Informe Anual
2001-2002
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Informe Anual 2001-2002 |
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DERECHO A LA SALUD
La salud es un derecho social
fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del
derecho a la vida. Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Desde 1999, con la promulgación de una nueva Constitución, se vienen incorporando cambios en la orientación de las políticas públicas en salud. Estos cambios son, en su mayoría, conceptualmente consistentes con el derecho a la salud. No obstante, su impacto es aún insuficiente, por lo que no se ha logrado revertir el colapso del sistema público de salud. Las buenas ideas que subyacen a estas políticas se enfrentan a enormes déficit de gestión. Después de tres años, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Salud (LOS), vigente en el marco de la reforma del sistema de seguridad social, fue objeto de tres vacatio legis y se estima que será sometida nuevamente a otra. Por otra parte, el sistema público de salud sigue fragmentado en las redes de asistencia a la salud del MSDS y las dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). A pesar del inicio del proceso de adecuación de las políticas y programas del MSDS al marco constitucional vigente y del impulso otorgado al proceso de recuperación de la red ambulatoria y hospitalaria del país, la crisis del sistema público de asistencia a la salud no ha logrado ser revertida. Para este período, se contabilizaron 346 denuncias sobre los principales problemas que afectan a los ambulatorios y hospitales venezolanos. Los aspectos más denunciados fueron: el recurrente desabastecimiento de medicamentos, insumos médicos y quirúrgicos; equipos médicos sin reparar; problemas en la infraestructura de los establecimientos; y los relacionados con el número de camas de hospitalización y de terapia intensiva en condiciones de operatividad. Para el período que cubre el presente Informe se realizaron 122 acciones de protestas del sector laboral de la salud, de las cuales 73 implicaron la suspensión de los servicios de atención a la salud. Por otra parte, la política del MSDS a favor de la gratuidad no logró convertir las buenas intenciones del Gobierno en medidas concretas que permitan la plena eliminación de la práctica de cobrarle al paciente los servicios ofrecidos. Ante la insuficiencia presupuestaria que presenta la red pública de atención a la salud, se sigue cargando al usuario el costo de los insumos y medicamentos de las intervenciones quirúrgicas o de exámenes de alto nivel de especialización. Con respecto a los indicadores de morbilidad registrados al inicio del período en estudio y hasta el primer trimestre de 2002, la tendencia de aumento de enfermedades infecciosas como el dengue, fue revertida en el trimestre julio, agosto y septiembre del año 2002. Hasta la semana 38 (15-21 de septiembre de 2002) el MSDS reportó 30.178 casos de dengue, lo que representó un descenso del 48,5% en comparación con los 58.597 casos reportados para esa misma semana epidemiológica en el 2001. Sin embargo, con respecto al sarampión, enfermedad que estaba prácticamente erradicada, la situación no es alentadora: 2.492 casos fueron reportados hasta la semana 37 (8-14 de septiembre de 2002), destacando Falcón y Zulia como los estados más afectados. La morbilidad de la población venezolana expresa la violación estructural del derecho a la no discriminación. Muchas de las principales enfermedades del país, encuentran en las condiciones de vida de los sectores populares su principal causa: déficit en la alimentación, deficiente suministro y calidad del agua potable, deficiente o nulo acceso al servicio de aguas servidas, mayor índice de exclusión del sistema educativo. Por otra parte, preocupa que el MSDS no cuente con un sistema de información idóneo, con datos actualizados que permita un mejor monitoreo de la situación de salud y por ende, una mejor actuación ante las situaciones y problemas presentes. Las cifras que el MSDS suministró a Provea, el año 2002, sobre indicadores de natalidad y mortalidad neonatal, infantil, materna y de toda la población, corresponden al año 2000. En la Memoria y Cuenta 2002 del MSDS no se encuentra un balance de la ejecución y resultados de los programas y planes ideados por esa institución desde la reestructuración del año 2000, a excepción de unos pocos, como es el fortalecimiento de la red ambulatoria. Vale señalar que tal desempeño es contrario a lo señalado en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece que los Estados parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) tienen la obligación de promocionar el monitoreo y suministro de información relativa a la situación de salud1. Medidas adoptadas por el Estado Centralismo vs. descentralización Si bien el proceso venezolano de descentralización del sector salud comenzó en 1989, con la promulgación de la Ley de Elección Directa y Remoción de los Gobernadores de Estado, en opinión de Zegri Pereira, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cendes) y del proyecto “La Reforma del Sistema de Salud de Venezuela” (Resven), de la Universidad Central de Venezuela (UCV), este proceso no concluyó y resultó desigual entre las distintas entidades federales, generando un impacto también desigual. Para Pereira, un elemento que facilitó la evaluación del impacto de la descentralización de la salud hacia los estados es la antigüedad de los acuerdos de transferencia con el poder central. Cabe aclarar que, en el proceso de descentralización, los estados han sido clasificados en tres grupos distintos. El primero, integrado por los estados que firmaron acuerdos de transferencia entre 1993 y 1995 (Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira y Trujillo); el segundo grupo, integrado por los estados que firmaron acuerdos a partir de 1997 (Apure, Guárico, Nueva Esparta, Portuguesa, Yaracuy, Municipios Libertador y Vargas) y el tercero, integrado por los estados que no firmaron acuerdo alguno o el caso del Edo. Zulia que lo suscribió en 1994, pero que luego fue revertido (Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro y Zulia)2. En este orden de ideas, Jorge Díaz Polanco, investigador del Cendes y coordinador del proyecto Resven, señaló que los estados descentralizados presentan un mejor tratamiento de los recursos financieros, con mejora en algunos indicadores de salud, tales como la mortalidad infantil y el gasto público en salud, frente aquellos que no lo están. La afirmación tiene como base el estudio que realiza el CENDES sobre el impacto del proceso de descentralización en 8 estados del país (Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Nueva Esparta, Sucre, Yaracuy y Zulia), durante el período 1985-2002. Para Polanco, el principal problema que enfrenta el proceso de descentralización de la salud en el país es, por una parte, la falta de un presupuesto adecuado para el sector y, por la otra, fallas en el desarrollo de la capacidad regulatoria del proceso. Polanco se pronuncia a favor del sistema único de salud por permitir, entre otras cosas, la eliminación de las nóminas dobles en los estados descentralizados, donde una parte del personal depende del MSDS y la otra de las gobernaciones de los estados3. Un ejemplo es el hospital “José Gregorio Hernández”, conocido como “Los Magallanes de Catia” (Caracas), que a pesar de haber sido transferido a la Alcaldía Metropolitana, percibe los recursos del MSDS4. Por su parte, María Helena Jaén, Coordinadora del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios de Alta Gerencia (IESA), señaló que la clave para mejorar la salud de las personas es acercándole los servicios y haciéndolas parte de las decisiones en salud pública. En este sentido, Jaén informó que en el país se han dado experiencias exitosas en algunos de los estados descentralizados, que deben ser rescatadas por el MSDS. Algunas de ellas son: la creación de núcleos de atención primaria y el modelo integral de atención ambulatoria, en el Edo. Aragua; el desarrollo de la gestión colectiva de los servicios de salud, en el Edo. Yaracuy, expresado en el control y supervisión por parte de las comunidades, de las actividades de salud de la red primaria; la propuesta de los ambulatorios “24 horas” en el Edo. Sucre; la mejora de la gestión del Instituto de Salud Pública del Edo. Bolívar; y, finalmente, la experiencia en el Edo. Carabobo, con la mejora de la red hospitalaria y próxima recuperación de la red primaria de salud. Coincidiendo con Polanco, para Jaen, el MSDS debe concentrarse en el financiamiento y rectoría del sistema de salud5. En resumen, el proceso venezolano de descentralización de la salud ha tenido algunos avances pero permanece inconcluso, por lo que requiere de la actualización de metas, de mejoras en los mecanismos de control y de un mayor y mejor apoyo al modelo descentralizado de la gestión pública. En el Informe Anual anterior, se identificaba la necesidad de aumentar la inversión pública en salud, debido a que lo que Venezuela destina a este sector sigue estando muy por debajo de los estándares internacionales (10% del producto interno bruto)6. Para este período, la inversión pública en el sector salud se incrementó en 0,8 puntos del PIB con respecto al 2001 (1,33%), ubicándose en 2,13%. El presupuesto del MSDS aumentó, de Bs. 1,52 billones en el año 2001 a Bs. 2,13 billones en el año 2002, lo que representa un 39,8% de aumento. Cabe destacar positivamente que esta cifra supera la inflación acumulada del año 2001, que se situó en 12, 3%. El presupuesto del MSDS representa el 8,1% del presupuesto nacional7.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de cifras oficiales. Pese a que estos datos revelan un aumento de la inversión en salud, queda pendiente el análisis de otros problemas que derivan del financiamiento, como son la suficiencia del volumen invertido por el gobierno central al sector salud, la distribución de los recursos a las regiones, los criterios utilizados en la asignación y distribución de los recursos, entre otros. En este sentido, Mirian Morales, directora de Salud Poblacional del MSDS, calificó como positivo, el hecho de que por primera vez para la aprobación del presupuesto 2002, el MSDS tomara en cuenta las aspiraciones de las entidades federales centralizadas y descentralizadas. Dándole prioridad, de esta forma, a la prevención de enfermedades, a las facilidades en el acceso de medicamentos y, favoreciendo el tratamiento a los grupos vulnerables (mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, pueblos indígenas y personas con enfermedades crónicas y de larga duración)8. No obstante, en el primer trimestre del año fiscal 2002, el Ejecutivo Nacional recortó el presupuesto de gastos y afectó el presupuesto de algunos programas del MSDS, uno de ellos, el Programa de Salud Integral (que tiene énfasis en el elemento preventivo), con una merma de 31,4 millardos de bolívares. A su vez, fueron afectados los subprogramas de “Salud Integral en Niños, Madres y Adolescentes”, con una merma de 11,5 millardos de bolívares; de “Atención Integral por Enfermedades Prevenibles, Emergentes, Reemergentes y Crónicas”, con una merma de 19,8 millardos de bolívares; de “Protección y Atención Integral de Grupos Sociales en Situación de Pobreza y Exclusión”, con una merma de 3,7 millardos de bolívares y finalmente, el subprograma de “Superación de Inequidades Sociales”, con una merma de 188.602.000 bolívares9. En su gran mayoría, a los estados le asignaron mayores recursos para la ejecución 2002 en comparación con el año anterior. Destacan Falcón y Aragua, los cuales recibieron mayor cantidad de recursos, con un aumento para Falcón de 42,8 millardos de bolívares y para Aragua de 22,7. En oposición, llama la atención el criterio de asignación de recursos del MSDS a estados como Guárico y Cojedes, que en el año 2001 recibieron recursos muy por debajo del resto de los estados y para el 2002 se omitió la información sobre el presupuesto asignado, lo que impidió realizar un análisis comparativo. Delta Amacuro no escapa de una situación similar, donde la Ley del Presupuesto lleva varios años sin señalar cuáles son los recursos que le asignan10.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Presupuesto 2002. Ver PROVEA: Informe Anual octubre 2000- septiembre 2001. Caracas 2001. Pág. 104. (SD: sin datos) En consecuencia, si bien se evidencia una tendencia al aumento de la asignación de recursos en el resto de los estados, los problemas de salud en las regiones no se han reducido en términos reales. Las denuncias sobre la falta de insumos y medicamentos, en la red hospitalaria y ambulatoria del país, y los conflictos de trabajo del sector salud, se mantuvieron como una constante. De igual manera, los indicadores de morbilidad por enfermedades prevenibles no registraron descensos substanciales, por lo que parece, entre otros factores, que la inversión pública del sector salud no es suficiente y en algunos casos, la distribución de los recursos a los estados no satisface los requerimientos de salud en términos de equidad. De esta afirmación se hizo eco Pedro Aristimuño, secretario de Salud de la Alcaldía Metropolitana, quien opinó que la asignación presupuestaria del MSDS no se ajustó a las necesidades de las regiones. Por ejemplo, a la Alcaldía Metropolitana le asignaron 80,3 millardos de bolívares para atender a una población de 4.000.000 de habitantes, mientras que a Aragua le asignaron 67,5 millardos de bolívares para atender una población de 414.409 habitantes11. Otro problema a considerar es la ejecución parcial del presupuesto. Pese a las grandes necesidades de recursos, el presupuesto no se ejecuta en su totalidad. Así, en el año 2001 la ejecución de los gastos presupuestados fue del 67%12. Por otra parte, un indicador que merece especial mención, por la incidencia que tiene en el volumen del presupuesto de gastos del MSDS y de los estados, es el tipo de cambio nominal del país que, entre enero y septiembre de 2002 registró una depreciación de casi 100%. Para el 04.01.02, la tasa de cambio en dólares era de Bs. 759,00 y para el 30.09.02 fue de Bs. 1.474,0013. El sector salud presenta un índice de precios superior al índice general de precios señalado por el Banco Central de Venezuela (BCV). Los bienes de salud en su gran mayoría dependen de las importaciones, lo que tiene incidencia en los costos y gastos de salud. En este sentido, Juan Manuel Domínguez, presidente de la Cámara Venezolana de Farmacias, expresó que en Venezuela el 95% de las materias primas para la elaboración de los medicamentos son importadas y ante el alza del dólar, se generó un incremento en el precio de los medicamentos que oscila entre el 20% y 30%. Domínguez explicó que el principio activo, “que es la sustancia que previene o cura la enfermedad, no es nacional, ni para los medicamentos genéricos ni para el que tiene marca, por lo que el precio fluctúa de acuerdo al dólar”14. Por su parte, el IVSS contó en 2002 con un presupuesto para el fondo de Asistencia Médica, de Bs. 496 millardos. En opinión de Edgar González, presidente de Instituto, el principal problema del desfinanciamiento que presenta el IVSS es la recaudación deficitaria. El dinero recaudado no sobrepasa los 1,5 millardos de bolívares por año, cuando se deberían recaudar entre 5 y 6 millardos15. En este sentido, se pronunció sobre algunos ilícitos encontrados, como la existencia de listas de personas fallecidas que aún cobran la pensión, lo que genera pérdidas de 4 millardos de bolívares; y empresas que descuentan la cuota a los trabajadores, sin entregar el aporte al IVSS. Así mismo, señaló que el 75% de las deudas contraídas con el IVSS corresponden al sector privado y el 25% al sector público16. Nelson Croce, economista y profesor de la Facultad de Medicina de la UCV, en un estudio sobre el “Régimen Contributivo y el Financiamiento del Sistema Público de Salud”, con base en cifras del IVSS, encontró que en el marco del desfinanciamiento progresivo del subsistema de salud del IVSS, hay una tendencia al descenso en el número de asegurados y en el número de consultas médicas ofrecidas, durante el período comprendido entre 1987 y 1997. Sobre el número de personas cotizantes, registró una disminución en la tasa promedio de 2 puntos, salvo en 1995 que por el contrario, hubo un aumento de 5 puntos. De igual manera, con respecto al número de consultas ofrecidas se detectó una disminución en términos progresivos. Así, en 1987 el número de consultas ofrecidas fue de 12,2 millones y 10 años después, en 1997, el número de consultas descendió a 3,2 millones. Croce consideró, dentro del análisis de estos resultados, factores como las modificaciones de la estructura del empleo, las políticas salariales, los esquemas en que se sustentan los aportes al sistema de seguridad social y su vinculación con el régimen fiscal17. Para el período anterior, la discusión y aprobación del proyecto de la LOS se encontraba bajo una vacatio legis que se extendió hasta diciembre de 2001. En enero de 2002, el proyecto de ley fue sometido a una nueva vacatio extendida hasta el 01.07.02. Debido a la falta de consenso en el Parlamento sobre el proyecto de Ley Marco de la Seguridad Social (tanto a lo interno de la fracción mayoritaria, Movimiento Quinta República, como entre las otras fracciones), se aprobó una tercera vacatio legis, postergando la discusión del proyecto de la LOS hasta diciembre de 2002. Esta mora legislativa imposibilita la definitiva regulación de la unificación de los sistemas de salud existentes en el país. En la última versión del proyecto de ley de la LOS (23.01.02), Provea identifica como aspectos positivos, la coherencia de su articulado con el mandato constitucional y el esfuerzo en regular un sistema nacional de salud (SNS) de tipo integral. A manera de resumen, el proyecto de ley establece que: a) la salud es un derecho social fundamental relacionado con otros derechos como son la alimentación, un ambiente sano, vivienda, trabajo, educación y el acceso a los servicios básicos fundamentales, entre otros (Art. 1 y 2); b) el sector salud tiene carácter prioritario dentro de las políticas nacionales (Art. 4); c) los principios rectores del SNS son la universalidad, equidad, gratuidad, solidaridad, integración social, unidad del SNS, multiculturalidad y efectividad social (Art. 10); d) el SNS tiene como prioridad el carácter intersectorial (Arts. 17 y 20) y la integralidad de la atención de salud se mantiene como característica fundamental (Art. 42); e) las estrategias de promoción de la salud deben tener perspectiva de género y con incidencia en los patrones epidemiológicos (Art. 44); f) el MSDS podrá pechar a las empresas aseguradoras y de medicina prepagada el 0,5% de las primas recaudadas por año, con el fin de que éstas creen y administren un fideicomiso que permita destinar esos fondos a actividades articuladas de educación y promoción de la salud (Art. 47); g) el SNS asume con carácter prioritario el desarrollo y ejecución de políticas a favor de la donación de órganos, tejidos y derivados; del manejo de la sangre y sus derivados; para la prevención y control de la violencia; para la prevención de accidentes viales; para una salud sexual y reproductiva responsable y en cumplimiento de los esquemas de vacunación vigentes (Arts. 49-54); h) la rehabilitación de la salud será con base comunitaria (Art. 62); i) tiene carácter prioritario el desarrollo y ejecución de una política en salud mental (Art. 64); j) en la organización funcional del SNS tienen acceso prioritario la red de atención primaria y la red de emergencias, mientras que la red de especialidades ambulatorias y la red hospitalaria son accesibles por medio de referencia médica (Art. 71); k) restringe el uso del tabaco y la promoción del tabaco y el alcohol (Arts. 104-108); l) el financiamiento del SNS es solidario e integrado por los presupuestos fiscales en salud, ingresos de los estados y municipios, contribuciones y recursos de los regímenes prestacionales del sistema, multas, remanentes de capital, resarcimiento de servicios prestados a beneficiarios de pólizas de seguros o servicios privados de salud, donaciones y cualquier otro recurso conforme ley (Art. 116); m) el sector salud tendrá carácter prioritario en la asignación de recursos del presupuesto anual de la nación (Art. 117); n) el SNS crea, a su vez, un sistema de información en salud con el objetivo de unificar los criterios de levantamiento de información e indicadores de la salud de la población venezolana y de la situación de asistencia a la salud del sector (Arts. 134 y 135) y; ñ) la regulación sobre la implementación de mecanismos y procesos de control y fiscalización de la prestación de los servicios de salud; de la producción, comercialización y calidad sanitaria de productos, sustancias y servicios de consumo a la salud; de la producción, comercialización y calidad de equipamientos e insumos médicos; de la incorporación de nuevas tecnologías en salud y de la autorización y acreditación de los establecimientos y servicios de salud públicos y privados. También, de la recertificación de los profesionales y técnicos de la salud que como propuesta permite la actualización de conocimientos y prácticas médicas de los profesionales y técnicos de la salud; pero, igualmente inquieta que tal responsabilidad sea competencia exclusiva del MSDS (órgano político del Ejecutivo Nacional), ignorándose la participación de instancias como la Academia de Medicina (Art. 15). Con respecto a la participación comunitaria, se le considera esencial para garantizar el derecho a la salud, y se le reconoce, como un derecho constitucional que tienen todas las personas de intervenir y controlar, de manera autónoma e independiente, la formulación, planificación y regulación de las políticas, planes y acciones de salud, así como de participar en la evaluación de la gestión de los servicios y presupuestos de salud (Art. 30). No obstante, el proyecto de ley, si bien no excluye dentro de las modalidades de participación otras que puedan ser decididas por las comunidades, preocupa que la misma se quede sólo en el ámbito de la consulta y el monitoreo, sin que tenga una incidencia decisiva en el control de la actuación de los entes y órganos de salud, amén de que la cuota de participación para las comunidades está en minoría, frente a los actores institucionales. De manera que el proyecto de la LOS crea instancias de articulación ciudadana como: la Asamblea Nacional de Salud, con participación de un representante de la sociedad; el Comité Nacional de la Salud, con participación de 2 representantes de la sociedad; los Comités Estadales de Salud, con dos representantes de la sociedad y; las Asambleas Estadales, Municipales y Locales de Salud, que sí cuentan con una participación paritaria de las comunidades con respecto a la participación de las instituciones de salud. Las modalidades de rendición de cuentas y revocatoria de mandato son para los representantes comunitarios (Art. 31), y no para los funcionarios públicos. Por otra parte, se crean los comités de calidad, de los usuarios en los hospitales y de arbitraje, donde la participación comunitaria se limita a la recepción y canalización de las denuncias de los usuarios de los establecimientos de salud y a la conciliación y búsqueda de soluciones de las denuncias que se presenten (Arts. 37-39). Para Provea, los modelos de participación propuestos descargan en las comunidades, responsabilidades atribuidas a órganos de la Administración Pública, como es la Defensoría del Pueblo. Además, la participación comunitaria en salud debe superar el ámbito de lo asistencial y tender al fortalecimiento de acciones con enfoque integral de la salud. Por otra parte, el proyecto en análisis dedica un artículo a los derechos de las personas en el SNS (Art. 32), incluyendo el derecho a recibir atención de salud oportuna aún en situación de conflicto laboral. Preocupa que este artículo pueda ser interpretado como una restricción indebida al derecho a huelga u otros mecanismos de presión de los operadores de salud. El derecho a huelga es también un derecho constitucional, que en el caso del servicio público de salud está limitado por la garantía de los servicios mínimos indispensables, regulados y definidos en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), su reglamento y el Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este sentido, si bien un conflicto laboral en el SNS nunca puede afectar el contenido mínimo del derecho a la salud, la atención que se brindará siempre será menor que en situación de normalidad. La atención de salud durante un conflicto laboral se define por las partes en conflicto y de acuerdo con los criterios médicos relativos a la atención de las emergencias en sectores vulnerables de la población18. Del proceso de integración del SNS, el proyecto regula la creación de una Comisión Nacional de Integración y de las Comisiones Estadales de Integración, con el fin de facilitar la gestión del proceso. Así, contempla la integración de los establecimientos públicos de salud y aquellos que cuenten con financiamiento del Estado, incluyendo los dependientes del IVSS y del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme). Además, deben transferirse a la red pública de cada uno de los estados del país, los recursos humanos, tecnológicos, infraestructura y asignaciones financieras en el término de 4 años (disposiciones transitorias segunda, quinta y sexta del proyecto de ley). Programas prioritarios del MSDS El Modelo de Atención Integral (MAI) ha sido definido como uno de los ejes prioritarios del MSDS, el cual pretende garantizar un mejor servicio y permitir un tratamiento y diagnóstico oportuno de los problemas de salud. En el año 2001, el MSDS destinó 9,47% del presupuesto a la partida de atención integral en salud. Buena parte de ese presupuesto se destinó a la recuperación de la red ambulatoria, donde el MSDS identificó como logros alcanzados, el fortalecimiento y equipamiento de 1.012 ambulatorios distribuidos en el territorio nacional, lo que representó el 21,8% de la red (4.648). Así mismo, la rehabilitación de la estructura física de 368 ambulatorios19. Con respecto a otro eje prioritario del MAI, relativo al diagnóstico y tratamiento oportuno de la salud, merece reconocimiento la propuesta que se quiere iniciar en Vargas, estado que fue seleccionado como proyecto piloto en el área de medicina preventiva. Pedro León Civira, director del Proyecto de Medicina Preventiva y Atención de Pacientes Crónicos, informó que el servicio de medicina preventiva pretende desarrollar tres modalidades de actuación. La primera consiste en consultas médicas domiciliarias; la segunda, en cuidados del hogar con medicina móvil, que incluya atención de enfermería y terapias de rehabilitación para pacientes recién operados o enfermos crónicos; y la tercera, en servicios de laboratorio a domicilio20. La gestión del proyecto recibió el apoyo de los médicos cubanos que se encuentran en el Edo. Vargas desde hace 2 años. Desde entonces, se formaron 253 promotores de salud con la finalidad de ejecutar los programas de prevención dirigidos a las comunidades21. En el período anterior, se hizo referencia a la orientación dada a la cooperación internacional y en particular, a la firma del convenio entre MSDS, la Alcaldía Metropolitana y la Gobernación del Edo. Miranda con el Banco Mundial (BM). Así mismo, se hizo referencia al convenio español para favorecer la red de salud del área metropolitana y al convenio cubano22. Con respecto a este último, a un año y siete meses de entrada en vigencia, 2.200 personas han sido beneficiadas23. Para Julio Montes, embajador de Venezuela en Cuba, según los términos del convenio, Venezuela asume los costos del traslado aéreo y Cuba los costos de los gastos médicos, medicamentos, alimentación y alojamiento. Por su parte, Pedro Llerena, director del Centro Internacional “La Pradera” (donde se ofrece asistencia de rehabilitación y de postoperatorio), ubicado en Cuba, señaló que la principal razón que alegan los venezolanos para recibir asistencia de salud en Cuba es el elevado costo de los servicios de la asistencia de salud intervencionista y postoperatoria requerida, tanto en los centros públicos como privados. Llerena explicó que el 95% de las personas recibidas a través del convenio, son de bajo poder adquisitivo y los principales problemas de salud que presentan son cáncer, cardiopatías, quemaduras graves y traumatismos o lesiones de hueso. En este orden de ideas, Mirna Carrasquel y Gertrudiz Díaz, venezolanas beneficiadas por el Convenio, argumentaron que entre las razones por las cuales no fueron intervenidas en Venezuela está la imposibilidad financiera de cancelar los costos de las intervenciones quirúrgicas necesarias. Además, explicaron que el tiempo que requieren para ser incluidas en listas de espera y luego ser efectivamente intervenidas o recibir el tratamiento médico debido, se convierte en una fecha absolutamente incierta24. Para Provea la celebración de un convenio internacional, como es el caso del convenio con Cuba, que plantea el intercambio de servicios en salud, es válido de manera temporal en una realidad como la vigente, donde el sistema público de salud tiene más de 2 décadas en crisis, vulnerando el derecho de las personas a acceder a los servicios de salud de manera oportuna y de recibir una atención adecuada. Sin embargo, si bien es cierto que la red ambulatoria y hospitalaria del país presenta un deterioro en su infraestructura; que la mayoría de los equipos médicos están dañados o son obsoletos; que hay permanente escasez o carencia de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, que el número de camas de hospitalización y terapia intensiva operativas no cubren la demanda regular de asistencia a la salud, y que hay una mayor concentración de médicos especialistas que generales, entre otros problemas; también es cierto que medidas como éstas, que significan un apoyo de tipo asistencial, deben tener un término finito o focalizado en servicios especializados que no sean de fácil acceso o difíciles de desarrollar en el país. Un escenario preferible es aquel que oriente la ayuda internacional hacia una mejoría estructural del sector público de salud como sería, por ejemplo, la recuperación de la red pública de atención primaria y especializada, la capacitación del recurso humano existente, la modernización de la asistencia a la salud, la adquisición de equipos y tecnología, acorde con los avances de la ciencia, y el impulso de los procesos de descentralización. En este sentido, el convenio que pretende celebrar el BM con la Alcaldía Metropolitana de Caracas tiene como objetivo fortalecer la red de establecimientos de salud en el Área Metropolitana, consistente en la recuperación de 84 ambulatorios y 6 hospitales, por un monto de 30.000.000 dólares estadounidenses. El tiempo estimado de ejecución son 5 años, a partir de la firma del convenio. Según Patricio Márquez, coordinador del proyecto del ente multilateral, el proyecto está orientado en 5 áreas que comprenden el fortalecimiento de las redes, el desarrollo institucional, el desarrollo de estrategias para la prevención del VIH/Sida, apoyo al desarrollo de la legislación en materia de salud y por último, la administración y evaluación de proyectos. Márquez señaló que la prioridad es el fortalecimiento de la red ambulatoria desde el punto de vista clínico y gerencial25. A pesar del mandato constitucional sobre la gratuidad en la asistencia pública de salud, esta garantía no se ha cumplido a plenitud, debido a que persisten las condiciones que obstaculizan su plena vigencia. La continuidad de la crisis del sistema público de asistencia a la salud tiene como factores de incidencia, entre otros, un presupuesto deficiente, que no logra cubrir la demanda real que pesa sobre el sistema, y la persistencia de los problemas de gestión. El correlato de esto es el cobro de los servicios de salud como vía de recuperación de costos en centros públicos. Durante el año 2001, la Defensoría del Pueblo registró un total de 493 denuncias por cobros indebidos en los servicios públicos de asistencia a la salud. De las cuales, 458 (244 de mujeres y 214 de hombres) correspondieron a denuncias individuales y 35 a grupos con patologías comunes26. Hospitales como el “José María Vargas” (Edo. Vargas) que prestan servicios especializados como el de diálisis, han delegado en el paciente la compra de los catéteres, por un costo de Bs. 100.000 bolívares, frente a los problemas de suministro de los materiales médicos y quirúrgicos que enfrentan. Así mismo, a los casos que requieren diagnóstico por resonancia magnética y tomografía, le solicitan colaboración para los medicamentos y la realización del examen, por un costo que varía entre 5.000 y 12.000 bolívares. De manera que, las consultas médicas son los únicos servicios que con regularidad no son cobrados a los pacientes27. Por su parte, Igor Hernández, exdirector de Hospitales de la Alcaldía Metropolitana, se pronunció sobre la imposibilidad de eliminar los fondos de recuperación de costos en los centros asistenciales, aún cuando las instituciones tienen conocimiento de que dicho aporte no cubre más del 10% de los gastos. Según Hernández, la situación se hace cada vez más compleja cuando se dan experiencias como la encontrada en el hospital “José Gregorio Hernández” (Magallanes de Catia), donde el aporte económico por parte de los usuarios es el que permite la cancelación del sueldo de 17 empleados del laboratorio, 2 médicos y 3 radiólogos del área de tomografía28. Disponibilidad de centros de asistencia a la salud El sector público de asistencia a la salud venezolano cuenta con 4.804 establecimientos ambulatorios, de los cuales 96% pertenecen al MSDS y 4% al IVSS. Con respecto a los centros hospitalarios, hay 296, de los cuales 214 dependen del MSDS y de las gobernaciones, 33 del IVSS, 13 del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (Ipsfa), 3 de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 29 del Instituto Nacional de Geriatría (Inager), 2 de las Empresas Básicas de Guayana (CVG), 1 de la Alcaldía de Miranda y 1 de la Policía Metropolitana (Caracas). A su vez, el sector privado cuenta con 344 centros de atención especializada, de los cuales 315 son instituciones con carácter lucrativo y 29 son fundaciones sin fines de lucro. Durante el año 2000 fueron censadas 40.675 camas en el ámbito público de salud, lo que equivalía a 17,6 camas por 10.000 habitantes y más del 50% se ubicaron entre el Distrito Capital y los estados más desarrollados29. Estos datos revelaron una situación en la que Venezuela, a pesar de contar con una red pública ambulatoria y hospitalaria, que en cifras globales parecería suficiente, requiere de un nuevo planteamiento en relación con la clasificación y distribución inicial. En la actualidad nos encontramos con entidades federales como el Distrito Capital (190 centros asistenciales y 13.346 camas presupuestadas), Zulia (70 centros y 5.561 camas), Carabobo (41 centros y 2.553 camas) y Lara (41 centros y 2.116 camas) que concentran toda una gama de establecimientos de salud, con servicios de especialización médica; en contraste con estados como Amazonas (1 centro asistencial y 65 camas presupuestadas), Delta Amacuro (3 centros y 190 camas) y Cojedes (5 centros y 335 camas), que no logran garantizan ni siquiera el 1% del promedio de camas por 10.000 habitantes30. Por otra parte, la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica (SVMC) señaló que hay estados como Guárico, que carecen de servicios de atención de cuidados intensivos y los estados que cuentan con algunas camas de terapia intensiva, funcionan por debajo de su capacidad, debido a la antigüedad de los equipos médicos. Situación que se registra en el Edo. Portuguesa, donde el hospital Central de Acarigua cerró el servicio de cuidados intensivos en marzo de 2002, debido a que todos los equipos médicos de la unidad se encontraban dañados. De igual manera, el hospital Universitario de Cumaná (Edo. Sucre), presenta problemas en el aire acondicionado de la unidad de terapia intensiva, desde hace 4 años, y la mayoría de los equipos están obsoletos31. Yilda González de Maurell, coordinadora docente de la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital Universitario de Cumaná, informó que según cifras que maneja la SVMC, los cupos nacionales en las unidades de terapia intensiva no cubren más del 25% de la población que requiere de estos servicios. La casi totalidad de los equipos no reciben mantenimiento preventivo y en su gran mayoría, presentan un atraso de más de 15 años. Otro aspecto, referido por González de Maurell, es el relativo a la eliminación de las fundaciones privadas que mantenían el funcionamiento de estos servicios, sin que los órganos competentes asumieran el costo para mantenerlos debidamente. Ello ha derivado en que el criterio preferencial de acceso favorezca a quienes se encuentran en condición crítica, pero con posibilidades de recuperación32. Por su parte, José Besso, presidente de la Federación Panamericana de las Sociedades Médicas de Medicina Crítica, explicó que las unidades de terapia intensiva no sólo deben estar debidamente equipadas, sino también, contar con personal médico y paramédico entrenado. Así, lo recomendable es 1 médico intensivista, por cada 2 camas y 1 enfermera especialista, por cama33. Otro dato importante de la situación de salud en el país, es la relación entre el número de profesionales y técnicos en la ciencia médica, por número de habitantes; también, el porcentaje de empleo, desempleo y subempleo de estos profesionales, en el sector público. Así, para 1999, el número de médicos por 10.000 habitantes se situó en 19,7, y en 7,9 para las enfermeras. Del total de médicos, 46,8% trabajaba a tiempo completo o parcial en el sector público (MSDS e IVSS). En 1998, 50,5% de los médicos registrados eran especialistas y el 49,5% eran médicos generales. Así mismo, el 55% corresponde a médicos que trabajan en los estados con mayor ingreso34. Según explicó María Urbaneja, ministra de Salud y Desarrollo Social, uno de los programas prioritarios del MSDS es la ampliación de inmunizaciones. De manera que para el año 2002 la inversión de este programa (Bs. 20 millardos) subió en 2,5 millardos de bolívares, en comparación con la inversión de Bs. 17,5 millardos de 200135. Urbaneja señaló que desde el año 2001 se incluyeron nuevas vacunas en el protocolo de inmunizaciones, como son las vacunas para la hepatitis B y para la meningitis36. No obstante, las coberturas de las campañas de vacunación durante el año 2001 presentaron porcentajes por debajo de los estándares internacionales en Antipolio, Triple Viral, Triple Bacteriana, Antihepatitis B, Antiamarilla, Antihaemophilus Influenzae tipo B y Sarampión, ubicándose el rango de cumplimiento entre 24% y 80% y solamente en el caso del Sarampión se alcanzó una cobertura del 95%. Así, el porcentaje de cobertura fue para las vacunas de Antipoliomelítica 80% (3ra dosis en niños y niñas menores de 1 año); Triple Viral 60% (niños y niñas de 1 año); Triple Bacteriana 75% (niños y niñas de 1 año); Antihepatitis B 60% (niños y niñas menores de 1año); la Antiamarílica 40% (niños y niñas de 1 año); la Antihaemophilus Influenzae B 24% ( 3ra dosis) y la Doble Viral para el Sarampión 95% (población infantil entre 1 y 4 años)37. La Oficina Regional para las Américas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en ocasión de la celebración del XLIII Consejo Directivo de la organización, emitió una Resolución (CD43.R1) donde insta a los Estados Miembros a adoptar medidas que respondan al compromiso de la erradicación de enfermedades prevenibles y a sostener programas nacionales de vacunación, con suministro de vacunas e inyecciones seguras, así como el mantenimiento de una cobertura de vacunación de por lo menos 95% para la vacuna Antipolio y Antisarampión. Por su parte, Juan Félix García, Presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, informó que durante el año 2001, el promedio de la cobertura nacional de inmunizaciones fue de 54%, es decir, 1 de cada 2 niños no tuvo completa su vacunación38. En relación con este señalamiento, Renato Russo, responsable del Programa de Vacunación del MSDS, identifica como principal problema para cumplir con la meta del 95% de cobertura, la apatía de los usuarios de los servicios de salud “porque la oferta de vacunación está presente todo el año”39. Sin embargo, si la apatía de las personas es un elemento relevante del poco éxito de las campañas de vacunación del MSDS, le corresponde a éste evaluar factores como el bajo impacto de sus campañas, los problemas de acceso a la información y posiblemente, las dificultades económicas de los sectores sociales para poder trasladarse a los centros de vacunación.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Memoria y Cuenta del MSDS 2001. Pág. 107-200. Por su parte la Dra. Eva Rodríguez, representante de la dirección de Salud de la Alcaldía Metropolitana, coincide con el argumento presentado por García, pero reconoce las debilidades del MSDS con respecto a las obligaciones de promoción y educación en salud. Refiriéndose al Sarampión, Rodríguez señaló que “se ha expandido porque tenemos población no vacunada contra la enfermedad”40. Luego de un silencio epidemiológico que duró varios años, la enfermedad se propagó, porque no se alcanzaron los niveles óptimos de vacunación en niños con edades comprendidas entre 1 a 4 años. Según Rodríguez, a pesar de que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del MDSD, siempre incluía la vacuna contra el sarampión, no es si no hasta el brote del año 2001 cuando el MSDS asume una campaña más agresiva para erradicar y prevenir la enfermedad41. De conformidad con lo expresado por Rodríguez, al cierre de este período, con un total de 2.383 casos reportados hasta la semana epidemiológica 38 (15-21 de septiembre de 2002 ), se evidencia un esfuerzo mayor del MSDS y de las autoridades sanitarias regionales para prevenir la enfermedad a través de las campañas de inmunización. Hasta la semana 38 se habían vacunado 13.290.080 personas42. Una medida que dio cuenta de la voluntad política del MSDS, en aras de fortalecer el Plan Nacional de Inmunizaciones, es el inicio de las edificaciones para una nueva planta de fabricación de vacunas del Instituto Nacional de Higiene (INH), adscrito al MSDS. Esta acción tiene como fin aumentar la producción nacional de vacunas, en respuesta a una realidad institucional donde la producción de vacunas no cubre la demanda derivada del crecimiento poblacional del país. Se espera la culminación de las obras para el año 2004. Actualmente, el INH produce 5 millones de dosis de toxoide tetánico y 2 millones de la triple o DPT por año y cada lote contiene 700.000 vacunas, que requieren un tiempo de elaboración de 8 meses43. Condiciones sanitario ambientales Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Venezuela tiene una vigilancia sanitaria-ambiental incipiente, debido a la poca capacidad de investigación en los laboratorios y al poco recurso humano capacitado. Ello, a pesar de contar con recursos hídricos abundantes (superior al billón de m3) y volúmenes aprovechables de aguas superficiales estimados en 93.000 millones de m3 y de 22.312 millones de m3 en aguas subterráneas. Para el año 2000, la cobertura de agua potable fue de 84% con áreas no cubiertas focalizadas en las zonas rurales, indígenas y urbanas no consolidadas44. Con respecto a la calidad del agua, Venezuela cuenta con 125 plantas de potabilización, que según el criterio de la OPS son insuficientes, ante la creciente densidad poblacional que desborda la capacidad de las mismas y ante una deficiente vigilancia y control del servicio, especialmente en zonas rurales. De las aguas servidas, para el año 2000, el porcentaje de cobertura de estos servicios se ubicó en 73%, concentrándose el déficit en las zonas rurales, indígenas y urbanas no consolidadas, y del total de aguas servidas (76 m3/seg) sólo recibían tratamiento el 10%. En 1999, el porcentaje de aguas no potabilizadas alcanzó un promedio del 62%45. En resumen, Venezuela no ha logrado reducir la brecha social en la cobertura de agua potable y aguas servidas, entre las áreas urbanas con mayor desarrollo y las áreas rurales, urbanas no consolidadas e indígenas, con menor densidad poblacional y mayores índices de pobreza. Lo cual tiene incidencia en la persistencia y focalización de las enfermedades gastrointestinales en la población infantil perteneciente a familias en condiciones de pobreza. El Edo. Amazonas es un ejemplo de ello: con una extensión de tierras que abarca el 20% del territorio nacional, con una densidad poblacional de 0,54 hab/Km2 y con 55,7% de población rural, sólo el 39,7% de la población dispone de agua potable y de medios sanitarios para la disposición de excretas. Con base en la relación entre la cobertura y calidad del agua e indicadores de morbilidad, por diarrea, precisamente, Amazonas se encuentra entre las principales causas de muerte infantil, la enteritis y las diarreas. Así, en una media de 23 niños y niñas al mes, 4 de cada 10 mueren por diarreas y 3 de cada 10 por desnutrición46. En situación similar se encuentran las 80 comunidades indígenas localizadas en el Municipio Cedeño, al noroeste del Edo. Bolívar, donde se generan numerosos casos de enfermedades gastrointestinales, debido a la contaminación de las aguas del río “Los Pijiguaos”. En este sentido, el concejal indígena José Rafael Camejo denunció que mueren, cada mes, un aproximado de 3 niños indígenas, como consecuencia de la contaminación general; y que los casos de diarrea infantil se presentan de forma endémica, en un número entre 5 y 8 enfermos semanales, sin que esta situación sea registrada por el organismo de salud regional47. El balance que presentó el MSDS sobre las principales causas de mortalidad infantil entre 1999 y 2001, no dista de la realidad señalada. Según éste, las enfermedades diarreicas se ubican en segundo lugar. Si bien hay una tendencia al descenso en relación con las cifras de muertes reportadas durante los años 1999 (1.055), 2000 (933) y 2001 (848); las enfermedades gastrointestinales, conjuntamente con las respiratorias agudas, se mantienen como las dos principales causas de mortalidad infantil en el país48. Al cierre de este Informe, los estados con mayor incidencia parasitaria fueron Amazonas, Sucre, Bolívar y Delta Amacuro49. Con respecto a la cobertura y calidad del agua, hay otro problema que afecta al sector salud, como son las fuentes de suministro y tratamiento del agua en los establecimientos de asistencia a la salud del país. El número de hospitales y ambulatorios que tienen tratamiento completo del agua es minoría. A partir de una muestra tomada por Provea de diferentes centros de asistencia de salud en 10 estados (Apure, Anzoátegui, Lara, Cojedes, Barinas, Falcón, Portuguesa, Miranda, Nueva Esparta y Trujillo), y con base en datos suministrados por las direcciones Regionales de Salud respectivas, se constató que las fuentes de agua de la mayoría de los centros ambulatorios de las referidas entidades son distintas al suministro por acueducto, y que un porcentaje importante no se le garantiza el tratamiento del agua50. Pese a que la cobertura y control de calidad en el suministro nacional del agua presenta serios problemas, hay algunas iniciativas aisladas que merecen un reconocimiento, como la culminación de la rehabilitación del tramo Oricao-Shangrillá, de la aducción Maya-Picure, en el Edo. Vargas, consistente en 800 metros de tubería, que permitirá el suministro del 80% del agua que consume dicha entidad51. También, la recuperación en el Edo. Falcón de 2 lagunas para la purificación de las aguas servidas, proveniente de la ciudad de Coro, que antes eran arrojadas sin tratamiento alguno a las quebradas cercanas y al mar52. Sin embargo, un problema que persiste y que tiene especial incidencia en las condiciones sanitario ambientales es el relativo a las irregularidades que, con frecuencia, se dan en el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos hospitalarios. En este sentido, en marzo de 2002, el concejal del Cabildo Metropolitano Richard Peñalver, se pronunció ante la falta de control y de mecanismos adecuados para quemar y eliminar los 20.338 kilos de desechos sólidos que producen diariamente los hospitales de Caracas, y sobre la incidencia negativa, debido a este déficit, que tienen en los indicadores de morbilidad por enfermedades respiratorias, cutáneas y cardíacas de las personas que mantienen contacto con estos desperdicios53. Aun cuando el Área Metropolitana de Caracas cuenta con 8 hornos crematorios para desechos sólidos hospitalarios, la mayoría están dañados. A saber, los ubicados en los hospitales Psiquiátrico de Caracas, “Jesús Yerena” (Lídice), “José Gregorio Hernández”, los Magallanes de Catia, “José Ignacio Baldó” (Algodonal), el Materno Infantil de Caricuao y la Unidad Crematoria Principal de Caracas, ubicada en Coche54. A casi un año de la entrada en vigencia de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (LSMDP) persisten los problemas denunciados por el edil del Cabildo Metropolitano en la red hospitalaria del Área Metropolitana. La LSMDP regula el carácter obligatorio de las medidas de seguridad en el manejo y destrucción de los desechos provenientes de los establecimientos de salud, refiriéndose de manera expresa a los restos humanos, desechos infecciosos, patológicos, biológicos, químicos, radiactivos, restos de animales y materiales putrescibles, con inclusión de los medicamentos vencidos55. Recientemente, en septiembre de 2002, la concejal Wendy González, presentó un informe ante el Consejo Municipal del Edo. Vargas, en el que se hace referencia a 6 establecimientos de salud de esa entidad federal (los hospitales “Martín Vega”, “Ezequiel Zamora”, “Raúl Perdomo Hurtado”, “Eudoro González”, el Periférico de Pariata y el ambulatorio “Alfredo Machado”, en Catia La Mar) que utilizan los recipientes de la basura común, para el depósito de restos humanos y orgánicos. El informe señala que esa situación ocurre también con los materiales desechables como las vendas, inyectadoras e instrumentos quirúrgicos que constituyen desechos infecto-contagiosos y son recolectados por los camiones recolectores de basura, sin que se tomen las medidas de protección y aislamiento que requieren. En opinión de González, el principal peligro radica en que al ser compactados con los desechos de la basura común y ser depositados en los rellenos sanitarios se crean ambientes propicios para la propagación de infecciones y gérmenes en las poblaciones cercanas56. El informe dio a conocer también las irregularidades encontradas en el destino de los medicamentos vencidos en el Periférico de Pariata, donde se dejan los frascos de medicamentos vencidos en bolsas de basura común y éstos terminan en los vertederos de basura, donde se ha constatado que las personas indigentes los toman y revenden. Así, el único hospital en La Guaira con un incinerador en buen estado es el “José María Vargas”57 Personas que viven con VIH/Sida Vale resaltar positivamente el esfuerzo realizado por las autoridades del MSDS, a través del Programa Nacional de SIDA (PNS), en cuanto a retomar la realización y seguimiento del registro epidemiológico del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida y/o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/Sida). El PNS inició el registro en los 8 estados con mayor incidencia (Distrito Capital, Mérida, Aragua, Carabobo, Zulia, Monagas, Bolívar y Nueva Esparta). En diciembre de 2001, se registraron 16.000 casos, de los cuales 6.000 fueron de VIH y 10.000 de Sida. Para septiembre de 2002, el subregistro estimado fue del 70% y para el 2001 de 90%58. De acuerdo con el Informe Global sobre la Epidemia del VIH/Sida, elaborado por el Programa Sida de la organización de Naciones Unidas (Onusida), en Venezuela el estimado para el año 2000 era de 62.000 personas con VIH/Sida, de las cuales 61.000 correspondían a la población masculina adulta, 9.200 a la población femenina y 580 a niños y niñas, con una mortalidad estimada de 2.000 personas59. A inicios del año 2002, se registró un incremento en los casos de VIH/Sida en el Edo. Carabobo, tal como lo demostró un informe realizado por el Departamento Epidemiológico del Instituto de Salud del Estado Carabobo (Insalud). En este sentido, Carmen García, jefa de Epidemiología de Insalud, explicó que durante el primer cuatrimestre de 2002, se registraron 258 casos, lo que significó un aumento del 95% con respecto a los 132 casos registrados en 2001. Así mismo, Insalud registró 435 contagios, de los cuales 4 son pacientes menores de 10 años. Esto equivale a una tasa de 0,83 por cada 100.000 habitantes60. El Edo. Vargas también registró un incremento en los casos de personas contagiadas por el virus. Según el informe estadístico de la Dirección Regional de Salud, para septiembre de 2002 se reportaron 58 casos, 8 más en comparación con los 50 registrados para septiembre de 2001. Mario Romero, jefe de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida de la Dirección de Salud de Vargas, explicó que aunque “no se descarta un incremento numérico, la cantidad registrada también pudiera considerarse el resultado de una intensificación en las campañas de control que vienen desarrollando los organismos”61. Con respecto a la población infantil afectada por el VIH/Sida, el 90% de los casos ocurre en menores de 4 años, según información suministrada por el presidente de la Sociedad Venezolana de Enfermedades Infecciosas, José Antonio Suárez. Afirmó que en la Unidad de VIH/Sida del Hospital de Niños “J.M. de los Ríos” se atienden mensualmente a unos 180 pacientes activos (que presentan patología) en donde se les aplica un tratamiento similar al recibido por los adultos. Suárez expresó que en los últimos 10 años la enfermedad se incrementó entre la población infantil en el Distrito Capital, Carabobo, Monagas, Zulia y Nueva Esparta62. Un avance notorio en cuanto a la prevención del VIH/Sida, es el financiamiento por parte del Ejecutivo Nacional, a través del MSDS, de 33 proyectos elaborados por varias organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, dirigidos a la prevención de los grupos de riesgo que incluye a las trabajadoras sexuales, grupos homosexuales, personas privadas de libertad y adolescentes en estado vulnerable. Según Alberto Nieves, miembro de Accsi y de la Red Venezolana de Gente Positiva, “el llamado a las ONG por parte del MSDS significó un cambio en las políticas públicas por parte del Estado, permitió el fortalecimiento del trabajo realizado por algunas ONG dedicadas a la prevención del VIH/Sida y contribuyó a fortalecer la respuesta del sector comunitario”63. Nieves calificó como un éxito el desarrollo de los proyectos, pese a que hubo recortes en el presupuesto inicial. Para el año 2003, el MSDS decidió dar continuidad a este programa e incrementar el presupuesto. En relación con la entrega de medicamentos antirretrovirales (ARV) y contra infecciones oportunistas a personas con VIH, en el 2001, el MSDS a través del Programa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida e Infecciones de Transmisión Sexual (SIDA/ITS) entregó de manera gratuita medicamentos a 6.500 personas64. Por su parte, el IVSS hizo entrega de medicamentos ARV a 3.000 personas65. Para este período, el suministro de los ARV ha presentado algunos problemas. En este senti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
