Al menos 50 hombres encapuchados, vestidos de negro y con armas largas llegaron el 13 de agosto de 2018 a la urbanización Las Sábilas ubicada al norte de Barquisimeto, estado Lara zona popular considerada como una de las de mayor índice de criminalidad en la ciudad. Eran funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana que en su primer operativo asesinaron a cinco personas. Así inició su campaña de terror que ya cumple un año, este componente de la PNB a quien hemos definido como un “escuadrón de la muerte”. Armas de guerra, capuchas cubriendo sus rostros, vehículos y motos sin placas, nombres de los funcionarios no visibles, el insulto y la amenaza como forma de presentación, el símbolo de la muerte, una calavera, como logotipo en sus vestimentas o vehículos. Así se presentan, así aterrorizan, así matan. Todo lo contrario a los establecido en la Ley de Policía Nacional. La antítesis de una policía que tenga como propósito ganarse la confianza de la población y ser su servidora pública. En un año asesinaron a 238 personas. Impusieron la pena de muerte.
La presencia del Faes en Lara fue una sorpresa pues se sabía que es uno de los grupos más letales y abusivos en los operativos de seguridad que realiza. Los habitante en Lara pensaban que era algo temporáneo, pero llegaron para quedarse y ahora en tan solo un año de accionar llevan 238 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la entidad, siendo una de las cifras más elevadas en cuanto actuaciones de las FAES en el país.
En el momento que las FAES llegó a Lara, en ese primer procedimiento, en Las Sábilas, no hubo denuncias formales pues los residentes de ese urbanismo han normalizado las incursiones por parte de los cuerpos de seguridad, aunque algunos vecinos se atrevieron a decir que Las Sábilas fue tomada desde las 3 de la madrugada, las casas fueron allanadas sin orden judicial alguna; fueron groseros y agresivos, tumbaron puertas y los funcionarios encapuchados apuntaban a las personas incluyendo adolescentes y niños con armas largas. De los cinco fallecidos dos eran jóvenes que no eran de ese urbanismo, simplemente llegaron en el momento y sitio equivocado.
Desde ese 13 de agosto se desató una “masacre por goteo” como bien lo ha indicado el criminólogo Keymer Ávila a caracterizar los asesinatos cotidianos que perpetra este componente policial.
El Faes durante este año ha realizado operativos en ocho de los nueve municipios que tiene la región larense. Iribarren es el municipio donde más se han cometido ejecuciones , sus víctimas presentan algún registro policial y durante el 2018 se registraron al menos 92 asesinatos de los cuales pocos familiares denunciaron.
Desde enero 2019 comenzó la denuncia
La sociedad civil veía desfilar a este grupo armado, encapuchado y con camionetas negras y con símbolos de calavera por toda la ciudad, justificando su accionar indicando que se metían a los barrios y que estaban “matando delincuentes”. La opinión favorable se ha ido desvaneciendo. Y con toda razón.
Tres hechos puntuales desenmascararon la actuación de las FAES en Lara dejando en evidencia como las motivaciones políticas también están presentes en la actuación de este grupo élite para perseguir a críticos del gobierno o a quienes exigen derechos. El primero, fue el 10 de enero del 2019 cuando irrumpieron sin orden alguna en la urbanización La Sucre, metiéndose en apartamentos y agrediendo a muchos de sus residentes. El 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, reconocido por muchos países como presidente encargado de Venezuela convocó a una concentración que desbordó las calles larenses. La respuesta fue allanamientos y detenciones en esa urbanización que se ha caracterizado por ser activa en el reclamo de derechos y protestar las políticas gubernamentales.
Ese mismo día desde la población de Carora se empezó a difundir un sonido de Whatsap en donde señalaban a dos jóvenes de salir a protestar frente a la casa del Alcalde de dicho municipio, una vez que el sonido se hizo viral la orden impartida por alguna autoridad fue asesinarlos y el 24 de enero de 2019 Luis Enrique Ramos Suárez (29) conocido como “Cabeza e` Piña” y Eduardo Luis Ramos Torbello (30), fueron asesinados por las FAES en el sector Calicanto del municipio Torres.
Esta misma orden se hizo extensiva para el municipio Morán en donde el 25 de enero mataron a Cristian Alejandro Ramos y los hermanos Anderson Torres Cortéz y José Alfredo Torres Cortéz en la urbanización El Bosque de El Tocuyo. Al igual que ramos estos jóvenes habían participado en una de las protestas que por esos día se desarrollaron en varios lugares del estado Lara.
Los residentes de La Urbanización Sucre y los familiares de los asesinados en Torres y Morán no callaron ante la injusticia. Rompieron el silencio, se impusieron ante el miedo y denunciaron que sus seres queridos estaban vivos en el momento que las FAES llegó a detenerlos, que estaban desarmados, que eran personas inocentes y luego de ser torturados fueron ejecutados.
Después de este momento los familiares de las víctimas de las FAES del 2019 han denunciado ante los medios de comunicación las arbitrarias y violentas acciones de este cuerpo policial al que el régimen de Nicolás Maduro le viene dando todo su apoyo. El gobierno desatiende la recomendación realizada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michel Bachelet quien en su Informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela recomendó disolver las Faes. En dirección contraria, Maduro a los pocos días en cadena nacional alentó la actuación de las Faes, reconoció su labor, es decir, le dio un espaldarazo a las graves violaciones de derechos humanos que perpetra a nivel nacional.
Una investigación realizada por Provea, estableció que en 2018 las Faes asesinaron a 205 personas. El del Diario Tal Cual en un monitoreo realizado en todo el país, indicó que el Faes sólo en el mes de junio 2019 asesinó a 127 personas en los estados donde vine actuando, es decir, asesinó en promedio a 4 personas diarias.
El patrón se repite
El accionar de las FAES en la región larense desde que llegaron hansido el de ejecutar a personas con algún antecedente penal, pero durante el seguimiento que ha venido haciendo PROVEA a los casos en Lara se ha podido constatar que los funcionarios no confirman la información, no investigan si la persona se ha reinsertado a la sociedad, si continúa delinquiendo, el simple hecho de tener un registro los hace candidatos a ser asesinado por las FAES.
Es una operación de “limpieza social” apoyada por las más altas autoridades, la aplicación por la vía de los hechos de la pena de muerte a toda aquella persona presuntamente con antecedentes penales o que los pueda tener realmente.
Entre los patrones detectados de su actuación a la hora de realizar las ejecuciones encontramos dos formas: una de ellas es sacar a las víctimas de sus hogares y le indican a los familiares que van en calidad de detenidos o no dicen nada pero se las llevan y asesinan en otra zona, la otra, es llevarse consigo a los familiares con el objetivo de alejarlos de sus viviendas mientras la víctima es ejecutada. Las FAES ha tenido por costumbre además de tomarles fotos armados minutos antes de ejecutarlos y de esta forma justificar que era un delincuente práctica que también ha sido denunciada por los familiares. De esta manera, difunden por los medios la foto tomada luego que forzosamente obligaron a la victima a que posara frente a la cámara y así justificar que la persona estaba armada y convalidar la versión de enfrentamiento.
El Faes atropella a los más pobres. Sus actuaciones tienen una alta letalidad violando los principios del uso diferenciado y proporcional de la fuerza y el principio de preservación de la vida. Han sido creados para matar, para aterrorizar, para imponer otra forma de castigo a los más pobres afectados tanto por la delincuencia de particulares como por funcionarios delincuentes que actúan violando la Constitución y la ley.
Fiscalía tapa sus acciones
Los expedientes de los 238 casos de las presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES en Lara reposan en la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales del Ministerio Público y hasta ahora no existe pronunciamiento o una investigación por algún hecho aun cuando los propios familiares declaran que sus familiares fueron ajusticiados. Hasta ahora los expedientes parecen estar engavetados en la Fiscalía 21 de Lara quien no hace más que omitir las versiones de los familiares, a quien no llaman para declarar y a quienes muchos menos les dan acceso a sus expedientes. Todos estos abusos igualmente se realizan con el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo. Como hemos venido insistiendo desde Provea un silencio que cuesta vidas.
Prensa Provea
