Tarek William Saab acaba de cumplir un mes al frente del Ministerio Público y buena parte de ese tiempo lo ha utilizado para atacar y acusar a su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz. Al menos esto es lo que se desprende de las cuatro ruedas de prensa, del discurso que ofreció ante la cuestionada Constituyente y las dos entrevistas que ha concedido en ese lapso, las cuales ha destinado casi enteramente a lanzar duras acusaciones contra la abogada guariqueña, quien se encuentra en Colombia protegida por el Gobierno de ese país.
El pasado 7 de agosto, en su primera comparecencia ante los medios tras haber sido nombrado por la Constituyente, Saab inició sus palabras responsabilizando a Ortega Díaz de promover la ola de protestas que sacudió al país entre abril y julio; y con ello supuestamente buscar una intervención militar extranjera.
“Cada declaración, una tras otra, incitada no sé por quién ni por cuáles intereses, no solo le causaron un grave daño a la institucionalidad democrática sino que colocaron en peligro la paz ciudadana (…) Cada vez que veíamos a la exfiscal parecía que más que apaciguar al país, le echaba leña al fuego. Cuando el país buscaba un punto de concordia y reencuentro aparecía la ciudadana Fiscal General para prender al país de sangre y de gasolina”, declaró.
Pero como si ese señalamiento no fuera lo suficientemente grave, acto seguido Saab informó el inicio de una investigación para desmantelar una supuesta red de extorsión y chantaje que operaba en el Ministerio Público.
“Si un fiscal o un director de este Ministerio Público tasó en dólares la no imputación de un sospechoso o de un inocente, que es peor aún, eso lo vamos a investigar porque eso corroe la justicia”, declaró y días después incluso anunció la creación de una oficina que se encargaría de recibir denuncias contra fiscales y demás funcionarios del organismo que supuestamente exigían a los investigados dinero a cambio de favorecerlos.
Contra el círculo íntimo
Una semana después de Saab recibió la primera gran denuncia de manos de los constituyentes Diosdado Cabello y Pedro Carreño, quienes señalaron al diputado German Ferrer, esposo de la defenestrada Ortega Díaz, de dirigir a esa red de extorsión y lo hicieron afirmando que empresarios que estaban siendo investigados por operaciones irregulares con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) les habrían asegurado que desde la Fiscalía les estaban solicitando dinero para dejarlos libres.
Para sustentar sus señalamientos Cabello mostró seis certificados depósitos que el cónyuge de la funcionaria habría abierto entre marzo y abril de 2016 en la sucursal que el banco suizo UBS tiene en la isla de Las Bahamas. En algunos de esos certificados, según lo denunciado por el oficialista, aparecerían firmando también fiscales como Pedro Lupera, quien llevaba la investigación del caso Odebrecht y de Pdvsa; así como la exdirectora del Despacho de Ortega Díaz, Gioconda González, aunque en el documento figuraría como Gioconda García.
Días después comenzaron a surgir informaciones que ponía en duda la veracidad de los señalamientos tales como que la sucursal del banco suizo desde 2014 no realiza este tipo de operaciones o que el gerente que supuestamente abrió esas cuentas dejó de trabajar allí un año antes.
De brazos cruzados
Saab también ha acusado a Ortega Díaz de negligencia la hora de conducir determinadas investigaciones como las relacionadas con los presuntos crímenes de odio ocurridos durante la reciente ola de protestas, así como las relacionadas con las irregularidades en la adjudicación de divisas oficiales a través de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
“Va a ser mi responsabilidad semanal, quincenal, interdiaria, demostrar cómo hubo una intención de actuar manipulando las pruebas y los indicios para propiciar la extorsión, la protección de grupos y empresas poderosas. La utilización de la investigación penal de manera selectiva y de las víctimas con fines propagandístico”, afirmó el pasado 23 de agosto el Fiscal General provisorio designado por la Constituyente, quien se quejó de que 80% de los casos relacionados con las denuncias sobre uso indebido de divisas preferenciales fueron sobreseídos y que el restante 20% correspondía a personas naturales, los conocidos “raspacupos”.
Una semana después acusó a Ortega Díaz de ignorar las denuncias sobre irregularidades en las empresas mixtas que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco y las cuales habrían costado a las arcas públicas 200 millones de dólares.
Sin embargo, las palabras de Saab se contradicen con los datos de su despacho. Hasta agosto pasado el Ministerio Público investigaba a 23 funcionarios y exfuncionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y empresarios privados por estos hechos, de los cuales seis están tras las rejas, seis más imputados y otros seis habían sido citado para ser imputados, entre ellos destaca el actor Manuel Sosa, quien es presidente de una empresa que contrató con Petropiar y el cual no atendió la convocatoria.
El tiempo dedicado a lanzar señalamientos contra su predecesora contrasta con el que ha dedicado a proseguir las investigaciones por los 124 fallecidos durante la ola de protestas o de casos de corrupción como Odebrecht, al cual no se ha referido todavía.
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