de tiempo han sido asesinadas, sólo en el Municipio Páez, 43
personas, bien sea por acciones del sicariato o por
enfrentamientos con “organismos de seguridad”. Es bien
difícil precisar su autoría… Estas acciones suceden a plena
luz del día, ante numeroso público presente, sin que los
autores sientan algún obstáculo para ello.
Como consecuencia el ciudadano común y comunidades enteras
viven invadidos por el miedo.
Los primeros que pagan las consecuencias de esta situación
son los jóvenes. Están obligados a crecer y formarse en un
ambiente distorsionado, donde la vida no vale nada. Al
convertirse este ambiente en algo normal, caen en la
tentación de ser contratados para matar o de inscribirse en
grupos armados irregulares donde se les ofrece el pago en
armas, dólares y mujeres.
Este seria un momento propicio para una actuación decidida
del Sistema Judicial. Sin embargo, la sociedad Alto Apureña
está decepcionada por la ausencia de sentencias ejemplares.
Observamos que sus condiciones de funcionamiento son tan
precarias que prácticamente no actúa.
La existencia en la región de una sola fiscal con apenas un
auxiliar para una zona tan conflictiva, no es suficiente en
las actuales circunstancias.
A ello habría que agregar las amenazas de muerte a ese
personal para que se abstenga de realizar las
investigaciones adecuadas y dar sentencias.
El principal cuerpo represivo para la defensa del ciudadano,
como es “el cuerpo de investigaciones científicas, penales y
criminalísticas”, está lleno de limitaciones, tanto, para
investigar los casos como para aclararlos totalmente. Las
investigaciones no pasan de su etapa inicial y da la
impresión de que los sicarios están mejor dotados de
recursos que estos garantes de la seguridad.
LOS SECUESTROS
Otro de los focos de inseguridad son los secuestros. No
pocas veces terminan en trágicos asesinatos en frío.
Según el diario La Nación de San Cristóbal, el día 28 de
julio del 2003 seguían secuestradas 28 personas en el vecino
estado del Táchira. Mientras que en el Alto Apure han
ocurrido nueve secuestros desde abril hasta la fecha.
El secuestro se vive como una pesadilla. Se convierte en una
tortura no sólo para el secuestrado, sino también para sus
familiares y los más allegados. Obliga a la venta de
unidades productivas y al desplazamiento forzoso. Éticamente
es un hecho repugnante el reducir a una persona a mera
moneda de cambio.
El sistema de secuestro es una vuelta a la época de la
esclavitud. Entonces se vendían personas en el mercado
público. Cada una tenía su precio. Hoy el secuestrado
también es vendido y comprado, tiene su precio.
LA IMPUNIDAD
La aplicación de la ley es, por definición, una de las
principales funciones del Estado. La acciones de bandas de
sicarios y toda clase de victimarios, sean organizadas por
nacionales o extranjeros, sea cual sea su ideología, ponen
en entredicho la legitimidad del Estado en el uso de la ley
y de la fuerza.
La impunidad significa la violación de la obligación del
Estado de investigar, juzgar y sentenciar a los culpables.
La existencia de impunidad se convierte en aprobación
implícita de los crímenes. Estimula la repetición de esos
mismos actos que quedaron impunes.
La impunidad afecta no sólo al sistema jurídico. Afecta
también a la sociedad entera, a la forma de ejercicio del
poder, a la construcción de una cultura política. El Estado,
al no desactivar o neutralizar estos factores delictivos,
propicia la consolidación del patrón de la impunidad y
pierde autoridad frente a toda la ciudadanía. Con ello no es
posible la construcción de una sociedad democrática y
participativa, ni un Estado de derecho.
La impunidad en el Alto Apure es consecuencia del poder que
tienen grupos e intereses particulares por encima de los
organismos oficiales; sean éstos judiciales, gubernamentales
y hasta fuerzas de seguridad. Tienen capacidad de amenazar
fiscales, jueces, concejales, dirigentes políticos, etc. Y
lo ejercitan al parecer con total seguridad. El Estado
parece no tener capacidad o voluntad para contrarrestarlos.
Está muy lejos de obligar a los asesinos a abandonar sus
propósitos, mucho menos de despojarlos de sus armamentos y
desmontar sus mecanismos de violencia. Como consecuencia
aparecen las represalias fatales. Y se impone el criterio de
que cada quien se haga justicia por su propia mano. Es la
crueldad del dicho: “Ojo por ojo y diente por diente”.
Esta impunidad obliga al silencio. En el Alto Apure nadie ve
nada, nadie ha escuchado nada, nadie habla… Este silencio
conduce a la imposibilidad de relaciones sociales pacificas
y a la no resolución negociada de los conflictos. La
impunidad es un tumor social que va fraguando miedo,
frustración, resignación, odio y venganza.
Tampoco abogamos por el extremo contrario. De ningún modo
defendemos ni estamos de acuerdo en que se asesine a meros
sospechosos de sicariato o de cualquier otra acusación en
“operativos” de enfrentamiento con la policía. Mucho menos
propiciamos la formación de “escuadrones de la muerte”
encargados de acciones de “limpieza social”.
Es indispensable la investigación previa y sólo serán
sancionados los culpables, cumpliendo a cabalidad los
requisitos del ordenamiento legal vigente.
FALLAS ESTRUCTURALES
El Estado mismo ha ido propiciando la impunidad. Entre las
muchas acciones omisivas del Estado que facilitan la
impunidad, podemos mencionar las siguientes en el Alto
Apure.
- La fuerte debilidad institucional de los organismos
encargados del gobierno civil: Gobernación y Alcaldía. Se
puede decir sin exagerar que el gobierno lo ejerce “El
Teatro de Operaciones”, una Institución Militar.
- Como consecuencia la incapacidad de la gestión estatal y
municipal en materia de seguridad ciudadana. Hasta ahora no
hemos conocido planes concretos en el Municipio para brindar
seguridad. Solamente “Operativos Militares”.
- El bajo número de fiscales y jueces, y la poca seguridad
con la que cuentan.
- La falta de recursos materiales y técnicos para que los
órganos auxiliares de la justicia puedan ejercer eficazmente
su trabajo.
- La supuesta presencia de cómplices, de sicarios y de
autores intelectuales de delitos, dentro de las filas de los
Cuerpos de Seguridad del Estado.
QUE HACER
Es obligante para el Estado y la Sociedad deslegitimar los
crímenes y los mecanismos que los facilitan. Esto sólo es
posible si hay SANCIÓN PENAL. Sabemos que la sanción sola no
es suficiente, pero es un elemento fundamental. Nuestra
demanda no la anima la venganza sino la justicia.
Paralelamente a la sanción es necesario desmontar los
mecanismos y valores que propician los delitos. Como dijimos
anteriormente, esta lucha contra el crimen y la impunidad
supera lo estrictamente jurídico y debe abarcar lo político
y lo social.
En esta medida recomendamos:
A NIVEL DEL ESTADO
- Un fortalecimiento de las instituciones del “Gobierno
civil” en la región, superando la subordinación al sector
Militar.
- Compromiso financiero y político del Estado para
fortalecer su presencia judicial en la zona.
- Garantías de seguridad a los jueces y fiscales para que
puedan desempeñar sus funciones.
- Dotación suficiente para que los órganos auxiliares de la
justicia, sean efectivamente una ayuda en las
investigaciones de muertes violentas, sobre todo por
sicariato.
- Afinar los mecanismos de inteligencia gubernamentales,
para que actúen con precisión sobre todo lo que involucra el
sicariato.
- Iniciar la depuración de los Cuerpos de Seguridad del
Estado.
- Se hace imperativa la ejecución del proyecto, ya aprobado,
de la creación del “Distrito Especial del Alto Apure”. Hay
confianza de que con esta estructura jurídico territorial
mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región.
NIVEL ORGANIZATIVO POPULAR.
- La sociedad civil no puede constituirse como instancia de
justicia alternativa, pero sí debe mejorar sus niveles
organizativos. Debe tener fuerza para demandar la
responsabilidad del Estado para que actué contra la
impunidad.
- Afinar la conciencia crítica para detectar los mecanismos
que posibilitan y alimentan la impunidad.
- Fortalecer la agrupación para superar el miedo y denunciar
con valentía los casos violentos que haya presenciado o
conocido.
- Denunciar todos los atentados contra la vida. Difundir una
cultura que exprese valores de respeto a la vida, la
dignidad del ser humano, la convivencia pacifica y la
resolución de los conflictos por la vía de la conciliación.
Nos encontramos ante un imperativo ético. ¡O erradicamos la
impunidad, o tendremos un futuro a la medida de los
victimarios!
VISIÓN CRISTIANA
La defensa de la vida es uno de los pilares fundamentales de
nuestra Fe Cristiana. Desde el principio de la Biblia se nos
interpela: con Caín: ¿Dónde está tu hermano? (Gen. 4,8-9).
La vida es un don de Dios; por lo tanto sagrada. Nadie puede
secuestrarla, torturarla, mucho menos asesinarla. Como
ciudadanos y como cristianos nuestra exigencia fundamental
es la defensa de la vida.
Equipo de Pastoral del Alto Apure: Acacio Belandria s. j,
Vicario Episcopal; Matías Calderón, Fe y Alegría de El Nula;
Alberto Micheo s.j., Parroquia Guasdualito; Hna. Godelieva
Vandenplas, Hermanas de Vorselaar; Armindo González s.j,
Parroquia Guasdualito; Jesús Machado s.j., Servicio Jesuita
a Refugiados; Raiza Cepeda, IRFA Los Llanos. Guasdualito,
agosto 2003" (Servicio Jesuita a los Refugiados, 25.08.03,
jrs@gumilla.org.ve).
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DOCUMENTOS
"Declaración
del
Seminario Latinoamericano de Acceso
a Medicamentos
Esenciales
y
Propiedad Intelectual" |
"En noviembre de 2001 los 142 países miembros de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), reunidos en Doha,
Qatar, aprobaron la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC
(Acuerdos de Derecho de Propiedad Intelectual en Comercio) y
Salud Pública. En ella se ratificó el derecho que tienen los
países a proteger la salud pública y promover el acceso
universal y equitativo a los medicamentos esenciales. Esta
Declaración reconoce la supremacía de la salud pública sobre
cualquier interés comercial por lo que los medicamentos
deben ser tratados de forma preferencial respecto a otros
bienes.
Dos aňos después de su firma, los planteamientos contenidos
en esa Declaración aún no han sido implementados,
básicamente por la presión ejercida principalmente por
Estados Unidos sobre los contenidos del capítulo relativo a
Propiedad Intelectual, lo que evidencia la posición de ese
país de priorizar los intereses comerciales por encima de la
salud pública, lo que ha significado un retroceso en la
aplicación de los términos de esa Declaración.
Paralelamente, Estados Unidos ha iniciado negociaciones para
establecer acuerdos regionales y bilaterales con países de
América Latina y del Caribe que conllevan un aumento de las
exigencias establecidas en el ADPIC y, por lo tanto,
desvirtúan la Declaración de Doha, e inevitablemente
representan restricciones al acceso a los medicamentos para
estos países. Esta estrategia se acompaña de una serie de
presiones en el ámbito interno de los Estados, como
demuestran los casos de Chile, Colombia y Guatemala.
Las organizaciones firmantes de este documento planteamos a
los gobiernos que se reunirán próximamente en Cancún,
México, que en el proceso de implementación de Doha no se
apruebe ninguna medida que pueda significar un retroceso en
el acceso a los medicamentos.
Por lo anterior:
A. Rechazamos cualquier condicionamiento para la aplicación
de la Declaración de Doha, reconociendo el derecho de todos
los países a definir sus prioridades de salud pública y
establecer los mecanismos necesarios para poderla asegurar,
como lo señala la misma Declaración.
B. Demandamos que en los acuerdos bilaterales y regionales
se excluya cualquier negociación sobre Derechos de Propiedad
Intelectual al estar ya contenidos en el acuerdo ADPIC que
actualmente administra la OMC.
C. Proponemos una revisión del ADPIC para flexibilizar
algunas de sus disposiciones, específicamente excluyendo a
los medicamentos de su régimen de propiedad intelectual.
Firman:
• ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS,
Brasil
• AIS - Acción Internacional para la Salud (HAI – Health
Action International)
• AMEDC - Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa
del Consumidor, México
• Articulação de Mulheres Brasileiras, Brasil
• Asociación Agua Buena, Costa Rica
• Associação Brasileira de Economistas Domésticos – Seção
Ceará, Brasil
• CEBRIM- Centro Brasileiro de Informação sobre
Medicamentos, Brasil
• Centro de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Norte,
Brasil
• Centro para la Defensa del Consumidor y Acción para la
Salud en El Salvador
• Conselho Federal de Farmácias, Brasil
• Conselho Regional de Farmácia da Bahia, Brasil
• Dirección de Medicamen | | | |