Caracas, 13 de junio de 2018.- El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles la 29ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2017, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
Durante 2017 Provea registró los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, fecha en que comenzamos la elaboración del Informe Anual. En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera. La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado. Personas cuya salud se deteriora irreversiblemente por hambre y falta de medicamentos, por no recibir atención médica oportuna y adecuada, por la violencia institucional bajo la modalidad de ejecuciones policiales o militares, así como por el uso excesivo de la fuerza y muerte por la acción de la delincuencia. Se acentuó lo que ya desde hace dos años advertimos: que con el gobierno de Nicolás Maduro se vivía una situación de exclusión en lo social y exclusión en lo político, afianzando las desigualdades, aumentando la discriminación y reduciendo a su mínima expresión el derecho a la participación en los asuntos públicos.
Se acentuó lo que ya desde hace dos años advertimos: que con el gobierno de Nicolás Maduro se vivía una situación de exclusión en lo social y exclusión en lo político…
Durante el período que abarca este Informe, la población venezolana continuó viviendo el deterioro de su calidad de vida, pero a su vez fue protagonista de la primera rebelión popular venezolana del siglo XXI. La respuesta de Nicolás Maduro fue asumir una actitud indolente ante el sufrimiento, ordenar a sus fuerzas militares y policiales recurrir al uso excesivo de la fuerza ante la protesta social, y afianzar su dictadura imponiendo por vía fraudulenta una asamblea nacional constituyente que desconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
A pesar de ser derrotada, la Rebelión Popular de 2017 elevó aún más el costo político para los represores venezolanos. La comunidad internacional aumentó la presión sobre la dictadura y algunas iniciativas como el Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Informe País de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el inicio de un procedimiento por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la dictadura de Maduro; los informes del Secretario General de la Organización de Estados Americanos; la conformación del Grupo de Lima, entre otras, contribuyeron a visibilizar aún más la delicada situación de los derechos humanos en el país y la necesidad de buscar salidas a la crisis institucional, que permitan el retorno a la democracia y el respeto al Estado de Derecho.
La indolencia y la represión asfixian a los derechos humanos
Entre los principales hallazgos resaltan los referidos a la situación del derecho a la alimentación, a la salud, vida e integridad personal.
En el primero, destacamos que 2017 inició con un balance del sistema alimentario venezolano caracterizado por una reducción sostenida de la producción nacional, las importaciones y el consumo de alimentos, que comenzaron a generar niveles alarmantes de desnutrición aguda, tensión social y una afectación en todas las dimensiones de lo social y económico.
El daño resultante de la vulneración del derecho a la alimentación se ha registrado entre los venezolanos en, al menos estas dimensiones: 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria; 8 de cada 10 venezolanos declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez; aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día.
La emergencia causó muertes por privación prolongada y absoluta de medicinas, incapacidad de los servicios para atender una mayor cantidad de enfermedades asociadas a la desnutrición y aparición de nuevas epidemias.
Al cierre del 2017 Caritas Venezuela reportó un aumento de 100% en las cifras de desnutrición aguda en menores de 5 años. De los primeros registros, en noviembre del 2016, que indicaban una desnutrición aguda grave en el 8% de los niños, se pasó a un nivel de 16,2% con desnutrición aguda grave (moderada y severa). El 33% de los niños, incluso recuperados, mostraron un retardo del crecimiento irreversible. Un 52% de estas formas de desnutrición ocurre en menores de 2 años.
Lo característico del año fue la severidad de la desnutrición y las muertes asociadas. En el 2016 las denuncias de niños con desnutrición fueron más frecuentes, pero fue en 2017 que se hace evidente que esta desnutrición comenzó a profundizarse hacia cuadros muy severos y a cobrar cada vez más vidas.
En materia de derecho a la salud, durante 2017 se hicieron patentes los estragos de una emergencia humanitaria compleja cuyas consecuencias para el derecho a la salud fueron el desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional, gran parte de las cuales descansaban en un sistema de salud público que fue sometido a una larga y sistemática destrucción. Por la emergencia se agravó más el déficit de personal médico y de enfermería y las fallas de servicios en hospitales públicos, comprometiendo entre 50% y 90% sus niveles operativos, lo cual mostró un comportamiento de caída debido a la profunda desestructuración del sistema sanitario. Provea registró 9.662 denuncias de violaciones del derecho a la salud, que representa un 98% de aumento respecto a las registradas en 2016, y el mayor incremento ocurrido en los últimos cinco años.
La emergencia causó muertes por privación prolongada y absoluta de medicinas, incapacidad de los servicios para atender una mayor cantidad de enfermedades asociadas a la desnutrición y aparición de nuevas epidemias diseminadas en gran parte del país con 1.040 casos de Difteria y 773 de Sarampión, sumado a la mayor expansión vista de Malaria con 400.000 casos. Frente a la emergencia, el gobierno se negó a implementar mecanismos de asistencia y cooperación internacional y tanto las organizaciones de salud como los gremios y sindicatos perdieron toda comunicación con las autoridades sanitarias, debiendo salir a la calle en protesta pacífica para exigir garantías a sus derechos.
En cuanto a la situación del derecho a la vida, en 2017 Provea logró individualizar a un total de 397 personas víctimas de violación al derecho a la vida, cifra que de acuerdo a nuestros registros representa un incremento de 17,80% respecto al periodo inmediato anterior, manteniendo la variable un comportamiento ascendente por sexto año consecutivo, con lo que consolida la tendencia al incremento que experimenta desde 2012. Este dato marca un nuevo record en el número total de muertes causada por la acción de cuerpos de seguridad del estado desde 1989. Es necesario resaltar en este aspecto que el pasado 16 de noviembre de 2017, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que de acuerdo a la data levantada por el Ministerio Público venezolano, 8.291 personas habría sido asesinadas por agentes de la fuerza pública entre enero de 2015 y junio de 2017. La cifra suministrada por Ortega Díaz, indica que entre enero y junio de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por los cuerpos de seguridad venezolanos.
Finalmente, en materia de derecho a la integridad personal Provea registró 7.357 casos que incluyen torturas; tratos crueles; allanamientos ilegales; heridos y/o lesionados, y amenazas y hostigamiento. La cifra registrada, comparada con el periodo anterior cuando se registró un total de 1.790 casos de violaciones al derecho a la integridad personal, representa un aumento de 411% en el número de violaciones. Provea registró un total de 2.450 ataques a la población civil en zonas residenciales; recintos universitarios y escolares; centros de salud y templos religiosos, realizados por agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares en el marco de la Rebelión Popular abril-julio, con el objetivo de frenar la protesta popular, inhibir a los manifestantes de seguir protestando y castigar a urbanismos y comunidades que se movilizaron contra la dictadura. En los primeros cinco años de gestión de Nicolás Maduro (2013-2017), el número total de casos de violaciones a la integridad personal asciende a 30.584, un 275% más violaciones que las registradas en 14 años de gestión de su antecesor en el poder.
Construir unidad para exigir la renuncia del dictador
La dictadura de Nicolás Maduro es una fábrica de pobreza y represión. El aumento del hambre y la pobreza en 2017, y su agravamiento durante 2018, ha conducido a cientos de venezolanos a tomar las calles para exigir la satisfacción de sus necesidades en materia de alimentación, salud y servicios públicos. La respuesta de la dictadura ha sido la represión y la violencia, que en apenas cinco meses del año, ha cobrado la vida de 13 venezolanos que han sido asesinados en protestas, y que ha puesto tras las rejas a más de 700 personas por participar en manifestaciones desde el pasado mes de noviembre. A estas personas, detenidas por exigir alimentos, Provea las califica como los presos políticos del hambre.
Para Provea es necesario avanzar en la construcción de un amplio movimiento unitario, que permita articular las luchas por la democracia en Venezuela. Un movimiento donde participe la más amplia gama de sectores democráticos comprometidos con el rescate del país, y que exija, en las calles y de forma pacífica, la renuncia de Nicolás Maduro, el retorno a la democracia y la plena vigencia de la Constitución de 1999.
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