El pasado 21 de agosto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al régimen de Nicolás maduro.
Para alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después fueron detenidos los funcionarios presuntamente responsables del crimen. En tal sentido, se privó de libertad a José Contreras y Néstor Olano y se ordenó la captura de los funcionarios Andrés Díaz, y José Moreno.
Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas. Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial.
Muy distinta es la actuación cuando las víctimas no tienen “padrino político”. En primer lugar, se asume como cierta la versión policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa. Son miles las familias que desean tener la misma suerte de contar con el derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales. Para ellas, por ahora, solo está garantizada la impunidad.
Es importante destacar que, en el caso de los trabajadores de la Televisora Guacamaya y las cinco personas asesinadas en El Limón, la versión oficial presentada por las FAES fue que las personas habían enfrentado a los funcionarios y debido a ello murieron. Esta es la versión en la casi totalidad de casos en los cuales no sólo este componente de la Policía Nacional realiza ejecuciones, sino también cuando están involucrados otros organismos policiales.
Desde 2010 más de 27.000 personas han sido asesinadas por organismos policiales y militares en Venezuela. La casi totalidad de asesinatos son presentados como muertes por “resistencia a la autoridad” y, por lo tanto, se impone la versión que asegura que los funcionarios actuaron en el marco de la ley y en legítima defensa. Así se da luz verde para que los agentes de la fuerza pública sigan cometiendo graves violaciones contra los derechos humanos.
En Venezuela la impunidad es la norma.
El silencio de Alfredo Ruíz, Defensor del Pueblo impuesto por la fraudulenta asamblea nacional constituyente, cuesta vidas. Es él quien debería alzar la voz para exigir el fin de la elevada letalidad policial y militar en el país y ejercer acciones ante el Ministerio Público para que se adelanten las investigaciones y se haga justicia, pero prefiere voltear la mirada y propiciar con sus omisiones que las violaciones sigan ocurriendo.
Por su parte, Tarek William Saab, el Fiscal General también impuesto por la ANC, actúa en muy pocos casos y, como hemos indicado, solo cuando se trata de situaciones en las que, de manera directa o indirecta, están afectados los intereses del gobierno de Maduro. Para el resto de las victimas impera la ausencia de justicia.
No hay voluntad alguna de investigar a las decenas de funcionarios involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales, menos aún a la cadena de mandos policiales y militares. En los dos casos que señalamos, en los que hay funcionarios de las FAES detenidos, y ante las cientos de denuncias que señalan a este cuerpo élite como responsable de ejecuciones, el Ministerio Público debería iniciar una investigación contra el director de ese organismo, el señor José Miguel Domínguez, contra el Director de la Policía Nacional Bolivariana, el General de Brigada Elio Ramón Estrada Paredes, y contra el propio ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Ellos, que constituyen la cadena de mando jerárquica de las FAES, deberían ser objeto de investigación por tales crímenes para determinar su grado de responsabilidad por acción u omisión.
Los familiares de las víctimas de ejecuciones policiales se están organizando. Se constituyó la organización Orfavideh, que durante el mes de agosto ha venido desarrollando una campaña de denuncia y exigencias al Ministerio Público para que se investiguen y se sancionen a los responsables de los asesinatos cometidos por la fuerza pública.
También se han organizado los familiares de las víctimas de la represión a las protestas del 2017 en la organización Alfavic para igualmente exigir justicia.
Apoyamos estos esfuerzos organizativos de los familiares de las víctimas y acompañaremos sus reclamos ante las distintas autoridades, para que los responsables sean presentados ante los órganos de administración de justicia y sean sancionados. Con cuerpos policiales que tienen luz verde para asesinar, todos y todas en el país estamos en riesgo. La sanción a responsables es una forma de prevenir no se repitan los abusos.
Prensa Provea
