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| COALICIÓN DE ONG PARA LA ADOPCIÓN DE UN PROTOCOLO FACULTATIVO AL PIDESC |
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En el marco de su 59° sesión en Ginebra, Suiza, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) aprobó la constitución de un Grupo de Trabajo (GT) encargado de
elaborar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), mediante el cual se podrán introducir quejas individuales en relación con la violación de derechos económicos, sociales y culturales ante el Sistema Universal.
En su segundo período de sesiones, celebrado entre el 10 y 20.01.05, este GT se dedicó a estudiar las opciones para la elaboración del Protocolo Facultativo. En su alocución ante el GT, y posteriormente ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHONU), Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su apoyo a este protocolo facultativo, emitiendo la resolución 2004/29, por medio de la cual la CDHONU decidió renovar por 2 años más el mandato del GT.
Arbour subrayó que estaba consciente de que "gran parte de la reticencia existente en relación con las propuestas de un protocolo facultativo giraba en torno a cuestiones relacionadas con la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Un sistema de peticiones a nivel internacional podría ayudar a comprender mejor el contenido sustantivo de las normas internacionales y traducirse en cambios reales para las personas. La disponibilidad de recursos jurídicos a nivel internacional constituiría también un incentivo útil para garantizar el desarrollo de recursos efectivos a nivel nacional".
En ese período de sesiones, el GT recibió el petitorio de un conjunto de delegaciones nacionales, entre las que se contó la de Venezuela, quienes solicitaron presentar un documento para el próximo período de sesiones del GT, que incluyera una lista de los elementos que debería contener el protocolo facultativo, a fin de facilitar un debate más centrado durante el tercer período de sesiones del GT a realizarse en 2006.
En este sentido, actualmente la Coalición de ONG para la Adopción de un Protocolo Facultativo al PIDESC, de la cual forma parte Provea, lleva a cabo una campaña en preparación de dichas sesiones del GT, para incidir en la consideración de las opciones relativas a la redacción del protocolo facultativo al PIDESC. El desafío de la Coalición es lograr que los gobiernos estén dispuestos a cambiar el mandato del GT, de modo de que este empiece a elaborar el texto del protocolo facultativo. Para este fín se requiere un fuerte apoyo de la sociedad civil y sostenidos esfuerzos en el ámbito nacional, regional e internacional.
La Coalición, a través de las personas y organizaciones miembros, aspira representar la voz de la sociedad civil en la promoción del futuro protocolo facultativo. Para ello, la Coalición necesita apoyo. Por ello, invita a las organizaciones que aún no forman parte de ésta a suscribirse completando el formulario que puede descargarse aquí, para luego enviarlo al correo-e: membership@escrprotocolnow.org.
Hasta ahora la Coalición ha operado como de una manera muy flexible, sin embargo para poder legitimar la voz de las organizaciones que la integran es necesario formalizar la inscripción de sus miembros.
La Coalición también agradecería que se difundiera dicho formulario a otras organizaciones o redes que puedan estar interesadas en apoyar esta campaña. No obstante, se puede dar apoyo a manera individual o en representación de una organización.
Para conocer más sobre esta iniciativa que Provea avala, puede dirigirse a su sitio web:
http://www.escrprotocolnow.org/spainindex.htm o contactándose por el correo-e: info@escrprotocolnow.org.
Provea destaca la importancia de estos medios de organización alrededor de la búsqueda por un protocolo facultativo al PIDESC avances como insuficientes, porque a través de estos será posible superar definitivamente el escaso desarrollo del que adolecen los instrumentos de protección de los derechos económicos, sociales y culturales existentes en el sistema universal en contraste con los dedicados a garantizar los derechos civiles y políticos.
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