Este martes el tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, condenó a los funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, a seis años y ocho meses por estar implicados en el asesinato del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, por los delitos de «homicidio preterintencional» con causal; condena que los mencionados cumplirán en un calabozo del Dgcim.
Desde Provea rechazamos esta sentencia por considerarla insuficiente y no establecer responsabilidades directas relacionadas a la tortura y tratos crueles que sufrió Arévalo en el mes de junio. Con esta decisión, el gobierno de facto intenta escapar de la responsabilidad absoluta en otro asesinado por tortura, acción penada entre 15 y 25 años por la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes vigente desde julio de 2013. Es una sentencia que estimula el uso de la tortura por parte de organismos policiales y militares. Reafirma además que en Venezuela se creó una estructura institucional para favorecer el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.
El Capitán Rafael Acosta Arévalo sufrió tratos crueles y torturas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar organismo que tiene como mandos superiores al ministro de la defensa y a Maduro. Al Capitán se le acusó de formar parte de un grupo de militares que darían un supuesto golpe de Estado.
La toturas recibidas le produjeron excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en manos, problemas auditivos, inflación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso; situación que le impidió hablar, levantarse, mover las manos y los pies cuando fue presentado en audiencia ante el juez. El gobierno de facto violó las garantías constitucionales del debido proceso en el caso de Acosta, donde jamás se comprobó su supuesta implicación en el golpe y tampoco se imputó formalmente por el estado, muriendo torturado y siendo inocente e igualmente violó su derecho a la vida. La autopsia realizada al Capitán indica que sufrió fractura de varias costillas, recibió golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, fractura del tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos y rodillas, hematomas en la cara interna de los muslos, lo cual demuestra la saña e intención de los autores del asesinato.
El «Homicidio Preterintencional» es imputado por la ley venezolana como un delito común, situación que elimina la responsabilidad de estos individuos que actuaban como funcionarios del Estado, estableciendo que su actuación fue de manera individual; además, con esta sentencia se descarta si los ejecutores realizaron violaciones a los Derechos Humanos, y se violan normas nacionales e internacionales con respecto a la tortura y tratos crueles que pueda sufrir un inocente. Queda demostrada la poca voluntad política de quienes hoy tienen el poder de facto para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Destaca también la complicidad del Defensor impuesto por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente Alfredo Ruíz, ex defensor de derechos humanos que por cierto fue uno de los promotores de la mencionada Ley.
Desde Provea consideramos que solo una Comisión Internacional conformada por expertos independientes puede garantizar una investigación seria y responsable sobre este caso que conduzca en el futuro al castigo tanto de los autores materiales como de la cadena de mando. No podemos aceptar impunidad en este caso, y que mediante una aparente acción de «justicia» solo se está garantizando impunidad y generando un grave precedente que alienta la aplicación de la tortura.
En Venezuela la tortura es una practica cotidiana. Institucionalizada en la mayoría de los cuerpos policiales y militares, la comisión de este oprobioso crimen contra los derechos humanos tiende a “normalizarse”, invisibilizando a las víctimas y manteniendo abierto un ciclo interminable de revictimización y abusos. Sólo cuando el crimen de la tortura trasciende los barrotes y golpea al resto de la sociedad, la opinión pública reacciona ante el inminente riesgo que corremos todos en la Venezuela de Maduro. El riesgo de ser torturados.
Las sedes policiales y militares del país, especialmente las del Sebin y la Dgcim, se han convertido en centros especializados de torturas donde este crimen se comete a diario contra detenidos por razones políticas. Los testimonios de quienes han permanecido recluidos en los calabozos de estos organismos de seguridad indican un patrón de abusos que institucionalizó la práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos. Pero a diario también se tortura a centenares de personas privadas de libertad por delitos comunes. La mayoría de ellas hombres pobres y jóvenes, sin acceso a abogados y desprovistos de medios económicos para garantizar una defensa adecuada.
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Prensa PROVEA
