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Cinco años leyendo la realidad venezolana desde los
derechos humanos |
Servicio
informativo No. 142
Del 06 al 19 de agosto de 2004 |
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1988/2003:
PROVEA, 15 AÑOS POR LOS DERECHOS SOCIALES Y CONTRA LA
IMPUNIDAD
CONTEXTO
* Provea
felicita al pueblo venezolano y exhorta a la oposición a
respetar los resultados dados por el CNE y avalados por los
observadores internacionales
* "Venezuela: la FIDH llama a respetar la voluntad de los
electores"
* "Informe de los observadores de la
Asociación Americana de Juristas sobre el referéndum
revocatorio"
* Human Rights Watch: "Venezuela. Medios
legales para resolver la crisis política"
* Misión de Observación Electoral de la
Organización de los Estados Americanos del Referendo
Revocatorio: Comunicado
*
Secretario General de la ONU pide a venezolanos conservar espíritu cívico y
democrático
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
* Sala Constitucional
ratifica amparo a favor de los habitantes de Nueva Tacagua
* Ley de vivienda y hábitat para el siguiente período legislativo
* Balance del papel del PESA en la política alimentaria gubernamental
* Nueva reforma parcial del IVA exceptúa el
pago a servicios públicos residenciales
* Elementos para una evaluación de la gestión ambiental
estatal
* Aumentan denuncias por despidos en la
administración pública por motivaciones políticas
* Propuestas y
exigencias a poderes públicos sobre
el derecho a la educación
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
*
Provea celebra la aprobación de la Ley de la Defensoría
del Pueblo
* Mecanismos de impunidad en casos de
violaciones de derechos humanos ocurridas en instalaciones
militares del Edo. Zulia
* Fallo de la Sala Constitucional fortalece
responsabilidad del Estado ante violación del derecho a la
vida y a la integridad personal
* Violencia política empañó parcialmente proceso
democrático del 15A
*
Propuestas y
exigencias a poderes públicos sobre el
derecho a la seguridad ciudadana
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
* "Tras
la pista de mis derechos: Manual para planes vacacionales y
actividades curriculares en derechos humanos"
*
"Derecho
internacional de los derechos humanos: Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e
interamericano"
*
"Salud
y libre comercio. Un contrasentido"
*
"La educación en el ALCA: ¿Al servicio de quién?"
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CONTEXTO
Provea
felicita al pueblo venezolano y exhorta a la oposición a
respetar los resultados dados por el CNE y avalados por los
observadores internacionales |
Provea, luego de la celebración de las jornadas del
referéndum para definir la continuidad o interrupción de la
actual gestión presidencial, efectuadas entre el 15 y el
16.08.04, y de la presentación de los resultados
preliminares de este proceso comicial hecha por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) y ratificados por la Organización
de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y otros
observadores internacionales, se pronuncia en los siguientes
términos:
1. Apreciamos como un hecho muy positivo para la democracia
venezolana que el comportamiento de la población se
enmarcara en su misma tradición pacífica y democrática de
jornadas electorales anteriores. La solidaridad manifiesta
entre los ciudadanos, el respeto mutuo y su paciencia
crítica frente a los contratiempos de este inédito proceso,
son un poderoso ejemplo a seguir por todo el liderazgo
venezolano;
2.- Expresamos nuestro apoyo al CNE y ratificamos el respeto
a los resultados hechos públicos por el ente comicial, en
concordancia con lo expresado por el Foro por la Vida en su
comunicado previo a la realización del referéndum
revocatorio: “es urgente que los actores políticos muestren
su disposición a aceptar los resultados proclamados por el
CNE y avalados por las diferentes instancias internacionales
invitadas a observar el proceso referendario” (Foro por la
Vida, 13.08.04,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp130804.pdf);
3.- En este sentido, rechazamos el desconocimiento de tales
resultados efectuado por voceros de la oposición y les
recordamos que existen procedimientos administrativos y
judiciales, establecidos en la legislación venezolana para
procesar sus desacuerdos. Todos los actores políticos deben
favorecer la paz y la administración democrática de los
conflictos que surcan nuestra sociedad;
4.- Solicitamos al CNE que implemente los mecanismos
correspondientes para aclarar y disipar las dudas planteadas
por la oposición con respecto a los resultados preliminares
anunciados;
5.- Repudiamos los hechos de violencia ocurridos la tarde de
este 16.08.04 en las adyacencias de la Plaza Francia de
Altamira, que derivaron en la muerte de una persona y en 8
heridos por impactos de bala. Exigimos a las autoridades
estatales realizar de manera seria y célere las
investigaciones de estos sucesos y establecer las
responsabilidades del caso. Igual comportamiento solicitamos
a las instancias responsables para con los casos de
agresiones ocurridas en las jornadas electorales,
registradas en distintos centros de votación del país que,
según fuentes periodísticas, generaron 4 muertes y 35
heridos a lo largo del 15.08.04. Expresamos nuestra
solidaridad con las familias de todas las víctimas de estos
sucesos;
6.- Reconocemos el papel relevante desempeñado por la
observación internacional invitada por el CNE, partidos y
actores políticos de todas las tendencias. Las misiones
integradas por la OEA, el Centro Carter y demás delegados
internacionales garantizaron y certificaron la
transparencia, confiabilidad y credibilidad de la consulta.
En contrapartida, instamos al CNE a recibir las
observaciones recogidas por estas misiones y estudiar la
inclusión de mejoras en los procesos planteadas en los
reportes de los observadores, especialmente las que se
refieren a la necesidad de evaluar y corregir las
inequidades en la distribución de los centros de votación,
que hacen más difícil participar en actos electorales a la
población de los sectores populares;
7.- Tal como venimos señalando desde inicios del año 2001,
los conflictos que surcan a nuestra sociedad no se resuelven
sólo con una consulta electoral, porque se trata de
conflictos socio-económicos, político-institucionales y de
confrontación modélica, que se vienen añejando desde hace
más de dos décadas. Para enfrentarlos hace falta, de los
actores políticos y otras élites sociales, una intervención
democrática en cada uno de ellos. Por tal razón, los
exhortamos a llegar a mínimos acuerdos cuando ello sea
posible y a procesar democráticamente las diferencias cuando
estas sean irreductibles. El Poder Ejecutivo debe tomar la
iniciativa de convocar de manera sincera a los líderes que
la oposición designe para tal fin a un diálogo sin
exclusiones, en el que también participen los sectores
sociales tradicionalmente excluidos de los pactos de élites;
8.- Recibimos con satisfacción los llamados hechos por el
Gobierno Nacional a este respecto e invitamos a los Poderes
Públicos a asumir el diálogo teniendo como piso mínimo la
necesidad de un Plan Nacional de Derechos Humanos que
permita avanzar en la satisfacción de los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y de
los pueblos. Hoy, como ocurrió en 1999 con el Título III de
la Constitución, los acuerdos existentes en materia de
derechos humanos pueden ser un poderoso punto de partida
para una forma democrática de procesar nuestras diferencias
como país.
(Provea, 17.08.04,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp170804.pdf)
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CONTEXTO
"Venezuela: la FIDH llama a respetar la voluntad de los
electores"
|
"La Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH), preocupada por la gran polarización política
existente en Venezuela, envió una misión internacional de
investigación, compuesta por Katia Nouten, cooperante en
derechos humanos y en desarrollo y por Alirio Uribe Muñoz,
vicepresidente de la FIDH y miembro de la ONG colombiana de
derechos humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(CCAJAR), con el objeto de constatar si se cumplían las
garantías básicas para la realización del referendum del 15
de agosto de 2004.
La FIDH acoge con expectativa la conclusión del proceso
referendario en la República Bolivariana de Venezuela y
expresa su satisfacción por la libertad de expresión de la
que pudieron beneficiarse las partes en contienda, por la
masiva concurrencia de electores a las urnas y por la
tranquilidad y el civismo de los votantes.
La FIDH se encuentra preocupada por los aislados actos de
violencia ocurridos durante el proceso electoral que
cobraron la vida de al menos 4 personas y en los que cerca
de medio centenar resultaron heridas. En otros hechos
igualmente repudiables el pasado 16 de agosto, en la Plaza
Altamira, individuos no identificados dispararon
indiscriminadamente a partidarios de la oposición provocando
la muerte de una persona y varios heridos.
La FIDH espera que las autoridades venezolanas adopten todas
las medidas oportunas para garantizar la seguridad y la
integridad física y psicológica de los participantes a toda
manifestación pacífica que se produzca en los próximos días.
Del mismo modo, se insta a realizar una investigación
imparcial con el objeto de sancionar de acuerdo con la ley a
los responsables de todos estos actos de violencia.
La FIDH considera que los resultados del referendum
proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, que
confirman el mandato de Hugo Chavez, en tanto cuentan con el
aval de observadores internacionales creíbles e imparciales,
como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro
Carter, deben ser asumidos y respetados por la sociedad
venezolana.
La FIDH invita igualmente a que las quejas, denuncias,
inconsistencias y aclaraciones sobre los resultados
electorales, de modo que se garantice un examen imparcial
evitando cualquier tipo de instrumentalización, sean
tratadas con la participación de los observadores
internacionales y si fuere oportuno, de instancias
judiciales o administrativas.
La FIDH llama al gobierno de Venezuela a tomar conciencia de
la existencia de un gran número de votantes (3.584.835, un
42.16% de los electores, según el segundo boletín electoral
del CNE, escrutadas el 79.82% de las actas) que han
manifestado la oposición a su manera de gobernar, lo que
implica crear mecanismos institucionales para escuchar,
canalizar sus propuestas y considerarles plenamente como
actores políticos de la vida Venezolana para afianzar la
gobernabilidad democrática.
La misión de observación de la FIDH rendirá un informe
detallado en los próximos días y agradece de antemano la
colaboración de PROVEA, y la amabilidad de los miembros de
la Coordinadora Democrática, del Gobierno, de las distintas
autoridades del Estado y personalidades políticas y
distintos actores sociales de Venezuela que tuvieron a bien
atender la misión" (Federación Internacional de derechos
humanos, 17.08.04,
http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1835).
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CONTEXTO
"Informe de los observadores de la Asociación Americana de
Juristas sobre el referéndum revocatorio" |
"La Asociación Americana de Juristas (AAJ) fue invitada para
participar como Observadora Internacional por el Consejo
Nacional Electoral de Venezuela. De la delegación
participaron el Dr. Ernesto Moreau, Presidente de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Dr. Carlos
Alberti Presidente del Colegio Publico de Abogados de la
Capital Federal.
La AAJ asiste en calidad de Observadora Internacional al
proceso del Referéndum revocatorio del mandato presidencial
de Hugo Chávez Frías, Presidente Constitucional de
Venezuela.
1.- Invitación.-
La AAJ fue invitada para participar como Observadora
Internacional por el Consejo Nacional Electoral, órgano
superior de administración electoral y que de acuerdo al
artículo numero 52 de la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela constituye el 5to Poder del Estado,
para acompañar y evaluar el proceso revocatorio del mandato
del presidente de la Republica de Venezuela, Hugo Chávez
Frías.
2.- La delegación de la AAJ estuvo compuesta por cuatro
integrantes: Dra. Clea Carpi da Rocha, del Brasil; los Dres.
Carlos Alberti y Ernesto Moreau, de la Republica de
Argentina; y el Dr. Alfonso Torres Ulloa, de la Republica
Dominicana.
La delegación arribó en diversos vuelos. Por razones
técnicas del órgano convocante no pudieron estar presentes
desde la fecha inicial fijada por el Consejo Nacional
Electoral a los Observadores.
3.- Desarrollo actividad previa al día 15 de agosto, día del
Referéndum: las principales actividades.
a) Reunión con la Coordinadora Democrática y el Comando
Maisanta, exponentes de las dos propuestas electorales.
b) Reunión con el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
c) Reunión con los representantes de los medios de
comunicación, tanto los privados como los del Estado.
d) Reunión con el Consejo Nacional Electoral.
e) Reunión con el personal técnico de los programas de Caza
Huellas y Voto Electrónico.
f) Reunión de trabajo e intercambio con el Dr. Edwin
Zambrano, de la AAJ de Venezuela.
4.- Proceso Electoral.
Los observadores de la AAJ se desplazaron a diferentes
puntos del territorio nacional para cumplir su misión de
observación:
La Dra. Clea Carpi da Rocha, lo hizo en la ciudad de
Caracas. Mientras el Dr. Ernesto Moreau hizo lo propio en
Ansuati. De su parte los Dres. Carlos Alberti y Alfonso
Torres Ulloa lo hicieron en el Estado de Carabobo.
a) Observaciones:
1.- Constatamos que los colegios electorales, en general, se
instalaron en el tiempo previsto.
2.- Constatamos un gran interés de los electores y por tanto
una asistencia masiva a los centros de votación.
3.- Constatamos que la seguridad y el procedimiento de
captación de huellas fueron muy precisos.
4.- Constatamos la presencia muy atenta de funcionarios de
apoyo de la institución electoral.
5.- Constatamos la presencia de las dos opciones
involucradas en todos los colegios electorales, demostrando
conformidad con la forma del acto electoral que se estaba
desarrollando.
6.- Constatamos que el personal militar se limitaba al orden
publico, en la participación de los ciudadanos, sin
interferencia en el acto de expresión de la voluntad
popular, no registrándose conflictos entre el personal
militar y los electores.
7.- Observamos que los miembros de las Mesas mantenían una
dirección y el control del proceso, dando orientación a
aquellos participantes que lo necesitaban.
8.- Constatamos que se otorgó preferencia a los adultos, a
mujeres con niños y personas con necesidades especiales.
9.- Constatamos un ambiente de mucha tranquilidad y libertad
de la población alrededor de los centros de votación,
esperando con paciencia, sin que se registrara actividad
proselitistas en los colegios electorales.
10. Los Comicios se celebraron en todos los casos en
edificios escolares, cuyas infraestructuras permiten el
adecuado ingreso de los electores y apropiada ubicación de
las autoridades de Mesas.
11. Destacamos que el sistema electoral y la ubicación de
las urnas y equipos electrónicos permitieron garantizar el
carácter secreto del voto.
b) Algunas Dificultades:
1.- Observamos la formación de muy largas colas con lentitud
en su fluidez. A primera vista su causa parecían ser la
insuficiente cantidad de mesas, acrecentadas por la
concurrencia sin precedente de votantes, dentro de un
sistema en el que el sufragio no es obligatorio.
c) Apreciaciones Finales:
Destacamos que la singular forma de participación de los
medios de comunicación masiva han intentado sustituir a los
partidos políticos erigiéndose en parte activa de la
confrontación.
Venezuela constituye el primer precedente de utilización del
mecanismo del Referéndum Revocatorio en las democracias del
mundo.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela en su primer
informe posterior al escrutinio dio a conocer que el No (no
revocación del mandato) alcanzaba el 58% de las voluntades,
escrutados en el 94% de los votos emitidos, aproximadamente.
Al momento de emitirse el presente informe, pese a la
ostensible negativa de la oposición (SI) de reconocer dichos
resultados; la totalidad de los Observadores
Internacionales, incluidos los de la OEA y el Centro Carter,
han reconocido públicamente la validez y legitimidad de los
resultados ofrecidos por el CNE.
Resaltamos la participación comprometida del pueblo
venezolano con el sistema democrático, aportando con su
ejemplo al crecimiento y mejoramiento del estado social de
derecho.
La aplicación del articulo 72 de la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela constituye el primer
precedente ejemplar de utilización del mecanismo del
Referéndum Revocatorio en las democracias del mundo.
En la ciudad de Caracas, de la Republica Bolivariana de
Venezuela, a las 14:00 P.M., del día dieciséis (16) de
agosto del año dos mil cuatro (2004).
Por la Asociación Americana de Juristas: Dra. Clea Carpi Da
Rocha, Brasil; Dr. Carlos Alberti, Dr. Ernesto Moreau,
Argentina; Dr. Alfonso Torres Ulloa, Republica Dominicana"
(Aporrea, 18.08.04,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=19634).
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CONTEXTO
Human Rights Watch: "Venezuela. Medios legales para resolver
la crisis política" |
"New York, 17 de agosto de 2004
La democracia venezolana ha superado una prueba histórica.
El Presidente Chávez ha obtenido una victoria decisiva y el
país ha demostrado que es capaz de solucionar sus crisis
políticas por vías legales.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de
las Américas de Human Rights Watch
Los venezolanos, divididos de acuerdo a las políticas del
Presidente Hugo Chávez, han utilizado el mecanismo
establecido por la Constitución venezolana para definir el
destino de su presidencia. De acuerdo con las autoridades
electorales y los observadores internacionales, una gran
mayoría de venezolanos ha votado a favor de que el
Presidente permanezca en el cargo.
"La democracia venezolana ha superado una prueba histórica",
dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División
de las Américas de Human Rights Watch. "El Presidente Chávez
ha obtenido una victoria decisiva y el país ha demostrado
que es capaz de solucionar sus crisis políticas por vías
legales", agregó.
Mientras el proceso de referéndum parece haber sido
mayoritariamente pacífico, Human Rights Watch expresó su
profunda preocupación por los incidentes ocurridos ayer en
la tarde, cuando hombres armados, aparentemente seguidores
de Chávez, dispararon contra manifestantes de la oposición
en el distrito de Altamira en Caracas. A consecuencia de
esos hechos, una mujer de 61 años perdió la vida y ocho
personas más resultaron gravemente heridas. Human Rights
Watch instó al gobierno a llevar a cabo inmediatamente una
investigación exhaustiva de los hechos y enjuiciar a los
responsables.
"Es crucial que ahora Venezuela continúe fortaleciendo el
Estado de Derecho", dijo José Miguel Vivanco. "Además de
enjuiciar los actos de violencia política, el Presidente
Chávez debe superar las serias amenazas a la independencia
judicial que su propio gobierno ha creado", subrayó.
Human Rights Watch instó en concreto al Presidente Chávez a
suspender la implementación de la nueva ley del Tribunal
Supremo firmada en mayo. La ley, que amplía el número de
magistrados de 20 a 32, otorga poderes a la coalición
gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en
la Asamblea Legislativa y obtenga una mayoría abrumadora de
magistraturas en el Tribunal Supremo. La ley también concede
a la coalición gobernante la facultad de anular las actuales
designaciones de magistrados.
Una ocupación política del Tribunal Supremo también agravará
el daño que ya han causado a la independencia judicial las
políticas seguidas por el propio Tribunal. El Tribunal
Supremo, que tiene el control administrativo del sistema
judicial, ha suspendido un programa que habría reducido el
gran número de jueces que aún carecen de estabilidad en el
cargo. El Tribunal ha destituido sumariamente a jueces
después que dictaran fallos sobre casos políticamente
controvertidos" (Human Rights Watch, 18.08.04,
http://www.hrw.org/spanish/press/2004/venezuela_referendum.html).
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CONTEXTO
Misión de Observación Electoral de la Organización de los
Estados Americanos del Referendo Revocatorio: Comunicado |
"En el marco de las actividades de observación del proceso
del referendo presidencial realizado el 15 de agosto de
2004, la Misión de Observación Electoral de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) desea manifestar lo que
sigue.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha proporcionado a la
Misión de Observación, desde el momento en que inició
oficialmente sus tareas, las condiciones adecuadas para la
realización de sus actividades.
Las actividades de observación electoral comprenden tres
etapas: antes, durante y después de la votación propiamente
dicha.
En la etapa que antecedió al referendo presidencial, la
Misión de Observación Electoral de la OEA desarrolló los
preparativos internos para su funcionamiento; mantuvo
numerosas reuniones con las autoridades del CNE; se reunió
con los principales actores políticos y participó de
auditorias y simulacros de los equipos y procedimientos que
serían utilizados en la votación. De acuerdo a lo constatado
por los observadores de la Misión, el sistema electrónico de
votación y transmisión de datos implementado para la
votación fue adecuadamente auditado, teniendo todas las
condiciones para asegurar el secreto y fidelidad del voto
como la transparencia del proceso.
En el día de la votación, los observadores detectaron
algunos problemas y dificultades, sobre todo de naturaleza
organizacional. Tales inconvenientes fueron sin embargo
resueltos. Las demoras experimentadas en varios centros
fueron resultado de dos elementos principales: la escasa
adaptación de funcionarios de las mesas y técnicos del ente
electoral así como los mismos electores al nuevo sistema de
votación y el gran volumen de electores, que excedía la
capacidad de la estructura existente. A lo largo del día
esas dificultades fueron resueltas satisfactoriamente.
La Misión constató que los ciudadanos que participaron de la
convocatoria lo hicieron libremente, sin obstáculos que
impidieran o limitaran la expresión de su voluntad.
En conferencia de prensa conjunta con el ex-Presidente Jimmy
Carter, realizada en la tarde del día 16 de Agosto en
Caracas, el Secretario General César Gaviria reconoció que
los resultados parciales que divulgara horas antes el
Consejo Nacional Electoral (CNE) eran compatibles con los
controles internos que efectuara la Misión de Observación
Electoral de la OEA para el Referendo en Venezuela.
La Misión constató así que la mayoría de los electores optó
por no revocar el mandato del Presidente Hugo Chávez Frías.
La Misión de Observación Electoral se encuentra en este
momento en su etapa final, relacionada con las actividades
posteriores a la votación.
La Misión desea transmitir, en forma muy enfática, su
admiración y respeto por la gran demostración de civismo
manifestada por el pueblo venezolano quien, de manera
masiva, concurrió a los centros de votación de forma
pacífica y ordenada para ejercer el derecho democrático de
expresar su voluntad política" (Organización de Estados
Americanos, 18.08.04,
http://www.oas.org/main/main.asp?
sLang=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp).
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CONTEXTO
Secretario General de la ONU
pide a venezolanos conservar espíritu cívico y
democrático |
El pasado
17.08.04, Kofi
Annan, Secretario General de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), pidió a todos los venezolanos que "conserven el
espíritu cívico y democrático que mostraron el pasado
domingo durante la celebración del referéndum sobre la
revocación del mandato de su presidente Hugo Chávez"
(Organización de Naciones Unidas, 17.08.04, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=2876&criteria1=Venezuela&criteria2=Annan)..
Annan recordó al gobierno de Venezuela y a
todos los sectores políticos del país el compromiso que
hicieron ante el Diego Cordobéz,
asesor especial de la ONU, de "resolver todos sus desacuerdos sobre referéndum mediante
la consulta y el diálogo" (Organización de Naciones Unidas,
Ídem.).
Annan destacó la forma pacífica y ordenada en la que se
llevó a cabo el referéndum, reiteró el apoyo de la ONU al
pueblo venezolano en la búsqueda de una solución pacífica
a todas sus diferencias políticas.
Asimismo, reconoció el alto nivel de participación ciudadana
registrado en las urnas como una muestra del sentido de
responsabilidad y respeto del pueblo venezolano por los
valores democráticos.
Por último, el Secretario General indicó "haber tomado nota
de los resultados preliminares de las votaciones y de la
declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
del Centro Carter indicando que los venezolanos han optado
por la continuación de la presidencia de Chávez"
(Organización de Naciones Unidas, Ídem.).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Sala Constitucional
ratifica amparo a favor de los habitantes de Nueva Tacagua
|
El pasado 11.08.04 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
ratificó, con ponencia del
magistrado José Manuel Delgado Ocando de la Sala Constitucional,
el fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que
el 06.03.03 había declarado con lugar una acción de amparo presentada
por Provea contra el Instituto Nacional de
la Vivienda (INAVI) y que tiene que ver con una denuncia
efectuada por los habitantes de la urbanización Nueva Tacagua.
El 30.09.02 Provea recibió una denuncia de Lewis JIMÉNEZ,
habitante y representante de algunos habitantes de Nueva Tacagua, relacionada con la
situación de peligro en que se encuentran todos los
residentes de las viviendas de esta urbanización, especialmente los de
la Terraza
I. En esa oportunidad Jiménez denunció que esas
construcciones se han venido derrumbando, las paredes de las
viviendas están cuarteadas, y los muros de contención se han
desplomado sobre vehículos y viviendas; asimismo, manifestó que esta situación se
ha agravado progresivamente sin que hasta la fecha los entes
estatales responsables que sabían de sus denuncias tomaran las medidas
necesarias para solventar los problemas de habitabilidad.
En su decisión, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
había declarado procedente el amparo constitucional
presentado por Provea y ordenó al presidente del INAVI de
ese entonces dar respuesta en relación con los criterios
utilizados para reubicar a las familias de las viviendas
afectadas, las alternativas a ser presentadas a quienes
viven en anexos o en viviendas alquiladas en el sector; y
los planes inmediatos para atender la grave situación de los
habitantes (ver edición N° 113 de este boletín electrónico
en
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_113.pdf).
Al estudiar la sentencia de la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo, La Sala
Constitucional constató que en el
presente caso el INAVI “no dio una oportuna y adecuada
respuesta a los solicitantes,
dentro del lapso establecido en el artículo 5 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala
considera que se configuró la lesión al derecho de petición
denunciado por la parte actora consagrado en el artículo 51
de la Constitución, estando, por tanto, ajustada a derecho
la decisión consultada” (Tribunal Supremo de Justicia,
12.08.04,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1356).
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DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Ley de vivienda y hábitat para el siguiente período legislativo |
|
El diputado José Khan (Movimiento Quinta República) informó
que el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,
derivada de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
(LOSSS), pasará al 2do. período legislativo. El
parlamentario prevé que estará aprobada a
finales del próximo trimestre legislativo, con lo que "Es
muy seguro que entre en vigencia en el mes de enero del
próximo año" (Gobierno en Línea,
11.08.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=21254).
Khan señaló que para elaborar este proyecto de ley, aprobado
en primera discusión el 29.01.04, se contemplaron consultas
con comunidades populares,
organismos del sector gubernamental, sector privado y
comunidades indígenas. Recordó que una de las consultas más
importantes se realizó en la población de Cabruta, del
Edo. Bolívar, en la cual participaron diversos organismos
y comunidades, que sumaron "más de mil personas a las mesas de trabajo
y discusión en la primera etapa, y más de doscientas en
forma permanente" (Gobierno en Línea,
11.08.04, Ídem.). Aseguró Kahn que, "de igual modo, la ley será enviada a todos los institutos
municipales de la vivienda, pues son los encargados en el
ámbito local del área, de vivienda y hábitat. Así mismo, los
gobiernos regionales tendrán, a través de los institutos
regionales de vivienda, copia del respectivo instrumento de
ley, con la finalidad de que una vez considerada puedan
hacer las observaciones y recomendaciones que crean
pertinentes" (Gobierno en Línea,
11.08.04, Ídem.).
Esta ley tendrá por objeto garantizar la satisfacción
progresiva, a todas las personas residentes en el país una
vivienda y hábitat dignos a través de un régimen
prestacional de carácter social, conforme a la Constitución,
a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y a los
Tratados y declaraciones internacionales suscritas y
ratificadas por la República en materias concurrentes
(Asamblea Nacional, 17.08.04,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp).
De acuerdo con la opinión de los miembros de la subcomisión de
Seguridad Social y Programas Sociales, que estudia la Ley
del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, un punto de
avance en las
discusiones ha sido el de combinar esta ley con la Ley
Especial de Regulación de la Tierra Urbana y Cogestión de
los Asentamientos Humanos Populares (antigua Ley de
Barrios): "Ahora, no sólo se le está aplicando al
instrumento lo que indica la Constitución y el Decreto 1666
referido a la regularización de las tierras urbanas, sino
que además se completa
la autogestión integral de los asentamientos humanos
populares con todo lo establecido en la Resolución sobre
Habitat de las Naciones Unidas, a la cual está suscrita
Venezuela" (Gobierno en Línea,
11.08.04, Ídem.).
La subcomisión parlamentaria de Seguridad Social, también
considera como un aspecto positivo la participación de
representantes del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo
(BANAP), en las discusiones, "porque una vez aprobado el texto legal, el
organismo pasará a formar parte del Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat.
En este sentido se han tomado medidas muy importantes, una de
ellas es la creación de la Cuenta Única, y ha integrado
todos los ahorros habitacionales que se encontraban
desagregados en varios bancos privados y los ha reunido en
uno solo organismo. Ahora está manejando ya la cuenta a la que todos tienen
acceso para saber cuánto tienen depositado, de dónde vienen
los depósitos, como acceder a ellos y próximamente cada
ahorrista tendrá en sus manos su instrumento de ahorro [...] las cotizaciones a la Política Habitacional
para tener acceso al crédito para vivienda, pasarán al Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat, de manera que no se pierden, sino que tienen
continuidad" (Gobierno en Línea,
11.08.04, Ídem.).
Según voceros oficiales, "la nueva ley tiene 2 mecanismos de ahorro, uno
obligatorio que es equivalente al que actualmente existe, y
otro que es voluntario y es un mecanismo universal, permite
universalizar el
ahorro para toda aquella persona que quiera ahorrar y pueda
ahorrar para adquirir vivienda tiene la oportunidad de
hacerlo también a través de este mecanismo.
Esta modalidad recibirá incentivos del Estado, tal y como lo
viene realizando a través del aporte de los empleadores, así
que los dueños de pequeños negocios, de pequeñas empresas y
trabajadores
independientes recibirán un porcentaje para ingresarlo en su
cuenta de ahorro para adquisición de vivienda.
Podrán pedir créditos directamente, a través de un banco del
Estado, esto va a facilitar el crédito porque se reconoce la
titularidad de la tierra, se reconocen los activos de las
bienechurías con lo cual se
masifica el acceso al ahorro, para mejora de vivienda,
ampliaciones que directamente puede contratar el propietario
con cooperativas de construcción, lo cual contribuye a
abaratar los costos y con un control
social directo de la población" (Gobierno en Línea,
11.08.04, Ídem.).
Otra fuente observa que esta propuesta de ley contempla la
creación de un Ministerio con Competencia en Vivienda y
Hábitat, como el ente rector de la política, lo que implica
la eliminación del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI),
para evitar "el solapamiento de funciones que genera
ineficiencia en el gasto e inversión pública ... sólo podrá
existir un organismo de vivienda y hábitat que cumpla
funciones integrales por unidad territorial" (Tal Cual,
06.08.04, pág. 9).
Conviene recordar que en la edición N° 141 de este boletín
electrónico se reseñaron las argumentaciones esgrimidas por
un grupo de legisladores especialistas en materia de
vivienda que abogaban por la reforma de la LOSSS, en el
sentido de que adolecía de visos de inconstitucionalidad en
cuanto atañe al tema del régimen prestacional de vivienda
(Ver en
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_141.htm#10).
Los especialistas invocaron el diálogo con la AN para
corregir el error proveniente del artículo 104 de la LOSSS,
el cual establece que el régimen prestacional de vivienda se
haga con aportes fiscales, remanentes netos de capital
destinados a la seguridad social y con los aportes
parafiscales de empleadores, trabajadores dependientes y
demás afiliados.
Explicaron los
expertos que
con esta medida se
perdería el carácter de
ahorro
habitacional
que posee el pago obligatorio de la Política Habitacional
hecho por los trabajadores para convertirse en un tributo.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Balance del papel del PESA en la política alimentaria gubernamental |
Leonardo Gil,
viceministro de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de
Agricultura y Tierras
(MAT), manifestó que el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Rural (PESA) ha beneficiado
alrededor de 7.150 familias en todo el país a lo largo de 2
años de su aplicación.
Destacó el funcionario que este programa "fue
concebido con el propósito de fortalecer el desarrollo
agrícola y rural del país, orientado a generar capacidades
institucionales, técnicas, sociales y humanas, siendo
totalmente financiado por el Gobierno Nacional, con
cooperación técnica de la Organización de las Naciones
Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)" (Gobierno en Línea,
13.08.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=21323/http://www.mat.gov.ve/
noticias/Agosto/noti_11_08.html).
Explicó Gil que "este programa cuenta con 6 componentes, los cuales se
ejecutan en 30 comunidades a nivel nacional: Programa
Especial para la Seguridad Alimentaria; Cooperación Sur-Sur;
Programa de Multiplicación de Semillas para la Seguridad
Alimentaria; Programa de Transferencia de Tecnología para la
Producción Agrícola; Sistema Nacional de Información
Agrícola y el Manejo de los Recursos Naturales y
Ordenamiento Territorial"
(Gobierno en Línea,
Ídem.).
Notificó el funcionario que "en los cultivos organopónicos y
huertos intensivos se logró una producción de 104.098
kilos de hortalizas en un área de 22.870 hectáreas,
con la participación de
219 personas organizadas en cooperativas y asociados. Por su
parte, en los cultivos de microhuertos se han incorporado
más de 6.000 familias en unidades de producción bajo un área
de 6.333 metros cuadrados" (Gobierno en Línea,
Ídem.).
Por su parte, Elisa Panades, representante de la FAO en
Venezuela, subrayó que entre las actividades que se llevan a
cabo con el PESA, está la asistencia a las comunidades
campesinas e indígenas,
“para que alcancen su seguridad alimentaria, a través de la
intensificación y diversificación de la producción, así como
la participación social y el mejoramiento de la alimentación
y nutrición,
mediante el uso de herramientas de capacitación”
(Gobierno en Línea,
Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Nueva reforma parcial del IVA exceptúa el pago a servicios
públicos residenciales |
La Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), publicada en la Gaceta Oficial N° 37.999
del 11.08.04 (consultar en
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp) establece
que, a partir del
01.11.04, quedarán
exentos de este impuesto, los servicios
de agua, electricidad y aseo urbano residencial, telefonía
pública y gas doméstico (Radio
Nacional de Venezuela,
13.08.04,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=7548).
La Asamblea Nacional (AN) decretó modificar el artículo 16
de esta Ley, a fin de eximir del IVA a "las
importaciones de bienes muebles, las ventas de bienes muebles intangibles e
incorporales, tales como especies fiscales, acciones, bonos,
cédulas hipotecarias, efectos mercantiles, facturas
aceptadas, obligaciones emitidas por compañías anónimas,
entre otros títulos y valores mobiliarios en general,
públicos o privados, representativos de dinero, de créditos
o derechos distintos del derecho de propiedad sobre bienes
muebles corporales y cualquier otro título representativo de
actos que no sean considerados como hechos imponibles así
como los prestamos en dinero" (Radio Nacional de Venezuela,
Ídem.).
Por su parte, el articulo 19 de esta reforma señala que quedan exentas del
impuesto las prestaciones de los siguientes servicios: el
transporte terrestre y acuático nacional de pasajeros, los
servicios educativos prestados por
instituciones inscritas o registradas en el Ministerio de
Educación y Deportes (MED) y en el Ministerio de Educación Superior
(MES),
los servicios de hospedaje, alimentación y sus accesorios a
estudiantes, ancianos,
personas minusválidas, excepcionales o enfermas, cuando sean
prestados dentro de una institución destinada exclusivamente
a servir en estos usuarios (Radio Nacional de Venezuela,
Ídem.).
La exención abarca también a las entradas a parques nacionales, zoológicos, museos,
centros culturales e instituciones similares, cuando se
trate de entes sin fines de lucro exentos de impuestos sobre
al renta, servicios médico-asistenciales y odontológicos, de
cirugía y hospitalización, entradas a espectáculos
artísticos, culturales y deportivos siempre que su valor no
exceda de dos unidades tributarias, el suministro de
electricidad de uso residencial, servicio nacional de
telefonía prestado a través de teléfonos públicos, servicio
de agua residencial, aseo urbano, gas residencial directo o
por bombonas, entre otros servicios (Radio Nacional de
Venezuela, Ídem.).
El artículo 62 hace referencia a la alícuota impositiva
general del 15 % que se aplicará desde el 01.09.04 a las operaciones gravadas, la cual será , hasta tanto
entre en vigor la Ley de
Presupuesto que establezca una alícuota distinta conforme al
artículo 27 de esta Ley.
La reforma también afecta al artículo 63 de la Ley, y establece que
hasta tanto entre en vigor la Ley de Presupuesto que
establezca una alícuota distinta, la alícuota impositiva
aplicable a las siguientes operaciones será del 8 %: las
importaciones y ventas de los alimentos y productos para
consumo humano que se mencionan a continuación: animales
vivos destinados al matadero, ganado bovino, caprino, ovino
y porcino para la cría, carnes en estado natural,
refrigeradas, congeladas, saladas o en
salmuera, mantecas y aceites vegetales refinados o no,
utilizados exclusivamente como insumos en la elaboración de
aceites comestibles, importaciones y ventas de minerales y
alimentos líquidos o concentrados para animales entre otras
especies, y el transporte aéreo nacional de pasajeros (Radio
Nacional de Venezuela, Ídem.).
Aunque Provea valora positivamente esta excención, recuerda
que el IVA es un impuesto regresivo que afecta con mayor
impacto a los sectores populares y que, por equiparar a
quienes no son iguales, coadyuva a la violación del derecho
a la no discriminación.
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Elementos para una evaluación de la gestión ambiental
estatal |
Ana Elisa Osorio,
titular del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARN), informó que se ha “aumentado la cobertura [de agua
potable] en 10%, lo que
implica que 2 millones de personas gozan de un mejor
servicio. Ahora, 93% de la población urbana y 87% de la
rural se benefician del agua potable. En este punto hemos
cumplido la meta del milenio, y esperamos garantizar el
acceso universal en los próximos 3 o 4 años” (El Nacional, 14.08.04,
pág. B/16).
Sin embargo, Diego Díaz Martín, presidente de la
organización ambientalista Vitalis reconoce que, pese a que
ha mejorado la red de
distribución y acceso al agua potable, no se
valora lo ambiental “como un asunto clave del
desarrollo sostenible [...] es que pese a que la economía
del país se sustenta fundamentalmente en el aprovechamiento
de recursos naturales, la inversión en ambiente no supera
0,85% de los ingresos fiscales, por lo cual se entienden las
alarmantes deficiencias presupuestarias que confronta el
sector” (El Nacional, Ídem.).
En opinión de Díaz Martín hay una “inapropiada supervisión de la
gestión de los residuos sólidos
que debe realizar
el MARN en los municipios, así como del manejo que en escala
nacional se le da a los residuos hospitalarios, tóxicos y
peligrosos [...] las calles, en general, están más
sucias, por ejemplo las del municipio Libertador, con lo
cual la función supervisora del MARN parece haberse
debilitado por la afinidad partidista” (El Nacional, Ídem.).
José Rojas López, profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad
de Los Andes (ULA), cree que el manejo de los
residuos es “uno de los problemas más graves en el país, que
requiere de nuevos enfoques.
Las estrategias del tipo triple R (reutilización, reciclaje,
reconversión) encuentran poca viabilidad, por la
inexistencia de coordinación con las alcaldías y de un
programa de educación masivo en los medios de comunicación”
(El Nacional, Ídem.).
Sin embargo, Osorio recalca que los residuos sólidos “no son
competencia del MARN. La rectoría es
nuestra, y en eso hemos avanzado; pero la ejecución es
municipal, y en el país es muy mala [...] hasta la fecha se han elaborado 10 planes
rectores para el manejo de los desechos en entidades como
Mérida, Nueva Esparta y Falcón, y prosigue la búsqueda de
recursos con el Banco Mundial“ (El Nacional, Ídem.).
Por otro lado, sobre esta misma materia, la funcionaria
destacó que se exportó a Alemania 1.000
toneladas de plaguicidas, que durante años constituían un problema
sanitario en las poblaciones de Camatagua,
Tocuyito y El Cenizo.
En cuanto al tema de los ilícitos
ambientales, Vitalis asegura que la actuación oficial frente
a esta problemática es escasa, y también se ha visto opacada “por la
limitada capacidad de la Fiscalía General de la República y
la Defensoría del Pueblo” (El Nacional, Ídem.). La organización denuncia “el manejo inapropiado del Sistema de Áreas
Protegidas de Venezuela y, en general, de las Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial, particularmente de las
cuencas hidrográficas, las reservas forestales y las zonas
protectoras” (El Nacional, Ídem.).
Rojas López coincide con esta aseveración y señala como
factores que han provocado el recrudecimiento de los
ilícitos ambientales al “relajamiento de las normativas
vigentes de la Ley Forestal, de Suelos y de Aguas; de la Ley
Orgánica para la Ordenación del Territorio, de la Ley
Orgánica del Ambiente y de las Normas de Evaluación de
Impactos Ambientales, entre otras, quizás debido a las
actualizaciones de que están siendo objeto” (El Nacional,
Ídem.).
Osorio asoma otro problema: la minería ilegal.
Aseguró la funcionaria que le “preocupa especialmente lo que ocurre en
la cuenca del río Caroní. Se han hecho operativos conjuntos
del Ministerio del Ambiente y la Guardia Nacional, pero son
ineficientes, y el camino no son los operativos. Pensamos
que esta zona debe declararse libre de minería, para
proteger el recurso agua y la generación de electricidad”
(El Nacional, Ídem.).
Osorio adelantó que se está trabajando con el Ministerio de
la Defensa en una propuesta integral, y destacó la misión
Piar “para la reubicación y organización de pequeños mineros
en cooperativas” (El Nacional, Ídem.).
En cuanto a las áreas protegidas, aseguró que la vigilancia
ha mejorado en sectores como el refugio de la tortuga arrau
y la ciénaga Los Olivitos, “y la iremos incrementando en la
medida en que tengamos recursos” (El Nacional, Ídem.).
Respecto a la situaciones planteadas por el Decreto 1850 sobre la apertura minera
en la reserva forestal Imataca, y el tendido eléctrico hacia
Brasil (heredados del mandato de Rafael Caldera), el vocero de Vitalis
aseveró que el contenido del
nuevo decreto de Imataca (preparado por el ministerio)
implica un retroceso, al igual que el apoyo al tendido
eléctrico “pese a que en la campaña presidencial, el
Presidente prometió eliminarlos” (El Nacional, Ídem.).
Alexander Luzardo, profesor universitario y ex presidente de
la Comisión de Ambiente del Senado, opina sobre este tema
que la gestión ambiental del presidente Chávez
comenzó con una decisión desacertada: “A pesar de todas las
advertencias de ecologistas e indígenas, acordó construir el
tendido eléctrico. El Gobierno promovió la represión militar
contra el pueblo Pemón, violó los derechos ambientales e
indígenas consagrados en la Constitución, así como varios
convenios internacionales”.
Luzardo dijo que no se derogó el Decreto 1850 y que, por el
contrario, “se ha fomentado la actividad minera en el Edo.
Bolívar con una política de dejar hacer, dejar pasar
mineral, con negativos impactos ambientales y
socioculturales” (El Nacional, Ídem.).
Osorio se defendió de estos señalamientos explicando que el MARN
elaboró un nuevo decreto para reemplazar el 1850, el cual
“estuvo sometido a consulta pública y significa un avance,
porque reduce la actividad minera a las áreas ya afectadas y
reconoce a las comunidades indígenas” (El Nacional, Ídem.)
(sobre el debate abierto para la elaboración de este nuevo
decreto ver edición Nº 128 de este boletín electrónico en
http://d321686.p38.paxsoft.net/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_128.htm#27).
En lo que respecta al tendido eléctrico, la ministra insistió en que
el Presidente “debía cumplir el compromiso adquirido por el
gobierno anterior con Brasil”, y asevera que el proyecto
“fue mejorado, se hicieron correcciones en la ruta, las
comunidades ejecutaron las medidas de mitigación y se cambió
el diseño de las torres. Este tendido es muy respetuoso”
(lea el artículo de opinión de Provea "Los Pemón y el (malen)tendido"
en
http://d321686.p38.paxsoft.net/actualidad/opinion/2001/ao230401.pdf).
Varios aspectos de la política ambiental de esta gestión
gubernamental son catalogadas por Díaz Martín como positivas: menos incendios forestales,
reactivación y creación de comisiones de trabajo, inicio de
la transferencia de la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento, seguimiento a los acuerdos
internacionales más relevantes, concreción de un plan
nacional de vigilancia y control "aunque con muy poco apoyo
presupuestario y pocos resultados y fortalecimiento del
Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica”
(El Nacional, Ídem.).
Pero en su lista de fallas, enumera –entre otras- “la
limitada capacidad oficial para prever, atender, controlar,
evitar y resolver la problemática ambiental del país, debido
a restricciones presupuestarias, técnicas y logísticas,
unido a intereses coyunturales (políticos y económicos) que
conspiran contra el desarrollo sustentable; complicidad
ante las invasiones; comercio ilegal de animales y plantas
silvestres; contaminación de los ríos Orinoco y Caroní;
disminución de la capacidad de respuesta del ministerio;
crecimiento de pasivos ambientales; contaminación por
plaguicidas de suelos y personas, y migración del talento
venezolano al exterior" (El Nacional, Ídem.).
Luzardo también acotó algunos problemas en las gestión
ambiental gubernamental: estancamiento en la política de mantenimiento
y creación de parques nacionales y demás áreas protegidas, colapso
de la institucionalidad ambiental al punto que aseguró que “hay
un retraso de por lo menos 20 años” (El Nacional, Ídem.).
Rojas López coincide con esta última crítica de Luzardo y
advierte que el
ministerio “se ha ido quedando atrás con respecto a nuevas
modalidades de gestión ambiental que se están aplicando en
el mundo y particularmente en algunos países de América
Latina” (El Nacional, Ídem.).
Pero destaca como favorables “algunos resultados concretos
en infraestructura y equipamientos de los sistemas de acceso
al agua potable y de tratamiento de aguas servidas, en los
planes de rescate de algunas especies de la fauna silvestre,
en la ordenación de los parques nacionales y la
actualización de la legislación ambiental” (El Nacional,
Ídem.).
Osorio acepta los señalamientos mas no deja
de nombrar como éxitos "la activación de 50 viveros, la
reforestación de 8.000 ha., la participación
comunitaria, la reestructuración del Ministerio del
Ambiente, la incorporación de los pueblos indígenas a la
creación de políticas y la protección del agua" (El
Nacional, Ídem.).
La funcionaria se extendió en reconocer que la
meta del milenio establecida para la recolección de aguas
servidas está a punto de ser cumplida: "El esfuerzo ha sido
muy importante, superamos lo que se hizo en los últimos 40
años y la cobertura en este momento es de 73% entre las
zonas rural y urbana” (El Nacional, Ídem.).
Recordó que en 1998 la capacidad de
tratamiento no llegaba a 9% y que hoy en día lograron
duplicarla: “Están en construcción plantas que culminaremos
entre 2005 y 2006, y con esa nueva infraestructura
llegaremos a 30%, 3 veces más de lo que teníamos en 1998”.
Estos esfuerzos han contribuido significativamente con el
saneamiento de áreas costeras de Anzoátegui, Nueva Esparta y
Falcón. Son obras con las que hemos logrado depurar más de
100 km. de playas [...]
Precisamente, una de las prioridades de la gestión actual ha
sido impulsar el tratamiento de las aguas servidas que
descargan en playas o cuerpos de agua como el de Valencia o
Maracaibo. En la capital zuliana inauguramos el RAS (sistemas de
reutilización de las aguas servidas, que permiten el uso en
el área industrial).
Aquí estamos trabajando con 1.3 lt. de agua por segundo
que ya no caen al lago. En Cabimas también pusimos en
funcionamiento otra planta, y en el lago de Valencia
rescatamos la de Taiguaiguai. Por otra parte, terminamos la
primera fase de Los Guayos y de La Mariposa.
Eso significa que entre ampliaciones y rehabilitaciones, ya
contamos con 20 plantas y 10 más están en construcción,
localizadas en Higuerote, Punta Gorda, El Yaque, Cumaná,
Maturín, Ciudad Ojeda y Barinas. La política de saneamiento
ha tenido una inversión importante” (El Nacional, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Aumentan denuncias por despidos en la administración pública por motivaciones políticas |
Denuncias registradas en la prensa nacional hablan de más de 80
personas despedidas hasta la fecha del Fondo de Garantía de
Depósitos y Protección y Protección Bancaria (FOGADE) desde
que tomara la presidencia el abogado Jesús Caldera Infante en
mayo de este año en sustitución del economista Rómulo
Henríquez.
Entre los despedidos por causas políticas (haber firmado la
convocatoria para el referendum presidencial del pasado 15 de
agosto), se cuenta la planta gerencial (20 personas) y poco
más de 60 empleados de distintas áreas: gente de seguridad,
obreros, analistas, secretarias y funcionarios de carrera,
según aseguró Jorge BOSQUE, ex gerente general de Activos y
Liquidación.
La fuente periodística recogió la denuncia que "dentro de
FOGADE circula una lista claramente emanada del departamento
de personal, en la que [...] se dedicaron a puntualizar el
grado de chavismo o antichavismo de la nómina del Fondo -566
empleados y 46 obreros- y su participación o no como firmantes
por el referendo. 'Todos los removidos de sus cargos aparecen
en esa lista calificados como opositores', aclaró Glenda
FERMÍN, abogada que formaba parte de la consultoría jurídica
de FOGADE: 'Son despidos claramente políticos, porque a
ninguno se nos ha abierto la averiguación que contempla la
norma de empleados públicos ni se nos hizo evaluación'. De
acuerdo con la lista 224 empleados habrían firmado en las
solicitudes o del consultivo o del revocatorio y eso incluye
personal de todo nivel: desde obreros hasta gerentes. Pero
además hay algunos que no aparecen como firmantes pero sí
señalados como parte de la oposición 'light' o 'radical' " (El
Universal, 08.08.04, pág. 1 del encartado dominical
Expediente).
Fermín apunta algunas de las violaciones derivadas de estos
despidos hechos por la nueva gestión: "El artículo 146 de la
Constitución, que habla de la estabilidad del funcionario
público, el 34 de las Normas Especiales de los Funcionarios y
Empleados de FOGADE y que está basado en el 30 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública" (El Universal, Ídem.).
La fuente destaca que "hasta el momento ninguno de los botados
recibió su correspondiente liquidación a pesar de que
-aseguran- la mayoría hace tiempo que presentó la exigida
declaración de bienes" (El Universal, Ídem.).
Trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IAFE)
realizaron denuncias similares contra el teniente de la
Aviación (r) Ángel García Ontiveros quien, con apenas 3
semanas en el cargo de presidente, en sustitución del
ingeniero de sistema y oficial de la Armada (r), Fernando
Román Lugo (removido del cargo el pasado mes de julio), "ha
arrojado a la calle a unas 40 personas [...] violando la
inamovilidad laboral y las leyes de la República" (Tal
Cual, 11.08.04, pág. 4).
Reseñó la fuente que "la gerente de relaciones públicas, una
periodista y abogada de 5 años de experiencia en el IAFE, fue
echada [al igual que] el gerente de proyectos de
rehabilitación de las vías férreas Puerto Cabello-Barquisimeto
[...] Botó a trabajadores que le faltaban 2 años para gozar de
su jubilación, y a la jefa de servicios generales, Mariela
NOGUERA, la sacó por firmante" (Tal Cual, Ídem.).
Un comité de trabajadores redactó una misiva remitida al
presidente Hugo Chávez, en la que denuncian las
arbitrariedades cometidas por García Ontiveros contra los/as
trabajadores/as despedidas.
Vale recordar que, con
la asistencia del Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y Provea, 3 empleadas del
Consejo Nacional de Fronteras (CNF) procedieron
el 22.07.04
a introducir ante el
tribunal de
distribución en materia laboral
un recurso de amparo
constitucional por haber sido víctimas de despidos por
motivaciones políticas (ver edición N° 140 de este boletín
electrónico en
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm#02).
Por su parte, la Federación Unitaria Nacional de Empleados
Públicos (FEDEUNEP)
exigió ayer la reincorporación de
2.000 funcionarios/as que laboraban en organismos del Estado
y que fueron despedidos injustificadamente por haber
solicitado el referéndum revocatorio realizado el domingo.
Antonio Suárez, presidente de FEDEUNEP aprovechó "el diálogo
nacional que impulsa el oficialismo
[para realizar] este
reclamo de los trabajadores del sector público” (El
Nacional, 19.08.04, A/16). Agregó que existe el temor de que
se intensifique la persecución laboral contra quienes no se
identifiquen con el oficialismo.
El expediente con los casos de las expulsiones antes
mencionadas fue entregado a la Organización de Estados
Americanos (OEA) y a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). El presidente de FEDEUNEP sostuvo que ha
recibido denuncias de despidos de funcionarios/as de
organismos como FOGADE, el Ministerio del Interior y
Justicia (MIJ), el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)
e Hidrofalcón, entre otros.
También dio a conocer que FEDEUNEP tiene registro de
traslados inconsultos, bloqueo de ascensos y desconocimiento
de pagos y otros beneficios laborales
para otro grupo de
empleados/as públicos firmantes.
Por otra parte, Suárez refirió que "debe terminar el
hostigamiento hacia la dirigencia sindical no oficialista
(Fedeunep y sus sindicatos afiliados), a la que el Gobierno
debe reconocer porque fue relegitimada por los trabajadores
en las elecciones sindicales organizadas por el Consejo
Nacional Electoral (CNE)" (El Nacional, Ídem.).
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DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y
exigencias a poderes públicos sobre
el derecho a la educación |
- Continuar con el incremento de la matrícula de educación
preescolar y de educación media a fin de lograr, por lo
menos,un 55% de cobertura neta en un plazo no mayor de 5
años.
Velar por el cumplimiento efectivo de:
1) La política que garantiza el acceso a la educación
pública sin el condicionamiento de cobros de ninguna
naturaleza;
2) Todas las Resoluciones del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes destinadas a impedir cualquier forma de
discriminación de alumnos en el ingreso y/o permanencia
dentro del sistema educativo;
3) La asignación eficiente, equitativa y oportuna de
recursos financieros a los establecimientos educativos para
que puedan funcionar sin que dependan de las cuotas de la
Sociedad de Padres y representantes.
- Elaborar y dar a conocer un Plan Nacional de Reparación de
Escuelas con metas a corto, mediano y largo plazo a fin de
que la ciudadanía pueda controlar la efectividad en el
cumplimiento del mismo.
Iniciar un proceso gradual de construcción de aulas para
lograr incluir a la población desescolarizada, priorizándose
el nivel preescolar y la 2° etapa de educación básica.
- Desarrollar planes específicos y entrenamiento docente
para disminuir progresivamente los índices de repitencia,
especialmente los constatados en 1° y 7° grados.
- Diseñar y ejecutar planes destinados a favorecer la
reinserción escolar de los niños y/o jóvenes expulsados del
sistema de educación formal.
- Aprobar la Ley Orgánica de Educación acorde con los
principios y fundamentos establecidos tanto en la
Constitución vigente como en los acuerdos internacionales de
derechos humanos; incluir las resoluciones y recomendaciones
de los organismos internacionales tanto a nivel regional
como universal.
- Garantizar la participación social en la formulación del
Plan Nacional de Educación para Todos.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales
en el Convenio firmado entre la Asociación Venezolana de
Escuelas Católicas y el Ministerio de Educación,Cultura y
Deportes. Velar especialmente por que las órdenes de pago
del Ministerio de Finanzas se emitan a tiempo a fin de
evitar retrasos en los desembolsos.
- Comenzar un proceso de evaluación del proyecto de Escuelas
Bolivarianas a fin de potenciar sus logros y minimizar las
fallas del mismo.
- Desarrollar un plan nacional de formación docente para
adecuar las prácticas pedagógicas a una concepción de la
educación no excluyente, democrática y participativa.
- Continuar la tendencia a incrementar el porcentaje del PIB
dedicado a la educación. Así mismo, lograr que el porcentaje
del presupuesto nacional destinado a la educación se ajuste
a los estándares internacionales.
- Garantizar presupuestos acordes con las necesidades de
cada uno de los niveles educativos.
- Velar por una ejecución presupuestaria eficiente,
transparente y oportuna.
- Garantizar que el ingreso a la docencia sea solo a través
de concursos públicos organizados en forma periódica,
transparente y de acuerdo con parámetros legales.
Asimismo,garantizar una adecuada contraprestación
socioeconómica a los docentes.
- Fortalecer el Sistema Nacional de Medición y Evaluación
del Aprendizaje (Sinea).
- Eliminar el carácter obligatorio de la asignatura
Instrucción Premilitar.
- Dar a conocer públicamente el procedimiento formal de
autorización de textos escolares.
- Elaborar un nuevo instrumento normativo que actualice y
mantenga el espíritu de la Resolución N° 1484, la cual
establece, en el sistema curricular venezolano, la educación
en valores y derechos humanos.
- Dar a conocer públicamente el estado de la reforma
curricular en los distintos niveles educativos.
- Evaluar y dar a conocer públicamente los logros y
dificultades del Plan Nacional de Alfabetización,
garantizando una participación plural y diversa.
(Provea, 13.08.04,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Provea celebra la aprobación de la Ley de la Defensoría
del Pueblo |
Después de 3 años de permanecer en el limbo legislativo, fue
aprobada la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.995, de fecha 05.08.04,
esta ley cumple el mandato constitucional contemplado en el numeral 5 de la Disposición
Transitoria Cuarta que dispuso la aprobación, dentro del
primer año contado a partir de la instalación de la Asamblea
Nacional (AN), de la legislación del Poder Ciudadano.
Con la nueva legislación se determinan las funciones de la
Defensoría del Pueblo, se le da forma definitiva a su
estructura funcional y organizativa, permitiéndole también
consolidarse definitivamente como institución pública.
Recuerda la fuente oficial que "la Defensoría venía actuando con el apoyo
de 3 artículos de la Constitución los cuales permitieron
muchas acciones pero que, con la publicación de la Ley en
Gaceta Oficial, va a permitir actuaciones más eficientes por
cuanto el ciudadano podrá tener respuestas a sus
planteamientos en el corto plazo" (Defensoría del Pueblo,
11.08.04,
http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=447&plantilla=1).
"Sobre algunos aspectos relevantes contenidos en esta Ley
Orgánica se puede indicar que las personas que no brinden la
información que sea requerida por la Defensoría del Pueblo
en su oportunidad van a ser sancionadas por negarse a
brindar la misma. También se puede destacar el hecho de que
aun cuando pudiera suscitarse un conflicto de carácter
laboral en el seno de la institución, esta no podrá ser
paralizada porque su función es catalogada como la de un
servicio público indispensable. Los Defensores Delegados,
por su parte, sólo podrán ser investigados penalmente por
iniciativa expresa del Fiscal Superior del Ministerio
Público y así otros aspectos destacables que, en definitiva,
van a permitir un marco de actuación mucho más eficiente en
beneficio de los funcionarios, de la institución y, sobre
todo, de los ciudadanos.
De acuerdo a este nuevo orden constitucional, ahora todas
las personas podrán acudir a la defensoría del Pueblo, a fin
de ejercer su derecho a la denuncia contra la violación de
sus derechos humanos, o por mal funcionamiento de los
servicios públicos, sean prestados por personas
jurídicas públicas o privadas; en la búsqueda de una
Administración Pública más eficiente en el cumplimiento de
sus
funciones, coadyuvando así a una mejor calidad de vida de la
ciudadanía" (Defensoría del Pueblo, Ídem.).
La Defensoría puso a disposición en su sitio web una versión
digital de la Ley: http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=448&plantilla=1.
Provea observa con agrado que
se satisfizo una exigencia constantemente efectuada al
Estado venezolano en sus informes anuales sobre la situación
de los derechos humanos en Venezuela, desde su edición octubre
2000/septiembre 2001 (ver dirección-e:
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2000_01/propuestas_pod_publicos.htm#09)
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Mecanismos de impunidad en casos de
violaciones de derechos humanos ocurridas en instalaciones
militares del Edo. Zulia |
Jorge Govea, director del Observatorio Venezolano de los
Derechos Humanos (OVDH), alertó que los cambios implementados
en el Ministerio Público (MP) del Edo. Zulia retrasan la
decisión sobre los casos de Fuerte Mara (ver edición N° 137 de
este boletín electrónico en:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm)
y la muerte de Juan Carlos ZAMBRANO en el campamento militar
zuliano de La Turiaca.
Como organización de derechos humanos, el OVDH considera un
irrespeto a los familiares de las víctimas la forma como se
vienen instaurando mecanismos de impunidad a causa del retardo
procesal y de los obstáculos hallados en el camino de las
investigaciones de estos casos de violaciones a los derechos
humanos producidas en instalaciones militares del Edo. Zulia.
Govea advirtió que los 5
fiscales competentes en el caso Fuerte Mara manifestaron que
tenían una decisión tomada que sería anunciada en algún
momento, pero “a un mes de que debieron revelar la decisión,
ahora parece que no hay un acto conclusivo, ni se sabe a
ciencia cierta los resultados que arrojaron las
investigaciones de Fuerte Mara, tanto de lo recabado por la
Fiscalía Militar y posteriormente la civil, e incluso cuando
el MP de la región abrió otra investigación sobre las causas
de la muerte de Ángel Ciro Pedreáñez, que tampoco están
aclaradas” (El Nacional, 10.08.04, pág. B/11).
Indicó que "el OVDH tiene en su poder la autopsia que se le
practicó al soldado en la Facultad de Medicina de LUZ que
[...] revelan cosas que deben seguirse investigando [Sin
embargo] se han generado una cantidad de movimientos de última
hora que dejan mucho que desear” (El Nacional, Ídem.).
Govea enfatizó que no sólo el caso de Fuerte Mara permanece
engavetado sino también el de la muerte de Zambrano y señala
que, a pesar de que existe un conocimiento de los
responsables, no se ha avanzado en el develamiento de los
hechos.
Sobre este caso, el vocero de la OVDH comenta que han sido
investigados 50 soldados, de los cuales se identificaron con
un grado de responsabilidad mayor un grupo de 8 "que ya han
sido reconocidos por los familiares de Zambrano. Están los
nombres, existen pruebas y fueron reconocidos por la
concubina, su hermano y la madre de la víctima, pero tanto los
jueces militares como el fiscal militar y la defensa pública
militar que conoció con nosotros el proceso, fueron execrados
no sólo de la justicia militar sino también de la Fuerza
Armada Nacional (FAN): Destituyeron al juez militar Alberto
Santa Cruz, mayor de la aviación [...]; El fiscal militar
Alberto Dos Santos, que estuvo en la rueda de reconocimiento y
fue de gran ayuda para la investigación de la muerte de Juan
Carlos Zambrano, también fue separado de su cargo y
actualmente se encuentra suspendido" (El Nacional, Ídem.).
También denunció que se están extraviando evidencias y que se
han dejado de buscar pruebas "a pesar de que existen
responsabilidades muy específicas, por ejemplo de las
reglamentaciones militares que no se quieren asumir. Nos hemos
percatado, por ejemplo, que las muestras de piel que se
enviaron al IVIC nunca llegaron, mientras los técnicos de
toxicología forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) se negaron a investigar
presuntamente por falta de equipos y porque no tienen con que
revisar las muestras" (El Nacional, ïdem.).
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Fallo de la Sala Constitucional fortalece
responsabilidad del Estado ante violación del derecho a la
vida y a la integridad personal |
La Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 06.08.04, condenó al Estado venezolano a cancelar a la familia del
abogado Ramón CARMONA una indemnización por los daños morales
y perjuicios ocasionados por funcionarios de la Policía
Técnica Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), que hace 26 años lo
asesinaron.
La decisión fue adoptada con los votos de los magistrados
Antonio García (ponente), Iván Rincón, José Delgado Ocando,
Jesús Eduardo Cabrera y Pedro Rondón Haaz. La misma es una
respuesta a la solicitud del 09.10.03, de revisión del fallo
de la Sala Político Administrativa dictado el 15.05.01 en el
cual esa instancia rechazó hacer los cálculos de la
compensación tal y como se lo había ordenado la Sala
Constitucional en una sentencia previa.
En el fallo, la Sala Constitucional, además de volverle a
exigir a la Sala Político Administrativa que haga los cálculos
de la reparación que deberá recibir Gladys Saad, viuda de
Carmona, descartó el conflicto de competencias que había
planteado esta última.
La Sala Constitucional rechazó la interpretación que la
Político Administrativa hizo del principio de responsabilidad
del Estado y de la obligación que éste tiene de resarcir los
daños infringidos a los ciudadanos (artículo 30), por cuanto
dio "mayor relevancia al carácter subjetivo de la conducta de
los agentes involucrados y a la integridad del erario público
por sobre el carácter objetivo que la Constitución confiere a
la responsabilidad del Estado" (El Universal, 10.08.04, pág.
1/7).
Para conocer esta sentencia, cuya relevancia para la garantía
del derecho a la vida y a la integridad personal es importante
destacar, puede dirigirse a la dirección-e:
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1469-060804-03-2808.htm.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Violencia política empañó parcialmente proceso
democrático del 15A |
Pese a la evaluación positiva ampliamente generalizada que
tuvieron las jornadas comiciales efectuadas entre el 15 y el
16.08.04, la intolerancia y la violencia política cobraron sus
víctimas en hechos aislados que sucedieron luego del anuncio
realizado por el presidente del Consejo Nacional Electoral
(CNE) sobre el resultado de los comicios.
En el transcurso de la tarde del 16.08.04, Antonio Ledezma,
presidente del partido de oposición Alianza Bravo Pueblo (ABP);
Rafael Alfonzo, presidente de la Cámara Venezolana de la
Industria de Alimentos (CAVIDEA); Ernesto Alvarenga , diputado
del partido de oposición Solidaridad y Andrés Velásquez,
diputado del partido opositor La Causa R, llamaron a los
venezolanos a realizar movilizaciones contra los resultados
emitidos por el ente comicial. Oscar Pérez, vocero de la
Coordinadora Democrática (CD), convocó específicamente a una
concentración en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, a
partir de las 2:00 PM de manera "pacífica, con cordura, con
paciencia, pero con energía" (Globovisión, 16.08.04,
http://www.globovision.com/nacionales/2004.08/16/oposicion/index.php).
En respuesta a este llamado se concentró un grupo de
ciudadanos en esa arteria vial interrumpiendo el tránsito a la
altura de la Plaza Altamira, Municipio Chacao del Edo.
Miranda.
El grupo encontró rechazo de un grupo de motorizados y
vehículos privados que se conducían en una caravana
proveniente del este de la avenida y ataviados con vestiduras
que los identificaban como simpatizantes del gobierno. El
choque derivó en violencia cuando ambos sectores se lanzaron
objetos contundentes recogidos y 4 sujetos del grupo que se
desplazaba por esa vía accionaron armas de fuego de
distinto calibre, por .
La ráfaga de disparos provocó la muerte de Maritza RON, quien
recibió uno que le atravesó el brazo izquierdo y se le
alojó en el intercostal del mismo lado (El Universal,
17.08.04, pág. 1/5). Igualmente fueron heridas otras 9
personas entre las que se contó al diputado ALVARENGA, quien
recibió un disparo en el pectoral izquierdo. Los
lesionados, incluyendo al parlamentario, se encuentran fuera de
peligro (Así es la Noticia, 17.08.04, pág. 19).
En la madrugada del 18.08.04, la Dirección General de los
Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y la Policía
de Sucre (POLISUCRE) (Últimas Noticias, 19.08.04, pág. 14)
detuvieron en el Municipio Sucre a los ciudadanos Yohon Carlos
Jiménez Esala, Henry José Parra Linero y Pedro Poche,
quienes fueron presentados por el Ministerio Público (MP) por
su presunta participación en estos sucesos (Globovisión,
18.08.04,
http://www.globovision.com/nacionales/2004.08/18/fiscalia/index.php).
Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, señaló que
los fiscales 19° y 68° del área metropolitana de Caracas,
Yoneiba Parra y Alejandro Castillo, respectivamente, estarán
a cargo del caso.
Informó Rodríguez que a uno de los aprehendidos le fue
incautado un revólver calibre 38 con 5 proyectiles.
Adicionalmente, fueron practicados allanamientos en los
domicilios de ambos ciudadanos, lugares en los que fueron
recabados elementos de interés criminalístico. Los fiscales 19° y 68° ordenaron la
realización de las pruebas de Análisis de Trazas de Disparo (ATD)
con el objeto de determinar si los aprehendidos accionaron
armas de fuego. Una vez recabados todos los elementos de
interés criminalístico, el Ministerio Público hará la
correspondiente calificación jurídica.
Luego de los sucesos de la Plaza Altamira, se registró una agresión física y
verbal contra César QUINTERO quien, según
denunció la organización Afroamérica, (Afroamérica, 17.08.04,
denuncia remitida a Provea y otros por vía electrónica)
estaba en una camioneta por puesto que cruzaba la avenida
Francisco de Miranda, de la cual debió bajarse debido a la
interrupción de tránsito provocada por la concentración
opositora. "Una señora que venía con él en el autobús empezó
a gritar y acusarlo de chavista, lo cual provocó que los
manifestantes [...] lo agredieran" (Radio Nacional de
Venezuela, 19,08.04,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=7886).
Quintero fue rescatado por los cuerpos policiales, quienes
lo detuvieron brevemente hasta que se aclaró el problema.
El 17.08.04 se reportó otra muerte y un lesionado provocado
por la intolerancia política. Se trata de Juan Carlos PÁEZ y
Ángel SUÁREZ, respectivamente, quienes recibieron impactos de
bala en la cabeza cuando varios sujetos dispararon
contra el vehículo en el que transitaban junto con varios
amigos, tocando corneta y gritando consignas a favor del
oficialismo en el Callejón Caracas de Carapita, en Antímano,
Distrito Capital. Explicó el comisario Antonio Li Morales, jefe de la Subdelegación
Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (CICPC) que
"todo parece indicar que varios sujetos que estaban en un
jeep rojo delante del [vehículo de las víctimas], al
escuchar la celebración se bajaron y sin mediar palabra
dispararon contra ellos" Últimas Noticias, 18.08.04, pág. 22).
Provea repudia
los hechos de violencia ocurridos, exige a las autoridades
estatales realizar de manera seria y célere las
investigaciones de estos sucesos para establecer las
responsabilidades del caso y expresa su solidaridad con las
familias de todas las víctimas de estos sucesos.
Provea insiste en señalar que es urgente el diseño
y aplicación de un plan de desarme de la población civil para
reducir los riesgos de muertes en situaciones de este tipo.
Además, resulta necesario hacer una vez más, el llamado a las
partes enfrentadas, para que administren democrática e
institucionalmente el actual conflicto político.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y
exigencias a poderes públicos sobre el
derecho a la seguridad ciudadana |
- Impulsar una reforma al Estado que reduzca el número de
instituciones responsables de atender el problema de la
criminalidad, sustituyendo la fragmentación por la
integración.
- Dar prioridad a la inversión en proyectos socioeconómicos
y culturales consistentes, tendientes a garantizar la
educación, profesionalización y valorización de los jóvenes
de las periferias.
Impulsar una reforma policial contemplando las siguientes
líneas de acción:
1) Valoración salarial y clasificación, formación y
capacitación del personal;
2) Reingeniería institucional y gerencial de los cuerpos
policiales;
3) Valoración del trabajo de investigación social;
4) Gestión de la información y el conocimiento;
5) Control externo: sociedad civil, derechos humanos;
6) Integración;
7) Establecimiento de un programa de protección de testigos.
- Mejorar el conocimiento y la información en el área
(fomento de investigaciones, invertir en la cualificación
del tratamiento y manejo de la información, etc.)
- Desarrollar una mayor coordinación y articulación entre
los componentes de la justicia.
- Profundizar entre la sociedad civil el debate sobre el
modelo de policía orientado comunitariamente, establecer
canales de representación entre las instituciones
democráticas y el sistema de seguridad pública.
- Tratar los problemas de seguridad localmente,por medio de
la creación de Consejos Comunitarios, Locales y Regionales
de Seguridad Ciudadana.
- Establecer mecanismos de evaluación en la ejecución de
políticas públicas de seguridad.
- Garantizar una política de transparencia en la información
de seguridad ciudadana.
- Garantizar el control de las armas de fuego (Provea, 13.08.04,
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Tras
la pista de mis derechos: Manual para planes vacacionales y
actividades curriculares en derechos humanos" |
Autor: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Año: 2000
Sinopsis:
"Un valioso aporte a los educadores que intentan vivificar
la propuesta curricular que brindan a sus alumnos y alumnas,
incorporando efectivamente y de manera dinámica y
participativa la educación en derechos humanos en la vida de
la escuela. En la perspectiva de las escuelas integrales, en
las cuales los niños y niñas comparten más tiempo, las
actividades de este manual ofrecen al docente estrategias
que pueden complementar satisfactoriamente su trabajo en el
aula.
Esta propuesta educativa reflejada en el manual se adapta a
las necesidades tanto de educadores formales como educadores
populares, preocupados por formar vivencialmente a sus
alumnos y alumnas en el conocimiento y práctica de los
derechos humanos"(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Derecho
internacional de los derechos humanos: Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e
interamericano" |
Autor: Daniel O’Donnell
Año: 2004
Sinopsis:
"Esta obra, que es una nueva edición actualizada del libro
Protección Internacional de los Derechos Humanos publicado
en 1989, presenta en dieciséis capítulos un análisis de las
normas, las jurisprudencia y la doctrina de los sistemas de
protección internacional de las Naciones Unidas y del
sistema interamericano correspondientes a algunos derechos
civiles y políticos.
El análisis se hace compaginando las normas de los derechos
con las principales decisiones, observaciones,
recomendaciones e informes proferidas por los organismos de
los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.
Defensores de derechos humanos, operadores de justicia,
funcionarios públicos, miembros de organizaciones no
gubernamentales, abogados, periodistas, estudiantes y la
comunidad en general se beneficiarán de esta publicación" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"Salud
y libre comercio. Un contrasentido" |
Autor: Miguel Ernesto Cortés; Plataforma Colombiana de
Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
"Actualmente, las agendas de libre comercio entre países
incluyen el tema de la salud por medio de los bienes y
servicios relacionados con ella, como temas de negociación
en los tratados de comercio. Sin embrago, una sociedad que
se precie de ser sana no puede someter a negociaciones de
ninguna índole el derecho legítimo a la salud de sus
integrantes"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
"La educación en el ALCA: ¿Al servicio de quién?" |
Autor: Alberto Yepes; Plataforma Colombiana de Derechos
Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
"Desde los pasados años 90 se ha producido en América Latina
y El Caribe una progresiva mercantilización de los servicios
públicos, particularmente, el de la educación, como
consecuencia de la dinámica de liberalización en el
continente. El resultado de esa mercantilización es el
deterioro de la concepción y la práctica de la educación
como un verdadero derecho humano. El Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) es la culminación de este proceso.
Apunta a regular con lógica del mercado la provisión y el
acceso a la educación y los demás servicios y bienes básicos
que por su naturaleza se han considerado como derechos
inalienables y universales de todos los seres humanos"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
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El Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es
una organización no gubernamental especializada en la defensa
y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC), que tiene como fin la plena realización de los
derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el
marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción
que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o
potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o
les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y
la concientización de sus derechos.
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Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las
Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 /
860-66-69
Sitio web:
http://www.derechos.org.ve
Correo electrónico:
provea@derechos.org.ve
Provea, Derechos Reservados 2003 |
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