Más de 700 personas se encuentran detenidas por haber participado en protestas contra el hambre, algunas de las cuales culminaron en saqueos. Es cierto que en situaciones de protesta violentas algunos ciudadanos aprovechan el caos para cometir delitos y apropiarse de bienes y propiedad privada. Estos, sin embargo, son la minoría. La mayoría de quienes participan en las protestas que se han desarrollado en Venezuela desde finales de 2017 son personas descontentas por el alto costo de la vida y la escasez.
¿Se puede denominar preso por delito común a quien es detenido por reclamar derechos?. No, estas personas son víctimas de la respuesta represiva del gobierno a los reclamos sociales.
No compartimos el uso de la violencia para exigir derechos, pero su uso no niega el contenido de las exigencias. Quien protestando contra el hambre arremete contra una propiedad privada, orienta su lucha de manera equivocada y lamentablemente termina afectando a otras personas o al colectivo social, pero eso no niega que su protesta es contra el costo de la vida y la escasez, que sale a la calle por el desespero al pasar hambre. La crisis económica y social que atraviesa el país genera angustia en millones de personas que sufren día a día el deterioro de sus condiciones de vida. Personas que padecen la imposibilidad de garantizar las tres comidas diarias básicas. Algunas de ellas han convertido los basureros en sus comedores, porque de ahí se abastecen para sobrevivir.
Si el gobierno, ante el incesante crecimiento de la pobreza y aumento de los productos de primera necesidad, continúa respondiendo con indolencia y represión, posiblemente las cárceles en el país se irán llenando de gente humilde, de integrantes de familias muy pobres que ya no solo tendrán que enfrentar la situación de miseria en la que viven, sino la desgracia de tener un familiar preso.
Los presos en protestas contra el hambre no pueden ser los presos olvidados, invisibilizados. Tras ellos posiblemente no haya un gremio, porque no pertenecen a un sindicato o a una organización estudiantil, política o profesional. Son personas de nuestras comunidades, muchas de ellas desempleadas, amas de casa o integrantes de organizaciones comunitarias. Son presos cuyas familias con bastante seguridad no tienen la capacidad de paga los costos de un abogado que los defienda. Ellos son los presos en un país con extrema pobreza creciente, que alzan su voz con desespero. Son los presos a quienes un sistema de justicia que se sostiene en las injusticias descarga toda su saña.
Por esos presos, llamamos a todas las organizaciones sociales y política a levantar la voz. A exigir su libertad y el respeto de sus derechos.
Prensa Provea
