Cinco años leyendo la realidad venezolana  desde los derechos humanos

Servicio informativo No. 138
Del 07 al 11 de junio de 2004


1988/2003: Provea, 15 años por los derechos sociales y contra la impunidad

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN JUNIO

CONTEXTO

* Para una mejor difusión y defensa de los derechos humanos en Venezuela Provea lanza su nueva imagen web
* Foro por la Vida ante la detención de presuntos paramilitares
* Foro por la Vida repudia violaciones de los derechos humanos en Irak
* Foro por la Vida repudia nuevas amenazas a Liliana Ortega

INVITACIONES A EVENTOS
* Provea invita al foro “Ante el libre comercio, otra integración es posible”

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

*
Para AVECEGRA tragedia de 1999 de Vargas no tiene dolientes en el Estado
* Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental presenta su informe
* OEA aprobó propuesta venezolana de elaborar Carta Social de las Américas
* Según la Sala Constitucional, la ejecución de una sentencia no puede afectar los servicios de salud comunitarios
* Recientes indicadores del derecho a la alimentación y al salario adecuado
* Contradicciones en los indicadores sobre los derechos laborales de mayo   
 
*
MECD: misiones aseguran acceso gratuito a la educación y se firmó convenio con la AVEC
*
Médicos venezolanos participarán en Misión Barrio Adentro
*
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la alimentación

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
*
Militante de Bandera Roja denunció haber sido torturado por agentes de la DISIP
* Asesinado activista de los derechos humanos en Caracas por presuntos PM
* Culmina etapa de recolección de firmas para los procesos de referedum revocatorios
* Violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos: Gobierno estadounidense se entromete en asuntos nacionales
* Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la vida   
 

ARTÍCULOS
*
Son Derechos: “Habitantes de Vargas sin respuesta”
* Son Derechos: “Los DESC son exigibles”
* Raúl Cubas: "Crisis y deterioro de la seguridad social en América Latina"
 
*
Marino Alvarado:"Otra cara del Plan Zamora"

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
*
"Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia"
* "Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela"
* "El crimen de pobreza: escritos sobre la criminalización de los pobres"
* "Preparación de informes sobre los derechos humanos: conforme a seis importantes instrumentos internacionales de derechos humanos"
* "Revista SIC N° 665"   
 

DOCUMENTOS

*
Organización Nacional Indígena de Colombia: SOS para el pueblo Wayúu
* Comunicado Internacional: Parlamentarios y sindicatos dicen NO AL CAFTA
* Pronunciamientos del embajador Jorge Valero y de Iván Rincón
  

Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido


EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN JUNIO

01 Día Internacional del Niño, Niña y Adolescente
01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial contra el Trabajo Infantil
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
20 Día Nacional del Abogado venezolano
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
27 Día del Periodista venezolano

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CONTEXTO
Para una mejor difusión y defensa de los derechos humanos en Venezuela Provea lanza su nueva imagen web

Desde 1998, Provea ofrece en su sitio web información sobre la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional. Hoy, en el marco de su 15º aniversario, la organización refresca su imagen en internet con el objeto de mejorar la educación, promoción, defensa e investigación de los derechos humanos.
Hace casi 6 años apareció la página <http://derechos.org.ve>, la primera en Venezuela dedicada específicamente a la temática de los derechos humanos en el país. En el presente registra un promedio de 7.000 visitas diarias y más de 200.000 mensuales, de todas partes del mundo y con intereses de diversa índole. A las exigencias de este público plural se le debe el nuevo rostro que desde hoy presenta este sitio web.
Comentó Carlos Correa, coordinador general de Provea que “nunca se planteó como una simple página institucional. Por el contrario, nos esforzamos en orientarla a un formato más integral, que sirviera tanto a sectores académicos, organizaciones de base, medios de comunicación, en fin, a todo el que tuviera acceso a la red electrónica y buscara información sobre el tema”.
La nueva web conserva esa característica de integralidad informativa mejorando el diseño y ofreciendo una estructura sencilla y accesible que espera mejorar el acceso y la performance de la visita de los y las internautas. Comunicados y notas de prensa, tanto de Provea como de las redes en las que participa (el Foro por la Vida, la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD), artículos de opinión, instrumentos nacionales e internacionales para las protección de los derechos humanos, libros y materiales pedagógicos que pueden ser descargados gratuitamente, una planilla para registrar denuncias de violación de derechos humanos, noticias, enlaces nacionales y extranjeros con organizaciones de derechos humanos, todo esto y más se encuentra a disposición de los y las internautas.
“Esto es un proyecto en elaboración. Su mejoramiento y aplicabilidad para la tarea de la defensa de los derechos humanos depende de la colaboración de sus visitantes. Por eso esperamos contar con ellos y ellas”, añadió Correa. (Provea, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#np2004, 09.06.04)

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CONTEXTO
Foro por la Vida ante la detención de presuntos paramilitares

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, considerando la detención hace casi un mes de presuntos paramilitares en el municipio El Hatillo del Edo. Miranda, sin que hasta ahora haya habido una respuesta clara sobre el particular de las autoridades respectivas, expresa:
1.- Su preocupación ante la existencia de un grupo de más de 100 personas vestidas con uniforme militar, de nacionalidad colombiana y coordinadas por personas que han sido señaladas como paramilitares colombianos por el Ejecutivo venezolano. La posibilidad de acciones paramilitares en Venezuela debe preocupar a toda la sociedad venezolana, pues los métodos del paramilitarismo, tal como lo evidencian años de historia colombiana y, dramática y recientemente, la agresión sufrida por una comunidad Wayuu de la Alta Goajira, son una de las formas de violencia política más crueles y atentatorias contra la dignidad humana;
2.- Exige una investigación seria, imparcial y apegada a derecho sobre este hecho de enorme gravedad y lamenta la utilización del mismo a favor de parcialidades políticas hechas tanto por el gobierno como por la oposición. Esto fue evidente en el intento del primero de establecer responsabilidades sin haberse avanzado suficientemente en las investigaciones, y de la oposición, en trivializar y hasta caricaturizar el hecho, todo lo cual ha impedido desde entonces el imprescindible debate democrático acerca de la gravedad del hecho;
3.- Su condena a cualquier intento de utilización de la violencia con fines políticos, sea de una fuente nacional o extranjera, simpatizante de una u otra de las parcialidades políticas del país, por el riesgo que implica para la paz y los derechos humanos. Por ello reiteramos nuestra condena a la acción de todos los grupos armados, llámense Carapaicas, Néstor Zerpa Cartollini, Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), Autodefensas Unidas de Venezuela (AUV), o carentes de nombre conocido, como aquellos que se concertaron para producir el golpe de Estado de abril 2002, quienes ejecutaron los actos terroristas contra las sedes diplomáticas de Colombia y España y contra la sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos o quienes facilitan la presencia, en nuestro territorio, de personas que, según la información oficial disponible, serían paramilitares colombianos;
4.- Su exigencia al Estado para que cumpla con su obligación de proteger y resguardar la integridad y soberanía nacional, componentes del derecho humano a la autodeterminación de los pueblos, siempre apegado al respeto y garantía del resto de los derechos humanos consagrados en la Constitución nacional y en los tratados internacionales;
5.- Su exigencia de que las personas detenidas, por tratarse de civiles, deben ser juzgados por sus jueces naturales, es decir, por la justicia ordinaria y no por la justicia militar que es la que está conociendo del caso. Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado: "que los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia ordinaria. Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización, por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio activo, por las faltas o delitos de función”. La continuidad del juicio en la jurisdicción militar constituye una inaceptable violación del derecho a la justicia. Por tal razón el Foro por la Vida exige a los órganos del Poder Ciudadano un pronunciamiento sobre la materia y un estricto monitoreo de la situación de los derechos humanos de los imputados;
6.- Su repudio por la utilización de adolescentes en la conformación de organizaciones armadas y/o en actividades reñidas con la ley; y su complacencia para con la repatriación de los adolescentes detenidos y el procedimiento empleado, ajustado al derecho internacional y al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (A/RES/54/263), el cual destaca la responsabilidad del Estado colombiano en la protección y reinserción de los adolescentes y el respeto al principio del interés superior del niño, tal y como fue reconocido por voceros del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);
Firman:
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Centros Comunitarios para el Aprendizaje (CECODAP); Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE); Fundación Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Oficina Diocesana de Derechos Humanos “Humana Dignitas”; Programa Venezolano de Educción-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) (Foro por la Vida, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp090604.pdf, 10.06.04)

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CONTEXTO
Foro por la Vida repudia violaciones de los derechos humanos en Irak

Las organizaciones venezolanas de derechos humanos integrantes de la coalición Foro por la Vida abajo firmantes, deseamos manifestar:
1.- Nuestro repudio ante las múltiples violaciones a los derechos humanos, torturas, tratos denigrantes, ejecuciones, cometidas en contra de prisioneros iraquíes a manos de soldados miembros de las tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña, tal y como ha sido denunciado por informes de organismos internacionales y a través de imágenes en los medios de comunicación social;
2.- Este rechazo es continuidad del que, en su momento, hicimos frente a las acciones de invasión ejecutadas por un ejército de ocupación que vulneró el estado de derecho internacional. Las torturas de hoy forman parte del mismo irrespeto a la legalidad internacional que se manifestó en la invasión y, como parte de aquella, se convierten en un asunto de política doméstica de cada país, pues el mensaje que envían las fuerzas invasoras al mundo, es el de la actuación discrecional, al margen de cualquier tipo de legalidad: es posible falsear documentos para justificar una invasión, actuar al margen de los mecanismos legales e institucionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ocupar un país y asesinar y torturar a sus ciudadanos. Todo ello implica una grave amenaza a la paz y seguridad mundial y un urgente problema que es necesario enfrentar a través de las vías pacíficas e institucionales establecidas en el seno de la ONU;
3.- Las partes involucradas en el conflicto deben observar las normas de derecho humanitario consagradas en la Convención de Ginebra de 1949 y sus respectivos Protocolos, ratificados por prácticamente todos los países del mundo y que rigen durante un conflicto bélico o una guerra, cuyo propósito es proteger la vida de los civiles, la propiedad de interés civil, los soldados heridos y los prisioneros de guerra, a la vez que exige el uso mínimo de la fuerza;
4.- Exigimos se investiguen las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario independientemente de dónde se hayan cometido, de quiénes sean su autores y del tiempo transcurrido desde su comisión. Todo presunto autor de abusos y violaciones contra los derechos humanos debe ser puesto a disposición judicial y es preciso ofrecer reparación plena a las víctimas y a sus familias; sin desmedro de que se establezcan las responsabilidades de las autoridades que ordenaron o facilitaron tales vejámenes;
5.- Alertamos especialmente sobre la difícil situación de los niños, niñas y adolescentes, que aunque existe un tratado internacional que los protege (Convención sobre los Derechos del Niño) siguen sufriendo lesiones y muriendo de manera persistente debido a los efectos del conflicto bélico. Nos solidarizamos con las víctimas y el dolor de sus familiares y amigos;
6.- Por ello hacemos un llamado a la comunidad internacional para conducir esfuerzos a favor de los derechos humanos de los pueblos, con respeto a la diversidad cultural y la autodeterminación;
7.- Reiteramos nuestro compromiso con la paz y nuestra convicción de que no es con violencia como se logrará construir un mundo más justo, inclusivo y humano.
Suscriben:
Accion Ciiudadana Contra el SIDA (ACCSI); Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea);Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) (Foro por la Vida, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#cp2004,28.05.04,

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CONTEXTO
Foro por la Vida repudia nuevas amenazas a Liliana Ortega

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, repudia las nuevas amenazas recibidas por la defensora de derechos humanos Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) y exige al Estado que investigue seriamente el origen de las mismas y sancione a quienes resulten responsables.
El miércoles 12.05.04 un individuo no identificado colocó en la entrada de Cofavic unos volantes con una caricatura de Liliana Ortega y un texto que señala lo siguiente: “a mí me pagan para que defienda los derechos humanos de los malandros de la oposición”. Alrededor de la caricatura se repite cinco veces las siglas “Q.E.P.D”, lo que constituye una clara amenaza de muerte. Ese mismo día Cofavic recibió también una serie de llamadas telefónicas de individuos no identificados que pedían información sobre Liliana Ortega y Cofavic y luego colgaban bruscamente. Estas amenazas se suman o otras recibidas por el equipo de Cofavic en el pasado y que motivaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que emitiera medidas provisionales que han sido prorrogadas.
Las organizaciones que conforman parte del Foro por la Vida están seriamente preocupadas por la reiteración de amenazas sobre Cofavic y le recuerdan al Estado venezolano que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en junio de 2003, al reconocer “la importante tarea que desarrollan en el plano nacional y regional, los defensores de derechos humanos y su valiosa contribución para la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales en el Hemisferio”, recomendó a los Gobiernos que “intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los mismos...”. Es deber del Estado investigar el origen de estas amenazas y ofrecer, con celeridad, resultados de esas investigaciones; así como mantener la protección a los miembros de Cofavic. Las figuras más altas del gobierno deben señalar públicamente que rechazan las amenazas y cualquier acto de violencia sobre cualquier organización de derechos humanos y, en particular, sobre Cofavic y su directora, Liliana Ortega.
El Foro por la Vida respalda la campaña de Acciones Urgentes iniciada por Amnistía Internacional, orientada a presionar a las autoridades venezolanas para que se pronuncien condenando estas amenazas y realicen una investigación adecuada que produzca resultados.
Por el Foro por la Vida, su vocería:
Bárbara Navas, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR); Fernando Pereira, Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP); María Gabriela Cuevas, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) (Foro por la Vida, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#np2004,20.05.04).

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INVITACIONES A EVENTOS
Provea invita al foro “Ante el libre comercio, otra integración es posible”


En el marco del V Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), organizado por Provea con el auspicio de la Plataforma Interamericana Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos (PIDHDD), el próximo 01.07.04, a las 6:00 PM, se realizará en la sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas, el foro público que continuará con el tema de este seminario: “Ante el libre comercio, otra integración es posible”.
Participarán como ponentes, Héctor León Moncayo (Instituto de Servicios Legales Alternativos - ILSA, Colombia); Norma Castañeda (Equipo Pueblo, México); Alberto Arroyo (Alianza Social Continental, México); Coral Pey (Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable) y Judith Valencia (Comisión Presidencial Negociadora del ALCA, Venezuela).
Los ponentes tratarán de responder las siguientes preguntas: ¿A qué aspectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) nos oponemos y por qué?; ¿Cómo se afectaron derechos en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? El Caso México; y, ¿Es posible otra integración? ¿Sobre qué principios?
El acceso al foro es libre para todo el público interesado. Para cualquier información comuníquese por los teléfonos 0212 862 53 33/ 862 10 11/  860 66 69; o al correo-e: educacionprovea@derechos.org.ve.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Para AVECEGRA tragedia de 1999 de
Vargas no tiene dolientes en el Estado

La Asociación de Vecinos de Cerro Grande (AVECEGRA), que agrupa a 121 familias propietarias de viviendas y terrenos del sector Cerro Grande, Caraballeda-Tanaguarenas, Edo. Vargas, afectados por los deslaves ocurridos en el año 1999, denunciaron el 02.06.04, ante Provea, el estado de indefensión en el que se encuentran debido a la desatención de las autoridades competentes (Corpovargas, Autoridad Única de Área para el Estado Vargas (AUAEV), Gobernación del Edo. Vargas, Ministerio de Infraestructura-MINFRA). Desde entonces no reciben información sobre el destino de sus viviendas y terrenos ni el de esa zona. Desconocen si se abrirá un proceso de expropiación por causa de utilidad pública o si declararán inhabitable la zona. Hasta los momentos no se ha realizado ninguna operación de rescate de la infraestructura vial ni de los servicios públicos.
Luego de 5 años de abandono oficial, 10 viviendas que no habían sido afectadas por el deslave han sido convertidas en ruinas por la acción del hampa, que ha desvalijado y destruido esas viviendas. Hasta ahora el silencio y la falta de participación ha caracterizado la relación de las autoridades estatales y estadales con los damnificados de ese sector.
Desde mediados de 2003 una compañía de ingenieros del Ejército acampó sobre terrenos privados de la urbanización Cerro Grande e instaló una planta de tratamiento de asfalto, sin la autorización de sus propietarios ni el pago de alguna contraprestación. Los vecinos denuncian que esta instalación se efectuó fuera de la zona autorizada por Corpovargas, cerrando la entrada a la urbanización mediante la ubicación de una garita que impide el paso a los propietarios de los terrenos y viviendas. Sus reclamos fueron elevados ante las autoridades correspondiente, e incluso ante el Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo, sin lograr respuesta alguna hasta los momentos.
Solo la consultoría del Ministerio de la Defensa respondió en mayo de 2004, reconociendo que solicitó información a Corpovargas sobre el destino de ese sector, quien respondió que se había contratado un estudio para el control y la canalización de torrentes del Río Grande.
Por su parte, Provea está analizando las estrategias adecuadas para apoyar a este grupo de familias en la lucha por la restitución de sus derechos.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
R
elator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental presenta su informe

En el contexto del 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado entre el 15.03.04 y el 23.04.04, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Paul Hunt, presentó el informe " Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".
En este documento, que se presentó con retraso para incluir en él información más reciente, Hunt trata la salud sexual y reproductiva en el contexto del derecho a la salud. El Relator Especial opina que el derecho a la salud sexual y reproductiva tiene un papel indispensable que desempeñar en el combate contra la intolerancia, la desigualdad de género, el VIH/SIDA y la pobreza, y recomienda que se preste mayor atención a una comprensión adecuada de la salud reproductiva, los derechos reproductivos, la salud sexual y los derechos sexuales.
Hunt también estudia la relación existente entre el derecho a la salud y la reducción de la pobreza, y sostiene que el derecho a la salud puede reforzar y mejorar las estrategias de reducción de la pobreza.
En el documento figura una breve actualización de las actividades del Relator Especial respecto de las enfermedades descuidadas y se ofrecen algunas breves observaciones sobre el derecho a la salud y la prevención de la violencia.
En su argumentación el Relator Especial destaca que por lo menos 3 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio están directamente relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Dada la relevancia de este documento, Provea lo pone a disposición de las personas interesadas en su sitio web. En la siguiente dirección puede consultarlo o descargarlo en su formato PDF (138 Kb):
<http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba7209312a7728cfc1256e5b003d24ce
/$FILE/G0410936.doc>

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
OEA aprobó propuesta venezolana de elaborar Carta Social de las Américas

Según anunció el embajador Jorge Valero, Representante Permanente del Estado venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), los 34 cancilleres representantes gubernamentales asistentes a la XXXIX Asamblea General de la instancia continental, celebrada en Quito, Ecuador, entre el 06 y el 08.06.04, acogieron la propuesta venezolana de elaborar una Carta Social de las Américas y  se encomendó a preparar un proyecto que contengan los lineamientos esenciales (Ministerio de Relaciones Exteriores, 09.06.04, http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2004/34Asamblea-OEA/noticias.htm#06).
La propuesta nacional para una Carta Social de las Américas "se le hizo directamente al Consejo Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), organismos que deberán preparar un proyecto que incluya los principios de desarrollo social y establezca metas y objetivos específicos que refuercen los instrumentos existentes en la Organización sobre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, y presente los resultados a la consideración de la próxima Asamblea General” (Agencia Venpres, 08.06.04,  http://www.venpres.gov.ve/poli/poli1.htm#Carta), explicó Valero.
Enfatizó el funcionario que esta Carta Social de las Américas "complementará y fortalecerá la Carta Democrática Interamericana. Contará así nuestra organización con dos instrumentos que reflejen una visión integradora de la democracia" (Ídem.). Valero recordó que desde hace 3 años, cuando se aprobó en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana, el Ejecutivo Nacional había advertido que hacía falta una Carta Social de las América (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ídem.)

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Según la Sala Constitucional, la ejecución de una sentencia no puede afectar los servicios de salud comunitarios

En el dictamen N° 1038 del 27.05.04, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que la ejecución forzosa de una sentencia no puede afectar los servicios de salud comunitarios. El fallo se estableció con motivo de la apelación interpuesta  por los habitantes de la Parroquia Macarao, usuarios y usuarias del Servicio de Salud Centro Comunitario de Atención Médica Integral –CECAMI-, Fundación Proyección Comunitaria –FUPROCOM-, Colectivo Macarao y su Gente, contra la decisión del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había ordenado el reenganche de una trabajadora y el pago de sus salarios caídos. El 29.09.03, este tribunal había rechazado la petición de los usuarios del servicio comunitario para que la ejecución de esta sentencia se hiciera evitando el embargo de los bienes del centro comunitario y para que el pago de los salarios caídos se efectuara en cómodas cuotas, de manera de cumplir con el mandato judicial sin afectar el servicio prestado por  el centro comunitario.
Ante la negativa de esta instancia jurídica, el 07.10.03, los usuarios elevaron su queja hasta el TSJ, cuya Sala Constitucional admitió el caso y, tomando en cuenta los intereses de la comunidad, sentenció afirmando que la satisfacción del derecho a la justicia de una persona favorecida por una sentencia, no puede afectar el derecho a la salud de un colectivo.
En su ponencia, el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero acotó que “en materia de salud, la cual constituye un derecho social fundamental no puede pensarse que quienes prestan el servicio a colectividades desfavorecidas por su situación económica y social y que por tanto se presta a personas de bajos ingresos, puedan cesar en la prestación del servicio o verlo entorpecido, por motivo de una ejecución judicial [...] Ante esta realidad, fundada en la noción de Estado Social de Derecho, y del derecho fundamental a la salud, en el conflicto entre este último derecho y el individual de quien goza de un fallo a su favor, por razones de protección constitucional a los derechos colectivos o comunales, debe existir un equilibrio entre los derechos individuales y los colectivos, sin que los primeros desaparezcan” (Tribunal Supremo de Justicia, 28.06.04, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1038-270504-03-2627%20.htm)
Igualmente, la Sala ordenó al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que conciliara a las partes sobre la forma del cumplimiento del fallo "pero si tal conciliación no se logra, que sea el juez ejecutor quien determine la forma de cumplimiento sin afectar el servicio público de salud" (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Recientes indicadores del derecho a la alimentación y al salario adecuado

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) para el mes de abril de 2004, se ubicó en 312.938 bolívares lo que representó un incremento de 1,4% (4.572 bolívares) con respecto al mes de marzo, cuando estuvo valorada en 308.366 bolívares. El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que de los 10 grupos que constituyen la canasta, siete aumentaron sus precios: café, té y similares con una variación de 6,4%; leche, queso y huevos de 5,7%; carnes y sus preparados de 4,9%, y pescados y mariscos de 4,2% (El Universal, 26.05.04, http://www.eluniversal.com/2004/05/26/26124A.shtmlmiércoles2004).
Entre enero y abril el costo de la CAN se incrementó un 10%, mientras que entre abril de 2003 y abril de 2004 el aumento fue de 39%, "cifra muy similar al índice de inflación acumulado en el mismo período, emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV)" (El Universal, Ídem.).
El déficit del salario mínimo vigente hasta el 31.07.04 (296.525 bolívares) con respecto a la CAN es de 5% (16.414 bolívares).
Para diferenciarlo de otros indicadores de precios elaborados por diferentes organismos, Elías Eljuri, presidente del INE, explica que la CAN está conformada por un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos de energía y nutrientes de una familia tipo venezolana, constituida por 5,2 miembros y para la selección de estos rubros, se tomaron en cuenta los hábitos de consumo, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible. La información de precios –según la ficha técnica- corresponde a 13 ciudades: Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Calabozo, Barcelona-Puerto La Cruz, Cumaná, Porlamar, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Área Metropolitana de Caracas (Instituto Nacional de Estadísticas, 09.06.04, http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/notas.asp).
 Agregó Eljuri que en la metodología de estudio del costo de este  indicador serán incluidos los precios de los productos en venta por el programa  Mercal "con lo cual bajará el costo de la cesta [...] El costo de la canasta alimentaria no recoge esa gran producción que se vende a través de Mercal. Eso nos va a aportar más datos". " (El Universal, 13.05.04, http://www.eluniversal.com/2004/05/13/13170A.shtml).
A ju
icio de Provea, para que esta metodología tenga sentido, es necesario contar con información sobre la cobertura del programa Mercal que demuestre que está beneficiando al sector de la población que devenga ingresos iguales e inferiores al salario mínimo. Por otro lado, a la inclusión de este nuevo indicador por parte del INE, le debería anteceder el cálculo del volumen calórico contenido en los productos de la cesta básica que comercializa el programa Mercal.
Los alimentos que constituyen la canasta aportan 2.200 calorías diarias, requerimiento nutricional mínimo para un individuo. Si se toma en cuenta que la CAN está diseñada para medir consumo de una familia de cinco personas, se obtiene que mensualmente cada miembro de ese núcleo se alimenta con Bs. 62.587. Esto a su vez indica que diariamente los venezolanos dedican sólo 2.086 bolívares a sus gastos de alimentación. Si se traduce este monto al valor del dólar oficial, se obtiene que la población gasta 1,08 dólares al día para comer. Este valor resulta mucho menor si se calcula con el dólar del mercado negro, que promedia 3.000 bolívares en las últimas semanas. Este ejercicio da como resultado que los venezolanos utilicen 0,69 centavos de dólar para comer diariamente" (El Universal, Ídem.).
Por otro lado, Eljuri, destacó que, de acuerdo al valor de la CAN en febrero, se observó una desaceleración en los precios de los productos que integran la CAN en comparación con las variaciones de precios obtenidas en el mes de enero. La cifra representa un incremento del 1,5% (4.614 bolívares) en relación con enero, un porcentaje inferior al incremento que se había detectado entre diciembre 2003 y enero 2004, ubicado en 5,1%. En esta desaceleración del valor de la CAN, fue determinante el comportamiento estable de los precios de la carne y sus preparados, grupo que no sufrió variación alguna.
“La desaceleración en el encarecimiento de la CAN se refleja con mayor énfasis al comparar las variaciones acumuladas de precios. En el período febrero 2003-febrero 2004 hubo una variación en los precios de la CAN de un 26,4%, mientras que en el lapso enero 2003-enero 2004, el aumento se había situado en 32,2%. Por otra parte, en los 2 primeros meses del presente año, el valor de la CAN se incrementó en 6,8%, en tanto que para el segundo mes del año 2003, la variación acumulada ya alcanzaba el 10,7%" (Instituto Nacional de Estadísticas, Ídem.)
El Banco Central de Venezuela (BCV) aportó indicadores socioeconómicos más recientes. Para el mes de mayo el órgano emisor registró una variación de 1,2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas. Un 0,1% menor a la observada en el mes de abril (1,3%) y 1,1% inferior a la reportada en mayo del año 2003 (2,3%). Por su parte, la variación acumulada del IPC en los 5 primeros meses del año se ubica en 9%, un 4,8% menor a la registrada en igual período del año anterior (13,8%), mientras que el crecimiento anualizado del IPC en el período Mayo 2004/Mayo 2003 se ubicó en 21,8%, un 13,2% menor al alcanzado en igual lapso 2003/2002, en el cual se registró una variación de 35,0% (Banco Central de Venezuela, 02.06.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3372&Operacion=2&Sec=False).
Con respecto al Índice de Remuneraciones de los Asalariados (IRE), el BCV registró un aumento de 6,1% en el 1er. trimestre de 2004, un 1,1% superior al del 4to. trimestre del año 2003 (5,2%) y un 5% más que el del 1er. trimestre de ese mismo año (1,1%).
Según el ente emisor, "el comportamiento del indicador está relacionado con el efecto de la entrada en vigencia (01-01-04) de la Convención Colectiva del Sector Público que favorece a los funcionarios y empleados públicos y la Convención Colectiva Marco de los Obreros de la Administración Pública Nacional [...] Cabe destacar que estas contrataciones representan aumentos salariales de 56% respecto a los niveles de los tabuladores de sueldos y salarios del Sector Público vigentes al 01-01-01. Sin embargo, por acuerdo entre las partes, todos los aumentos obtenidos a través de la aplicación del salario mínimo nacional durante el período 2001-2003 fueron integrados al sueldo básico en las nuevas escalas disminuyendo la magnitud real de los aumentos logrados [...] También contribuyeron los aumentos acordados en las contrataciones colectivas de las industrias farmacéuticas y de artes gráficas, los incrementos salariales por ajustes en los sistemas de mérito y nivelación de sueldos de algunas empresas privadas y el aumento de los cupones de cesta ticket(2) por efecto del ajuste del valor de la unidad tributaria, al pasar ésta de Bs. 19.400 a 24.700 (Gaceta Oficial No. 37.876 de 10-02-04).
A nivel sectorial se reflejó que las remuneraciones de los trabajadores del Sector Gobierno se incrementaron en 10,1%, mientras que en el Sector Privado el aumento promedio reportado fue de 4,8%. Comparativamente, se observó que el crecimiento sostenido que reflejan ambos sectores a partir del segundo semestre del 2003, es superior en Gobierno. Este comportamiento indica que la aplicación de la política del salario mínimo del año 2003 y la vigencia de las nuevas convenciones colectivas de la Administración Pública Nacional han favorecido ampliamente a los trabajadores del Sector Público, cuyas remuneraciones habían mostrado menores aceleraciones en los años 2002 y 2003 respecto al Sector Privado" (Banco Central de Venezuela, 02.06.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3375&Operacion=2&Sec=False).
La comparación de la evolución del IRE respecto al IPC, reflejó que el primero se ubicó en 14,5% por debajo del IPC. En opinión del BCV,  esto "señala que los aumentos salariales obtenidos en el período permitieron mantener el poder adquisitivo de los trabajadores a niveles del año 2003 y contrarrestaron la inflación ocurrida en el primer trimestre de este año" (Banco Central de Venezuela, Ídem.).
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) fijó el costo de la Canasta Básica de los Trabajadores (CBT) en 1.228.611 bolívares para el mes de mayo. Esta cifra representa un aumento del 1,4% (16.980 bolívares) con respecto al mes de abril (El Universal, 05.06.04,  http://www.eluniversal.com/2004/06/05/05135B.shtml).
Según el CENDA, si el ingreso familiar se compone de por lo menos 2 salarios mínimos (593.045 bolívares), el déficit de este ingreso con respecto a la canasta básica es del 51,7%. Esto significa que habría que contar con 635.566 bolívares más para poder comprar todos los productos de esta cesta.
No obstante, el informe elaborado por el CENDA señala que el decreto de aumento salarial de 20%, vigente desde el 01.05.04 (Gaceta Oficial Nº 37.928) que llevó el salario mínimo de 247.104 bolívares a 296.524 bolívares,  "recupera nominalmente en 7,5% el poder adquisitivo de aquellos trabajadores ocupados en el sector formal que son beneficiados con la medida; sin embargo, la recuperación real del poder adquisitivo está sujeta a la cancelación del referido incremento, tanto por el sector público como privado" (El Universal, Ídem.).

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Contradicciones en los indicadores sobre los derechos laborales de mayo


S
egún datos recientes del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) un 57% de los trabajadores ocupados se haya en el sector informal y un 21% están desempleados, para el mes de mayo (El Universal, 05.06.04,  http://www.eluniversal.com/2004/06/05/05135B.shtml).
Estos números contrastan con el cálculo hecho por Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), quien observa que el sector de la Población Económicamente Activa (POA) desocupada permanece en menos del 15%, para el mes de abril. "Esta es una estimación personal, basada en el crecimiento económico y en el carácter cíclico del desempleo. Se ha registrado un crecimiento económico con respecto al primer trimestre del año pasado. El consumo de electricidad aumentó 20%, también crecieron las ventas de vehículos y de cemento" (El Universal, 13.05.04, http://www.eluniversal.com/2004/05/13/13170A.shtml).
Eljuri pretendió así desmentir las cifras que manejan algunas empresas encuestadoras que señalan que el desempleo se encuentra entre 17% y 24% (El Universal, Ídem.).
Informó el funcionario que el INE decidió aplicar un cambio de metodología en el análisis de la cifras de desempleo, eliminando los informes mensuales de desocupación para publicar trimestralmente las cifras de desempleo, una medida que, en opinión de Provea, dificulta el monitoreo de estos indicadores.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
MECD: misiones aseguran acceso gratuito a la educación y se firmó convenio con la AVEC

Según Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación, Cultura y Deportes (MECD), “se puede afirmar en Venezuela que, hoy día, el 60 % de su población, de más de 20 millones de habitantes, recibe el beneficio de la instrucción pública y que esta llega a todas partes del país gracias al sistema alternativo de las misiones Robinson I, Robinson II, Ribas, Sucre y Vuelvan Caras" (Gobierno en Línea, 10.05.04,  http://www.gobiernoenlinea.ve/). 
Agregó Istúriz que las misiones constituyen la herramienta fundamental que, paralelo al sistema de educación formal tradicional, mantiene a un número de ciudadanos venezolanos dentro de las aulas, recibiendo clases y al mismo tiempo preparándose para incorporarse en poco tiempo al trabajo.
Añadió el funcionario que “si hubiésemos continuado con la tendencia heredada por las anteriores gestiones tendríamos que haber privatizado la educación definitivamente, por lo que entonces habríamos decretado la abolición de la gratuidad de la educación y en consecuencia mutilado el futuro de muchos niños y familias” (Gobierno en Línea, Ídem.).
Igualmente, aseguró Istúriz que la eliminación del cobro de matrícula en las escuelas públicas y la creación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) “permitieron elevar la tasa de escolaridad encontrada en 59 % para 1998, a 67,19 % en el 2002. En la actualidad, podemos hablar de más del 80%” (Gobierno en Línea, Ídem.).
Por otra parte, el MECD informó sobre la suscripción de un acta convenio con la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC) de acuerdo al cual, el ente público otorgará a este último recursos por más de 260 millardos de bolívares, beneficiándose más de medio millón de estudiantes de todo el país
(Gobierno en Línea, 11.05.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/). 
Istúriz destacó que con este presupuesto se cubre el servicio educativo que prestan unos 575 planteles, que atienden estudiantes de preescolar, básica, media diversificada y profesional,  “también se atiende a los adolescentes desertores del sistema de instrucción pública regular que tienen edades comprendidas entre 14 y 24 años de edad, quienes reciben formación para una ocupación en los 200 centros de capacitación que la AVEC tiene en todo el país” (Gobierno en Línea, Ídem.).
El titular del MECD también informó sobre "las jubilaciones de gracia que hace poco entregó el MECD a más de 200 docentes de colegios de Fe y Alegría” (Gobierno en Línea, Ídem.).
“A pesar de estarse suscribiendo hoy, el MECD ha cumplido con el cronograma de pago a los colegios católicos populares, con quienes no se tiene nada pendiente por este año” (Gobierno en Línea, Ídem.), puntualizó Istúriz.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Médicos venezolanos participarán en Misión Barrio Adentro


Juana Contreras, coordinadora de Atención Primaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, informó que "en junio se incorporarán a la Misión Barrio Adentro 1000 médicos venezolanos para prestar atención primaria en barrios y zonas marginales atendidas actualmente por cubanos" (Ministerio de Comunicación e Información, 17.05.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=1125). Los galenos venezolanos que se incorporarán a los barrios cursaron el primer postgrado en Medicina General Integral, promovido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS),  , dictado por expertos cubanos. Adquirirán experiencia y nuevos conocimientos mientras brindan atención a la población, indicó Contreras.
Fernando Bianco, presidente del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano (CMDM), aseguró que la utilización de médicos cubanos en las zonas deprimidas del país es temporal y se minimizará en la medida que haya médicos venezolanos. La adjudicación de las plazas disponibles para los médicos se realizará aproximadamente antes del año y medio, de los 3 que tiene estipulado este curso de especialización, adelantó Bianco. El presidente del CMDM indicó también que "cualquier médico que desee aprender medicina general integral tiene la oportunidad de hacerlo con este postgrado, el cual se impartirá durante 8 horas diarias y será bien remunerado" (Agencia Venpres, 20.05.04, http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#cubanos).
La asistencia que Cuba presta a Venezuela en esta misión en específico, es consecuencia del Acuerdo General de Cooperación firmado por ambos países en Caracas en octubre de 2000. La Misión Barrio Adentro es una iniciativa mediante la cual los sectores sociales más pobres disponen de asistencia ambulatoria en sus lugares de residencia. En esta misión trabajan más de 10.000 médicos y auxiliares cubanos y beneficia a 14 millones de personas, según la fuente.

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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la alimentación

- Actualizar en lo inmediato los estudios antropométricos que permitan medir el déficit nutricional actual de la población y con base en ello, diseñar políticas de atención nutricional pertinentes;
- Garantizar que estos estudios se realicen con regularidad periódicamente y tengan cobertura nacional;
- Desarrollar un sistema integral de medición de la situación nutricional de la población venezolana que permita conocer de manera oportuna y actualizada indicadores claves tales como el bajo peso al nacer, la anemia y la deficiencia de hierro, la deficiencia de yodo, la accesibilidad y disponibilidad de nutrientes, entre los más importantes;
- Reiniciar en el corto plazo las coordinaciones necesarias para garantizar que el nivel de iodación y fluoración de la sal sea el requerido para conservar la meta lograda de país libre de las deficiencias de yodo;
- Vigilar y garantizar que la política actual de importaciones tenga un carácter temporal y estrictamente destinado a suplir el desabastecimiento de alimentos. En tal sentido, remover todos los obstáculos que
inciden en la situación de desabastecimiento recurrente que caracteriza al país en la actualidad;
- Estudiar y aplicar la normativa para el control y regulación de los Organismos Genéticamente Modificados en Venezuela, en conjunto con las instituciones y organizaciones que desarrollan investigaciones en la materia;
- Adoptar políticas integrales encaminadas a erradicar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria, removiendo obstáculos como el desempleo y la falta de acceso a los alimentos;
- Dar continuidad a los programas sociales alimentarios que, previa evaluación, demuestren que contribuyen a disminuir el déficit nutricional de los sectores más vulnerables de la población;
- Ajustar regularmente el Salario Mínimo para cubrir plenamente los costos de la Canasta Alimentaria;
- Adaptar el contenido de la Canasta Alimentaria a los requerimientos nutricionales establecidos en la nueva tabla propuesta por el Instituto Nacional de Nutrición (INN);
- Desarrollar una política de supervisión de la elaboración de alimentos destinada a asegurar la calidad e higiene necesarias en su preparación y conservación que garantice la inocuidad de los mismos;
- Desarrollar programas de atención y prevención destinados a controlar la tendencia creciente al sobrepeso que viene presentándose en la población;
- Desarrollar una política integral de atención al pequeño productor que garantice, no sólo la tenencia de la tierra, sino los recursos tecnológicos y financieros para su usufructo, así como unas condiciones dignas de existencia;
- Diseñar y adelantar una campaña orientada a educar en materia de nutrición, higiene y salud.
(Provea, 09.06.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Militante de Bandera Roja denunció haber sido torturado por agentes de la D
ISIP

Juan CASTELLANOS, ciudadano venezolano titular de la Cédula de Identidad N° 3.970.358, denunció en las oficinas de Provea que fue detenido por funcionarios uniformados de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) en horas de la mañana del pasado domingo 30.05.04, en momentos que se realizaba el proceso de recolección de firmas para el revocatorio.
Castellanos se identificó como militante de la organización política Bandera Roja y participaba como coordinador de una mesa en la Parroquia La Vega de Caracas.
Afirmó el denunciante ante Provea, el 01.06.04, que fue "introducido por la fuerza en un vehículo blanco de los usados para taxi, sin placa, y llevado con los ojos vendados, después de más de 20 minutos de carretera hacia una casa donde fuí salvajemente golpeado con patadas y un palo hasta el punto que cuando me liberaron 2 horas después, tuve que ser inmediatamente hospitalizado en el Hospital Periférico de Catia donde estuve bajo observación durante 36 horas".
Además de golpearlo, los efectivos le robaron el celular, 50.000 bolívares, sus lentes y un maletín contentivo de información sobre el proceso electoral.

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Asesinado activista de los derechos humanos en Caracas por presuntos PM

Otra denuncia fue hecha en nuestra sede por habitantes de la comunidad de Caricuao, Caracas. Se trata del homicidio del defensor de derechos humanos, José Gregorio CHÁVEZ, activista de la Fundación para la Prevención y Defensa de los Derechos Humanos de la Parroquia Caricuao.
Según los denunciante los hechos ocurrieron el pasado 26.05.04, dentro de la panadería "2010" en donde Chávez trabajaba, ubicada en la UD-3 de Caricuao. Señalan como responsables a presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), uno de ellos identificado por la comunidad como Efraín Antonio Monasterio.
Como ya es costumbre en los casos de presuntas ejecuciones, la versión inicial presentada por los funcionarios de la PM, trata la muerte de Chávez como la de un delincuente que enfrentó a la policía en momentos en que realizaba un atraco, según el comisario Orlando Gutiérrez, subdirector de la PM.
Numerosos testigos desmiente esta versión y, por el  contrario, advierten que la víctima fue asaltada en su lugar de trabajo por presuntos efectivos de la PM vestidos de civil  y como éste los enfrentó, causando la muerte de uno de los policías asaltantes, comisiones de la policía que llegaron al lugar lo detuvieron y posteriormente lo ajusticiaron en el sitio en presencia de varias personas.
Más de 50 testigos dirigieron una comunicación a Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, denunciando los hechos y expresando su disposición a declarar ante las autoridades competentes. Según los denunciantes las investigaciones del caso las conoce actualmente el fiscal 46 del Ministerio Público.

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Culmina etapa de recolección de firmas para los procesos de referedum revocatorios

Francisco Carrasquero, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció el 08.06.04 que el proceso del referendo presidencial será realizado el 15.08.04, en respuesta a los resultados positivos arrojados por la recolección de firmas para el referendum revocatorio presidencial efectuado en diciembre de 2003 y mayo de 2004 (Agencia Venpres, 09.06.04, http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#Referendo).
Según informó Carrasquero, el procedimiento refrendario del mandato del Presidente de la República arrojó un total de firmas válidas acumuladas de 2.541.636. Explicó que tras realizarse la fase de recolección, verificación y reparos de las solicitudes del procedimiento, el CNE decidió aprobar las modificaciones que se especificarán en el informe final del Comité Técnico de Totalización, CTT, que arrojaron los siguientes resultados: 8.847 actas de reparo analizadas y transcritas, 8.713 actas certificadas conformes y 134 actas certificadas observadas. Mientras que las firmas o solicitudes en el procedimiento arrojaron un total de 2.553.051 firmas válidas, cuya totalización se hizo de la siguiente manera: 733.755 firmas rechazadas incluidas; 91.669 firmas validas excluidas, 1.910.965 firmas válidas iniciales a reparar, 2.436.083 firmas requeridas, 2.553.051 firmas válidas acumuladas (total de firmas válidas iniciales, más las firmas rechazadas incluidas, menos las firmas válidas excluidas).
Sin embargo, el CNE dispuso, por decisión adoptada el 08.06.04, modificar la cifra total de firmas válidas acumuladas en razón de la constatación de la existencia de firmas de personas fallecidas (11.256) o a sujetos en situación militar activa (159), por lo tanto, al hacer la sustracción de estas firmas, quedó un total de firmas válidas de 2.541.636 (Agencia Venpres, Ídem.). Igualmente señaló que el proceso electoral se hará en forma automatizada en todas sus fases (Agencia Venpres, Ídem.).
A propósito de la culminación de esta etapa del proceso de referendum revocatorio, Provea considera pertinente retomar lo considerado por el Foro por la Vida en su pronunciamiento del 19.11.03, efectuado con motivo de la culminación de las jornadas de recolección de firmas realizadas del 21 al 24.11.03 y el 28.11.03 al 01.12.03. En esa ocasión, la coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos observó que el comportamiento del pueblo venezolano en los dos procesos de recolección de firmas fue una nueva manifestación de su decisión de ejercer participativamente sus derechos democráticos. Un comportamiento que en esta oportunidad se repite y es digna de valorar en toda su profundidad.
Asimismo, Provea aprecia positivamente que, a pesar del clima de amenazas que se repetía en este proceso, la forma en que el pueblo venezolano  decidió ejercer su voluntad apuesta por fórmulas de tolerancia y convivencia propias del civismo de una democracia pluralista.
Se vuelve a exhortar a los actores políticos para que denuncien las supuestas irregularidades ante el CNE y ante las instancias previstas en el ordenamiento jurídico, a fin de que las mismas puedan ser debidamente canalizadas y exhortamos al CNE a fiscalizar y sancionar, si fuere el caso, a los responsables de los delitos electorales. Igualmente, debe reiterarse la preocupación expresada por el Foro por la Vida en otras ocasiones en torno a las denuncias sobre presiones que se podrían ejercer para que los ciudadanos firmen o dejen de firmar expresando su libre voluntad y las consecuencias que esta acción genera: discriminación, amenazas de despidos, etc. Por tal razón, se le exige al Estado la adopción de medidas para la restitución de los derechos vulnerados y a los ciudadanos para que consignen las respectivas denuncias ante los órganos correspondientes a fin de que apliquen las sanciones y reparaciones del caso.
Finalmente, Provea reitera lo dicho por el Foro por la Vida en cuanto a que “la consulta popular puede ayudar a reducir los niveles de confrontación y de violencia, siempre que se realice en un ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en utilizar la consulta popular como un mecanismo de confrontación para eliminar al contrario y no ponen en práctica estrategias de convivencia posterior con los que piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo coadyuvante de la violencia y hasta contraproducente para los fines de una administración democrática del conflicto […] La salida a la crisis del país entonces no es sólo electoral e implica madurez democrática de los principales actores políticos” (Foro por la Vida, 11.12.03, http://www.derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/link7.htm#cpa2003).

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos: Gobierno estadounidense se entromete en asuntos nacionales

Como una intromisión a los asuntos nacionales y una violación a lo contemplado en los apartados b) y e) del artículo 3, capítulo II de los Principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pueden calificarse los comentarios expresados por Roger Noriega, sub secretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos,  a propósito del proceso de reparación de firmas con el que culminaba la recolección de firmas para solicitar el referendum revocatorio presidencial.
En una entrevista publicada el 26.05.04 por el diario estadounidense The Washington Times, Noriega señaló, entre otras cosas que "está muy claro para nosotros [Gobierno de Estados Unidos] que el número requerido de personas apoyó la solicitud [...] Si a través de algún proceso burocrático forzado, esas firmas son descartadas, esto podría tener consecuencias muy nefastas para los venezolanos y para quienes apoyan sus derechos constitucionales [...] usaremos los mecanismos multilaterales que tenemos [...] Les hemos dicho a nuestros socios que pensamos que esta es una prueba de fuego para ver si el Estado puede o no respetar los deseos del pueblo venezolano" (El Universal, 10.06.04, http://www.eluniversal.com/2004/05/27/27104EE.shtml).
Tales opiniones contradicen lo manifestado por las 34 naciones americanas que suscribieron el instrumento constitucional de la OEA suscrita en 1948. En éste se establece que: "el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional [y que] Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado" (Organización de Estados Americanos, 10.06.04, http://www.oas.org/juridico/spanish/carta.html).
En este sentido, invitamos a los lectores a conocer los pronunciamientos hechos por el embajador Jorge Valero, representante permanente del Estado venezolano en la OEA, e Iván Rincón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), en respuesta a las opiniones de Noriega, en la sección DOCUMENTOS.

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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias a poderes públicos sobre el derecho a la vida

- Investigar exhaustivamente las denuncias de violación al derecho a la vida presentadas
por familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación
social o cualquier otro denunciante y, en caso de comprobarse los hechos, aplicar las sanciones penales, administrativas y disciplinarias que establece el ordenamiento jurídico nacional, así como ordenar la reparación del daño causado;
- Publicar anualmente un reporte, discriminado por cuerpos de seguridad, sobre el número de funcionarios sometidos a averiguaciones por causales de violación al derecho a la vida y sobre los resultados de las mismas en cada caso;
- Derogar las normas sobre excepción de responsabilidad penal por obrar en cumplimiento de la obediencia debida a un superior;
- Adoptar una ley que prohíba nacionalmente, sin excepciones, el uso de armas de fuego y la utilización de armas tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, en concordancia con el artículo 68 de la Constitución de 1999;
- En el mismo sentido, garantizar que en los estados o municipios que se aprobaron normas sobre esta materia, sean cumplidas efectivamente;
- Iniciar o continuar, con carácter de emergencia, una reforma de los cuerpos policiales y militares más denunciados, entre ellos la Policía del Edo. Aragua, la Policía del Edo. Anzoátegui, las FAN, especialmente la GN, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía del Edo. Carabobo, la Policía Metropolitana de Caracas, la Policía del Edo. Lara y la Policía del Edo. Nueva Esparta; para realizar su reorganización garantizando su funcionamiento en el marco
del Estado de Derecho. Esta reorganización debe incluir la revisión, desde una perspectiva de derechos humanos, de los criterios de ingreso, los programas de formación, la evaluación periódica de las actuaciones del personal, los mecanismos de control interno y sociales sobre la acción de la institución, la creación de una cultura interna consistente con el Estado de Derecho y el uso legítimo que en él se establece sobre la fuerza pública, y las condiciones sociolaborales del personal;
- Evaluar los programas de formación en derechos humanos que se hayan ejecutado en las academias militares y policiales, propiciando la participación de las ONG de derechos humanos en dicho proceso;
- Desincorporar al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) del Poder Ejecutivo, así como de sus funciones de patrullaje y procedimientos de policía administrativa.

(Provea, 09.06.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)
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ARTÍCULOS
Son Derechos:
“Habitantes de Vargas sin respuesta”

"Transcurridos ya casi cinco años del deslave que afectó a la población del Edo. Vargas, el Gobierno Nacional adelantó la reconstrucción parcial de la zona, la cual ahora deberá ser evaluada por los beneficiarios.
Al respecto, Provea conoce de situaciones no resueltas y de actitudes poco democráticas por parte de las autoridades. Es el caso de 121 familias cuyas viviendas, ubicadas en el sector Cerro Grande de Caraballeda, fueron literalmente tapiadas por el deslave. Estas familias denuncian que a lo largo de este tiempo no fueron informados por Corpovargas ni por la Autoridad Única de Área, sobre el destino que tendrá esa zona, es decir, si serán expropiados por causa de utilidad pública, si se declarará total o parcialmente inhabitable, si se dedicará para un parque recreacional, si se realizarán obras públicas para canalizar el río Grande, etc.
No obstante, ninguna petición de información hecha por los afectados fue respondida por las autoridades.
En este sentido, Provea insiste en recordarle a los funcionarios públicos que el derecho a dar respuesta oportuna y adecuada está contemplado en la Constitución y su denegación puede llevar a la destitución del cargo que ocupan" (Provea, son@derechos.org.ve, 09.06.04).

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ARTÍCULOS
Son Derechos:
“Los DESC son exigibles”

"No debemos esperar pasivamente a que el gobierno de turno cumpla con la realización de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) como salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, etc., ni mucho menos sufrir sumisos su atropello.
Por exigibilidad se entienden aquellas acciones dirigidas a reclamar al
Estado el cumplimiento de nuestros derechos. Puede ser ejercida ante cualquiera de los poderes públicos.
Exigir el respeto de los DESC es un ejercicio de participación ciudadana que implica tomar conciencia de la dignidad de las personas y de los pueblos; informarse sobre la verdadera situación de los DESC y sobre el contenido del derecho reclamado; organizar distintas acciones que pueden incluir tanto el uso de los medios jurídicos y políticos que brinda el Estado como la protesta y el planteamiento de propuestas por parte de las comunidades o grupos involucrados; y, efectuar un seguimiento comunitario de la realización de los compromisos estatales.
La exigibilidad de los DESC se ejerce también con la divulgación de información sobre los DESC, denunciando los problemas provocados por el atropello de los DESC, realizando un monitoreo de la situación y haciendo cabildeo ante los poderes públicos, etc.
Sin el ejercicio de la exigibilidad, el goce de los DESC se queda en simples normas".(Provea, son@derechos.org.ve, 28.05.04).


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ARTÍCULOS
Raúl Cubas:
"Crisis y deterioro de la seguridad social en América Latina"

A petición de la revista venezolana Question Raúl Cubas, activista de derechos humanos y ex coordinador General de Provea (1995-2001), realizó una investigación titulada "Crisis y deterioro de la seguridad social en América Latina", el cual invitamos a leer o descargar en <http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope> Tiene una extensión de 10 páginas y lo encontrará en formato PDF
(53Kb).
Para despertar su interés, les ofrecemos algunos párrafos:

"Se ha venido afirmando reiteradamente que 'las políticas de ajuste estructural y reforma del Estado de contenido neoliberal, impuestas por el FMI y el Banco Mundial a los países en desarrollo, afectan gravemente y violan los derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)'. Este diagnóstico hace referencia a las consecuencias más evidentes de dichas políticas: 'Más pobreza, desempleo y pérdida de derechos por parte de la gente quedan del modelo, particularmente en lo que se refiere a derechos laborales y seguridad social...'.
Al respecto, organizaciones de derechos humanos integradas en la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd) han impulsado iniciativas destinadas investigar los efectos de las políticas de reforma estructural de la seguridad social en la región, que se han plasmado en la elaboración de 'Informes Alternativos' realizados por organizaciones sociales de siete países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, en los cuales se aborda la situación del derecho a la seguridad social en cada país. Con posterioridad, la Pidhdd solicitó y logró en marzo de 2002 una Audiencia sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las Américas, llevada a cabo en el 114° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En dicha oportunidad, presentó un certero diagnóstico de una de las principales causas del deterioro del derecho a la seguridad social en la región , al afirmar que: 'El sostenido deterioro del mercado laboral en la región, las limitaciones para su crecimiento y la paralela profusión de amplias masas al margen de las relaciones laborales formales -trabajadores familiares no remunerados en el campo, trabajadores independientes no profesionales en la ciudad, seudo asalariados de empresas de escasa productividad, conducción familiar y corta vida- aíslan crecientemente a la mayoría de los trabajadores de sus posibilidades de participación en el sistema de seguridad social, retornándolos a las condiciones primarias de protección basadas en las posibilidades de auto ahorro, ayuda familiar, comunitaria o mutual' [...]
La última década del siglo XX trajo aparejado un proceso de reformas estructurales de la seguridad social en la región basado en la privatización de los sistemas de pensiones y la atención de salud, que lejos de mejorar la situación, en muchos casos la ha agravado. La disminución de la cobertura, los graves problemas financieros, la mala calidad de los servicios de salud y la deficiencia en el pago de las prestaciones dinerarias, la escasa participación de los beneficiarios en el control de la gestión, y fundamentalmente la reducción de la seguridad social “a un problema económico y la acepción de este a un problema financiero, cuestionándose la ubicación de la seguridad social como un derecho humano fundamental” , son los problemas ha superar en el futuro y constituyen un desafío para los gobiernos y sociedades de América Latina.
Es en este campo donde las organizaciones de derechos humanos, que enfatizan su trabajo en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, tienen un amplio campo de trabajo, en comunidad con las organizaciones sindicales, de pensionados, de la economía informal y de amas de casa, para lograr aportar desde su propia perspectiva a lograr un 'desarrollo progresivo' del derecho a la seguridad social, tal cual lo plantea el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en particular la referencia al derecho a 'una mejora continua de las condiciones de existencia'.
El desafío de esta primera década del siglo XXI es lograr un proceso de 'contrarreforma' continental de la seguridad social -habida cuenta de la constatación de las visibles deficiencias de la reforma estructural propiciada por el Banco Mundial en los 90- que permita generar alianzas entre sectores políticos, organizaciones sindicales, de desempleados y de la economía informal, comités de pensionados y jubilados, organizaciones de derechos humanos e investigadores del sector académicos vinculados al tema, para que nacionalmente se evalúen los procesos privatizadores y se presenten alternativas que se enmarquen en una visión que privilegie la solidaridad social y no la mercantilista que tanto daño ha hecho en las dos ultimas décadas.
Solo revirtiendo el proceso privatizador y excluyente impuesto por las corrientes neoliberales, será posible que en el futuro los diversos sistemas de seguridad social garanticen efectivamente el pleno disfrute del derecho a la seguridad social para todos y todas, sin discriminación de ningún tipo" (Provea, http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope, 04.05.04, ).

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ARTÍCULOS
Marino Alvarado:"Otra cara del Plan Zamora"

El siguiente artículo de opinión fue escrito por Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea.
"Desde un lejano rincón del estado Portuguesa, específicamente desde el asentamiento campesino Guasino Mayita, en el Municipio Turén, un grupo de familias campesinas enciende una luz de alarma sobre los resultados del Plan Zamora impulsado por el Ejecutivo Nacional. Ellos afirman que sus condiciones de vida desmejoraron a pesar de haberse favorecido con el otorgamiento de más de 200 hectáreas de tierra mediante una carta agraria, un crédito del Fondo de Desarrollo Agropecuario Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA) por 213 millones de bolívares y hasta un tractor.
Recibieron un bosque que deben desforestar con maquinaria pesada que no tienen y que requiere de un proceso intenso de aplicación de técnicas y fertilizantes para transformar la tierra de improductiva en tierra fértil, con una asesoría técnica que no llega. Se les otorgó un crédito para sembrar sorgo que llegó después del ciclo de siembra. Se les entregó un tractor sin rastra que les ha servido sólo para transportar agua potable, pues el riachuelo más cercano les queda a 3 kilómetros. Se les prometió la construcción de viviendas y de ellas ni un solo ladrillo se ha colocado. Hoy, en medio de muchas hectáreas, viven casi en la indigencia, sin un techo digno donde vivir y sin ingresos. Caminaron de institución en institución esperando que alguien entienda que una carta agraria, un crédito y un tractor no producen necesariamente una mejor calidad de vida.
Las cifras oficiales de distribución de tierra y crédito entusiasman por la posibilidad de que se esté produciendo una verdadera democratización de la propiedad y un incremento de la producción de alimentos. Por ejemplo, se han otorgado 44.772 cartas agrarias y 1.886.917 hectáreas de tierras en todo el país, beneficiando a más de 72.416 trabajadores rurales. La casi totalidad de tierra adjudicada es propiedad del Estado.
Sin embargo, el optimismo empieza a desvanecerse cuando se reciben denuncias como las que llegan de Guasino Mayita. Sin un acompañamiento efectivo de las instituciones no podrán los campesinos transformar tierras ociosas en productivas. Por errores como éstos se generaron en el pasado muchas frustraciones y ello contribuyó al fracaso de la reforma agraria. La improvisación y la desidia para dar respuesta a justos reclamos como éste también generan desconfianza. Las denuncias que empiezan a aparecer son una luz de alarma que el Ejecutivo Nacional debería observar con cuidado y sin prejuicios. No vienen de sectores de la oposición, sino de los propios beneficiarios que todavía mantienen la esperanza en un proceso que ofreció dignificarlos.
Muchos abrigamos el deseo de que se realice una autentica reforma agraria que represente avances reales en la seguridad alimentaria y un cambio favorable en las condiciones de vida de nuestros campesinos. Si estos problemas no se corrigen a tiempo, los alcances pueden derivar hacia una nueva frustración colectiva, en la que todos perdemos" (Provea, http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope, 03.06.04).


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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia"

Autor: Boaventura de Sousa Santos
Año: 2000
Sinopsis:
"Las luchas sociales, políticas y culturales para ser creíbles y eficaces, tienen que trabarse a corto plazo, o sea, en el marco temporal con que cuenta una generación con capacidad y voluntad para trabarlas. Por esta razón, las luchas paradigmáticas tienden a ser entabladas, en cada generación, como si fuesen subparadigmáticas, o sea como si aun se admitiese, por hipótesis que el paradigma dominante pudiese dar respuesta adecuada a los problemas para los que ellas están reclamando atención" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela"

Autor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Año: 2003
Sinopsis:
"El presente informe, que consta de siete capítulos, analiza la situación en Venezuela, concentrándose especialmente en distintos aspectos relacionados con el estado de derecho en el país. El informe fue elaborado sobre la base de información recabada antes, durante y después de su visita in loco llevada a cabo en Venezuela en Mayo de 2002 y cubre acontecimientos sucedidos hasta Octubre de 2003" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"El crimen de pobreza: escritos sobre la criminalización de los pobres"

Autor: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Año: 2.003
Sinopsis:
"¿Será que por ser pobre me lo merezco? ¿Será que nos matan por el hecho de ser simplemente pobres? ¿Por qué nos pasan estas cosas solo a los pobres? ¿Nosotros también tenemos derechos?... preguntas, frases pronunciadas, emoción bajo palabras articuladas y reconstrucción de historias de vida" (centrodocumentacion@derechos.org.ve). 

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Preparación de informes sobre los derechos humanos: conforme a seis importantes instrumentos internacionales de derechos humanos"

Autor: Organización de Naciones Unidas
Año: 1998
Sinopsis:
"La finalidad principal de este manual es servir a los funcionarios nacionales de instrumento práctico para la preparación de y presentación de los informes prescritos por los tratados internacionales de los derechos humanos.
El manual sitúa le proceso de preparación de informes en el contexto de la toma de decisiones internas y de la responsabilidad internacional de los gobiernos en cuestiones de derechos humanos El fin del manual es, pues, ayudar a los Estados Partes en la tarea de supervisar y aplicar las normas internacionales de derechos humanos" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"Revista SIC N° 665"

Autor: Centro Gumilla
Año: Junio 2.004
Sinopsis:
"La evolución e involución de las políticas urbanas en Venezuela: el problema de los barrios; Construcción de las bases ciudadanas para la acción política compartida; Las mujeres en el mercado laboral Venezolano" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

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DOCUMENTOS
Organización Nacional Indígena de Colombia: SOS para el pueblo Wayúu

"La comunidad indígena Wayúu de la Guajira, Colombia, quienes hemos sido desplazados de nuestro territorio ancestral por parte de elementos pertenecientes a grupos paramilitares (mal llamados autodefensas), las cuales llegaron a la comunidad apoderándose del territorio, maltratando, matando y destruyendo nuestro cementerio símbolo de antepasados y demostración de propiedad. El día 18 de abril en horas de la mañana llegaron a la comunidad de bahía Portete los antes mencionados a violar nuestros derechos, maltratándonos y violando a nuestras hijas, torturando a niños para que hablaran donde se encontraban sus padres, ellos decían están pescando, ellos no les creían a los niños, por eso los mataban o se los llevaban. La forma como fueron asesinados, las mujeres, jóvenes y ancianos (torturados, violados y picados) estamos preocupados por encontrar nuestros hijos desaparecidos que no sabemos si están muertos o vivos, algunas versiones dicen que a los niños los quemaron, en algunas partes de la comunidad se encontraron parte de algunos miembros de los cuerpos de los niños, los habitante de la comunidad son 580 de diferentes clanes, quienes abandonaron con el dolor de su alma su territorio, sus animales, sus pertenencias ancestrales, allá en el territorio no hay naden todos emigraron a diferentes partes, para buscar seguridad y protección para nuestras vidas. En ningún momento ni el alcalde de Uribia como máxima autoridad y capital indígena de Colombia, hizo ningún pronunciamiento frente a estos hechos y lo mismo el señor Gobernador de la Guajira, donde todo el mundo en el departamento tenía conocimiento de la masacre. Ante estos hechos lamentables acudimos a ustedes para que velen por nuestra protección y nos sirva de intermedio ante los organismos de Derechos Humanos, ONU y ante el mismo Estado de Colombia. Agradeciéndole de antemano a ustedes a ustedes por la gestión emprendida.
Saldo del ataque: 12 muertos y 30 desparecidos. Masacrados: Nicolás BARROS, Arturo EPIAYU, Alberto EVERTS, Rolan EVERTS, Rosa FINCE y Diana FINCE (Desaparecida sin saber el lugar donde tiraron su cuerpo); Reina FINCE  (menor de edad de 13 años desaparecida sin saber el lugar donde tiraron su cuerpo); Margarita EPIANAYU, Rubén EPINAYU (Menor de edad 16 años). 10 Niños que fueron asesinados y a quienes  le cortaban miembros de su cuerpo para que fueran reconocidos); A una joven del Clan Epinayu, la sacaron de su casa y aún no ha sido encontrado su cuerpo. Además de todas estas personas, hay muchas mas que están enterradas en las diferentes zonas de Portete.
Solicitamos la formación de una comisión lo mas pronto posible para que se trasladen al lugar de los hechos y así comprueben la realidad que estamos viviendo. Buscar personas nativas que los lleven al verdadero lugar de los hechos y que no los engañen.
No hay denuncias ni acta de defunción de los muertos, ya que tenemos miedo que nos sigan acribillando como lo han hecho, con los de mas ya que los representantes del Departamento de la Guajira no han tenido en cuenta este conflicto. El Defensor del Pueblo no puede decir que es un sólo muerto ya que el no se ha pronunciado respecto a la situación.
AYÚDENOS NO NOS DEJEN SOLOS.
Atentamente: Comunidad Indígena Wayúu Alta Guajira, Indígenas Wayúu de la ALTA GUAJIRA; Organización Nacional Indígena de Colombia. Calle 13, No.4-38, Telf. 2842168 2811845, Fax.2843465" (Aporrea, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=16824, 25.05.04).

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DOCUMENTOS
Comunicado Internacional: Parlamentarios y sindicatos dicen NO AL CAFTA

"Bajo los auspicios de la CIOSL/ORIT y la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, se reunieron en San José de Costa Rica, los días 24 y 25 de mayo, parlamentarios y dirigentes sindicales de Panamá, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala para tratar el tema de los Tratados de Libre Comercio que sus respectivos gobiernos están negociando con Estados Unidos.
El TLC entre varios países de América Central y Estados Unidos será firmado el 28 de mayo, en Washington. Sin embargo, todavía falta que los parlamentos de esos países aprueben ese tratado. De ahí la reunión sindical y parlamentaria expresó claramente su oposición al TLC pues no refleja los intereses que tienen los países centroamericanos por un desarrollo sostenible y soberano.
Los sectores parlamentarios y sindicales reunidos acordaron un trabajo conjunto para lograr en sus respectivos países y en la región centroamericana que el TLC no sea ratificado por los parlamentos.
Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la ORIT, dijo que la reacción de sectores políticos y de la sociedad civil en general contra los TLCs refleja la retirada del neoliberalismo en sus aspectos culturales, pero el modelo ha implantado instituciones que todavía siguen vigentes y que la lucha va a llevar aun todavía mucho tiempo.
Texto del documento final:
DECLARACIÓN SINDICAL Y PARLAMENTARIA DE SAN JOSÉ
El día 28 de mayo del 2004 esta previsto firmar en Washington, el Tratado de Libre Comercio (CAFTA) por parte de los Ministros de Comercio Exterior de los distintos países de Centroamérica y su homólogo de los Estados Unidos, esta firma ocurriría después de un proceso de negociaciones caracterizado por el secretismo y la exclusión; frente a dicho acontecimiento, los dirigentes sindicales y parlamentarios de América Central, Panamá y Rep. Dominicana, reunidos en San José de Costa Rica los días 24 y 25 de mayo, en la Conferencia Sindical y Parlamentaria, organizada por la CIOSL/ORIT, declaramos lo siguiente:
La firma del Tratado llegará en un momento caracterizado por el desempleo masivo, la informalidad creciente del empleo, la pérdida de derechos laborales y sociales, el cierre de empresas, la privatización y apertura de los servicios públicos, persecución sindical y profunda crisis y desmantelamiento de la estructura productiva de la región. Por ello y por otras razones, a continuación expresadas, esta firma, nos merece las siguientes observaciones críticas:
El proceso de negociación ha sido planificadamente excluyente y antidemocrático, las mayorías de nuestros países no han tenido ninguna participación. Las negociaciones han sido llevadas en secreto y sin proporcionarle información ni a la sociedad, ni a otros poderes del Estado, como el legislativo; como es obvio tampoco se ha dado un debate público sobre las ventajas e inconvenientes de un Tratado de esta naturaleza. Los únicos participantes en las negociaciones y acuerdos, ha sido un grupo muy reducido de funcionarios y tecnócratas del poder ejecutivo; inclusive los ministerios del área social (educación, salud, trabajo) y los de agricultura y del medio ambiente han quedado excluidos del proceso en la mayoría de los casos.
El Tratado amenaza con un proceso de transformación que desmantela los Estados y elimina los pocos derechos alcanzados por las mayorías en nuestros países y cercena las posibilidades de una construcción democrática, que vaya más allá de elecciones periódicas y se asiente en el desarrollo y la justicia social.
El llamado Tratado de Libre Comercio, no es tal; es mucho más que eso, pues incluye temas tan importantes y diversos, como Inversión Extranjera (incluidos los servicios), Propiedad Intelectual (patentes y derechos de autor). Se trata entonces de un acuerdo económico que va mucho más allá del comercio de mercancías y servicios y se puede afirmar que en este lo más importante es lo relativo a inversión.
Tampoco se debe olvidar que los países y economías participantes presentan abismales diferencias en recursos y niveles de desarrollo, lo cual genera asimetrías que favorecen al más desarrollado y pueden profundizar el subdesarrollo de los otros. En este plano, es importante señalar los subsidios que reciben los productores agrícolas en Estados Unidos, de parte de su gobierno, mismos que representan una competencia desleal para los productores centroamericanos.
La firma de un Tratado tiene un rango jurídico muy alto, de modo que tiende a establecer de manera indefinida, una estructura de relaciones y compromisos económicos estatales internacionales, que puede resultar contraproducentes para la puesta en práctica de un Proyecto de Desarrollo propio, con lo cual se estaría hipotecando la soberanía nacional.
El Tratado que se pretende firmar ahora (después seguirían Rep. Dominicana y Panamá), tampoco es tal o en realidad, sólo es Tratado para los países centroamericanos, puesto que Estados Unidos lo firmará en calidad de Acuerdo, que en dicho país es una figura jurídica inferior a la de Tratado, con lo cual se genera una asimetría jurídica innegable y de importantes consecuencias prácticas, presentes y futuras.
El Tratado no protege adecuadamente la producción agrícola, los derechos laborales y sociales y el medio ambiente de nuestros países. En materia laboral no se asume un compromiso preciso y sólo se remite a señalar que se procurará respetar las legislaciones nacionales existentes.
Considerando lo señalado, planteamos y proponemos lo siguiente:
- El estudio del Tratado por los poderes legislativos de los países centroamericanos, de Rep. Dominicana y Panamá, no debe ocurrir, sin que antes se dé un amplio proceso de información, consulta y debate en y con las organizaciones de la sociedad civil de las naciones involucradas. Un punto central de dicho debate, es el papel que jugarán estos acuerdos comerciales y económicos en el desarrollo de nuestros países, de modo que se pueda generar riqueza, empleo y superar la pobreza y la exclusión de las mayorías. La firma sólo puede tener legitimidad si ocurre a través de un proceso democrático participativo, que concluya en el ejercicio de la democracia representativa parlamentaria;
- Es necesario que se separe de lo propuesto como Tratado de Libre Comercio, todo aquello que no es directamente comercio. Deben proponerse y discutirse abierta e informadamente con los diferentes sectores de la sociedad, instrumentos separados para Inversión Extranjera y Propiedad Intelectual y no quedar incluidos en el TLC;
- Se debe excluir del Acuerdo el comercio de los llamados servicios sociales como educación, salud, seguridad social y también la agricultura, los cuales son áreas prioritarias de desarrollo nacional, de integración social, de democracia y equidad y, por lo tanto, no pueden ser manejados como cualquier mercancía;
- Es constitutivo de relaciones internacionales justas y equitativas, que las partes asuman el mismo nivel de compromiso jurídico. Por lo tanto, para eliminar la desigualdad e inequidad manifiesta que contiene la propuesta actual, proponemos que todos los involucrados firmen un instrumento jurídico del mismo nivel de compromiso. Con ello protegeríamos nuestra dignidad y soberanía. Es necesario dejar abierto el futuro para poder escoger libremente, el camino de desarrollo que nos parezca adecuado y adecuado. Un Tratado en nuestros países adquiere el nivel de ley fundamental de nuestras repúblicas, en tanto que un Acuerdo en Estados Unidos, es un instrumento secundario frente a la constitución y leyes y puede ser modificado posteriormente con daño para los intereses de nuestros pueblos;
- Dada la asimetría de desarrollo de los que firman, así como diferencias marcadas de política económica (como los subsidios agrícolas), es necesario que el Acuerdo que se debería suscribir contenga los mecanismos que protejan a las economías más débiles, y que el país más desarrollado del Acuerdo aporte los recursos que permitan sustentar políticas específicas, para moderar primero y superar después las desigualdades económicas;
- Es de la mayor importancia que el instrumento que se firme contenga la protección explícita de la agricultura de nuestros países, y cuente con los instrumentos jurídicos, definición de instancias y sanciones, que protejan los derechos en las áreas laborales y medio ambientales y además, resguarde nuestra biodiversidad de la piratería e impida su apropiación y obtención de patentes, por las grandes transnacionales; 
- Si los problemas señalados no son superados, llamamos a los parlamentos a que no ratifiquen el TLC y, nos comprometemos a trabajar en forma conjunta para alcanzar relaciones económicas y comerciales que beneficien a nuestros pueblos;
Dado en San José de Costa Rica a 25 de mayo del 2004" (Organización Regional Internacional del Trabajo/Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, 30.05.04, http://www.cioslorit.org).

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DOCUMENTOS
Pronunciamientos del embajador Jorge Valero y de Iván Rincón

Palabras del Embajador Jorge Valero ante la nueva agresión a Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA
 
Señor Presidente del Consejo Permanente
Señores Representantes Permanentes y Alternos
Una nueva agresión se lanza contra la República Bolivariana de Venezuela. Roger Noriega, Sub Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, se pronuncia nuevamente contra el proceso de cambios que, de manera pacífica, democrática y constitucional, se desarrolla actualmente en la patria del Libertador, Simón Bolívar.
Roger Noriega, es un alto funcionario del Departamento de Estado estrechamente vinculado a grupos reaccionarios cubanos.
En declaraciones de prensa que han tenido gran cobertura internacional, difundidas a través de varias agencias de noticias, Noriega ahora arremete contra un poder autónomo venezolano: el Consejo Nacional Electoral.
Noriega afirma, de manera irresponsable, que aún cuando la oposición no recoja el número de firmas requeridas, equivalente al 20 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Registro Electoral, para convocar el referéndum revocatorio presidencial, el Gobierno de Estados Unidos intervendrá en Venezuela.
Sostiene Noriega: "Para nosotros está muy claro que el número necesario de gente apoyó la petición para el referéndum". Pero esta afirmación es absolutamente falsa. El Consejo Nacional Electoral decidió, en su oportunidad - y cumpliendo de manera rigurosa con el Reglamento y Normas electorales establecidas- que miles de firmas carecían de validez, porque pertenecían a personas no inscritas en el Registro Electoral, a menores de edad y a personas ya fallecidas. Firmas ilegítimas que, de acuerdo al Reglamento sobre los Reparos, serían sometidas a la verificación de sus firmantes. Reglamento aceptado por la oposición, agrupada en la llamada Coordinadora Democrática.
El funcionario del Departamento de Estado se adelanta a dar resultados, cuando el proceso de Reparos sobre el referéndum presidencial aún no se ha realizado. Este se iniciará mañana viernes 28 y concluirá el domingo 30 de este mes de mayo.
Noriega ha sugerido que sí el resultado de los reparos no favorece a la oposición, su Gobierno lo desconocería. Y ha asegurado, falseando la verdad, que miles de firmas falsas que fueron anuladas por el Consejo Nacional Electoral, con el aval de la oposición, son legítimas.
Noriega se niega a admitir la posibilidad de que la oposición no recoja las firmas legalmente requeridas para convocar el referéndum presidencial y, en consecuencia, se erige en el Juez Supremo, en materia electoral, que pretende usurpar la voluntad soberana de los venezolanos, colocándose por encima del órgano electoral facultado por la Constitución de la República: El Consejo Nacional Electoral.
Noriega no tiene ninguna autoridad para desconocer el orden jurídico interno de Venezuela ni de ningún país.
Noriega, no se detiene en sus afirmaciones irresponsables. Afirma también que el Gobierno de Estados Unidos usará "todas las instancias multilaterales que tenemos...Les hemos dicho a nuestros socios que pensamos que esta es una prueba de fuego para ver si el Estado puede o no respetar los deseos del pueblo venezolano".
¿Cómo puede Noriega abrogarse la encarnación de los deseos de nuestro pueblo?.
¿ Cuáles son los socios que acompañarán a Noriega en su propósito de agredir al pueblo venezolano?.
¿Cuáles son las instancias multilaterales que secundarán a Noriega en su pretendida aventura contra Venezuela? ¿Es esa instancia la OEA?.
De igual manera quisiéramos preguntar ¿ Favorecerá Noriega una salida constitucional, o, por el contrario, apoyará y promoverá -- como lo hizo el 12 de febrero de 2002-- un nuevo golpe de Estado en Venezuela ?.
Noriega alienta a los golpistas venezolanos. Noriega instiga a la oposición a desconocer la legitimidad de las instituciones democráticas. Noriega, por tanto, es un factor de perturbación para la democrática venezolana. La conducta antidemocrática de sectores de la oposición venezolana es respaldar y alimentada desde Washington.
En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitero ante el Consejo Permanente y la Comunidad Internacional, que si la oposición cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 72 de nuestra Constitución, habrá referéndum. Todos los venezolanos tienen plena garantía del Gobierno de que el proceso de reparos se desarrollará de manera impecable.
La Constitución es el texto supremo que nos guía. Y todos los venezolanos estamos obligados a cumplirla. Lo hemos dicho en otra ocasión: Dentro de la Constitución todo. Fuera de la Constitución nada. En ese sentido, el Artículo 72 establece los requisitos que deben ser cumplidos para revocar mandatos, ya que en mi país, en concordancia con ese artículo, "Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables".
Precisamente, hace pocos días, se celebró el proceso de reparos para confirmar o negar la solicitud de revocatoria contra diputados que integran la Asamblea Nacional, tanto del Gobierno como de la oposición. Los resultados están a la vista. Fue un proceso transparente, limpio, signado por la tranquilidad y el orden. Reconocido, incluso, por los observadores internacionales. En ese mismo marco esperamos se realicen, a partir de mañana (viernes), los reparos para solicitar el referéndum revocatorio del mandato presidencial.
La conspiración contra la democracia venezolana tiene ramificaciones diversas. Nacionales e internacionales.
Primero denunciamos en la OEA el financiamiento foráneo a la oposición venezolana. Después la existencia de un triángulo siniestro integrado por los golpistas de abril, grupos anticastristas anclados en Miami y paramilitares colombianos.
En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, queremos informar, que le hemos exigido al Secretario General de la OEA, doctor César Gaviria, el retiro inmediato de Fernando Jaramillo, como Jefe de la Misión Electoral de la OEA en Venezuela, dado que se ha colocado abiertamente al lado de la oposición, perdiendo su condición de observador imparcial.
De igual manera quiero declarar ante ustedes que mi país no reconoce al Gobierno de Estados Unidos, como parte del Grupo de Amigos. Este Gobierno está totalmente comprometido con la oposición, en un plan para desestabilizar las instituciones democráticas en Venezuela.
Nosotros no tenemos duda de que la OEA no se prestará para una aventura golpista e intervensionista contra Venezuela y el proceso revolucionario que lidera Hugo Chávez Frías.
Queremos asegurar ante ustedes que nuestras instituciones democráticas saldrán nuevamente robustecidas.. Hay actualmente absoluta normalidad en toda Venezuela. El Estado defenderá la paz de la República.
Nuestro pueblo ha optado mayoritariamente por una vía democrática y pacífica, para construir un nuevo rumbo histórico. La construcción de una patria libre y soberana, de justicia social y democracia participativa, no está en subasta. Por tanto, exigimos respeto para nuestra soberanía y autodeterminación.
El pueblo venezolano es un pueblo digno. Su historia está preñada de epopeyas libertarias que nos legaran los fundadores de la nacionalidad. A nombre de mi país, solicito del Consejo Permanente de la OEA, una definición sobre estos hechos intervencionistas.
En esta hora de la historia contamos con la solidaridad de los pueblos hermanos del Continente.
Muchas Gracias Señor Presidente
Washington, DC
27 de mayo, 2004" (Gobierno en Línea, 31.05.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/).

Iván Rincón, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia: Inaceptable injerencia de Noriega en asuntos venezolanos
El Estado de derecho implica, también, el respeto a la soberanía y el rechazo de cualquier injerencia que la amenace, en orden a determinar el cumplimiento de las potestades específicas de los poderes públicos, que deben actuar conforme a lo previsto por el ordenamiento jurídico vigente, afirmó Rincón
El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Rincón Urdaneta, calificó de “inaceptables” las opiniones del Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, por considerarlas una injerencia en los asuntos internos del país.
Ante declaraciones de Noriega, según las cuales “para nosotros, el número requerido de firmas para convocar un referendo revocatorio contra el Presidente de la República, Hugo Chávez, es suficiente”, el magistrado Rincón Urdaneta expuso lo siguiente:
“El estado de derecho implica el funcionamiento de sus instituciones conforme al principio democrático, lo que exige, por supuesto, el respeto a las decisiones de los poderes públicos conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes respectivas”.
- El Estado de derecho – añadió- implica, también, el respeto a la soberanía y el rechazo de cualquier injerencia que la amenace, en orden a determinar el cumplimiento de las potestades específicas de los poderes públicos, que deben actuar conforme a lo previsto por el ordenamiento jurídico vigente.
Sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la Hoja de Ruta de las Naciones de la Organización de Estados Americanos, El Presidente del máximo Tribunal del país expresó que “contrario a lo dicho por el Sr. Noriega, significa respetar la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela, y, especialmente, el funcionamiento, conforme a dicha institucionalidad, de los poderes públicos venezolanos, los cuales gozan de legitimidad y autonomía en ejercicio de su competencia”.
El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, deplora las declaraciones del Subsecretario de Estado Roger Noriega, y lo exhorta a mantener una posición de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, y a no pretender determinar, con sus declaraciones, el juicio de las instancias venezolanas, en especial del Consejo Nacional Electoral, al cual únicamente compete pronunciarse sobre las diversas etapas del proceso referendario en curso.
(Tribunal Supremo de Justicia, 27.05.04,  http://vargas.tsj.gov.ve/noticia_detallada.asp?id=022&id2=VARGAS&codigo=1081).

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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.
 

 
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