El 23 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó un decreto que convoca elecciones presidenciales para antes del 30 de abril de 2018. Como organizaciones dedicadas al avance de los derechos humanos en las Américas, los grupos firmantes estamos profundamente preocupados por el anuncio. Instamos a las autoridades electorales venezolanas que se adhirieran a la Constitución de Venezuela y garanticen el derecho fundamental de los venezolanos a elegir un presidente en un proceso que sea libre, justo y transparente.
Estamos especialmente alarmados de que el anuncio haya sido hecho por el ANC, un organismo que fue convocado fuera del orden constitucional de Venezuela porque al pueblo venezolano se le negó el referéndum requerido por la Constitución sobre si crear o no dicha asamblea.
El decreto del ANC que convoca elecciones antes de abril 2018 además viola directamente el Artículo 298 de la Constitución, que establece claramente que “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.
En apoyo de los esfuerzos internacionales para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, también aplaudimos la reciente declaración de los 14 países de América que firmaron la 4ª Declaración del Grupo de Lima. Como señala el documento, las elecciones presidenciales deben convocarse con tiempo suficiente para preparar las correspondientes garantías institucionales, con la debida participación de todos los actores políticos venezolanos y con la participación de observadores internacionales independientes. Estamos de acuerdo con la declaración al afirmar que las elecciones que no cumplan estas condiciones “carecerán de legitimidad y credibilidad”.
El trabajo del Grupo Lima y otros esfuerzos para abordar la crisis a través de la diplomacia multilateral es esencial, y reiteramos nuestro apoyo a estas iniciativas ante las recientes llamadas a favor de acciones peligrosas como una intervención militar. El pueblo venezolano merece solidaridad en su afirmación de sus derechos democráticos fundamentales, los cuales el decreto del ANC amenaza con socavar.
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