Los gremios, organizaciones sociales y de derechos humanos, así como las diferentes personas que suscribimos el presente documento, exigimos que, ante las evidencias de torturas y otros tratos crueles contra personas privadas de libertad en Venezuela por razones políticas, organismos internacionales con competencia en derechos humanos o temas humanitarios puedan constatar su integridad física.
La situación de ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela, así como la profunda crisis económica y social junto a los graves retrocesos en los últimos años en materia de derechos civiles y políticos, originó durante el año 2017 un ciclo de manifestaciones entre el 01 de abril y el 30 de julio, que arrojó el lamentable saldo de 128 personas asesinadas en contexto de protestas y 1.934 personas heridas (Ministerio Público), 5.051 detenciones arbitrarias (Alto Comisionado ONU), 676 presos de conciencia (Foro Penal) y miles de denuncias de viviendas atacadas con bombas lacrimógenas y otras allanadas sin orden judicial, robos por funcionarios policiales y militares, acoso laboral y despidos por razones políticas así como ataques por parte de grupos de civiles armados que actuaban en coordinación con los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la violación masiva y sistemática de derechos humanos no finalizó el 30 de julio. Actualmente 6 alcaldes han sido destituidos ilegalmente y sometidos a órdenes de aprehensión, 2 de ellos en la clandestinidad, tres se encuentran encarcelados mediante decisiones judiciales arbitrarias. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz también fue destituida de su cargo y su esposo, el diputado por el PSUV Germán Ferrer, fue sometido a un proceso judicial sin haberse cumplido el procedimiento constitucional de allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Ambos sufren persecución. Personas y organizaciones que participaron o acompañaron las manifestaciones están siendo sometidas a diferentes formas de persecución y hostigamiento.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó la violación de la integridad de las personas privadas de libertad por razones políticas. En un comunicado donde adelanta los resultados de una investigación en curso sobre nuestro país afirma: “En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares”.
La máxima autoridad a nivel mundial en materia de derechos humanos ha constatado la alta probabilidad que las personas privadas de libertad en Venezuela por disentir o expresar opiniones críticas al gobierno sean víctimas de torturas y otros malos tratos. Las instituciones que deberían evitar que esto suceda, la actual Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo se han subordinado a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, por lo que garantizan impunidad tanto para las violaciones como para los violadores de derechos humanos.
Por estas razones exigimos a las instituciones internacionales con competencia en derechos humanos (ONU y OEA), así como a otros entes con trabajo humanitario (Vaticano, Comité Internacional de la Cruz Roja), que presionen al Estado venezolano para que puedan constatar, personalmente el estado en que se encuentren todas las personas privadas de libertad por razones políticas y velar por su integridad. Pedimos la conformación de una misión humanitaria, que genere confianza en todas las partes, especialmente en los familiares de los presos de conciencia, para que pueda visitar los diferentes centros de reclusión y cerciorarse del estado de salud y la integridad física y emocional de las personas privadas de libertad por razones políticas.
Mientras escribimos este comunicado y la opinión pública internacional lo conoce, decenas de personas en Venezuela están siendo víctimas de torturas, tratos inhumanos, crueles y degradantes por sus críticas a la gestión de gobierno.
Adherimos la presente comunicación:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
Aquí Cabemos Todos
Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
Centro para la Paz y los DDHH UCV
Centro de Derechos Reproductivos, Colombia
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) / Ecuador
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público (RTSP)
Confederacion Sindical UNETE
Colegio Nacional de Periodistas
Convite AC
Espacio Público
Expresión Libre
Fundación Alberto Adriani
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos
Fundación Aguaclara
Gente del Deporte
Humano Derecho Radio Estación
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela)
Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO-UCV
Laboratorio de Paz
Nueva Esparta en Movimiento A.C
Organización StopVIH
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Redes Ayuda
Ser Investigación y Comunicación
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Observatorio Ambiental Venezolano
Una Montaña de Gente
Una Ventana a la Libertad
Personalidades
Antonio Pasquali, comunicador
Arnaldo Esté, filósofo en ética y educación
Carmelo Casale. Periodista. UCAB.
Francisco Alfaro, politólogo
Gloria Cuenca Herrera, periodista
Iván Briceño, Pdte Asociación de Profesores Jubilados Upel Maracay (APROJUPEL MARACAY)
José María Cadenas, profesor universitario
José Virtuoso, rector Universidad Católica Andrés Bello
Mayte Navarro Serrano, periodista
María Teresa Urreiztieta, psicóloga social
Margarita López Maya, historiadora
Marisol Decarli, periodista
Mireya Lozada, psicóloga social
Nelson Garrido, fotógrafo
Nixa E. Martínez N, Presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela (CNDV)
Luis Lander, director Observatorio Electoral Venezolano
Luz Mely Reyes, periodista
Pablo A. de la Vega M., defensor de derechos humanos (Ecuador)
Román J. Duque Corredor, Presidente de la Fundación Alberto Adriani
Silvia Alegrett, periodista
Verónica Zubillaga, socióloga
Yasmín Esperanza Monsalve Reano, Periodista
