Una lectura de la realidad venezolana
desde los derechos humanos

Boletín electrónico Nº 161
Del 26 de septiembre al 14 de octubre de 2005

 

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN OCTUBRE

CONTEXTO
* Provea. 17 años en la lucha por los derechos sociales y contra la impunidad
*
Noticias del FSM 2006

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
* Comunidades indígenas exigieron el derecho a sus territorios, sin minas ni ganaderos
*
Habitantes de Nueva Tacagua afectados por deslizamientos de tierra
* Provea adelantó acciones jurídicas contra FONDUR
* Discriminación laboral. Agotados los recursos judiciales nacionales se abre la posibilidad de elevar caso contra el CNF ante el Sistema Internacional de los Derechos Humanos
* En vigencia Ley del Régimen Prestacional de Empleo
* Cumbre Nacional Sindical expresó condena a artículo de reforma parcial del Código Penal
* Indicadores del derecho a la educación a la luz de la perspectiva de género
*
Indicadores del derecho a la alimentación y al salario justo
*
PNUD presentó Informe 2005 del IDH. Venezuela desciende por conflicto político de 2003
* Mecanismos para garantizar la seguridad en el sector rural pueden volverse contraproducentes
* Además de retirar a la pequeña minería ¿el Gobierno también revocará las concesiones y contratos mineros a las empresas transnacionales?
*
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la vivienda         

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
* Recientes estrategias de exigibilidad del Movimiento GLBT venezolano
* Derechos de la mujer, entre estancamientos y avances legislativos
* Culminado Proyecto de Convención Contra la Desaparición Forzada
* Violaciones de derechos humanos en décadas del ’60, ’70 y ’80. Ejecutivo Nacional advirtió que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles
* Agentes de seguridad presidencial violan derechos humanos en ceremonia pública
* Especialistas en derecho de las personas detenidas y encarceladas rechazaron incorporación de componente castrense como custodias en centros penitenciarios
* Política exterior mantiene punto de vista retrógrado de las instancias de protección de los derechos humanos
* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el
derecho a la justicia    

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
* Diplomado en derechos humanos  y procesos de democratización del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

ARTÍCULOS
* Son derechos: "FONDUR incumple"
*
Son derechos: "Educar en derechos humanos"

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
* "Bursatilización de la cartera hipotecaria de vivienda"
*
"Observatorio DESC MERCOSUR 2004-2005: Compilación de la legislación de derechos económicos, sociales y culturales en el MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay"
* "
Manual de seguimiento. Derechos económicos, sociales y culturales: aportes de los organismos civiles"
*
"Normas e instrumentos legales sobre armas de fuego, municiones y explosivos"  
 
DOCUMENTOS
* Asamblea de Mujeres: "El cuento de nunca acabar: de nuevo excluidas las mujeres de las listas a la AN"
* "Manifiesto Juvenil de Apoyo a la Campaña 28 de Septiembre Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y El Caribe"
*
Movimiento ambientalista e indigenista: “Ley Orgánica de Fronteras de Venezuela: atentado contra los parques nacionales y pueblos indígenas”
*
"Red Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch: El Plan Estratégico de la Nueva PDVSA: Un nuevo salto al abismo"
* Amnistía Internacional: "Cumbre de la ONU: Los derechos humanos, traicionados por una falta de liderazgo"

envíe a un/a amigo/a    su opinión

Agradecemos mencionar la fuente cuando el contenido sea citado o difundido


EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS EN OCTUBRE

Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
04 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
      Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
      Día Mundial de la Salud Mental
      Día Interamericano del Agua
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
      Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles del mes)
      Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
18 Día de la Protección a la Naturaleza
24 Día de las Naciones Unidas
      Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)


Subir
 
CONTEXTO
Provea. 17 años en la lucha por los derechos sociales y contra la impunidad

Este sábado 15 de octubre, Provea celebra su decimoséptimo aniversario. En 1988, Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundaron esta asociación civil sin fines de lucro con el objeto de ofrecer apoyo integral gratuito a colectivos de personas cuyos derechos sociales fueron atropellados, brindándoles educación en el campo de los derechos humanos y promoviendo la documentación, investigación, monitoreo y divulgación de la situación de los derechos humanos en el país.
A lo largo de estos años el catálogo de actividades de Provea es muy amplio: desde haber logrado la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado venezolano por el caso de El Amparo, hasta participar en la redacción del Título de Derechos Humanos de la Constitución de 1999.
Igualmente hay que recordar la defensa jurídica de algunos casos, como por ejemplo el de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, a favor de la gratuidad de la educación superior y la de los/as niños/as cardiópatas del Hospital J. M. de los Ríos, por el derecho a la salud. También se destaca su participación en el reconocimiento del estatuto jurídico de los ciudadanos colombianos solicitantes de asilo en Venezuela y la exitosa experiencia en el caso de los pensionados y jubilados de VIASA, a quienes el Estado está restituyendo sus derechos a la seguridad social perdidos, gracias a un acuerdo amistoso logrado en este último año.
Actualmente Provea acompaña la lucha de varias comunidades como las Nueva Tacagua, Ciudad Miranda y Yulesca I por el derecho a la vivienda. Este acompañamiento se realiza desde una perspectiva integral, aplicando estrategias jurídicas con un componente formativo que fortalece los mecanismos de exigibilidad de sus derechos y a la vez promueve el protagonismo de las propias comunidades.
Esta línea de trabajo se integra a las acciones emprendidas contra el Estado por daños y prejuicios causados a los/as ciudadanos/as afectados/as por sus acciones u omisiones, como por ejemplo, el caso elevado contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por no brindar atención adecuada de salud a las víctimas de la intoxicación masiva ocurrida el 20.03.93 en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, Edo. Aragua.
Provea también realiza un seguimiento de la situación de los derechos humanos. Es así que, desde hace 16 años, publica su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, producto de su investigación sobre 18 derechos humanos, sobre los cuales realiza propuestas y exigencias a los poderse públicos. Esta tarea es complementada por el boletín electrónico Derechos Humanos y Coyuntura, que se difunde quincenalmente y cuenta con más de 6.000 destinatarios nacionales, internacionales, particulares e institucionales.
Además, en su sitio web (http://www.derechos.org.ve) ofrece a los internautas materiales educativos, información especializada sobre las distintas estrategias de exigibilidad de los derechos humanos y la mayor parte de los documentos publicados por la organización los cuales pueden ser consultados gratuitamente.
Provea también se destaca en la organización de eventos para la promoción y formación de los derechos humanos: variados foros en los que se abordan diversos temas de actualidad y el seminario anual de formación sobre derechos económicos, sociales y culturales, que desde hace 6 años cuenta con amplia participación nacional e internacional.
A su vez, Provea contribuye de modo activo en los espacios de articulación de organizaciones de derechos humanos, como el Foro por la Vida, la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).


Subir
 
CONTEXTO
Noticias del FSM 2006

Desde el 21.09.05, se encuentra disponible la herramienta para inscripción y preparación de actividades en el Foro Social Mundial (FSM) 2006 policéntrico, en sus versiones de inglés y castellano.
La nueva herramienta facilitará la preparación de las actividades conjuntas tanto para el FSM 2006 como de las otras actividades relacionadas con el proceso. A través de este espacio virtual, las organizaciones, movimientos, redes, y ONG de todo el mundo podrán inscribir sus actividades para los 3 eventos policéntricos del VI FSM, que serán realizados en las ciudades de Bamako (Malí), Caracas (Venezuela) y Karachi (Pakistán) en enero de 2006 (Minga Informativa de Movimientos Sociales, 21.09.05, pasalavoz@listas.movimientos.org).
Para utilizar eficientemente esta herramienta, las personas y organizaciones interesadas deberán seguir las siguientes instrucciones:
1) Ingresar al sitio web de las inscripciones de actividades. Hay 2 formas de hacerlo:
a) Directamente en http://www.wsf2006.org/spanish/spanish.
b) A través del sitio de cada foro policéntrico que aún están en fase de preparación y donde se podrá encontrar toda la información sobre el mismo: Caracas (http://www.forosocialmundial.org.ve), Bamako (http://www.fsmmali.org) o Karachi (http://www.wsf2006karachi.org).
2) Inscríbase como individuo;
3) En seguida, haga la inscripción de su organización;
4) A continuación, rellene el formulario señalando las actividades que su organización tiene la intención de realizar en los eventos FSM (opciones Bamako, Caracas o Karachi) o para el proceso (opción "General").
Solamente las organizaciones pueden proponer actividades. En este primer momento, será posible que las personas de las organizaciones registren actividades. Después, será posible formar grupos para discusión de interconexiones entre las diversas actividades.
Las inscripciones están disponibles en español e inglés. En breve, estará en línea la versión en francés.
El sitio web http://www.wsf2006.org solamente permite la inscripción y preparación de las actividades para los 3 eventos. La inscripción y el pago de las organizaciones, sus delegados/as, participantes individuales y medios de comunicación se harán en los sitios web de cada FSM policéntrico.
Las organizaciones inscritas en el sitio de actividades podrán:
 - Invitar a otras organizaciones para preparar actividades comunes
 - Identificar organizaciones interesadas en un mismo tema
 - Buscar organizaciones con tipos de actividades comunes
 - Contactar organizaciones para articulaciones comunes
 - Invitar a organizaciones que tienen intereses similares a programar actividades conjuntas y/o unir varias propuestas en solamente una
 - Articular actividades simultáneas en uno o más eventos policéntricos
Para dudas sobre la inscripción de las actividades, escriba al correo-e:
programa@forumsocialmundial.org.br.
Para información sobre el foro policéntrico América, ver sitio web:
fsmcaracas@forosocialamericas.org
Por otra parte, Edgardo Lander, representante del Consejo Hemisférico del FSM, sostuvo el pasado 27.09.05, una reunión con José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo, para facilitar información sobre la organización del FSM, que tendrá lugar en Caracas, del 24 al 29.01.06 (Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 27.09.05, boletines@vicepresidencia.gov.ve). Lander señaló que el Consejo Hemisférico del FSM informó al Vicepresidente Ejecutivo sobre los detalles del proceso organizativo del FSM y expresó la necesidad de avanzar en los apoyos logísticos necesarios para esta actividad: "esperamos que vengan aproximadamente 80.000 o quizás 100.000 personas a Venezuela. Sería el evento internacional más numeroso en la historia del país, y esto obviamente requiere un esfuerzo organizativo, de infraestructura, instalación de carpas para reuniones y de acceso a internet, que obviamente requiere el apoyo público" (Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Ídem.).

Añadió que este VI FSM y II Foro Social de las Américas (FSA), constituirá un escenario de encuentros significativos: "puesto que se trata de la presencia en Caracas de miles de representantes de organizaciones, sobre todo de América, pero de todo el mundo, que tendrán la oportunidad de ponerse en contacto con los procesos que ocurren hoy en Venezuela. Tenemos la confianza de que podrán enriquecer los debates sobre el proceso venezolano"(Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
Por esta razón, Lander hizo un llamado a las organizaciones venezolanas para que se informen sobre el evento para garantizar la formulación de sus propuestas. Asimismo aseguró que para la obtención de información están disponibles los sitios web: http://www.forumsocialmundial.org.br y
http://www.forosocialmundial.org.ve/, en las cuales se puede encontrar no sólo datos generales sobre el evento, sino también detalles sobre el proceso de preinscripción.
El sociólogo también informó que el llamado Territorio FSM en Caracas será una franja continua que abarcará parte del Paseo Vargas, las instalaciones de Parque Central, el Hotel Caracas Hilton, los museos de la zona, el Teatro Teresa Carreño, la Casa del Artista, el parque Los Caobos y una parte importante de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Bolivariana.
Para información sobre este evento, puede visitar también el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/campanas/FSA/IIfsa.htm.


Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Comunidades indígenas exigieron el derecho a sus territorios, sin minas ni ganaderos

El pasado 11.10.05 representantes de las comunidades Wayuu del Socuy, Barí y Yukpa de la Sierra de Perijá, Edo. Zulia, se concentraron en la Plaza Bolívar de Caracas con el fin de protestar la entrega de tierras pertenecientes a estas comunidades a empresas extractoras del carbón.
Leonardo Martínez, líder Yukpa del sector El Tukuko, Edo. Zulia, señaló que ”estamos rechazando el título de tierra […] porque […] es a cambio de (la explotación de) minas de carbón'' (Aporrea, 12/10/05) - http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=67165).
Los/as manifestantes indicaron que para enero del 2006, 3 minas (Socuy, Cachiri y Caño Seco) entrarán en producción “a pesar de una promesa de Chávez de revocar las concesiones mineras que causarían daño al ambiente y a las comunidades indígenas” (Aporrea, Ídem.).
Angela Aurora, líder Wayuu, explicó que la explotación de carbón en otras zonas de Zulia ocasionaron la deforestación de miles de hectáreas, contaminación de ríos y la muerte o la enfermedad de muchos, a causa de problemas respiratorios derivados de la presencia de polvo de carbón en el aire: “la explotación del carbón y es contaminación para nuestra vida y nuestro ambiente'' (Aporrea, Ídem.).
En un comunicado presentado ante una rueda de prensa convocada por representantes indígenas, explicaron que el proceso de demarcación de tierras y hábitats indígenas es un fraude porque, afirman, que a la asignación de tierras le seguirá, paradójicamente, su desalojo con el fin de permitir la explotación de carbón por parte de Corpozulia y/o las trasnacionales mineras (Vale do Rio Doce, Anglo American Coal, Peabody, Inter American Coal/Chevron, Carbonífera Caño Seco, Minera MAICCA, Carbones del Perijá, Carboperca, Carboca y Consulminca).    
Igualmente denunciaron que la Misión Guaicaipuro desestimó la incorporación de los terrenos de algunas haciendas de Perijá que fueron autodemarcadas por las comunidades siguiendo la norma planteada en la ley de demarcación de tierras y hábitats indígenas, “pese a que los ganaderos […] están dispuestos a negociar con el Gobierno Nacional las bienhechurías existentes”.
Asimismo, revelaron que varias comunidades Yukpas han sido desalojadas a la fuerza de sus territorios ancestrales por ganaderos con el apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía de Machiques, con el silencio cómplice del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitats, Misión Guaicaipuro, Defensoría del Pueblo delegación Maracaibo y Caracas.
Por otra parte, señalan que a la comunidad Wayuu del Socoy se le ha negado el derecho a la tierra “por el simple hecho de que en Manao el 14 y 15.09.04 Chávez y Lula a dedo convinieron asignárselas a Vale do Rio Doce y el estatal brasileño Banco Nacional de Desarrollo Social entregó 1.000 millones de dólares americanos a Vale do Rio Doce/Carbozulia (Carbosuramérica) para emprender la explotación e infraestructura minera”.
Precisaron que para enero de 2006 se explotará la mina Socuy, posteriormente, en esta misma zona, las minas Cachirí y Caño Seco (26 millones de toneladas anuales), y en el 2007, desde Cachirí hasta Río de Oro (36 millones de toneladas anuales), con lo que –afirman-, se impide la recuperación de menos del 1% del territorio indígena perdido a partir de la explotación petrolera (1910-1945) y el crecimiento de la frontera agrícola (1940-1970).
Los denunciantes recuerdan que, en mayo y junio del presente año, el MARN negó la posibilidad de explotar minas de carbón aguas arriba de los embalses, es decir, en las cuencas de los ríos Socuy, Maché y Cachirí. Además ordenó adecuar las minas del Guasare a los protocolos ambientales para la reducción de su impacto socioambiental.
Ante estos hechos, el MARN manifestó su preocupación por el desalojo de varias familias Wayuu desplazadas del Guasare. Pero, el compromiso estatal que más recuerdan los/as representantes indígenas fue el anunciado por el Presidente Hugo Chávez Frías el 11.11.99, cuando en el sector Saimadoyi-Sierra de Perijá, anunció “rescindir las concesiones que afecten el ambiente y a los indígenas”.
Por esta razón, los/as voceros/as indígenas le exigieron al Primer Mandatario “cumplir con su palabra y con los indígenas. Chávez debe respetar el Informe del MARN”.
Por su parte, Carlos Eduardo Martínez, presidente de Corpozulia, advirtió el pasado 11.10.05 que “ningún yacimiento de carbón esta siendo explotado en la Sierra de Perijá [porque] el MARN 'acordó el retiro de todas las concesiones existentes en la zona, debido a la fragilidad del ecosistema'' (Aporrea, Ídem.).
De acuerdo a la fuente, “el Gobierno está revisando todas las concesiones y contratos mineros y asegura que cancelará los acuerdos con las empresas que mantengan las minas inactivas o que no cumplan con las leyes”.


Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Habitantes de Nueva Tacagua afectados por deslizamientos de tierra

Una habitante de Nueva Tacagua informó el pasado 07.10.05 a Provea sobre una situación que, desde la noche anterior, agravó la situación de peligro en la que viven las personas de algunos bloques (especialmente los 9 y 10) de la terraza A B, sector C. Provea pudo comprobar en el lugar de los hechos que esta situación representa una violación al derecho a una vivienda y a un hábitat dignos, así como una amenaza a su derecho a la salud y a la vida (Provea, 07.10.05,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np071005.pdf)
.

Explicó la residente que ocurrió un hundimiento del terreno alrededor de estos bloques, presuntamente por las fallas geológicas presentes en esta zona, que dañó las tuberías de aguas servidas y afectó la red eléctrica subterránea ocasionando un incendio.
Rápidamente, las personas afectadas solicitaron la asistencia de las autoridades públicas. Al sitio se presentaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador, integrantes de Protección Civil (PC) y técnicos de la Electricidad de Caracas (EDC). Los primeros controlaron el incendio, mientras que PC evaluó la situación y se comprometió a solventar el problema de las aguas servidas. Por su parte la EDC, realizó arreglos provisionales de las averías ocasionadas en el sistema eléctrico.
Conviene destacar que esta situación no es nueva ni exclusiva de esta zona de la urbanización. Vecinos de la terraza H, del sector A B, también detectaron un hundimiento del terreno que sostiene a los bloques, el cual generó grietas y filtraciones en las paredes. A ello se le suma el hecho de que no tienen servicios públicos (agua, electricidad) y que la vía de acceso está parcialmente obstruida por los derrumbes. Esta situación provocó que algunas de las familias se mudaran sin la esperanza de ver resuelta su problemática habitacional.
De acuerdo a una fuente periodística, se informó que Luis Figueroa, titular del Ministerio para la Vivienda y Hábitat (MVH), “solicitó la declaración en emergencia por la situación allí planteada y propuso una serie de acciones para el desalojo total de ese sector de la ciudad” (Aporrea, 12.10.05, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=67129).
La decisión fue tomada 3 días después de los hechos antes descritos, durante una asamblea con la comunidad de Nueva Tacagua, y fue dada a conocer por medio de un boletín de prensa del MVH, el cual reseña que la primera iniciativa que llevará a cabo este despacho será la colocación de una cartelera en la entrada de la Terraza A. Esta cartelera servirá para informar a la población sobre el avance de las actividades destinadas al desalojo. Entre estas actividades se tiene previsto realizar una serie de giras a aquellos sitios en donde el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) están construyendo viviendas (Aporrea, Ídem.).
Figueroa indicó que “cuando se realicen las visitas, una comisión del INAVI asistirá con las actas redactadas, de manera que si una familia está interesada en algún apartamento la firme inmediatamente” (Aporrea, Ídem.).
En segundo término, anunció la instalación del personal de Adjudicaciones del INAVI en uno de los módulos de Nueva Tacagua para que revisen los expedientes de las diversas familias y anoten las opciones que éstas escojan, bien sea nuevos urbanismos o compra de viviendas en el mercado secundario.
Asimismo, hizo un llamado a los Comités de Tierra Urbana (CTU) y a los Comités para la Transformación del Hábitat (CPTH) para que presenten sus proyectos en la Oficina Nacional de Tierras del MVH, pero advirtió que estos proyectos son más lentos: “las soluciones serán más rápidas o más lentas, de acuerdo a cómo la planteen y quiero aclarar que el INAVI no está en condiciones de comprar un urbanismo, pero el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH) sí” (Aporrea, Ídem.).
Mencionó que si existe una propuesta de venta de viviendas nuevas por parte de una constructora privada, los comités de tierras o CPTH deben hacerla llegar con carácter de urgencia al MVH donde la tramitarán: “en el plan entrará todo aquél que esté censado por INAVI. En el caso de aquellas personas que no aparecen en el censo les aconsejo revisar con la comunidad zona por zona para que se levante un acta y sean incluidas” (Aporrea, Ídem.).
Vale recordar que en 1999, el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en un acto simbólico, ordenó implosionar 2 de los edificios afectados y prometió que en un año las familias tendrían viviendas dignas. La realidad es que tales promesas están lejos de cumplirse. Por el contrario, la situación de los habitantes de toda la urbanización ha empeorado.
Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Provea adelantó acciones jurídicas contra FONDUR

El pasado 13.09.05 Provea, en representación de 4 personas adjudicatarias de viviendas de la 2da. etapa que formará parte de la urbanización “Ciudad Miranda”, ubicada en la ciudad de Charallave, Edo.
Miranda, presentaron un Antejuicio Administrativo ante la Junta Liquidadora del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) para demandar por incumplimiento de contrato a este ente público (Provea, 14.09.05,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np140905.pdf).
En el año 2004, Carmen Pernía, Irene Gómez, Pedro Morales, Roy González y Marisela Uzcátegui, adjudicatarias/o de viviendas de la 2da. etapa de la urbanización “Ciudad Miranda”, presentaron ante el Provea una queja ante la mora del FONDUR en cumplir con la obligación contractual de entregar sus viviendas en los lapsos acordados.
 Como organización de derechos humanos, dedicada específicamente a la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), Provea procesó las denuncias e inició el procedimiento jurídico para buscar que el Estado restituya a estas personas su derecho a una vivienda adecuada.
La denuncia contra FONDUR se originó por el incumplimiento del contrato con estas personas, a las que el organismo estatal había prometido construir sus viviendas en un lapso de 1 año con una prórroga de 6 meses. Tras el vencimiento de dicho lapso en los casos en cuestión, y sin haber obtenido respuesta alguna de FONDUR sobre la fecha de entrega de sus viviendas, estas personas decidieron actuar a favor de la restitución de sus derechos.
Yael Bello, integrante del área de defensa de Provea, explicó que el Antejuicio Administrativo presentado ante la Junta Liquidadora de FONDUR el 13.09.05, es un procedimiento previo a la demanda, a través del que se le informa a sus autoridades los argumentos que fundamentan la demanda. Luego de la consignación de este documento, el organismo lo enviaría a la Procuraduría General de la República, a fin de que estudie el caso y se pronuncie sobre la viabilidad de esta demanda.
Bello aclaró que estos casos tratan de contratos por viviendas de interés social, lo que significa que están dirigidos a personas de escasos recursos que no pueden adquirir viviendas en el mercado secundario y que, además, el contrato de FONDUR les prohíbe adquirir otra vivienda sancionándolos con la disolución del mismo, sin la devolución del monto de la inicial cancelado.
Siendo un contrato de interés social, el Estado, a través de FONDUR, debe cumplir con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución, el cual obliga al Estado a garantizar los medios para que las familias de escasos recursos accedan a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.
En concreto, los/as denunciantes solicitaron que se le ordene a FONDUR cumplir forzosamente en especie con el contrato de promesa de compraventa celebrado con las adjudicatarias, es decir, la entrega inmediata de su vivienda a las personas adjudicatarias afectadas por el incumplimiento. En caso de no poder cumplir estas condiciones, las denunciantes exigieron que el organismo público les otorgue una vivienda similar a las originalmente adjudicadas, en un desarrollo habitacional cercano o adyacente a la urbanización “Ciudad Miranda”, bien sea construido por el Fondo o por constructoras privadas al servicio del mismo, respetando el precio de venta y las condiciones de pago estipuladas en el contrato objeto de la presente acción.
Para conocer más detalles sobre este caso, puede consultar las denuncias en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/recursos/alegal/ciudadmiranda/index.htm.

Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Discriminación laboral. Agotados los recursos judiciales nacionales se abre la posibilidad de elevar caso contra el CNF ante el Sistema Internacional de los Derechos Humanos

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Eladio Aponte, desestimó por “manifiestamente infundado”, un recurso de casación interpuesto contra un fallo dictado el pasado 12.05.05 por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaraba sin lugar un recurso de apelación presentado por las ex funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) Rocío SAN MIGUEL, Magally CHANG y Thaís PEÑA, contra la sentencia dictada el 04.04.05 por el Juzgado 21º de 1ra. Instancia en Funciones de Control, que decretó el sobreseimiento de la causa seguida a José Vicente Rangel y Feijoo Colomine, ex presidente y Secretario Ejecutivo del CNF, respectivamente (Tribunal Supremo de Justicia, 29.09.05,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=2427).
Como se recordará, San Miguel, Chang y Peña fueron objeto de despido el 01.05.04, sin existir ninguna amonestación en sus expedientes ni tampoco algún proceso de reorganización en el órgano que planteara una reducción de personal. Al momento de entregarles las notificaciones Colomine les informó verbalmente y en forma individual que el despido se producía por haber firmado la convocatoria a referendum revocatorio presidencial. Con la asistencia del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) y Provea, el 22.07.04 acudieron las afectadas al tribunal de distribución en materia laboral, con el fin de presentar un recurso de amparo constitucional contra el presidente de dicho organismo, el actual Vicepresidente Ejecutivo (Provea, 07.10.05,
http://www.derechos.org.ve/recursos/alegal/cnf/index.htm).
Señaló la fuente del TSJ que, en las 2 primeras denuncias que fundamentaron el recurso de casación presentado, la Sala Penal indicó que "las recurrentes contrariaron el espíritu y propósito del recurso de casación, establecido en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), al referirse conjuntamente en cada una de estas denuncias a diferentes alegatos y disposiciones legales, causando confusión y falta de certeza en su pedimento" (Tribunal Supremo de Justicia, Op. cit.).
En relación a las 2 últimas denuncias presentadas para fundamentar el recurso de casación, la ponencia del magistrado Aponte precisó que "se declaran desestimadas por manifiestamente infundadas estas denuncias y según el artículo 465 del COPP, porque las recurrentes no demostraron la utilidad del recurso de casación y no expusieron en forma clara sus argumentos" (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).
A juicio de una fuente periodística, la decisión de la Sala Penal pone “fin al proceso penal emprendido contra el vicepresidente Rangel” (El Universal, 30.09.05, pág. 1/8).
Consultada sobre esta sentencia, San Miguel dijo que “quedó demostrado que el Estado, por órgano de la Fiscalía, ni siquiera tuvo voluntad para investigar” (El Universal, Ídem.).

En este sentido, y agotados todos los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en la legislación venezolana para reivindicar los derechos que consideran violados, las afectadas consideran “que queda abierta la posibilidad de solicitar ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos la tutela que no encontraron en los tribunales del país” (El Universal, 30.09.05, http://www.eluniversal.com/2005/09/30/pol_art_30106H.shtml).
No obstante, San Miguel destacó que prefiere analizar la situación con detenimiento sin descartar “acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ello las seguirían acompañando el CDH UCAB y Provea” (El Universal, Ídem.).


Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En vigencia Ley del Régimen Prestacional de Empleo

En la Gaceta Oficial Nº.38.281 del 27.09.05, la Asamblea Nacional (AN) publicó la Ley del Régimen Prestacional de Empleo (LRPE) (El Universal, 29.09.05,
http://www.eluniversal.com/2005/09/29/eco_art_29204A.shtml), la cual fue objeto de debate en 2da. discusión por parte de la plenaria el pasado 20.07.05 (ver edición Nº 158 de este boletín en el sitio web: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_158.htm#09).  
Con la entrada en vigencia de este nuevo instrumento las personas que se queden sin trabajo tendrán una prestación por 5 meses equivalente a 60% del monto resultante de promediar el salario de cotización de los últimos 12 meses. El instrumento también establece que la cotización al sistema será 2,50% del salario normal devengado por el trabajador y no el salario de cotización. De esa cantidad 80% dará el patrono y 20%, el empleado (El Universal, Op. cit.).
La fuente destacó que “la LRPE permite a los trabajadores no dependientes cotizar al sistema, pero tienen que aportar la contribución completa, la excepción se realiza a los empleados de bajos ingresos. El instrumento indica que el Estado subsidiará 50% de la cotización y mediante resolución especial se establecerá la forma de determinación del ingreso, cálculo de la cotización así como las condiciones para percibir las prestaciones dinerarias y el porcentaje de los subsidios”.
Estas contribuciones serían depositadas en un fondo y esos recursos utilizados por la tesorería de seguridad social (cuando se constituya) para el pago de las prestaciones. La ley indica que el dinero no podrá ser transferido a otros fondos ni asignado a otros fines. De existir un superávit, los recursos permanecerán en el fondo para atender los déficits futuros.
Asimismo, agregó la fuente, se crea un fondo no contributivo que recibirá los aportes anuales del Gobierno y con ese dinero se ejecutarán programas y servicios de capacitación y se darán incentivos a la ocupación productiva de la población con dificultades especiales y a la red de servicios de atención integral.
Por otra parte, precisó la fuente que la LRPE propone la creación de los comités comunitarios de activación socioproductiva, los cuales se encargarán de tramitar las denuncias de las personas y verificar que los trabajadores estén inscritos en el régimen de seguridad social. Estos comités promoverán la participación y la organización social de la población; participarán en la discusión pública de las políticas, planes y programas dirigidos a los amparados por el esquema; ejercerán la contraloría social de la gestión de las instituciones; tramitarán ante las autoridades competentes las denuncias; realizarán diagnósticos sobre la situación de ocupación productiva y de las capacidades humanas.
Detalló la fuente, además, que con la LRPE se crea una red de servicios de atención integral para los desempleados para lograr su inserción productiva. Los servicios se activarán para la promoción de programas de capacitación que le permitirán al desempleado el desarrollo de diversas competencias socioproductivas, asesorarán en la reconversión laboral destinada a facilitar el cambio de oficio y desarrollarán la intermediación laboral para proporcionar el empleo adecuado, y orientarán los servicios que ofrecen los institutos de los regímenes.

Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Cumbre Nacional Sindical expresó condena a artículo de reforma parcial del Código Penal

El pasado 27.09.05 dirigentes sindicales de los Edos. Aragua, Carabobo, Zulia, Guárico y el Distrito Capital, acordaron recoger firmas para solicitar a la Asamblea Nacional (AN) la modificación de la norma contenida en el artículo 9, sección II de la reforma parcial del Código Penal (CP), que penaliza el derecho a manifestar del movimiento laboral (Correo del Caroní, 28.09.05, pág. A/6).
La decisión fue acordada en el marco de la 1ra. Cumbre Nacional Sindical efectuada en Ciudad Guayana, Edo. Bolívar, durante la última semana de septiembre.  A fin de materializar la recolección de firmas, los representantes del movimiento obrero presentes decidieron designaría un equipo técnico con competencia nacional para llevar adelante esta iniciativa de los trabajadores venezolanos (Correo del Caroní, Ídem.).
El rechazo a este artículo del proyecto de ley, en proceso de discusión por parte de la AN, se basa en la penalización del derecho a manifestar de los trabajadores/as con prisión de 16 a 18 años. Señala el proyecto de ley que será sancionado con dicha pena quien “ejecute una actividad tendiente a interrumpir el correcto desempeño o la normal actividad de una, o varias, de las empresas básicas o estratégicas del Estado”
(Asamblea Nacional, 07.10.05, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=687).
La condena a esta norma fue compartida tanto por dirigentes sindicales afectos al gobierno, como por quienes le adversan (ver edición Nº 157 de este boletín en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_157.htm#09).

Ambos sectores del espectro sindical nacional calificaron a esta norma como una propuesta desproporcionada, porque permitiría imputar a los trabajadores y su dirigencia por acciones de estricto carácter sindical (Provea, Ídem.). 

Subir
 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la educación a la luz de la perspectiva de género

Según María Luz Monte, vocera de la Comisión Presidencial de Misión Robinson, más del 55% de las personas alfabetizadas por esta misión educativa son mujeres (Gobierno en Línea, 09.09.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=40063).
A su juicio, esto representa un avance considerable debido a que alrededor del género femenino se desarrolla un círculo vicioso en el área social: “aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de recibir estudios obtienen trabajos poco remunerados y por ende sus familias son mal atendidas […] los/as hijos/as de estas mujeres [...] pasan mucho tiempo en la calle, no son atendidos adecuadamente porque las madres trabajan largas jornadas" (Gobierno en Línea, Ídem.).
Asimismo, la funcionaria aseguró que cuando estas mujeres son alfabetizadas “les nace el deseo de que sus hijos/as también se incluyan en este proceso de aprendizaje, porque se les desarrolla unas nueva visión de la vida que repercute en todo su ámbito social” (Gobierno en Línea, Ídem.).
No obstante, en contraste con esta situación nacional, el panorama mundial de la paridad de niños y niñas en la educación se presenta desalentador en términos cuantitativos. Datos preliminares del Informe de Seguimiento de Educación para Todos 2006 (EPT), de próxima publicación, muestran que al menos 94 países han fallado en el objetivo de escolarizar a tantas niñas como varones en 2005 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 15.09.05, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=28914&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).
La noticia fue dada a conocer públicamente a través de una declaración común de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Campaña Mundial por la Educación y el Movimiento Mundial en favor de la Infancia.

Las instituciones revelaron datos que muestran que 94 países no han conseguido eliminar las disparidades entre los sexos, mientras que un Informe anterior publicado en 2004 preveía que solamente 71 países no iban a alcanzar este objetivo. Con esta situación, advirtieron, es preocupante el futuro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de educación y los progresos, o su ausencia, en el cumplimiento del objetivo de escolarizar de aquí a 2015 a los 100 millones de niños, 57% de ellos niñas, que actualmente están sin escolarizar (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ídem.).
Esta declaración es producto de una unión inédita de grandes entidades de la sociedad civil activas en la esfera de la educación con una institución del sistema de Naciones Unidas, que se asociaron para atraer la atención sobre la ausencia de progreso en la realización de un objetivo fundamental de la ONU (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ídem.).


Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Indicadores del derecho a la alimentación y al salario justo

Índice de Precios al Consumidor

Mes

Tasa de Variación Mensual


Tasa de Variación intermensual

Tasa de Variación
Acumulada 2005

Variación Anualizada 2004/2005

Enero

1,9

X

X

18,5

Febrero 

0,2

- 1,7

2,1

16,9

Marzo 

1,2

1

3,3

15,8

Abril

1,3

0,1

4,7

15,8

Mayo

2,5

1,2

7,4

17,4

Junio

0,6

- 1,9

8

15,9

Julio

0,9

0,3

8,9

15,3

Agosto

1

0,1

9,9

14.9

Septiembre (*)

1,5▲

0,5▲

11,6▼

16 ▼

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
Nota: (*) Banco Central de Venezuela, 01.10.05,
              http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4359&Operacion=2&Sec=False   

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas registró en el mes de septiembre un comportamiento resultado de una aceleración en el crecimiento de los precios en los bienes y servicios sujetos a control y regulación (de 0,9% a 2,3%); debido principalmente, al ajuste realizado en servicios de educación (14,1% en preescolar y básica, 9,5% en secundaria y 14,2% en superior). En contraposición, los productos no controlados registraron una menor tasa de variación que en el mes precedente (de 1,0% a 0,7%).
Al analizar el IPC según las agrupaciones que lo integran se observa que las categorías que registraron mayores variaciones de precios en septiembre fueron: Servicios de educación (12,4%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,4%), Comunicaciones (2,9%) y Transporte (1,5%).
Por el contrario, 7 grupos registraron variaciones inferiores a 0,5%: Equipamiento del hogar, Alquiler de viviendas, Bienes y servicios diversos, Salud, Servicios de la vivienda excepto teléfono, Vestido y calzado y Esparcimiento y cultura.
Los servicios, en su conjunto, registraron en septiembre una variación de precios superior a la del mes anterior, al pasar de 0,8% a 2,5%; para los bienes, por el contrario, se observó una tasa de crecimiento muy por debajo de la alcanzada para el mes de agosto pasado (de 1,1% a 0,5%).

Canasta Alimentaria Normativa

MES

Valor Mensual
(en bolívares)

Tasa de Variación
 Intermensual
(en %)


Tasa de Variación
Acumulada 2005
 
(en %)

Tasa de
Acumulación
Interanual 2004/2005
(en %)


Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)

Enero

350.487,15  

1,54
(5.320,10 bolívares)

1,54

17,14

8,3

Febrero

349.369,61

-0,31
(- 1117,39
bolívares)

0,45

14,99

8

Marzo

350.958,75

0,45
(471 bolívares)

1,99

13,81

8,4

Abril

350.903

0,02
(54,97 bolívares)

2

12,13

8,4

Mayo

359.606,42

2,48
(8.702,64 bolívares)

4,48

13,53

- 12,6

Junio

369.432,22

2,73
(9.827,80 bolívares)

7,21

14,70

- 9,6

Julio

374.629,49

1,41
(5.197,27 bolívares)

8,54

14,87 ▲

- 8,10

Agosto (**)

380.673,52 ▲

1,61 ▲
(6.044 bolívares)

8,56

X

- 6,39

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares hasta el 30.04.05 y
                405.000 bolívares a partir del 01.05.05).
          (**)Instituto Nacional de Estadística, 13.09.05, http://www.ine.gov.ve/ine/indexine.asp#.

Canasta Alimentaria de los Trabajadores

MES

Valor Mensual
(en bolívares)

Tasa de Variación
 Intermensual

Tasa de Variación
Acumulada 2005

Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)

Enero

547.065

X

0,2

41,2

Febrero

558.620

2,1
(11.555 bolívares)

2,3
(12.637 bolívares)

42.4

Marzo

559.907

0,2
(1.287 bolívares)

2,5
(13.924 bolívares)

42,4

Abril

568.080

1,5
(8.173 bolívares)

4
(22.097 bolívares)

43,4

Mayo

576.934

1,6
(8.854 bolívares)

6
(30.951 bolívares)

29,8

Junio

598.271

3,7
(21.337 bolívares)

9,6
(52.288 bolívares)

32,3

Julio

605.547

1,2
(7.276 bolívares)

10,8
(59.564 bolívares)

33,1

Agosto

611.812

1
 (6.265
bolívares)

11,8
(65.829 bolívares)

33,8

Septiembre
(**)

613.043 ▲

0,2▼
(1.231
bolívares)

12,3
(67.060 bolívares)

34 ▲

Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares hasta el 30.04.05 y
                405.000 bolívares a partir del 01.05.05)
          (**)  Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, 03.09.05, cenda_ac@cantv.net
.

Según el boletín mensual del CENDA, la baja en el rubro frutas y hortalizas fue determinante en el costo total de la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT), sólo este rubro bajó 7.723 bolívares (5,9%), luego de alzas significativas durante los meses de abril, mayo y junio por ser productos estacionales (El Universal, 04.10.05, http://noticias.eluniversal.com/2005/10/04/eco_art_04204E.shtml).
Desde septiembre de 2004 el alza de la CAT es de 20,2% (103.111 bolívares).

En la variación de la CAT influyó el incremento de los precios registro en 8 rubros. Las raíces, tubérculos y otros aumentaron 6,5%, los productos alimenticios también se incrementaron 6,5%, las grasas y aceites subieron 2,9%, mientras que carnes y sus derivados los hicieron en 2,2% y bebidas alcohólicas en 1,6% (El Universal, Ídem.).
En el de productos alimenticios subió la mayonesa (10%), vinagre (4,0%), salsa de tomate (1,0%).
De las carnes y sus preparados subió el largato (12%), carne de cochino (5,0%), hígado de res (2,0%), carne de res molida (2,0%), jamón (1,0%) (El Universal, Ídem.).
La fuente destacó que desde junio, CENDA incluyó en su muestra de precios los productos de Mercal y en este sentido, destacan el desabastecimiento en los últimos 30 días de productos alimenticios en diferentes locales de esta red estatal.

Canasta Básica de los Trabajadores


MES

Valor Mensual
(en bolívares)

Tasa de Variación
 Intermensual

Tasa de Variación Acumulada

Déficit del
Poder Adquisitivo (*)
(en %)

Enero

X

X

X

X

Febrero

X

X

X

X

Marzo

1.423.926

X

X

X

Abril

1.444.144

1,4
(20.269 bolívares)

4,1
(52.503 bolívares)

55,5
(801.673,60 bolívares)

Mayo

1.460.754

1,1
(16.610 bolívares)

5,2
(69.113 bolívares)

44,5
(650.754 bolívares)

Junio

1.484.999 

1,7
(24.245 bolívares)

6,7
(93.358 bolívares)

45,4
(674.999 bolívares)

Julio

1.501.436

1,1 ▼
(16.437 bolívares)

7,8 ▼
(109.795 bolívares)

46 ▲
(691.436 bolívares)

Agosto (**)

1.540.959

2,6 ▲
(39.593 bolívares)

10,7
(149.318 bolívares)

47,4
(730.959 bolívares)

Septiembre
(***)

 

 

 

 

Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 2 salarios mínimos mensuales (321.235,20 bolívares x 2 = 642.470,40 bolívares hasta el 30.04.05 y 405.000 bolívares x 2 = 810.000 a partir del 01.05.05).         
          (**)  Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, 05.09.05
, cenda_ac@cantv.net.   

Canasta Básica Familiar

MES

Valor Mensual
(en bolívares)

Tasa de Variación
 Intermensual


Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)

Enero

1.509.514

X

57,4

Febrero

1.516.038

0,4
(6.524 bolívares)

57,6

Marzo

1.519.299

0,2
(3.261 bolívares)

57,7

Abril

1.530.009

0,7
(10.710,06 bolívares)

58

Mayo

1.541.789

0,7

47,4
(731.789 bolívares)

Junio

1.560.147

1,2
(18.358 bolívares)

48
(750.147 bolívares)

Julio

1.572.955

0,8
(12.808 bolívares)

49
(762.955 bolívares)

Agosto

1.580.491

0,47
(7.536 bolívares)

48,2
(770.491 bolívares)

Septiembre
(**)

1.587.613 ▲

0,44 ▼
(7.122 bolívares)

48,9 ▲
(777.613 bolívares)

Fuente: Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros  (CENDAS)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 2 salarios mínimos mensuales (321.235,20 bolívares x 2 = 642.470,40
                 bolívares hasta el 30.04.05 y 405.000 bolívares x 2 = 810.000 a partir del 01.05.05).
          (**) Datos extraído de El Nacional, 04.10.05, pág. A/18
.

Según el CENDAS, el rubro que registró un mayor aumento fue educación (2,7%), que pasó de 129.568 a 133.103 bolívares como consecuencia del inicio del año escolar (El Nacional, Ídem.).
Otros componentes de la canasta que reflejaron aumento fueron los alimentos y vestido y calzado (0,4% c/u) y los artículos de higiene personal y limpieza del hogar con 3% . Los precios de la vivienda (alquiler popular) y los servicios públicos básicos (luz, agua, teléfono, gas y transporte) se mantuvieron estables (
El Nacional, Ídem.).

Subir
 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
PNUD presentó Informe 2005 del IDH. Venezuela desciende por conflicto político de 2003

El pasado 07.09.05, una semana antes de que se reunieran en Nueva York, para la Cumbre Mundial de 2005 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde revisaron el progreso alcanzado en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (ver sitio web oficial en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/), fue entregado a los jefes de Estado y de Gobierno, el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 07.09.05, http://www.undp.org/spanish/).
El Informe pidió cambios drásticos y rápidos en términos de políticas mundiales de ayuda, comercio y seguridad, a fin de cumplir con las promesas hechas por la comunidad internacional durante la reunión de los líderes mundiales que se celebró 5 años atrás y en la que abordaron estos problemas.

A este propósito, Kemal Dervis, Administrador del PNUD, señaló que “el mundo tiene el conocimiento, los recursos y la tecnología para terminar con la extrema pobreza, pero el tiempo se está acabando” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 07.09.05, http://www.undp.org/spanish/).
El Informe señala que el desarrollo humano está mejorando, aunque a un ritmo demasiado lento como para lograr los ODM. Entre las conclusiones fundamentales se destaca que:
• 50 países, con una población combinada cercana a los 900 millones de personas, retroceden en al menos 1 de los ODM.
• Otros 65 países, con una población combinada de 1.200 millones de personas, corren el riesgo de no cumplir con al menos uno de los ODM hasta pasado el año 2040. En otras palabras, podrían no cumplir
la meta durante una generación completa.
• En 2015, según las tendencias actuales, habría 827 millones de personas viviendo en condiciones de extrema pobreza, es decir 380 millones más que si se hubiera cumplido con la meta acordada por la comunidad internacional. Otros 1.700 millones vivirían con 2 dólares al día.
• Según las actuales tendencias, el objetivo de reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años se cumpliría en 2045, no en 2015, es decir 30 años después. En el próximo decenio, el costo humano acumulativo de no cumplir con la meta se podría traducir en un aumento de 41 millones de muertes infantiles.
• En 2015, 47 millones de niños seguirían sin asistir a la escuela.
• En lugar de reducir a la mitad los 1.000 millones de personas que carecen de acceso a agua potable, según las tendencias actuales, en 2015 en el mundo aún habrá 210 millones de personas que no lograrán este objetivo. En el mismo año, más de 2.000 millones de personas no contarán con saneamiento adecuado (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 07.10.05,
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/presskit/HDR05_PR1SP.pdf).
De acuerdo al PNUD, el Informe señala que “la desigualdad extrema pone freno al progreso hacia los ODM y otros objetivos más amplios del desarrollo humano. El Informe destaca la envergadura de la división internacional en cuanto a riquezas: el 40% más pobre de la población mundial, es decir 2.500 millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día, recibe sólo el 5% del total del ingreso mundial” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ídem.). Por otra parte, “la desigualdad al interior de los países también debilita el vínculo entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, en sociedades altamente desiguales, el crecimiento podría tener un efecto muy moderado en la pobreza” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ídem.).
En este sentido, el Informe advierte que “el crecimiento económico por sí solo será insuficiente para permitir que la mayoría de los países logren el Objetivo de reducir la pobreza a la mitad. Por lo tanto, es necesario poner mucha más atención en crear condiciones para que los pobres puedan aumentar su participación en el ingreso nacional futuro” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ídem.).
D
esde 1990, el PNUD encargó la tarea de realizar este Informe a un equipo independiente de expertos/as, quienes se apoyan en un concepto de Desarrollo Humano que trasciende los indicadores del ingreso per cápita y evalúa también factores tales como la libertad, la dignidad y la iniciativa, es decir, la función que las personas desempeñan en el desarrollo. En este Informe se sostiene que el desarrollo, más que aumentar el ingreso nacional, es en última instancia “un proceso destinado a ampliar las alternativas de la gente” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 07.10.05, http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/presskit/HDR05_PR1SP.pdf).
Caso Venezuela

Como es usual, el Informe del PNUD incluyó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países y sus avances o retrocesos hacia la consecución de los ODM. El IDH es un indicador que cubre 3 dimensiones del bienestar humano: el ingreso, la educación y la salud, y este año incluye datos, en su mayoría de 2003.
Según el PNUD, el IDH de Venezuela correspondiente al año 2003 es de 0,772, 6 centésimas por debajo del calculado por el Informe 2004 sobre la base de datos del año 2002 (0,778), lo que la coloca en la posición 75 (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ídem.), 7 peldaños por debajo del lugar que ocupaba en el Informe del año pasado (68) (ver edición Nº 140 de este boletín en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm#05).
A pesar de este descenso durante 2003, Venezuela permanece en el grupo de países con desarrollo humano medio y con un marcado progreso en su tendencia de IDH registrada desde 1975. Según el Informe, el IDH venezolano en ese año se calculó en 0,718, mientras que en el siguiente quinquenio llegó a 0,732. Para 1985 era 0,740 y en 1995 fue 0,767. Sin embargo, los datos de 2003 que se trabajaron para el Informe 2005, muestran que para ese año el IDH llegó al mismo puntaje de del Informe 2000  (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ídem.).
Explicó un comunicado público de la oficina del PNUD en Venezuela, que el descenso registrado en el Informe 2005 responde a 2 factores principales: “una caída en el Producto Interno Bruto per cápita de US$5.485 a US$ 4.919 (comprensible por la crisis política, económica y social que vivió Venezuela en el 2003, luego de sufrir una huelga petrolera) y cambios relacionados con otros países (algunos, como Dominica, Grenada y Omán) que ascendieron de puesto en el Informe 2005 debido a mejoras significativas en uno o más componentes del IDH” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 07.10.05, http://www.pnud.org.ve/noticias/pnud/Nota20050907331.asp).
Por otra parte, subrayó la fuente que “cuando se usan datos comparables y la misma cobertura de países, el valor y el puesto recalculado del IDH para Venezuela en el Informe 2004 habrían sido, respectivamente, 0,778 (comparado con 0,772 en el Informe 2005) y 72 (comparado con 75 en el Informe 2005), en lugar del puesto 68 con el que apareció en el Informe 2004. Esto implica que, con un valor de IDH ligeramente menor, el puesto para Venezuela habría caído sólo 3 posiciones (y no 7) entre los Informes 2004 y 2005” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ídem.).
Asimismo, resaltó que no obstante la importante caída del ingreso per cápita durante 2003, “observamos que la esperanza de vida en el país subió de 72,7 a 72,9 años y que tanto la alfabetización en adultos como la matriculación escolar combinada se mantuvieron en el mismo nivel del año anterior (93% y 75%, respectivamente)” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ídem.).
Otros indicadores destacados por otras fuentes periodísticas tienen que ver con el umbral de pobreza de ingresos en Venezuela, el cual ocupa el 31,3% de la población, mientras que un 32% sobrevive con 2 dólares y un 15% con 1 dólar (similar al del Informe 2004), lo que contribuye que se constate un 22% de personas desnutridas y que un 7% de los niños nazca con menos peso de la media (El Universal, 07.09.05, http://www.eluniversal.com/2005/09/07/pol_ava_07A609193.shtml).
En cuanto a la salud, la fuente destacó que el Informe señala que se destinó el 2,3% del PIB  en el año 2002. Además, que Venezuela tiene 194 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad infantil es de 16 por cada 1.000 nacidos vivos y de 18 en menores de 5 años (El Universal, Ídem.).
Por otra parte, un 32% de la población venezolana carece de acceso sostenible a saneamiento mejorado y un 27% al acceso a fuentes de agua potable (El Universal, Ídem.). En el indicador Incidencia del VIH/
SIDA, Venezuela registró una incidencia del 0,7%. En cuanto a la educación, la tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años fue es del 97,2%, aunque la matriculación en primaria es del 91% y del 59% en secundaria (El Universal, Ídem.).
Con respecto a las Prioridades del Gasto Público (% del PIB), el Informe reportó que en salud fue de 2,3 en 2002, mientras que en servicio de la deuda, fue de 10,4 en 2003 (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Op. cit.).
En cuanto al Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG), Venezuela mejoró su clasificación situándose en el puesto 58, con un valor del 0,765. Dicho indicador se extrae del análisis de la esperanza de vida al nacer (año 2003), el cual calculó el Informe 2005 para las Mujeres: 75,9, y los Hombres: 70,0; de la Tasa de alfabetización en adultos (% de 15 años y mayores), que reportó en 2003 para las Mujeres: 92,7 y para los Hombres: 93,3; de la Tasa de matriculación bruta combinada en enseñanza primaria, secundaria y terciaria, que registró para el lapso 2002/03 en las Mujeres: 76% y los Hombres: 73%; y del Cálculo de los ingresos percibidos (PBI en US$) durante el año 2003, para las Mujeres: 2.890 y para los Hombres: 6.929 (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Op. cit.).
En cuanto a la respuesta gubernamental ante los datos reportados por esta edición del Informe del PNUD, conviene destacar que Aristóbulo Istúriz, titular del Ministerio de Educación y Deportes (MED) y presidente del Gabinete Social, observó que “como era de esperarse, los acontecimientos políticos de 2003 interrumpieron el ritmo ascendente mantenido por el país desde los fines de la década del 90. Una vez que los mismos fueron superados, Venezuela retomó la tendencia ascendente, como puede comprobarse si analizamos los datos del año 2004, que se profundizan con los datos del primer semestre del año 2005" (Gobierno en Línea, 128.09.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=40123).


Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Mecanismos para garantizar la seguridad en el sector rural pueden volverse contraproducentes

Según el comandante Héctor Herrera, miembro del Comité Académico del Comando de la Reserva, dicho componente “estará a la orden del Presidente [de la República] para garantizar el resguardo de las tierras que serán expropiadas dentro de la guerra contra el latifundio adelantada por el Gobierno” (El Mundo, 26.09.05, pág. 2).
De acuerdo con la fuente “este ofrecimiento fue realizado al Ministro de Agricultura y Tierras (MAT), Antonio Albarrán”. Por su parte, precisó que este componente, que se ha valorado como un complemento del Ejército, aparece como una de las innovaciones de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN). Este nuevo marco jurídico también prevé la conformación de la Guardia Territorial que estaría constituida por “el pueblo organizado para la resistencia local ante cualquier ataque interno o externo” (El Mundo, Ídem.).
El anuncio de la aplicación de estas medidas hecho por Herrera fue secundado por Braulio Álvarez, dirigente campesino y candidato a diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el Edo. Yaracuy (Movimiento Quinta República) quien aseguró que “la actuación de la Reserva Militar y la creación de brigadas campesinas (en proceso) son parte del operativo de seguridad desplegado por el Gobierno para evitar las confrontaciones violentas entre los terratenientes y las cooperativas instaladas en los terrenos recuperadas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) en el marco de la lucha contra el latifundio” (El Mundo, 27.09.05, pág. 2).
Añadió Álvarez que “están en proceso de creación las brigadas de campesinos que actuarán bajo el mando de las fuerzas castrenses para preservar la seguridad en las tierras […] ‘En cada asentamiento rural se crean elementos de protección para que no exista confrontación entre las cooperativas que allí se están instalando y las personas que en alguna oportunidad estuvieron usufructuando esos terrenos’” (El Mundo, Ídem.).
De acuerdo a la fuente, “las medidas de seguridad ahora en ejecución, fueron acordadas con el Presidente Hugo Chávez hace un mes, luego de un taller sobre seguridad agraria realizado en el Palacio de Miraflores” (ver edición Nº 159 de este boletín en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_158.htm#19).

Ante estas informaciones, Provea insiste en sus señalamientos acerca de la potencial situación de peligro que representa la creación de tales unidades paramilitares. A su juicio, este tipo de planes en vez trabajar en la disminución de la violencia en el campo y garantizar la seguridad, pudiera incrementarla (ver edición Nº 150 de este boletín en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_150.htm#06).
El otorgar porte de armas y armas a civiles para que asuman la seguridad ciudadana, puede conllevar a abusos por uso indiscriminado de las armas. De la misma manera puede dar pie a la actuación de grupos que, al margen del control estatal, asuman el ejercicio de la justicia por su cuenta.
La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado que, si bien puede incorporar a civiles para que cooperen, no debería implicar la distribución de armas para descargar en ellos la responsabilidad fundamental de preservar la seguridad, porque representaría una privatización de hecho del derecho a la seguridad ciudadana.

Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Además de retirar a la pequeña minería ¿el Gobierno también revocará las concesiones y contratos mineros a las empresas transnacionales?

E
n un comunicado hecho público el pasado 01.10.05, las organizaciones ambientalistas Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA), la Asociación de Vigilantes Voluntarios Frontera Gran Sabana (AVVA), la Fundación de Monitoreo Minero, el Informativo Revuelo y la Red Contra la Minería en la Cuenca del Río Caroní, aseguraron estar “muy atentas con los operativos y anuncios hechos por el Gobierno Nacional, supuestamente para eliminar la minería en la Cuenca del Río Caroní” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, 01.10.05, amigransa@cantv.net).
Las organizaciones afirmaron que, a lo largo de las últimas décadas, presenciaron “diversos operativos espasmódicos para eliminar la actividad minera artesanal, llamada de ‘garimpeiros’, y de una que otra actividad de ‘chupadora y balsa’, responsables de contaminación y deforestación, mas no la de grandes compañías mineras nacionales y transnacionales responsables de las grandes deforestaciones, contaminación por mercurio y cianuro, y de una deuda ecológica que aun hoy no han asumido sus acreedores. Sin embargo la efectividad de estos operativos ha sido limitada debido a que, después de días o meses de finalizados, toda la actividad minera reaparece […] El incremento de la actividad minera (artesanal, de mediana o de gran minería) expresamente prohibida en los decretos de protección, extracción que se realiza tanto en ríos, como en sabana y bosques, dañando y contaminando los suelos, aguas y aire por igual” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
En este sentido, las organizaciones signatarias de este comunicado observan con cautela el reciente anuncio hecho por el Ejecutivo Nacional de organizar a los pequeños mineros en cooperativas para seguir la explotación (“no se conoce si en la misma Cuenca del río Caroní o en la del río Cuyuni, en la Reserva Forestal de Imataca”) u ofrecerles otras opciones de trabajo diferentes a la minería, en el marco de la Misión Piar, creada en octubre de 2002 para el desarrollo sustentable de la comunidades mineras y así dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros.
Acotan las organizaciones que tienen conocimiento de que, a través de estos operativos “se han retirado muchos mineros artesanales y medianos de la Cuenca del Caroní, sin embargo tal retiro fue rápidamente suspendido, y se iniciaron una serie de negociaciones entre las cuales se contemplan la formación de cooperativas mineras y no mineras y el cambio de actividad a través de la figura de ‘reconversión’" (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
Igualmente destacaron que en septiembre de este año, Jacqueline Faría, titular del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), anunció “que todos los contratos y concesiones mineras serían revisados con el fin de sanear la Cuenca del Caroní, ‘conservar los ríos y conservar los bosques para legar un planeta vivo para las generaciones futuras’. En el mismo mes el Presidente de la República anunció que revocaría las concesiones y contratos mineros en todo el Edo. Bolívar” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
A pesar de estos anuncios, las organizaciones señalaron que tenían conocimiento de que “justamente en el mes de septiembre del año en curso una serie de camiones modelo 750 pasaron por la carretera Santa Elena de Uairen-Icabarú cargados de maquinarias mineras que se dirigían supuestamente a la parcela Trompa (en Icabarú) que sería explotada por una compañía panameña y que la actividad minera había retomado nuevo impulso y los ríos se veían todos revueltos” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.). Estas parcelas mineras otorgadas bajo el régimen de concesión o contrato por el Estado en la Cuenca Alta de los ríos Caroní y Paragua, se encuentran en zonas ambientalmente protegidas.
Por lo tanto, consideran que es imperativo “que se informe a los venezolanos, si […] además de eliminar la pequeña minería en la Cuenca se revocarán las concesiones y contratos mineros otorgados en esa [zona], inclusive las anunciadas por el Presidente de la República en las parcelas Pamina e Isabel en noviembre de 2002” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
Las organizaciones consideran “necesario cumplir con las promesas de reconversión hacia actividades sostenibles y la significación que esto tiene para las familias de los pequeños mineros, pues según recientes declaraciones a la prensa de los pequeños mineros de San Vicente de Paúl, en La Paragua, Edo. Bolívar, éstos ‘desconfían en el proceso de reconversión laboral anunciado por el alto Gobierno, asegurando que el antecedente de las promesas no cumplidas les permite creer que no será tan fácil obtener los créditos y glorias que anuncia la ley ofrecida para la población minera’” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
En opinión de las organizaciones “el cambio de actividad económica de los mineros y su respectiva inserción en otras fuentes económicas (la reconversión sugerida) sería importante apoyar experiencias de actividades que vienen dándose en la zona y tomar ejemplo de esos proyectos […] Las comunidades no mineras (criollas e indígenas), de la Zona Fronteriza sur del Edo. Bolívar, entre ellas El Paují, y organizaciones ambientalistas, han implementado proyectos económicos a pequeña escala, amigables con la naturaleza, de manera de desarrollar actividades que les permitan permanecer en el área y mantener una calidad de vida sin dañar el ecosistema, preservar los ríos, bosques y, en muchos casos, recuperar micro-cuencas y zonas degradadas. Igualmente contribuir a preservar la cultura indígena su cosmovisión, usos y costumbres tradicionales” (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).
La Cuenca Alta del río Caroní, junto con la Cuenca Alta del río Paragua ocupa una extensión de unos 47.500 km2 y están ubicadas geológicamente en el Macizo Guayanés al sur de Venezuela. Las características más importantes de esta zona son su fragilidad ecológica, sus bosques y su riqueza en agua dulce. Estratégicamente hablando, esta cuenca cumple una doble función: por un lado es un área de suma importancia ya que es cuenca de aguas seguras, todas las nacientes se encuentran dentro de los límites de Venezuela y, la producción de agua hace posible la generación de electricidad para más de un 73% de la población del país a través de la Represa Hidroeléctrica de Guri. Por otro lado es reservorio de agua dulce del planeta (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).

Subir
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la vivienda

- Garantizar, brindando los recursos adecuados y el debido apoyo interinstitucional, que el nuevo Ministerio de la Vivienda y Hábitat, así como la Misión Vivienda, logren una incidencia sustantiva para solventar, a corto, mediano y largo plazo, los problemas de orden institucional, flujo de recursos, coordinación y ejecución, que caracterizan la problemática del sector público de vivienda.
- Abordar y definir estrategias que, desde el Ministerio de Vivienda y otros despachos vinculados y de manera conjunta con las diversas organizaciones sociales, solventen los obstáculos institucionales producto de la descoordinación interinstitucional y los recelos que persisten en cuanto al ejercicio de participación social en la gestión pública.
- Adoptar las medidas necesarias para atender apropiadamente las denuncias y demandas relativas a: reubicaciones inadecuadas, problemas en la calidad de las viviendas otorgadas, presuntos ilícitos en los procesos de adjudicaciones, retrasos crónicos en los complejos habitacionales iniciados años atrás y negligencia de las instituciones frente a las malas practicas de terceros que construyen viviendas con fondos del sector público.
- Profundizar, dar continuidad y difundir el diagnóstico que sobre el déficit habitacional y la gestión en el sector público de vivienda realizó el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), para el Plan de Vivienda Anual 2003.
- Garantizar que todos los organismos de vivienda, nacionales, regionales y locales, presenten en forma precisa, coherente y auditable los resultados de la ejecución de los recursos provenientes de los fondos públicos de vivienda. Asimismo, se debe procurar que los organismos estén en capacidad de hacer seguimiento de su desempeño y que cuenten con las herramientas requeridas para ello.
- Garantizar que Tesorería Nacional actualice las transferencias de los recursos correspondientes al Fondo de Aporte del Sector Público (FASP), que se adeudan desde el año 2001; y en ese sentido, aplique las medidas necesarias para lograr un flujo adecuado de las asignaciones correspondientes, de manera que no se comprometa la ejecución de los organismos de vivienda.
- Sostener e incrementar la cobertura de agua potable, estimada en más del 90% de la población venezolana; que cumple con la Meta del Milenio N° 7 de Naciones Unidas relativa a la reducción a la mitad de la proporción de personas sin acceso a agua potable, para el 2015.
- Detener la practica de los desalojos forzados como medida aplicada por los gobiernos regionales frente a la ocurrencia de ocupaciones ilegales. Antes de recurrir a esta medida extrema y de último recurso, las autoridades están en la obligación de agotar los canales de negociación, el estudio y presentación de alternativas de vivienda y el acceso a recursos judiciales de las partes. Asimismo, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar reubicaciones acordes a las garantías del derecho humano a una vivienda adecuada (Provea, 26.09.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).


Subir
 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Recientes estrategias de exigibilidad del Movimiento GLBT venezolano

El pasado 30.08.05 un grupo de representantes de las organizaciones Unión Afirmativa de Venezuela,  Amazonas de Venezuela, Colectivo de Lesbianas Feministas y Alianza Lambda de Venezuela presentaron al Cabildo Metropolitano de Caracas una propuesta de artículo sobre no discriminación para ser incorporado en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana actualmente en discusión.
Las organizaciones plantean el texto siguiente: “No se permitirá la discriminación basada en el sexo, la raza, la orientación sexual o identidad de género ni las restricciones o limitaciones en el acceso a los espacios y servicios públicos fundadas en estos motivos. Tampoco se permite el cobro de tarifas diferenciadas basado en cualquiera de estos criterios.
Quienes transgredan este artículo serán penados con el pago de una multa equivalente a ... unidades tributarias [Un monto suficiente como para generar el efecto disuasivo buscado]".
Todas las autoridades competentes del Área Metropolitana de Caracas tienen la obligación de tramitar las denuncias de los actos violatorios del artículo precedente” (Unión Afirmativa de Venezuela, 30.08.05, unionafirmativa@hotmail.com).
En su fundamentación, las organizaciones advierten que esta iniciativa se basa en la considerable cantidad “de denuncias que denotan los abusos, malos tratos y discriminaciones a que están sometidas las personas homosexuales en el Área Metropolitana de Caracas, solo debido a su condición (orientación sexual o identidad de género), en circunstancias en las que personas heterosexuales no son en absoluto molestadas” (Unión Afirmativa de Venezuela, Ídem.). 
Tras calificar este trato como inconstitucional, las organizaciones señalaron que los abusos referidos “consisten en detenciones arbitrarias, amenazas, tratos crueles y degradantes, allanamientos ilegales a sitios de reunión, trato discriminatorio y restrictivo del ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, y aún la expulsión de centros comerciales y otros sitios de reunión pública, sin el menor sustento legal” (Unión Afirmativa de Venezuela, Ídem.).
Advirtieron que “con este trato indebido se le niega a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros y transexuales el mínimo sentido de igualdad que le es reconocida al resto de las personas en forma automática” (Unión Afirmativa de Venezuela, Ídem.).
Agregaron que “el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión son considerados actualmente por el Derecho como los 2 derechos fundamentales que le dan sentido y pueden realmente hacer efectiva la protección de los derechos individuales por parte del Estado. Sin el reconocimiento y la protección pública de estos derechos, se hacen impracticables los principios de la libertad e igualdad (que incluye la igualdad ante la ley y el trato igual, no discriminatorio, del Estado). Luego, para que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos, el Estado debe abstenerse de actuar en las situaciones donde no encuentra que las acciones de las personas resulten lesivas a terceros. Reiteramos que en el marco jurídico nacional no existe disposición alguna que sirva para limitar la libertad y la igualdad de las personas homosexuales” (Unión Afirmativa de Venezuela, Ídem.).
Las organizaciones, finalmente, esperan que la decisión de incorporar esta propuesta sea favorable a los derechos de las personas homosexuales y transexuales que hacen vida en Caracas.
Por otra parte,
desde el pasado 05.10.05, Unión Afirmativa de Venezuela convocó a las personas y organizaciones interesadas a apoyar la solicitud de interpretación de los artículos 21 y 77 de la Constitución, que introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 07.10.03 (ver edición Nº 127 de este boletín en sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_127.htm#10).
Para este fin, la organización de derechos humanos sugiere a los/as interesados/as acudir en compañía de un abogado para adherirse a la petición, antes del próximo 20.10.05 (El Nacional, 14.10.05, pág. B/22).

Dicha adhesión deben hacerse ante la Sala Constitucional del TSJ. El caso está en manos del magistrado Pedro Rondón Haaz, quien a partir de ayer tiene 5 días hábiles para recibir las adhesiones (Últimas Noticias, 14.10.05, pág. 2).


Subir
 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Derechos de la mujer, entre estancamientos y avances legislativos

A propósito de la celebración, el pasado 28.09.05, del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, Magdalena Valdivieso, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM), aseguró que, a pesar que desde diciembre de 2004 el movimiento de mujeres presentó propuestas (ver edición Nº 157 de este boletín en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_157.htm) para la despenalización del aborto en el Código Penal (CP), “no hubo voluntad política en la mayoría que compone la Asamblea Nacional para darle, al menos un avance […] No se termina de entender o no se quiere entender que el aborto practicado de manera clandestina es un gran negocio, que además implica la muerte o daños graves para la salud de las mujeres que recurren a él en situaciones extremas” (El Nacional, 28.09.05, pág. B/15).
La fuente recordó que voceras de todas las tendencias partidistas e ideológicas de Venezuela, agrupadas en 40 organizaciones, demandaron que la interrupción del embarazo deje de considerarse delito. Al respecto,  Valdivieso recalcó que “ninguna mujer se embaraza para abortar; es una decisión difícil, que hoy la toman las mujeres más pobres en solitario, quienes se practican el aborto con medios primarios. Estamos luchando para que disminuya el número de abortos en el país, para que esté regulado, se practique por determinadas causas y en condiciones de seguridad. Siempre visto como un derecho que las mujeres ejercerán de acuerdo con sus situaciones” (El Nacional, Ídem.).
Agregó Valdivieso que seguirán “luchando para que el Estado asuma la responsabilidad que tiene ante un grave problema de salud pública que no se enfrenta con monsergas morales ni con frases tales como ‘yo no estoy de acuerdo con el aborto’” (El Nacional, Ídem.).
En otro orden de ideas, Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, anunció su decisión de revocar el recurso de nulidad que había interpuesto contra las medidas cautelares establecidas por la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia (LVCMF) (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.09.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=20883&lee=9).
La información fue suministrada por María León, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), quien añadió que el Fiscal General le participó su decisión, tras entender “que fue un error la solicitud de nulidad de los artículos de la ley referidos a las medidas cautelares contra los agresores de las mujeres" (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).
La fuente recordó que la acción legal intentada por el Ministerio Público (MP) en 2004, planteaba que 4 artículos de la  LVCMF, sancionada el 19.08.98, violan los derechos humanos a la libertad personal, a la defensa y al debido proceso. El MP condenaba la posibilidad de que las autoridades administrativas dictaran decisiones de privación de libertad sin estar bajo los supuestos de flagrancia y sin intervención de agentes judiciales. Además, el MP alegaba que existía contradicción entre la pena establecida en la LVCMF y la que específica el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
León aseguró que la rectificación del MP se logró gracias al trabajo desarrollado por la comisión que reunió a representantes del MP y de INAMUJER para tratar el tema.
La presidenta de INAMUJER valora la decisión de Rodríguez, pues a su juicio “el intento de nulidad había dejado en estado de indefensión a las mujeres, pues los administradores de justicia temían aplicar las medidas cautelares debido a la demanda del MP” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).  

Subir
 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Culminado Proyecto de Convención Contra la Desaparición Forzada

L
a Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), informó que el pasado 22.09.05, el Grupo de Trabajo Intersesional a cargo de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, ha adoptado un Proyecto de Convención Internacional, luego de 3 años de trabajo (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 27.09.05, fedefamorg@cantv.net).
Recordó FEDEFAM que fue en 1983 cuando presentó un Proyecto de Convención que tipifique la Desaparición Forzada como un delito de lesa humanidad. Desde esa fecha, no ha sido fácil la tarea de convencer a los Estados, e inclusive a algunas organizaciones de derechos humanos, de la necesidad de contar con una Convención: “el primer paso se dio al elaborar la Declaración de Protección a Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1992. Otro paso fue la aprobación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en junio de 1994” (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ídem.).
Explicó Loyola Guzmán, vocal de Relaciones Internacionales de la organización que el Proyecto de Convención aprobada contiene como elementos centrales los siguientes puntos: la práctica masiva y sistemática de desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, la responsabilidad del Estado en la comisión de este delito, los derechos de las víctimas, la situación de los niños desaparecidos o apropiados, el derecho a la verdad, a la justicia y a la información. Por otra parte se conforma un órgano de seguimiento propio: un Comité autónomo que hará el seguimiento del cumplimiento de la Convención (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ídem.).
El siguiente paso será que otras instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de la ONU, aprueben este Proyecto de Convención.
Añadió la fuente que “FEDEFAM en forma conjunta y coordinada con la Federación Asiática Contra las Desapariciones Forzadas (AFAD), los Familiares de Desaparecidos Forzados en Filipinas (FIND) y la Asociación de Familiares de Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) participó en todas las reuniones del Grupo de Trabajo Intersesional llevando la voz de los desparecidos y de sus familiares” (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ídem.).
Finalmente, destacó que “el proyecto es resultado del trabajo conjunto de los familiares, de organizaciones no gubernamentales, pero hay que destacar el trabajo consciente de numerosos Estados que tomaron conciencia de la gravedad del delito de desaparición forzada y decidieron además de dar una respuesta jurídica, un mensaje político que esperamos desaliente a quienes quisieran aplicar esta práctica tan cruel que es la Desaparición Forzada” (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ídem.).


Subir
 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Violaciones de derechos humanos en décadas del ’60, ’70 y ’80. Ejecutivo Nacional advirtió que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles

José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República, solicitó "’abrir de una vez por todas los archivos de los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado’ para que se esclarezcan los casos de desapariciones y crímenes cometidos en la 4ta. República” (Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 28.09.05, boletines@vicepresidencia.gov.ve).
Tales declaraciones las efectuó el alto funcionario en el marco del acto de la presentación del libro La Desaparición Forzada en Venezuela 1960-1969 cuyo autor es Agustín Arzola Castellanos.
Precisó Rangel que “la moratoria en esa manera conspira, no solamente con la memoria de los desaparecidos de la década del ‘60 sino contra la plena vigencia del Estado de Derecho en la 5ta. República. Hay que ir a las fuentes, hay que remover los expedientes que están en los tribunales. Tiene que haber un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre esta materia, porque es necesario armonizar esta iniciativa extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN), como expresión de la voluntad popular, con las actuaciones del TSJ y del Poder Ejecutivo. En este sentido, yo me atrevo a comprometer la palabra del Jefe de Estado, quien represento en este acto, de que vamos a ir al fondo en esta investigación" (Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
En este sentido, instó a seguir los ejemplos de Chile, Argentina y Uruguay, países en los que se están condenando a responsables de desapariciones por motivos políticos: "yo aspiro que si nosotros miramos al sur y para nosotros el sur es el norte ahora, copiemos también la experiencia del sur en honor a la memoria y al Estado de Derecho real en el cual queremos vivir todos los venezolanos" (Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
Admitió que "el Estado de Derecho y el Estado venezolano está en mora con las víctimas de la represión de la Cuarta república, particularmente con los desaparecidos, con los familiares de los desaparecidos. La institucionalidad del país se resiente permanente de una u otra manera mientras no se selle a través de la justicia el pacto tácito que debe existir en una sociedad de respetar valores fundamentales” (Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
En ese sentido aseguró que “los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no prescriben jamás, eso está en los tratados internacionales" (Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Ídem.).
Estos señalamientos fueron reiterados en el acto de conmemoración del 23° aniversario de la Masacre de Cantaura, ocasión en la que señaló “que los ex presidentes de la República, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi deberán dar cuenta por los casos de desapariciones forzadas, torturas y demás violaciones de derechos humanos que se produjeron durante sus gestiones de gobierno” (Últimas Noticias, 07.10.05, pág. 19).
La posición de Rangel se corresponde con la designación de la Comisión Especial para investigar las muertes, torturas y desapariciones de los años '60, '70 y '80, la cual inició los procedimientos legales para exigir la desclasificación de los expedientes y archivos de los cuerpos policiales, que serán evaluados por un equipo especializado en criminalística y derecho penal, para determinar responsabilidades en la muerte y desaparición de más de 1.000 personas por razones políticas en esas décadas (ver edición Nº 159 de este boletín en el sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_159.htm#20).

Subir
 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Agentes de seguridad presidencial violan derechos humanos en ceremonia pública

El pasado 19.09.05, en la sede del diario de circulación nacional Últimas Noticias (UN) se presentó un hecho que fue calificado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) como un perjuicio grave a la libertad de expresión y las garantías para el ejercicio del periodismo libre y sin censura (Apalancar, 29.09.05,
http://www.apalancar.org/noticias/detalle.asp?tipo=1&id_documento=4184).
Los acontecimientos se desarrollaron en el marco de una ceremonia pública realizada en el Panteón Nacional, que colinda con la sede de dicho medio de información. Al final del acto protocolar y tras la salida del recinto del Primer Mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, “un efectivo uniformado halaba por los cabellos a una mujer cercana a los 40 años, que intentaba acercarse al primer mandatario para hacerle solicitudes. Una niña la acompañaba y ‘hombres de negro’ la tomaron por la cintura, mientras ella se resistía” (Últimas Noticias, 02.10.05, pág. 42).
De estos eventos fueron testigos algunos trabajadores del diario que presenciaron los hechos desde sus sitios de trabajo. Entre ellos los reporteros gráficos Jesús Contreras, César PALACIOS y Esso ÁLVAREZ, este último jefe del departamento de Fotografía de UN.
Con su cámara fotográfica Contreras registró el llanto de la mujer y la niña, después de la agresión: “le dieron patadas a la niña cuando se les soltó, arremetieron violentamente para sacarlas a ella, y creo que a la mamá, del cerco de seguridad” (Últimas Noticias, Ídem.).
También Palacios y Álvarez capturaron los hechos con sus cámaras, en momentos diferentes de la agresión. De esto se percataron funcionarios de Casa Militar, quienes enviaron al sargento Segundo Moncada en compañía de otros 3 efectivos militares con la orden de buscar al fotógrafo y la película que captó los hechos (Últimas Noticias, Ídem.).
Con este fin ingresó la delegación castrence a la sede de UN, en donde ordenaron a Álvarez la entrega de la película y del fotógrafo. El jefe del departamento de Fotografía del diario explica que “aunque no hubo violencia ni una amenaza directa, él se sintió intimidado por la presencia de los 4 verdes ‘y sus intenciones de llevarse detenido al fotógrafo y al equipo. Entonces les dije que no se llevaban ninguna de las 2 solicitudes y que yo asumía la responsabilidad del departamento. Les di mi tarjeta de presentación y les anoté mi número de cédula. También les dije que si tenían que llevarse a alguien sería a mí’. No obstante, puso en práctica lo que él ha denominado su ‘estrategia’, esa que pensó desde que se disparó el flash. ‘Yo hice una gráfica con mi cámara en el mismo momento que la hizo Palacios y la tenía como registro, entonces cuando el comandante insistió yo le mostré las dos fotos que había hecho Palacios y les dije: no hay ningún problema, vea las fotos que sólo hay gente en la plaza, si quiere las borro... ¡ya está’ y desaparecieron las fotos. La acción dejó satisfecho al sargento, quien se despidió ‘amablemente’” (Últimas Noticias, Ídem.).
Por su parte, Eleazar Díaz Rangel, director del diario, expresó a los responsables del procedimiento lo inadecuado del mismo, por lo que debía ser suspendido, una petición que no fue escuchada.
Conviene destacar que las acciones practicadas por los agentes de seguridad a cargo de la seguridad del presidente Chávez Frías se enmarcan en una violación a la integridad personal de la presunta mujer y a los derechos de la niña agredida, así como también representan un abuso de autoridad y a la libertad de expresión de los reporteros gráficos que, a través del ejercicio de su profesión, buscaron registrar un suceso a todas vistas condenable. Ambos escenarios o momentos corresponden a una violación de los derechos humanos que debe ser investigada y sancionada de acuerdo a las leyes correspondientes.


Subir
 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Especialistas en derecho de las personas detenidas y encarceladas rechazaron incorporación de componente castrense como custodias en centros penitenciarios

En opinión del criminólogo Elio Gómez Grillo, la propuesta de formar a un grupo de 2.500 reservistas como custodias en los 30 penales del país planteada por Francisca García, directora del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC), “puede convertir las cárceles en un verdadero campo de batalla, en un doloroso remedo de guerra civil, esta vez intracarcelaria” (Últimas Noticias, 09.09.05, pág. 28).
Al respecto, Gómez Grillo recordó que está consagrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que el personal penitenciario no debe ser ni militar ni policial, porque la función de la cárcel es de tipo reeducativo y no represivo: “el militar está formado para reprimir y no para educar” (Últimas Noticias, Ídem.).
Agregó Gómez Grillo que en algunos países como Francia y Cuba el funcionario penitenciario más importante es el educador: “de modo que al llevar el reservista a las cárceles y consecuentemente militarizarlas, se estaría incurriendo en un grave, gravísimo error” (Últimas Noticias, Ídem.).
La propuesta de García coincide con las modificaciones que la dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) le esta haciendo al proyecto de Ley de Régimen Penitenciario.  El Tcnel. Erling Rojas Castillo, director de esta instancia explicó “que esta propuesta fue planteada en el seno castrense, contando con gran apoyo dentro del mismo. En lo que respecta al ministerio del Interior y Justicia, a través de la dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, esta más que una propuesta es una realidad. De hecho actualmente estamos trabajando, aunadamente con el Instituto Universitario de Policía Científica, IUPOLCI, en el programa de formación técnica que les será impartido a este contingente” (Gobierno en Línea, 06.09.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=39912).
Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), también reaccionó contra estas propuestas. Señaló que dichos planes no se justifican porque ya existe el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, único en Latinoamérica especializado para formar custodios de las cárceles. Agregó que el instituto ha graduado más de 470 jóvenes en seguridad, gerencia, administración y tratamiento, que son los cuatros pilares del sistema penitenciario, Sin embargo,  “ni siquiera el 8% están trabajando” (Últimas Noticias, Op. cit.).
Junto con Gómez Grillo, Prado explicó que el derecho internacional consuetudinario pautado desde la ONU obliga al Estado a cumplir con los parámetros, aunque las normas no forman parte de un reglamento (El Universal, 06.09.05,  http://www.eluniversal.com/2005/09/06/ccs_art_06482F.shtml).
Según cifras del OVP, en el país existen 19.647 reclusos que son atendidos por apenas 1.200 custodios, siendo que los estándares internaciones estipulan 1 guardián por cada 10 presos. “Es decir, se necesitan alrededor de 4.000 custodios” (Últimas Noticias, Op. cit.).


Subir
 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Política exterior mantiene punto de vista retrógrado de las instancias de protección de los derechos humanos

Según una fuente periodística, María Auxiliadora Monagas, Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional (AEDHSII), “considera que las medidas cautelares acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son simples recomendaciones sin carácter vinculante” (El Universal, 29.09.05, pág. 1/6).
Explicó la funcionaria que "tenemos el artículo 23, el 81, el 82, el 83, el 84, el 85, el 86 y el 118 que garantizan la protección a las víctimas. No tenemos por qué recibir instrucciones ni recomendaciones de la CIDH para darle protección a estos sujetos. Las medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sí tienen carácter obligatorio; las otras son simples recomendaciones. Tenemos una Constitución que garantiza los derechos humanos y no tenemos necesidad de que se nos impongan medidas cautelares, ya que el Estado cuenta con recursos para brindar la protección" (El Universal, Ídem.)
Con respecto a las medidas provisionales adoptadas por la Corte IDH, agregó que “se trata de medidas que deben ser implementadas urgentemente, sin mayores trabas burocráticas. Los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos han acumulado una amplia experiencia sobre la materia y está claro que las demoras pueden generar daños irreparables” (El Universal, Ídem.).
Monagas señaló que el despacho a su cargo hace lo posible para colaborar con el Ministerio Público (MP), a quien le corresponde dar respuesta a las solicitudes de medidas de protección. Sin embargo, tampoco dejó de reconocer la insuficiencia de recursos materiales y humanos para atender las demandas de la población, señaladas por el Fiscal General Isaías Rodríguez (El Universal, Ídem.).
Monagas recordó que actualmente existen 7 medidas provisionales dictadas por la Corte IDH en favor de Liliana Ortega y otros miembros del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, personal de las emisoras de televisión Globovisión, Radio Caracas Televisión (RCTV), personal de los diarios El Nacional y Así es La Noticia, la periodista Martha Colomina y los/as integrantes de la familia Barrios. Añadió que la adopción de estas medidas por parte del Estado venezolano se ejecuta “a través de una brigada especial" (El Universal, Ídem.).
Con respecto a la política de desconocimiento a las medidas dictadas por la CIDH que Monagas explicitó en esta entrevista y que forma parte de un programa sostenido por distintas instancias de la política exterior venezolana (ver edición Nº 132 de este boletín en sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_132.htm#02), Provea considera necesario subrayar que tales medidas se tratan de solicitudes a los Estados formuladas por un órgano convencional de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). El artículo 33 de la Convención señala: “Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Los Estados Partes tienen el deber de “adoptar medidas” (artículo 2 de la Convención) para hacer efectivos los derechos garantizados por la Convención. Una de estas medidas generales, y así debe ser interpretado según el Principio de Buena Fe (establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), es el cumplimiento de las cautelares emitidas por un órgano convencional. 
Con esta aclaratoria, Provea invita a las autoridades estatales a cargo de la política internacional venezolana a recapacitar y restituirle la importancia que las medidas y opiniones de un órgano como la CIDH poseen. Más allá de destacar la falta de rango jurisdiccional de la CIDH, de que las medidas cautelares no figuren explícitamente en el Pacto de San José o de los errores que la CIDH pueda cometer en la emisión de medidas cautelares o en la ausencia de éstas en casos donde se requerían, es importante preservar su actuación, porque en ella está contenida una importante instancia potencialmente preventiva de violaciones de derechos humanos.  Lo contrario es mantener un punto de vista retrógrado del derecho internacional y de sus instancias de protección de los derechos humanos. Además de representar una clara vulneración del artículo 31 de la Constitución, que contempla el derecho de toda persona, “en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.


Subir
 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la justicia

- Intensificar el proceso de reforma integral del sistema de administración de justicia para garantizar el acceso de la ciudadanía a los órganos de administración de justicia, la aplicación justa de la ley, la transparencia y celeridad en los procesos y la independencia del Poder Judicial. En este proceso de reforma deben respetarse los principios de independencia y colaboración entre los Poderes Públicos.
- Garantizar la más amplia participación ciudadana y de los actores que intervienen en la administración de justicia en el proceso de reforma judicial.
- Realizar una evaluación de la reforma judicial adelantada en los últimos 10 años con ayuda de organizaciones multilaterales, garantizando la participación de las organizaciones sociales interesadas, de los gremios de abogados, jueces, fiscales y defensores públicos.
- Asegurar el respeto de los principios constitucionales y legales destinados a garantizar la independencia del Poder Judicial en áreas tales como asignación presupuestaria y realización de concursos públicos de oposición para la provisión de jueces titulares.
- Desclasificar los expedientes procesados en la Justicia Militar, clasificados como secretos, relacionados con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos; en especial los casos de personas desaparecidas o muertas en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ocurridas en los años 60, 70 y 80.
- Asegurar que en razón del derecho de los familiares a conocer la verdad de los hechos ocurridos en El Amparo en 1988, se investigue en jurisdicción ordinaria la posible responsabilidad de funcionarios del Estado sobre los cuales no hay decisión definitivamente firme, y se establezca la responsabilidad intelectual, toda vez que al no sancionar a los responsables de aquellos hechos, el Estado está en mora con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 14.09.96.
- Asegurar la efectiva vigencia de la justicia en otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado: los sucesos de febrero-marzo de 1989, la represión de los intentos golpistas de febrero y noviembre de 1992, las muertes en manifestaciones desde 1989 hasta el presente, las masacres ocurridas en establecimientos penitenciarios, las ejecuciones de los denominados “grupos de exterminio”, así como las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del frustrado Golpe de Estado de abril de 2002, entre otros.
- Garantizar que las víctimas de violaciones los derechos humanos y/o sus familiares sean indemnizadas y reciban rehabilitación hasta su total recuperación.
- Aumentar el número de Defensores Públicos de Presos, con nombramientos de titulares escogidos por concurso público de oposición, con la finalidad de agilizar y garantizar una defensa efectiva y certera.
- Garantizar que en la reforma al Código de Justicia Militar se desarrolle el mandato constitucional de que los tribunales militares sólo son competentes para juzgar delitos de naturaleza militar y quede claramente establecido su incompetencia para juzgar civiles. Igualmente deberá promoverse una amplia participación social en el debate sobre esa reforma.
- Adoptar medidas adecuadas y urgentes para corregir las fallas en el sistema de administración de justicia penal con relación a la celeridad procesal y designación de escabinos (Provea, 26.09.05,
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/24exigencias.pdf).


Subir
 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Diplomado en derechos humanos  y procesos de democratización del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Por tercer año consecutivo, el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile organiza el Diplomado de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, en conjunto con el International Center for Transitional Justice (ICTJ).
Las organizaciones ofrecen la oportunidad de estudiar temas relacionados con procesos de transición a la democracia y derechos humanos en sociedades afectadas, en el pasado reciente, por regímenes represivos o conflictos armados, así como temas vinculados con el desafío más general de construir sistemas democráticos viables.
Este programa ofrece becas hasta para 20 profesionales de diversas disciplinas (derecho, periodismo, educación, trabajo social, entre otras), cuyo trabajo o actividades actuales demuestren su capacidad de defender y promover los derechos humanos o de influir en la construcción de sociedades democráticas más justas, abiertas y pacíficas en sus países de origen.
El programa se realizará entre el 13.03 y el 28.07.06 y consistirá en actividades docentes y académicas en Santiago de Chile (2 semanas al comienzo y 1 semana al final del curso) y clases online (17 semanas). Otorgará un Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a quienes cumplan satisfactoriamente con el programa de estudios.
Las postulaciones estarán abiertas hasta las 17:00 horas del día viernes 09.12.05.
Para más información, véase la sección Postgrado del sitio web del CDH: http://www.cdh.uchile.cl o envíe un correo-e a postucdh@derecho.uchile.cl.


Subir
 
ARTÍCULOS
Son derechos:
"FONDUR incumple"


"
Provea ha recibido innumerables denuncias de adjudicatarios de contratos de promesas de compraventa celebrados con el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR), por inmuebles de interés social ubicados en Ciudad Miranda y Casarapa.
Las denuncias coinciden en señalar la existencia de dobles y triples adjudicaciones de un mismo apartamento a distintas personas, que han pagado su inicial e incluso cuotas del crédito, y hasta cuotas de condominio del inmueble adjudicado. En algunos casos, FONDUR rescindió el contrato al primer adjudicatario, sin dar mayores explicaciones.
FONDUR no puede actuar arbitrariamente, sus actuaciones se encuentran limitadas siempre por lo establecido en la Constitución, y  las leyes. Si bien, en algunos casos  puede resolver un contrato  sin llevar a cabo un proceso judicial que declare dicha resolución, siempre debe notificar a la parte afectada, de forma tal que esta tenga la posibilidad de ejercer los recursos que correspondan, en donde pueda presentar sus defensas y alegatos, tales como que la resolución no obedece a las causas expresadas en el contrato, ya que toda persona tiene derecho al debido procedimiento administrativo de acuerdo a la Constitución"
(Provea,  13.10.05, son@derechos.org.ve).

Subir
 

ARTÍCULOS
Son derechos:
"Educar en derechos humanos"

"Educación en derechos humanos (EDH), es un conjunto de actividades de capacitación y difusión de información orientadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos, mediante la transmisión de conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes.
Son objetivos de la EDH: fortalecer el respeto de los derechos humanos; desarrollar la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano; promover la igualdad entre los sexos y la amistad entre las naciones, los pueblos indígenas y los grupos raciales; facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática en la que impere el Estado de derecho; fomentar y mantener la paz; y, promover un desarrollo ambientalmente sostenible centrado en las personas y la justicia.
Algunas organizaciones de derechos humanos impulsamos la propuesta de legislar en materia de EDH, entregando a la Asamblea Nacional una serie de propuestas sobre este tema para que sean consideradas e incorporadas en la Ley Orgánica de Educación aún en discusión. Igualmente esperamos la prometida aprobación de un Decreto Presidencial sobre EDH.
De concretarse ambos instrumentos jurídicos estaremos dando un paso adelante muy importante en beneficio de la dignidad y la educación de nuestro pueblo" (Provea, 06.10.05, son@derechos.org.ve).


Subir
 
NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"
Bursatilización de la cartera hipotecaria de vivienda"

Autor: Jesús Verver; Vargas Macías
Año: 2005
Editorial: Casa y Ciudad
Sinopsis:
"El tema bursátil de la cartera hipotecaria de vivienda, se ha planteado como la gran solución al problema habitacional en México.
El presente trabajo propone acercar, de manera sencilla y accesible, a la comprensión de los conceptos básicos de este nuevo planteamiento y práctica de financiamiento para adquirir vivienda. A partir del Derecho a la Vivienda, se van desglosando conceptos y contenidos referentes a lo bursátil, la cartera, la globalización y otros que permitirán entender más fácilmente este fenómeno.
Se incluye también el análisis de un contrato típico para concretar un crédito hipotecario bajo esta modalidad de bursatilización"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).


Subir
 

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"
Observatorio DESC MERCOSUR 2004-2005: Compilación de la legislación de derechos económicos, sociales y culturales en el MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay"


Autor: Soledad Villagra, Compiladora; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2005
Editorial: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Sinopsis:
"Esta investigación está orientada a ofrecer los marcos comparativos entre el estado actual y el avance en la normativa sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de cada uno de los países que integran el MERCOSUR, y a apreciar tanto las experiencias positivas como los vacíos que se deben llenar en el plano legal de la protección de estos derechos.
Se analiza la legislación internacional y nacional vigente en los mismos países del MERCOSUR, presentando la compilación a la fecha de la normativa sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los diferentes países. Al mismo tiempo presenta un repertorio de las leyes vigentes en cada uno de estos derechos, se puntualizan las instituciones que tienen un rol efectivo su exigibilidad"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).
 
Subir
 

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"
Manual de seguimiento. Derechos económicos, sociales y culturales: aportes de los organismos civiles"


Autor: Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia
Editorial: Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia
Sinopsis:
"Este manual aporta elementos básicos para el desarrollo de métodos, tales como comprender la naturaleza de los derechos, delimitación mínima esencial de cada derecho e identificación de obligaciones generales que cada estado asume al reconocerlos mediante la adhesión a pactos y convenios internacionales, revisión del marco jurídico nacional para determinar las obligaciones específicas en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), construcción de indicadores para evaluar el cumplimiento e incumplimiento de la realización de cada derecho. Con el fin de permitir a la ciudadanía y sus organizaciones vigilar el cumplimiento de los DESC, así como la elaboración de estrategias de exigibilidad y justiciabilidad que garanticen estos derechos"
(centrodocumentacion@derechos.org.ve).


Subir
 

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
"
Normas e instrumentos legales sobre armas de fuego, municiones y explosivos"

Autor: Programa de Intercambio Regional de Información sobre Armas de Fuego, Municiones y Explosivos
Año: 2005
Editorial: UN-LIREC
Sinopsis:
"Este trabajo provee información para facilitar la armonización, homologación y el mejoramiento de legislaciones sobre armas de fuego, municiones, explosivos y mecanismos de control en la región
Está dirigido al sector parlamentario, comunidades diplomáticas y fuerzas de orden, así como a defensores de derechos humanos, representantes y miembros de organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, con el fin de encontrar elementos de participación en la implementación de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) 1997, el Reglamento Modelo de la CIADD para el Control del Tráfico Internacional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y Explosivos de 1997 y el Programa de Acción 2001 de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos Sus Aspectos.
Contiene cuadro comparativo de las legislaciones nacionales de los países de América y su relación con el tema. Incluyendo la legislación Venezolana. También en formato de CD" (centrodocumentacion@derechos.org.ve).

Subir
 
DOCUMENTOS
Asamblea de Mujeres: "El cuento de nunca acabar: de nuevo excluidas las mujeres de las listas a la AN"

"La escasa presencia de mujeres en las candidaturas a la Asamblea Nacional, tanto en la lista de los partidos que apoyan al actual gobierno como en la lista de los partidos de la oposición al gobierno, revela la fuerte resistencia de las mayorías masculinas en las directivas de todos los partidos políticos venezolanos para aplicar los principios constitucionales sobre derechos civiles y políticos en su propia militancia.
La reciente exhortación del CNE a postular paritariamente a hombres y mujeres con alternabilidad de lugares en las listas (una mujer, un hombre, una mujer, etc.) no sólo fue ignorada, sino que la cifra de mujeres inscritas como candidatas ni siquiera alcanza el 30 % que establece el artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política vigente. Desde 2000 hasta la actualidad, mujeres de los partidos de la oposición habían denunciado el incumplimiento del art. 144 por parte del CNE y las mayorías masculinas de los partidos, que ---mientras se ocupaban de hacer otro tipo de observaciones al CNE---no se ocupaban de hacer que el CNE hiciera cumplir con la cuota de 30% de mujeres en todas las listas electorales. Ante esa protesta, las mujeres de los partidos que apoyan al gobierno, siempre respondieron que más bien debía sustituirse el art. 144 por otro que garantizara el 50% y 50% con alternabilidad en los puestos, tal como resolvió una reunión de consejos electorales latinoamericanos
y del Caribe en Quito, a la que asistió por Venezuela el entonces presidente del CNE Roberto Ruiz, quien nos comunicó esa resolución en un acto en el mismo CNE.
Sabemos que la presidenta de Inamujer solicitó esa sustitución del art. 144 por otra redacción, pero tal solicitud ha sido 'pospuesta', por no decir engavetada, como suele suceder cada vez que se trata de algo que otorgue más poder político a las mujeres, es decir, que aminore el poder político de los hombres de los cogollos.
Sabemos que se nos acusará –tanto desde el gobierno como desde la oposición-- de darle razones 'al enemigo' por solicitar respeto a la Constitución, al art. 144 y a la exhortación del CNE, pero corremos el riesgo. Finalmente, somos las mujeres las que hacemos la peor parte de todas las campañas electorales y somos la mitad de los votos. Por cierto, no nos eximimos de declarar gran parte de la responsabilidad en las listas finales, por no dar la pelea por nuestros derechos dentro de las organizaciones y antes de que los cogollos masculinos elaboren las listas. De hecho, creemos que tenemos que dar un combate internamente reconocer entre nosotras mismas nuestras valías y no ceder, como se suele hacer, el puesto que nos corresponde por méritos ante el novio, el marido, el padre, el líder no siempre con el mismo mérito nuestro o de la compañera de al lado.
Nadie cede el poder sin dar la pelea por sostenerlo. Eso vale también en las militancias políticas de todo signo. Nadie le va a regalar poder político a las mujeres. Eso es así desde el año 45 y nada ha cambiado en este aspecto particular. Así que hay que conquistar ese poder poco a poco y desde adentro de las organizaciones, para no terminar haciendo comunicados como éste cada vez que la exclusión se ha consumado.
Asamblea de Mujeres reunida el viernes 16 de septiembre de 2005: Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz, Miranda; Colectivo Josefa Joaquina Sánchez, de Vargas; Frente Nacional de Mujeres, AVESA, Colectivo 'Mujer tenía que ser', Inamujer, CEM de la UCV, Área de Estudios de la Mujer de la UCV; siguen" (Asamblea de Mujeres, 21.09.05)

Subir
 
DOCUMENTOS
"Manifiesto Juvenil de Apoyo a la Campaña 28 de Septiembre Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y El Caribe"

"Nosotras, las personas miembras de la Red Latinoamericana y Caribeña de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivo (REDLAC), solidariamente nos adscribimos a la celebración del 28 de septiembre como el Día por la despenalización y legalización del aborto en nuestras regiones, reconociendo que la despenalización y legalización del aborto es una cuestión de justicia social, democracia y derechos humanos en favor de todas las mujeres que día a día se ven forzadas a practicarse abortos riesgosos en la clandestinidad, debido a la hostilidad de nuestros contextos socio culturales y la falta de políticas que promuevan la prevención, educación y la salud integral.
Denunciamos que en el Caribe y en América Latina 1 y 4 millones de adolescentes se practican uno o mas abortos al año y muchas de ellas mueren por consecuencia de complicaciones por abortos mal practicados y/ o practicados en la clandestinidad. El 60% de las mujeres hospitalizadas por complicaciones de abortos, son adolescentes y jóvenes de nuestros países las que tienen secuelas físicas y psicológicas por el resto de su vida debido a los riesgos a los que se comenten al enfrentarse con un aborto con características clandestinas, insalubres e inhumanas.
Es por esto que instamos a los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales principalmente aquellos que destacan el bienestar de la población como un factor crucial para el desarrollo, reconociendo como obligación primordial asegurar la salud de las mujeres.
Llamamos a las y los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe a sumarse a esta campaña, exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales principalmente los de Cairo y Beijing, abrir el debate y denunciar la violación de los derechos fundamentales y la falta de justicia" (Boletín electrónico Campanha28 Septiembre, 30.09.05, campanha28set@flora.org.pe).

Subir
 
DOCUMENTOS
Movimiento ambientalista e indigenista: “Ley Orgánica de Fronteras de Venezuela: atentado contra los parques nacionales y pueblos indígenas”

“La Asamblea Nacional de Venezuela, se encuentra discutiendo un Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras, que de aprobarse significaría la eliminación del Sistema de Parques Nacionales, Monumentos Naturales (Tepuyes), Reservas Forestales, el Hábitat de los Pueblos Indígenas, que en una alta proporción se encuentran ubicados en las fronteras de Venezuela con Brasil, Colombia y Guyana (consideradas las últimas fronteras forestales del planeta).
1 - En la lista de Parques Nacionales y demás áreas protegidas- asiento de diversidad biológica, genética y recursos hídricos, merecen destacarse : el Parque Nacional Parima-Tapirapecó, Parque Nacional La Neblina, Reserva de la Biosfera Alto Orinoco Casiquiare, Parque Nacional Canaima, Reserva Forestal de Imataca, Parque Nacional Cinaruco-Capanaparo (Santos Luzardo), Parque Nacional Sierra de Perijá, Parque Nacional El Tamá, entre otros. En estos sitios viven diversos pueblos y comunidades indígenas tales como Yanomami, Yekuana, Warao, Panare, Wayuú ,Barí, Yucpa.
Bosques tropicales, ríos como el Orinoco tienen su cabecera en el Amazonas (Cerro Delgado Chalbaud - Alto Orinoco, Parque Nacional Delta del Orinoco y Yapacana, por donde han penetrado invasores, mineros y entre ellos Garimpeiros, en distintas oportunidades. También se han promovido estrategias de minería con empresas trasnacionales o por el propio estado venezolano, como la llamada ‘Conquista del Sur’, entre los años 1969-73, lo cual fue denunciado por ambientalistas, indígenas y las universidades, que provocó su paralización.
Venezuela ha declarado la gran mayoría de sus fronteras ecológicas como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, ya que de estos espacios depende del futuro de la nación, razón por la cual la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, contiene un capitulo sobre los derechos ambientales y protege de manera especial estos espacios geográficos.
El Artículo 327 de la Constitución venezolana del 99 (vigente), dice textualmente: ‘la atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la nación; a tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regimenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la Ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial’.

El Preámbulo de la Constitución asume como uno de sus valores ‘la protección de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad’ y el Artículo 127 en encabezamiento establece que ‘es un deber de cada generación proteger el ambiente en beneficio de si misma y del mundo futuro’.
2 - El Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras que promueve la Comisión de Defensa presidida por el Diputado Eddy Ríos esta concebido bajo una concepción totalmente desarrollista y depredador al más puro ejemplo de un capitalismo salvaje, rapaz y antiecológico. Sobre el particular, el Articulo 56 del Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras dice textualmente: ‘a los efectos de esta Ley se endiente por franja productiva fronteriza terrestre y colídante un área delimitada que comprende una extensión del territorio de y demás espacios geográficos, adyacente al limite político territorial de la Republica con el fin de incentivar el desarrollo socioeconómico sostenible y contribuir con el control y vigilancia fronteriza de conformidad con las leyes respectivas’
Se pretende desarrollar una llamada franja de producción fronteriza en los Parques Nacionales de las fronteras, lo cual seria un contra sentido que niega la naturaleza misma de estas áreas protegidas.
El Artículo 53 del citado proyecto ratifica y amplía la concepción desarrollista y ecocida, la cual se puede comprobar al transcribirlo textualmente: ‘con el objeto de contribuir a la seguridad nacional, poblar y desarrollar nuestra frontera y generar trabajos productivos posterior al servicio militar, dentro de la franja de seguridad fronteriza, el ejecutivo nacional por medio de la fuerza armada creará unidades de protección y de seguridad integrado por las reservas’.
La exposición de motivos del proyecto de Ley Orgánica de Fronteras se propone ‘convocar a su doblamiento, impulsado la despoblación de las urbes’; así mismo señala que ‘con la finalidad de proporcionarle a la frontera, la potestad de ser más competitiva con sus países vecinos, integrándola al aparato nacional para profundizar su desarrollo’.
3 - Al referirse a los pueblos indígenas el Artículo 47, el proyecto de Ley llega al paroxismo asimilacionista cuando textualmente dice: ‘los pueblos y comunidades indígenas ubicados en las zonas fronterizas, podrán integrase a las actividades económicas que desarrolle el estado, y gozaran de un trato preferencial en el otorgamiento de créditos agropecuarios y pesqueros, de concesiones minerales y forestales, de tasas especiales de interés, así como la asistencia en estas áreas de trabajo’.
Se parte de falsas premisas como el despoblamiento de estos lugares ocupados por pueblos indígenas con sus formas de organización tradicional y de relaciones especiales con el espacio frágil, se promueve la minería entre los indígenas para convertirlos en garimpeiros criollos, cabezas de playa de trasnacionales, sindicatos mineros, gobernadores, alcaldes, funcionariado sin conciencia ambiental, mafias y grupos irregulares.
4 - Los artículos mencionados constituyen una violación de la Constitución en sus Artículos 119 al 129, así como los Artículos 304 y 327, los convenios internacionales sobre conservación de la diversidad biológica y pueblos indígenas y tribales, de las Naciones Unidas ratificados por la República.
 5 - Advertimos sobre la existencia de planes nocivos contra la soberanía ambiental y territorial en las islas ubicadas en el mar caribe, parte integral de nuestra nación. Es necesario recordar que en el año 2004, funcionarios de Relaciones Interiores (durante la administración Lucas Rincón) otorgaron una concesión por 90 años para un supuesto ‘desarrollo turístico’. El actual Proyecto de Fronteras señala que en las islas del caribe insular podría desarrollarse ‘un Complejo Turístico de Desarrollo Prometedor’ es necesario tener presente que la Constitución en el artículo 305 protege de manera especial a los pescadores artesanales y los caladeros de pesca (zonas naturales de pesca) que se encuentran en peligro de extinción o de merma en todo el planeta. Así mismo los arrecifes de coral como los ubicados en el Parque Nacional Los Roques, sometidos más allá de su capacidad de carga lo cual puede traducirse en daños irreversibles como sucedió en el Parque Nacional Morrocoy. El Gran Caribe debe ser protegido sobre todas las cosas, para la seguridad ambiental y humana de las presentes y futuras generaciones.
De sancionarse este Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras y el Presidente de la Republica, Hugo Chávez aprobarlo, se estaría decretando la muerte de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas de Biosfera, Reservas Forestales, Reservas Hídricas, así como de los propios Pueblos Indígenas.
Hacemos un llamado a los movimientos sociales, ambientales, culturales, universitarios, científicos, indígenas, y a todos los interesados en el destino del país y del planeta para realizar una campaña honesta y sincera para paralizar este proyecto ecocida y potencialmente genocida.
Solicitamos al Presidente Hugo Chávez, ordene la paralización del mismo por el bien de Venezuela y de la humanidad.
Demandamos designar una nueva comisión con participación amplia y transparente para producir un proyecto de Ley apropiado en el marco de artículo 327 de la Constitución.
Caracas. 29 de agosto 2005.
Los firmantes: Alexander Luzardo - Profesor UCV. Ex presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, autor del capítulo ambiental de la Constitución Bolivariana de Venezuela - alexanderluzardon@gmail.com; Francisco Mieres - Economista, Ex Embajador en Rusia, Experto Petrolero; Lusbi Portillo - Profesor LUZ, Sociedad HomoetNatura, Movimiento Defensa Sierra de Perija -homoetnatura@cantv.net; Esteban Emilio Mosonyi - Profesor UCV lingüista, antropólogo; Roland Denis - Filosofo, Ex - Viceministro de planificación y desarrollo; Paulino Nuñez - Filosofo, Generalista, Activista Social - paulinon@cantv.net; Rómulo Muñoz - Músico, ecologista, dirigente social - romunozvil@yahoo.com.ar; Edgard Yerena -Biólogo, Profesor universitario USB; Ana Ponte - Ecologista, educadora; Roberto Leal - Grupo Estudio y Trabajo; Narlis Díaz - Grupo Estudio y Trabajo; Julio León - Pueblo y conciencia; Luisa Arias - Pueblo y conciencia; Migdalia Valdez -Psicóloga clínica, luchadora social; Jessie Blanco -Docente UCV; Víctor Poleo - Ex -Viceministro de Energía, Experto Petrolero, Profesor Postgrado UCV; Alicia García - Ingeniera Electricista, Sociedad Amigos en Defensa de la Gran Sabana; Maria Eugenia Bustamante - Museóloga, licenciada en Arte, Sociedad Amigos en Defensa de la Gran Sabana” (Sociedad Amigos en Defensa de la Gran Sabana, 30.08.05, amigrans@internet.ve).

Subir
 
DOCUMENTOS
"Red Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch: El Plan Estratégico de la Nueva PDVSA: Un nuevo salto al abismo"

"En Venezuela, la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, consecuente con su oposición de muchos años al paradigma hegemónico de los hidrocarburos, depredador corruptor y generador de dependencia, eleva su voz de denuncia y alerta ante los planes de la nueva Apertura petrogasífera - del actual gobierno.
Exige un verdadero debate y consulta nacional sobre dichos planes. Reitera la necesidad de una inmediata moratoria a la explotación de hidrocarburos en zonas ambiental y socialmente vulnerables. Reitera la exigencia de un Proyecto de Estado comprometido resuelta y sinceramente con la transición hacia una Venezuela Postpetrolera.
La vieja gran Apertura
El actual presidente de la República Hugo Chávez Frías como candidato presidencial en 1998 montó en gran parte su campaña a la primera magistratura en una crítica a la llamada 'Apertura Petrolera' del Presidente Rafael Caldera. Por entreguista al Extranjero, por violatoria de la soberanía nacional, por sus graves amenazas o daños al patrimonio ambiental nacional y de muchas poblaciones afectadas directamente por los planes de dicha Apertura, por haber sido decidida en forma “cupular” inconsulta. El entonces candidato Chávez se alimentó a su vez de la lucha de un conjunto de grupos sociales, ecológicos, académicos y políticos que, en, forma denodada y heroica, habían venido denunciando dicha Apertura y oponiéndose a ella desde hacía tiempo. Entre ellos, la Red Alerta Petrolera, que se ha ganado reconocimiento nacional e internacional. La Apertura Petrolera del Gobierno de Caldera pretendía convertir a Venezuela en 'la nueva Arabia Saudita del planeta', elevando la producción a niveles descomunales y garantizándole suministros al mundo, llenando el país de empresas extranjeras, e hipotecando su futuro y autodeterminación.
La faraónica nueva Apertura
En base a los recién anunciados planes petroleros y gasiferos del actual gobierno, es irónico observar cuan parecida a la denunciada Apertura de la IV Republica se ha vuelto la política actual. Se anuncia con Bombos y Platillos que Venezuela posee 'las reservas de petróleo mas grandes del planeta, incluso mayores que las de Arabia Saudita'. Se ponen las mismas 'a disposición de todo el mundo'. Se anuncia una nueva 'invasión' de empresas extranjeras; desde la norteamericana Chevron Texaco (destacada con gran alarde y orgullo en la propaganda oficial, a pesar de sus estrechos lazos con el gobierno de Bush y el juicio que tiene pendiente por los desmanes ambientales en la Amazonia Ecuatoriana) hasta la China Nacional Petroleum Corporation (también muy cuestionada en materia ambiental); así como la constitución de Petrosur, Petrocaribe y Petroandina, las cuales bajo el financiamiento de PDVSA pretenden esparcir el modelo de explotación petrolera en todo el Continente. Se anuncia la duplicación petrolera para el año 2012, hasta unos seis millones de barriles al día; y la duplicación de la capacidad de refinación. Convertir al país en una potencia gasífera. Ofertar 500 mil kilómetros cuadrados de la plataforma marina venezolana a la explotación de petróleo y gas como nueva frontera de explotación. Esta extensión a añadirse a los 570 mil kilómetros cuadrados de tierra firme declarados aptos para la actividad de los hidrocarburos. Sobre estos últimos el Jefe de Estado ha declarado al anunciar el Plan, el pasado 19 de agosto, su intención firme de marchar hasta los confines del territorio: 'las refinerías, los terminales, las instalaciones petroleras, los gasoductos, etc., están en un 99% ubicados en el norte del país y tenemos grandes extensiones de territorio bueno, donde no hay ni una refinería, ni un oleoducto, ni un gasoducto, ni una instalación energética petrolera. Vamonos Venezuela Adentro'.
En este contexto se anuncia la construcción de una gigantesca refinería en las márgenes del río Orinoco, en Cabruta, en pleno centro geográfico del país, a generar un voluminoso tráfico de transporte petrolero por dicho río. La misma mentalidad de conquista desarrollista, reminiscencia de la 'Conquista del Sur' del Gobierno de Caldera, se proyecta para justificar los designios presidenciales de explotación del espacio marino al hablar el Jefe de Estado que ellos permitirán ejercer 'soberanía' en 'la fachada atlántica que se encuentra totalmente abandonada' (!) –ignorando, en típico estilo desarrollista que en la Naturaleza nada esta nunca ocioso o abandonado sino que esta cumpliendo múltiples y valiosas funciones de equilibrio o regulación biótica. Se anuncia asimismo grandes planes de desarrollo para la, ecológicamente y socialmente – por ser sede de pueblos indígenas y pesqueros ancestrales- ultra frágil zona del Delta del Orinoco y Golfo de Paria, incluyendo un gigantesco complejo gasífero-petrolero-petroquímico en Guiria, estado Sucre. Se anuncian hasta Convenios de abastecimientos con países tan remotos como China e India. Para satisfacer todo el mercado planetario, se adquirirá una nueva flota de tanqueros que recorrerá nuestras costas y los mares dejando 'su rastro de petróleo' y aumentando el riesgo de desastres petroleros marinos. Se anuncia un gran gasoducto que atravesaría Venezuela y Colombia para surtir el mercado del Pacifico, Centroamérica y Estados Unidos. Y pare usted de contar!...En un pasmoso parecido con la consigna del Gobierno de Caldera de que 'el cielo era el limite', para marcar la desmesura y ambición de sus respectivos planes.
Las contradicciones
Todo lo anterior al tiempo que se designa a la nueva gran 'Apertura Quinta Republicana' como inspirada en las enseñanzas de Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso, quienes en verdad fueron grandes críticos del derroche y la dependencia petrolera. Al tiempo que el discurso oficial expresa preocupación por el alarmante calentamiento del planeta, la ampliada ola de huracanes producto de éste que asola a países como Cuba y aun a nuestras propias costas; la 'perversa' omisión del Gobierno de Bush de negarse a firmar el Protocolo de Kyoto; males o problemas todos estos directamente relacionados con la explotación de hidrocarburos que el Gobierno Nacional impulsa con tanta dedicación.
Al tiempo que se critica 'el imperialismo del ALCA' por no consultar a los pueblos del Continente - la misma omisión en la que incurre el Plan Estratégico de PDVSA.
Al tiempo que no se hace ninguna referencia en el nuevo mega plan inversionista de 56.000 millones de dólares del saneamiento de la gran Deuda Ambiental de la industria petrolera para con la Nación; que incluye, entre otros aspectos, la devastación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (donde se siguen dando permisos de explotación hoy) así como las miles de fosas llenas de desechos tóxicos, desatendidas a lo largo y ancho de todo el país, así como la contaminación de acuíferos subterráneos. Y el riesgo al medio ambiente que comportarán las nuevas explotaciones en el Delta del Orinoco-Golfo de Paria (desconociendo la oposición de los indígenas Warao y pescadores; el carácter altamente dinámico de dichas aguas; el alto riesgo tectónico de la zona, el mayor del país y vinculado incluso a la posibilidad de un gran riesgo de erupción volcánica en la región que ciertamente devastaría costas y la infraestructura petrolera en tierra y mar con el consiguiente desastre en derrames; y desconociendo el gran valor biótico alternativo de la zona); así como el riesgo ambiental de la también nueva explotación de los 500 mil kilómetros cuadrados de la plataforma marina que ahora también se quiere realizar, (incluyendo toda la resultante generación de desechos contaminante en alta mar), y el riesgo de la explotación en nuestra vital cuenca del río Orinoco aguas arriba.
Al tiempo que no se hace en la mencionada faraónica nueva apertura ninguna referencia al desarrollo de las nuevas fuentes alternas de energía, renovables y ecológicas (como las del sol, viento, agua, biomasa e hidrógeno), en las cuales nuestro país tiene abundantes posibilidades de producción, y las cuales son las que pueden salvar al mundo de la gran debacle ambiental en que lo ha sumido la industria de los hidrocarburos.
Para añadir a todo lo anterior la mencionada política se presenta con el ropaje hechizante y confundidor del discurso oficial. Se bautiza al nuevo Plan Inversionista con la consigna 'Siembra Petrolera', en flagrante torcedura de la misma consigna de diversificación económica, a fin de alejarnos del petróleo, que acuñara Uslar Pietri. Al igual que se rebautizan viejas áreas de explotación o se bautizan nuevos planes con sagrados términos de la historia independentista patria, tales como los de las batallas de Boyacá, Junín, Carabobo, y de los próceres Mariscal de Ayacucho José Antonio Sucre y, Rafael Urdaneta. Cuando, en verdad, tales inconsultos compromisos con toda clase de factores extranjeros, por decenas de años, lo que hacen es comprometer la autodeterminación e independencia económica -y por ende política – así como territorial de la Nación. Dejándonos atados al cumplimiento de todos esos compromisos so pena de demandas internacionales judiciales o cual atractivo botín de la ambición invasora de cualquier poder extranjero – no olvidemos el gran factor de discordia y guerra que ha sido el petróleo en el mundo.
El Salto al abismo
El pretender colocar cerca de un millón setenta mil kilómetros cuadrados, prácticamente todo el país !...en el altar de sacrificio de la voraz y suicida industria de los hidrocarburos mundial, solo traería a la Nación más desolación ambiental, mas dependencia, mas vulnerabilidad, mas concentración de poder, mas desigualdad social, mas corrupción.
Por mas que se pretenda revestir lo anterior con políticas de distribución asistencial de los petrodólares o con consignas como las de que 'Ahora Venezuela es de Todos'. En verdad, un cascarón es lo que puede terminar siendo de todos: la suerte que le ha esperado a todas las sociedades mineras luego de que se haya agotado el recurso y se hayan corrompido ellas con su explotación. Como dijera el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, especialmente recordado en la reciente conmemoración de los 200 años del juramento de Bolívar en el Monte Sacro de Roma ante el mismo Rodríguez: Y como también nos dejara dicho el Dr. Uslar Pietri, en su discurso de conmemoración del sesquicentenario de la muerte del Libertador (en 1980): 'Un torrente ciego de riquezas se ha desbordado sobre nuestra tierra riqueza incontrolable, no producida por nuestro esfuerzo, no dirigida por nuestra voluntad, la ola del petróleo nos aleja y nos aliena de Bolívar…. A las puertas de la Soberanía Nacional está el Libertador.
No lo hagamos esperar!'
De un recurso producido a costa de tantos males o bemoles, no puede surgir ninguna prosperidad de bienes sustentables o éticamente aceptables. Deploramos que la casi totalidad del país político nacional, empresarial y mediático ha permanecido silente, cómplice, o ávida pretendiente de beneficios de los mencionados planes. Aún aquellos que han dicho militar en la oposición política o defender mejores intereses patrios.
El imperativo de una rectificación
Por todo lo anterior la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, consecuente con su oposición de muchos años al paradigma hegemónico de los hidrocarburos, depredador corruptor y generador de dependencia, eleva su voz de denuncia y alerta ante los planes de la nueva Apertura petrogasífera - del actual gobierno. Exige un verdadero debate y consulta nacional sobre dichos planes. Reitera la necesidad de una inmediata moratoria a la explotación de hidrocarburos en zonas ambiental y socialmente ultra vulnerables. Reitera la exigencia de un Proyecto de Estado comprometido resuelta y sinceramente con la transición hacia una Venezuela Postpetrolera, tal como en verdad lo quisieron Uslar Pietri y Pérez Alfonso y como nuestra Red lo ha venido solicitando. Por el bien de los mas altos intereses del país y del mundo. Por la sensatez y coherencia elemental. Por la salvaguarda de la Patria de enceguecidas ambiciones externas e internas.
Rectificar antes de que sea demasiado tarde, es un imperativo.
Caracas, 24 de agosto de 2005
La Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, esta conformada por un colectivo de organizaciones ambientalistas y sociales, representantes de comunidades indígenas y personalidades relevantes en el área del petróleo, la antropología, el derecho, economía, ingeniería, ecología, y otras disciplinas, quienes desde 1997 nos hemos propuesto como objetivo principal investigar y monitorear los efectos socio-ambientales de la actividad petrolera en Venezuela.
Red Alerta Petrolera (Orinoco Oilwatch); Sociedad de amigos en defensa de la Gran Sabana. AMIGRANSA; Frente en Defensa de la Sierra de Perijá; Sociedad Hommo et Natura; Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai; Fundación Nuevo Sur; Periodico El Libertario; Asociación de Vigilantes del ambiente; Frontera Gran Sabana AVVA; Centro Social Libertario; Centro Documentación Emilio Tesoro; Nicla Camerin; ECO XXI" (Amigransa, 24.08.05, amigrans@internet.ve).


Subir
 
DOCUMENTOS
Amnistía Internacional: "Cumbre de la ONU: Los derechos humanos, traicionados por una falta de liderazgo"

"Amnistía Internacional condena la aparente capitulación de los dirigentes mundiales ante las presiones de una pequeña minoría de Estados, que ha dado lugar a que se excluyan del debate que tendrá lugar mañana, 13 de septiembre, en la Cumbre de la ONU en Nueva York casi todas las reformas significativas en materia de derechos humanos.
El texto propuesto sobre el Consejo de Derechos Humanos es lamentablemente inadecuado, pues no pide unos elementos mínimos esenciales para el establecimiento de un órgano de derechos humanos mejorado y con más autoridad. Ofrece a la población mundial poco más que la desacreditada Comisión de Derechos Humanos, con un nombre diferente.
'Es totalmente inaceptable que se permita que un pequeño número de países con unos historiales de derechos humanos sumamente preocupantes, encabezados por China y Rusia, bloquee la creación de un Consejo de Derechos Humanos nuevo, más fuerte, más efectivo y con más autoridad. Los Estados Unidos de América y el Reino Unido también tienen su especial parte de responsabilidad por no defender un Consejo de Derechos Humanos fuerte en momentos cruciales de las negociaciones', ha manifestado Yvonne Terlingen, representante de Amnistía Internacional en la ONU.
Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que presenten ante los dirigentes mundiales en la Cumbre de mañana un paquete creíble de reformas en materia de derechos humanos. La Cumbre debe pedir, para una fecha determinada, la creación de un Consejo de Derechos Humanos que:
- se reúna con regularidad a lo largo del año;
- tenga el mandato de abordar cualquier asunto relacionado con la protección y la promoción de los derechos humanos;
- examine periódicamente el historial de derechos humanos de todos los países y haga frente a las situaciones urgentes;
- mantenga el excepcional conjunto de normas y prácticas para la participación de ONG y su sistema de expertos independientes denominados Procedimientos Especiales.
El documento final debe asimismo dotar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de los recursos mínimos suficientes para que cumpla su mandato, y debe incluir el compromiso de duplicar, a lo largo de los próximos cinco años, los recursos que la Oficina recibe del presupuesto ordinario.
'Si los dirigentes mundiales se limitan a adoptar un texto amplio y vago que remita todas las decisiones importantes a la Asamblea General, habrán desperdiciado una oportunidad histórica. Una falta tan crítica de liderazgo arrojará una oscura sombra sobre la Cumbre entera, y constituirá una traición a millones de las personas más vulnerables del mundo', ha declarado Yvonne Terlingen" (Amnistia Internacional - Sección Uruguay, 14.09.05, amnistia@chasque.net).

Subir
 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa.
Toda acción que Provea lleva a cabo busca beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.

 
Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6, planta baja, Parroquia Altagracia
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Teléfonos / fax: (0058) (0212) 862-10-11 / 862-53-33 / 860-66-69
Sitio web: http://www.derechos.org.ve
Correo electrónico: provea@derechos.org.ve
Provea, 2004