En Provea recibimos denuncia por parte de familiares de Anthony Molina, un joven de 24 años con Discapacidad Intelectual Grave que está detenido desde hace 3 años y medio, sin que se le permita tomar tratamiento médico, ha sido víctima de torturas con electricidad, y se encuentra bajo condiciones inhumanas: durmiendo en el piso y haciendo sus necesidades fisiológicas en bolsas. Ninguna de las autoridades ha acatado recomendaciones del médico psiquiatra que lo evaluó cuando fue detenido.
Anthony Michelle Molina Ron es un joven con Discapacidad Intelectual Grave y Discapacidad Psicosocial Leve que se encuentra detenido desde el 2017 en la Subdelegación del CICPC de Punto Fijo, estado Falcón, tras ser acusado de homicidio. El 4 de febrero de 2017, Anthony habría regresado golpeado e inconsciente a su casa a las 2 de la madrugada, en compañía de funcionarios del CICPC, quienes en ese momento lo detuvieron por estar presuntamente involucrado en un presunto homicidio. Esa noche, Anthony se encontraba en una casa vecina muy cercana a su hogar, en ese lugar se celebraba un cumpleaños de un conocido. Fue en esa fiesta donde mataron a un joven llamado Jhonny.
Al inicio de los hechos, testigos principales fueron amenazados por retratar a otro culpable, una segunda persona señalada como autora del homicidio que posteriormente fue sacada de Venezuela.
Anthony tiene certificado del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) que confirma la condición de Anthony, joven diagnosticado con Discapacidad Intelectual Grave y Discapacidad Psicosocial Leve. Las autoridades han sido indiferentes ante su condición y no han aplicado trato especializado que prevé la Ley. Aseguran que el Tribunal que conoce la causa tampoco quiere reconocer el Informe Médico Psiquiátrico Forense que el mismo CICPC realizó. Cuando le hicieron la evaluación psiquiátrica forense, se indicó que Anthony no está ubicado en tiempo ni espacio, se recomendó que fuera trasladado a un centro de salud y que estuviera en un lugar sin estrés, además de ser referido a un neurólogo y a un psiquiatra. Hasta julio 2020 esto no ha sido cumplido.
Actualmente el caso está en fase de juicio, Anthony sigue detenido en el mismo lugar, y su condición no ha sido tomada en cuenta en ninguna circunstancia. Se han consignado escritos ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los Tribunales y el CONAPDIS solicitando una medida humanitaria y una sensibilización con el caso, pero no han obtenido respuestas y solo lo han involucrado en el homicidio cuando sus capacidades intelectuales están disminuidas. Hasta julio de 2020, la familia de Anthony aún no obtiene respuestas por unas contusiones y lesiones en la cabeza reflejadas en su reconocimiento forense del 2017. Señalan que Anthony no ha recibido inspecciones de la Defensoría del Pueblo ni de fiscales de derechos fundamentales del Ministerio Público.
Presunta víctima de torturas
Los familiares de Anthony denuncian que en los primeros días de detención sufrió graves torturas y cuando presuntamente algún preso incumple las reglas o intenta escapar, son sometido a malos tratos.
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Además de las denuncias de torturas contra Anthony, su familia reitera que el joven permanece detenido en condiciones inhumanas, durmiendo en el piso y haciendo sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas. Anthony ha presentado fiebre con temperaturas tan altas que ha convulsionado.
10 kilómetros de distancia
La madre de Anthony debe caminar más de 10 kilómetros a diario para poder darle comida y agua a su hijo, en la Subdelegación del CICPC no le suministran alimentación ni hidratación. Su familia está preocupada por el estado de su salud física y mental, y también por las precarias condiciones de reclusión. Sienten que Anthony está indefenso y vulnerable, aseguran que no se ha podido defender de los hechos porque no tiene consciencia de qué fue lo que pasó, ni tiene noción de por qué está detenido. Aseguran que tampoco le quieren reconocer el Informe Médico Psiquiátrico Forense que el mismo CICPC realizó.
Por las medidas de cuarentena aplicadas en Venezuela, la madre de Anthony pasó dos meses sin poder verlo. Después de este tiempo, sus familiares pudieron observarlo, lo encontraron muy demacrado y desnutrido, por lo que temen que los funcionarios de seguridad no le estén entregando la comida. “Tuvimos que contener las ganas de llorar al verlo en esas condiciones de deterioro” confesaron.
Desde Provea denunciamos estos actos crueles y degradantes contra Anthony, un joven con condiciones especiales que requiere urgente atención y un trato digno. Es alarmante el reiterado uso de tortura para castigar a presos en Venezuela, estos son actos ilegales que podrían constituir delitos de lesa humanidad.
Exigimos que Anthony sea tratado con dignidad humana, un debido acceso a alimentación y agua potable, y atención médica oportuna. Anthony necesita tomar su tratamiento.
Anthony debe ser declarado «incapaz» por tener Discapacidad Intelectual Grave. Se deben tomar en cuenta todos los antecedentes médicos y psiquiátricos, así como los exámenes forenses que se le han practicado. Solicitamos que se decrete la suspensión de la causa de conformidad con el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano Gaceta Oficial (N° 6.078 extraordinario del 15 de junio de 2012), así como la aplicación del procedimiento de medidas de seguridad según los artículos 410 y 411.
Anthony debe ser recluido en un sitio de tratamiento especializado hasta su estabilización, o ser enviado a su domicilio bajo el debido control y monitoreo médico especializado. Anthony merece un trato digno y probar su inocencia, con su debida libertad.
Prensa Provea.
