Especial | Los CLAP: 7 indicios de discriminación política

Según las principales encuestas de opinión la escasez de alimentos se ha convertido en el principal problema de los venezolanos y venezolanas; un problema que ha ocasionado un aumento de los índices de subnutrición y desnutrición; un hambre que se siente a diario y que compromete la plena vigencia de los derechos humanos en el país.

En términos políticos, la profundización del desabastecimiento de alimentos constituye una de las principales causas de la progresiva pérdida de popularidad del gobierno. El derecho a la alimentación se instaló de manera permanente en la agenda pública: se le invoca en el Consejo de Ministros, en la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales, en los vagones del Metro y, con mayor fuerza y legitimidad, mientras la gente hace largas colas para conseguir lo indispensable para subsistir.   

La angustia de los venezolanos por la insatisfacción de sus necesidades básicas ha aumentado tanto como los esfuerzos del gobierno por recuperar apoyo del electorado, sobre todo por la amenaza que representa para el chavismo una evaluación negativa de la gestión gubernamental mediante el mecanismo constitucional del referéndum revocatorio.

Como la efectividad de los derechos económicos sociales y culturales está sujeta a la acción estatal, el Poder Ejecutivo recurrió a un programa que le permitiría dar una respuesta (con énfasis mediático) a las demandas generalizadas de suministro suficiente y oportuno de alimentos. Y, en paralelo, movilizar a sus seguidores para tratar de evitar deserciones en las bases chavistas y continuar erosionando su apoyo electoral.

Uno de las preguntas de la presente investigación era corroborar si desde el principio el segundo objetivo era más importante que el primero. El 3 de junio de 2016 Provea emitió una primera alerta sobre los efectos contraproducentes del programa y lo calificó de “apartheid alimentario”. El documento fue titulado “Los CLAP promueven discriminación alimentaria y estimulan mayor conflictividad social”.

El propósito de este informe es sistematizar la información disponible sobre la organización y funcionamiento de los CLAP, a efectos de  identificar indicios de discriminación política. Para ello contrastamos los discursos oficiales con los testimonios de las víctimas. Y, en tercer lugar,  profundizamos en el análisis de la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la alimentación, con fundamento en los estándares nacionales e internacionales más favorables a su pleno ejercicio y los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

La mayoría de las fuentes documentales citadas textualmente en la redacción de este informe son oficiales: 1) Gacetas Oficiales, videos y grabaciones audiovisuales de discursos y señalamientos públicos del presidente de la República, Nicolás Maduro; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el Jefe del Centro de Control Nacional de los Clap, Freddy Bernal; y de la integrante del Estado Mayor de los CLAP y gobernadora de Cojedes, Erika Farías; y 3) sitios web de ministerios. También se cita información difundida a través de portales oficialistas como los del PSUV, Frente Francisco de Miranda, Unamujer; Venezolana de Televisión, Correo del Orinoco y Agencia Venezolana de Noticias. Adicionalmente se incluye parte de la reseña del debate parlamentario sobre los CLAP, que se realizó el 7 de junio de 2016 y que fue  publicada en el portal de la Asamblea Nacional. Y como complemento, citas de tres notas periodísticas publicadas en medios privados: dos en Reporte24 y una en Noticiero Digital. Como decisión editorial hemos decidido no incluir imágenes de las personas que ofrecieron su testimonio a la presente investigación para evitar la posibilidad de represalias en su contra.

Marco legal para la vigencia del derecho a la alimentación

En el ordenamiento jurídico interno venezolano, el derecho a la alimentación está consagrado en el artículo 305 de la Constitución:

«El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaría se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola».

Y el artículo 17 de la Carta Magna, presente en el capítulo sobre los derechos económicos, indica:

“Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”.

A efectos de este análisis también es necesario considerar el artículo 19 del texto fundamental:

“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. (Destacado nuestro).

El derecho internacional ofrece más argumentos jurídicos, pues el derecho a la alimentación se ha robustecido con el adjetivo “adecuada”. La Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, vigente desde 1999, establece que “el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos”.

La Observación es específica en cuanto al contenido básico del derecho:

1) La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; y

2) la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

También se ofrecen pistas para la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la alimentación adecuada: “Al determinar qué medidas u omisiones constituyen una violación del derecho a la alimentación, es importante distinguir entre la falta de capacidad y la falta de voluntad de un Estado para cumplir sus obligaciones. En el caso de que un Estado Parte aduzca que la limitación de sus recursos le impiden facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas que no son capaces de obtenerla por sí mismas, el Estado ha de demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles por utilizar todos los recursos de que dispone con el fin de cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas”.

A los fines de identificar el estándar más favorable aplicable para afrontar la posible discriminación política a través de los CLAP, el numeral 19 del referido documento es especialmente útil:

19. Las violaciones del derecho a la alimentación pueden producirse por actos realizados directamente por los Estados o por otras entidades insuficientemente reguladas por los Estados. Entre ellos cabe señalar: derogar o suspender oficialmente la legislación necesaria para seguir disfrutando el derecho a la alimentación; negar el acceso a los alimentos a determinados individuos o grupos, tanto si la discriminación se basa en la legislación como si es activa; impedir el acceso a la ayuda alimentaria de carácter humanitario en los conflictos internos o en otras situaciones de emergencia; adoptar legislación o políticas que sean manifiestamente incompatibles con obligaciones jurídicas anteriores relativas al derecho a la alimentación; y no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas; o, cuando es el Estado, no tener en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales relativas al derecho a la alimentación al concertar acuerdos con otros Estados o con organizaciones internacionales”.

Los destacados (en negrillas) del numeral 19 de la Observación General N° 12 describen conductas que, como veremos, han sido denunciadas recurrentemente desde que comenzaron a actuar los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Queda claro que, de verificarse, constituyen una violación del derecho a la alimentación adecuada, la cual acarrea responsabilidad internacional del Estado venezolano.

Concepción ideologizada

La iniciativa gubernamental de revertir la escasez de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fue anunciada por primera vez el 3 de abril de 2016. El presidente Nicolás Maduro dijo: “Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano por la vía del socialismo”. Nueve días después, el jefe del Estado volvió a referirse al asunto: “Los CLAP son la cura del bachaqueo y la corrupción para llegar a una economía autosustentable, con fuerza propia, integrada, para satisfacer las necesidades del ser humano”.

El 26 de abril de 2016, en la Academia Militar, Maduro tuvo un encuentro con los representantes de CLAP creados hasta esa fecha. Los definió como  “el gran instrumento de la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez para superar y vencer la guerra económica”. Y agregó: “Hemos dado con el punto que va a permitir que todo lo que se está moviendo llegue (…) la mejor forma de que todo lo que está naciendo en la revolución nazca bien es que nazca articulado con los CLAP (…) porque los CLAP son nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro cuerpo”.

El portal del Ministerio de Planificación registra los señalamientos del ministro Ricardo Menéndez, el 27 de mayo de 2016: “Uno de los desafíos es modificar el patrón de distribución, asumiendo la capacidad de administración de lo que se tiene, para que los niveles de intermediación sean menores, que sea una distribución directa de los productores a los consumidores, manifestó Menéndez desde la Escuela Venezolana de Planificación, donde aseguró que la clave del nuevo sistema de distribución son los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP)”.

Soporte legal de los CLAP

La fundamentación jurídica de los CLAP se limita a dos menciones en el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, publicado en la Gaceta Oficial  6.227 Extraordinario, del 13 de mayo de 2016. En el numeral tercero del artículo segundo, referido a la posibilidad de tomar medidas excepcionales, se establece: “La garantía, incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con participación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”. Y en el numeral nueve se indica: “Atribuir funciones de vigilancia y organización a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a los consejos comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpos de Policía Estadal y Municipal, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”.

El Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica abunda en consideraciones sobre la llamada guerra económica como principal causa de la crisis de desabastecimiento: “…ciertos agentes económicos que hacen vida en el país, auspiciados por intereses extranjeros, obstaculizan el acceso oportuno de las venezolanas y los venezolanos a  bienes y servicios indispensables para la vida digna de la familia venezolana, generando de manera deliberada malestar en la población a través de fenómenos distorsivos como el ‘bachaqueo”, las colas inducidas y un clima de desasosiego e incitación a la violencia entre hermanos”.

El abordaje ideologizado, y no técnico del fenómeno de la escasez constituye un primer riesgo de discriminación por razones políticas en la actuación del Estado. La tesis de la guerra económica está vinculada a la necesidad de identificar, neutralizar y, si es necesario, aniquilar al enemigo interno. La amenaza de arbitrariedad empeora cuando el gobierno incluye en la ambigua categoría enemigo interno otra aún más difusa: “agentes de la contrarrevolución”. Por ejemplo, allí pudiera quedar incluida una madre que busca alimentos para sus hijos, si algún miembro del CLAP descubre que ha votado contra el gobierno o simpatiza con la oposición.

A falta de documentos oficiales disponibles que permitan precisar la adscripción de los CLAP a alguna instancia más formal de la burocracia estatal, cabe recordar la lógica clientelar que ha caracterizado la ejecución de los programas sociales del gobierno. De los señalamientos públicos del presidente Maduro y otros voceros gubernamentales, se deduce que los CLAP están asociados a la  Misión Abastecimiento Soberano.

El 17 de junio de 2016, el sitio web del PSUV dio cabida a un texto atribuido a la “Misión Verdad” y titulado “Red pública de alimentos y los CLAP: objetivos prioritarios de los saqueos”.

“El liriqueo anti-CLAP  -se afirma desde el medio gubernamental- forma parte sustancial del discurso de lo más granado del fascismo criollo: Maricori dice que ‘Los CLAP son el último instrumento que Maduro empleó para doblegar a Venezuela’; José Guerra, que ‘los CLAP ocasionarán corrupción y confrontación’; y Capriles, que ‘llamó a los venezolanos a rechazar los CLAP’. Profecías que buscan cumplirse y rápido, en el marco de una agenda de demonización total y agresiva contra el chavismo, ubicándolo de un día para otro como el responsable de la grave situación alimentaria. Pero esta situación tiene responsables directos y verificables en la putrefacta clase comercial venezolana”.

Misión Verdad insiste en el tono belicista: “El chavismo sabe lo que sucede y cómo se desenvuelven las agresiones contra el país. No necesita que le expliquen los acontecimientos como si fuera un carajito que acaba de abrir los ojos. Ese país despierto, vivo, en plena ebullición, forma parte de la reserva política a la cual siempre debemos remitirnos a la hora de interpretar la guerra en curso”.

Conformación excluyente

En la página web del Ministerio de Alimentación (www.minpal.gob.ve) está disponible un video divulgado a través de la red YouTube que define a los CLAP: “Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción son pueblo organizado que forma parte del sistema de distribución de alimentos para asegurar la entrega directa y segura a las comunidades. Con esta iniciativa enfrentamos la guerra económica a escala local, combatimos el acaparamiento, la usura, el contrabando, y se promueven las potencialidades locales para alcanzar la soberanía alimentaria y el autoabastecimiento”.

En cuanto a la creación e integración de los CLAP, el mismo documento audiovisual indica: “Se escogen los responsables de Unamujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda y consejos comunales que conforman esa instancia. Se designan los jefes de comunidad y jefes de calle o vereda.  En asamblea con el poder popular se explica el sistema popular de distribución de alimentos y la ruta de implementación en la comunidad. Luego se desarrollan las primeras jornadas, casa por casa, como experiencia piloto para cada comunidad”.

Más allá de este video y los señalamientos de algunos voceros gubernamentales, no hay información oficial suficiente, detallada y de libre acceso sobre la organización y funcionamiento de los CLAP.

A primera vista, los CLAP constituyen un mecanismo de autogestión. “El pueblo tiene talento, formación, probidad, honestidad y amor por la Patria, y por ello, todas las ferias y mercados que impulsa el Gobierno Bolivariano debe ir de la mano con los CLAP”, insistió Maduro el 26 de abril.

Freddy Bernal fue designado Jefe del Centro de Control Nacional de los Clap  el 12 de mayo de 2016. “La tarea principal de este Centro de Comando y Control Nacional será monitorear en tiempo real la distribución de alimentos en las comunidades organizadas para combatir guerra económica, y garantizar que los alimentos lleguen directo al Pueblo”, afirmó el presidente Nicolás Maduro en esa oportunidad.

Bernal le salió al paso a las denuncias de discriminación: “Mucha gente de clase alta y sectores pudientes no se ha organizado ni en consejos comunales ni en CLAP, porque ellos fácilmente pueden acceder a los alimentos a través de los distribuidores privados. Los respetamos. No obligamos a nadie a conformar un CLAP”, dijo el 11 de junio. El Jefe del Centro de Control Nacional de los CLAP  soslayaba las dificultades que tienen los consejos comunales integrados por personas que no son afectas al oficialismo para obtener la permisología imprescindible que les permita actuar legalmente y obtener recursos del Estado.

No obstante, declaraciones de altos voceros del Ejecutivo reiteran el carácter excluyente de los CLAP. El 22 de julio de 2016 el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, declaró: “Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) son también un instrumento político para defender a la Revolución y al pueblo”. Días antes, el 8 de junio de 2016, la gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, expresó: “Los CLAP son una nueva forma de lucha, una nueva organización de base en tiempos de guerra y que constituye un ejército de vanguardia revolucionaria para defender la Patria, profundizar la Revolución y para defender todos los logros que nosotros hemos obtenidos y conquistar los futuros logros de nuestro proceso revolucionario”. Una nota del Ministerio de Comunicación, del 07 de junio de 2016, citando palabras del presidente Maduro titula: “Los CLAP se movilizan en apoyo a la Revolución”.

Pero la conducción de los CLAP por organizaciones oficialistas si es un dato concreto; quizás el indicio más claro de exclusión.

“La Unamujer la integran todas aquellas mujeres Bolivarianas, Socialistas y Chavistas que, asumiendo las luchas antiimperialistas y anticapitalistas, entienden que es menester luchar contra el patriarcado como forma de opresión. Se trata de una plataforma organizativa que aporta sustancialmente a la construcción de  un proyecto histórico que libere y emancipe a la sociedad en general, y a las mujeres en lo específico, por medio de la plena igualdad y equidad de género, tal como está planteado en el Plan de la Patria”. Así se define la organización en su sitio web.

“El Frente Francisco de Miranda  nace el 29 de junio del año 2003 fue fundado en La Habana, Cuba, por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz,  creado ante la necesidad que tenía la revolución venezolana de tener en la población actores sociales sólidos y efervescentes como se requieren en los procesos profundos de cambios, reformas y transformaciones. Es una organización política disciplinada, antiimperialista,  dinámica y organizada; fundamental en la lucha por erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones y por alcanzar la igualdad social en Venezuela. Es un  instrumento que apoya a las Misiones y contribuye al desarrollo exitoso de los programas impulsados por el Gobierno Revolucionario en beneficio de las clases más humildes, en correspondencia con el ideario bolivariano y el pensamiento del Comandante Chávez”. Así se define el Frente Francisco de Miranda.

“Las Unidades de Batalla Bolívar–Chávez, UBCH, son las estructura base de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y su vanguardia está conformada por los 40 militantes más disciplinados y conscientes de la referida estructura”. Es la definición que hace Elías Jaua, en la página oficial del PSUV.

En el mismo portal se indica que la dirección nacional del partido de gobierno elaboró un decálogo, cuyo quinto punto reza: “Defender los logros de la revolución y combatir en cualquier terreno a los enemigos de la patria”. Y el décimo punto es más claro en cuanto al objetivo primordial de las UBCH: “Organizarse y cumplir las tareas para ganar la elección”. Aunque en ese decálogo se hacía referencia específica a los comicios municipales del 8 de diciembre de 2010, las UBCH se han mantenido como principal mecanismo movilizador de las bases chavistas en los procesos electorales.

La incorporación de las UBCH, como uno de los cuatro grupos oficialistas llamados a conformar los CLAP, constituye un indicio de la instrumentalización político electoral del programa gubernamental para la distribución de alimentos, a propósito de la crisis de desabastecimiento. La lógica de premio y castigo es inadmisible cuando se trata de políticas públicas teóricamente destinadas a la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales.

Antecedentes nacionales e internacionales

“Las misiones sociales, creadas durante los últimos 12 años, han sido un mecanismo fundamental para erradicar el hambre en Venezuela, destacó el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en Venezuela, Marcelo Resende, al analizar la política de alimentación de un país que revirtió el índice de subnutrición y logró que más de 3.000.000 de personas que antes no tenían acceso a los alimentos, ahora coman hasta tres veces al día”. Así comienza la reseña de una entrevista a Resende, publicada por la Agencia Venezolana de Noticias el 23 de abril de 2015. Para entonces, la escasez de alimentos ya era el principal problema de los venezolanos, por encima de la inseguridad ciudadana.

En la referida entrevista a Resende, el portal oficialista hace una especie de corte de cuenta de la Misión Alimentación: “Creada en el año 2003, luego del golpe de Estado al comandante Chávez y del sabotaje petrolero que dejó pérdidas entre 18.000 y 21.000 millones de dólares al país, esta misión abastece de alimentos a la red pública nacional integrada por más de 22.000 establecimientos comerciales, entre abastos, supermercados y bodegas populares. Se calcula que el 75% de la población venezolana adquiera al menos un producto en esta red que ha sido muy importante en la batalla contra la guerra económica que libra en la actualidad el pueblo venezolano”. Llama la atención que un funcionario que debería caracterizarse por su experticia técnica utilice en sus declaraciones argumentos políticos propios del discurso oficial como “Comandante” para referirse al presidente de la República o “guerra económica”. Esta parcialidad fue objetada por 40 ONG venezolanas en una comunicación remitida al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el 21 de julio de 2016.

El Observatorio Venezolano de Misiones, creado por Transparencia Venezuela, es más crítico con los resultados de las políticas oficiales: “Desde el Estado venezolano se ha promovido el programa social Misión Alimentación, cuyo fin es la  comercialización de productos alimenticios a un precio reducido entre los precios disponibles en el mercado. Pese a ello, la misión no presenta mecanismos de transparencia, focalización, rendición de cuentas, gestión, monitoreo y seguimiento del programa, lo que hicieron que su objeto social no sea acorde con las políticas públicas con enfoque en derechos humanos y a su vez, con el desarrollo sostenible de una población”.

Por la opacidad denunciada por Transparencia Venezuela, resulta difícil disponer de datos confiables para evaluar los resultados de la Misión Alimentación la cual, como la mayoría de las misiones, fue objeto de sucesivos relanzamientos. En el contexto de la crisis de desabastecimiento, se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano. El 18 de julio de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de la Misión Alimentación y la Gran Misión AgroVenezuela a la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

Cuando se anunciaron los CLAP, algunos establecieron similitudes con las medidas de racionamiento implantada por Fidel Castro el 12 de julio de 1963 para enfrentar la escasez de alimentos y la especulación en los precios en Cuba.

Sin embargo, hay una experiencia internacional más parecida a los CLAP. Se trata de las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, creadas en Chile durante los últimos años del gobierno de Salvador Allende. Pero, a diferencia de los CLAP, las JAP chilenas contaron con mayor formalidad en cuanto a su organización y funcionamiento.

Las JAP fueron creadas por la resolución N° 112 de la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 4 de abril de 1972: “Se entenderá por Juntas de Abastecimiento y Control de Precios aquella agrupación de trabajadores que luchan por mejorar las condiciones de vida del pueblo dentro de cada unidad vecinal, de preferencia esforzándose por lograr un adecuado abastecimiento, velando por un eficaz control de los precios luchando contra la especulación y los monopolios, promoviendo el mejor aprovechamiento de los medios de subsistencia del pueblo y cooperando en general con todas las funciones de la Dirección de Industria y Comercio”.

Makeka Barría, en el blog “De este lado de la trinchera” escribió sobre las JAP en primera persona: “Hasta las necesidades más básicas no eran disponibles, y si lo eran, era en cantidades pequeñas. Para obtener comida o cualquier cosa había que hacer colas por horas. La Unidad Popular controlaba al pueblo por el estómago (hambre), porque para comprar la poca comida disponible, usted tenía que ser miembro de la JAP de su barrio (Junta de Abastecimiento Popular). Si usted no era miembro de esta organización comunista (o militante del Partido Comunista y Socialista), no le dejaban comprar comida. Esto hizo que la gente forzadamente declarara que estaba a favor de Allende y la Unidad Popular (para que pudieran ser miembros de las JAP, para comer) cuando en realidad no estaban a favor”.

A propósito de la incorporación de Unamujer en los CLAP, llama la atención la participación protagónica de las mujeres chilenas que respaldaban a Allende en los comienzos de las JAP. De hecho la iniciativa se hizo pública por primera vez en un «Encuentro con las Dueñas de Casa», en Santiago, en Julio de 1971.

“La única esperanza para amortiguar las consecuencias de la política inflacionaria era controlar la distribución de productos. Durante todo el gobierno de la UP subsiste el debate sobre cuáles son las etapas de comercialización (transporte, mayoristas, comercio al detalle) que resulta necesario controlar en forma directa o indirecta. La JAP representaría la alianza del pequeño comerciante, el último eslabón en la cadena de distribución, con el consumidor. Su tarea consistiría en amortiguar los efectos a nivel popular de la política inflacionaria en general, y de los problemas en el sistema de comercialización en particular”, se indica en el libro Pan, techo y poder. El movimiento de pobladores en Chile 1970-1973, de Ernesto Pastrana y Mónica Threlfall (Buenos Aires, 1974).

Las instrucciones impartidas desde el gobierno chileno, a través del Dirinco, tienen eco en la retórica oficialista sobre los CLAP, pues en el país austral gobernado por un socialista también se invitaba a librar una “lucha ideológica».

“Los primeros documentos de Dirinco hablan de ‘dar la lucha ideológica en el seno de los comerciantes para ganarlos hacia una política correcta’ frente al ‘enemigo común’: el monopolio y el gran comerciante mayorista. Entre los consumidores, la lucha ideológica consiste en explicar las razones del desabastecimiento (el problema de divisas y el cerco del imperialismo, acaparamiento por parte de la derecha, etc.) y su relación con la producción”, abundan Pastrana y Threlfall.

La diatriba política

“En los CLAP no puede haber escuálidos, no puede haber bachaqueros, no puede haber contrarrevolucionarios”, advirtió la gobernadora del estado Cojedes Erika Farías, el 8 de junio de 2016, según reseñó Venezolana de Televisión.

“Los CLAP son una nueva forma de lucha, una nueva organización de base en tiempos de guerra y que constituye un ejercito de vanguardia revolucionaria para defender la patria, profundizar la revolución y para defender todos los logros que nosotros hemos obtenidos y conquistar los futuros logros de nuestro proceso revolucionario”, continúa la reseña sobre un acto que se llevó a cabo en el palacio de Miraflores con voceros de los CLAP. A su lado estaba el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, que no corrigió los señalamientos discriminatorios de Farías.

La gobernadora de Cojedes instó a los representantes de los CLAP que la escuchaban a realizar tres tareas que considera básicas: “fortalecer la organización y su funcionamiento; vigilancia revolucionaria ante los ataques de la derecha, pedagogía política para vencer venciendo; y demostrar una razón amorosa”.

El gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, también se hizo eco del carácter político partidista de los CLAP. “Lo único en lo que tenemos que estar claros es que los CLAP tienen que ser una organización bien sólida y consolidada, y que tienen que ser una organización totalmente revolucionaria”, afirmó el 17 de agosto de 2016.  Sin embargo, Ramírez negó prácticas discriminatorias: “Eso es completamente falso. Es un tema de manipulación y de mentira”.

Freddy Bernal también se ha esforzado en desmentir la discriminación política a través de los CLAP: “Existe una campaña de desinformación y distorsión que la oposición para desvirtuar el objetivo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Nosotros no vamos a excluir a nadie. Es mentira totalmente lo que dicen algunos voceros de al derecha, que no vamos a atender a gente de oposición. Ellos también son pueblo. Los CLAP no pertenecen a ningún partido político, no tienen carácter partidista, son herramientas para garantizar en la emergencia la distribución equitativa de los productos de la cesta básica”.

Los medios de comunicación social han alertado las distorsiones de los CLAP. El 15 de agosto de 2016, el Instituto Prensa y Sociedad publico un estudio titulado  “Venezuela: Los CLAP en la pantalla oficial”, a través del cual se precisó que  entre el 3 de abril, cuando se anunciaron los CLAP, hasta el 4 de agosto de 2016,  voceros gubernamentales se han esforzado en promover el nuevo mecanismo de distribución de alimentos, como la mejor opción para afrontar “la guerra económica”. Hubo 102 emisiones, de las cuales 11 fueron cadenas oficiales y 91 fueron parte de la programación habitual de Venezolana de Televisión. En cuanto al proselitismo desarrollado en medios digitales, el estudio de IPYS destaca que durante el lapso analizado la Agencia Venezolana de Noticias ha publicado 676 informaciones a favor de los CLAP.

El 7 de junio se llevó a cabo un debate en la Asamblea Nacional que concluyó con un acuerdo de rechazo de los Comités Locales de Alimentación y Producción. La reseña periodística oficial incluye las posiciones en pugna. Julio Borges, diputado de Primera Justicia y jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, fue el proponente del acuerdo. Afirmó que con los CLAP “se pretende politizar el estómago y someter al pueblo a ser esclavo (…) la gente no se cala que a unos se distribuya y a otros no».

La diputada Mariela Magallanes fue designada presidenta de una comisión especial para investigar irregularidades a través de los CLAP, con énfasis en la discriminación política. “No todos los consejos comunales están incluidos. Es un sistema perverso que demuestra el fracaso de la política alimentaria del gobierno y que no resuelve el problema de las madres y sus hijos que  están pasando hambre con graves consecuencias en la salud», abundó la parlamentaria.

El chavismo respondió airadamente. «Hoy vemos como los diputados de la Unidad están recibiendo una presión muy fuerte de parte de su jefatura. Su plan político está subordinado a lo que dice Barak Obama y ante la ineficiencia política de la derecha, la política externa asume la iniciativa. No vengan a confundir al pueblo. El pueblo apoya los CLAP. Y ustedes, en su concepción ideológica, generan odio de clase; a ustedes no les ha dado resultado el pedido del imperio norteamericano”, indicó el diputado del Gran Polo Patriótico Orlando Zambrano.

Para desvirtuar las denuncias sobre discriminación, el también diputado oficialista Gerson Vizcaíno mostró imágenes de familiares de dirigentes de la oposición en el momento en que recibían bolsas de comida distribuidas por los CLAP. La esposa y la suegra del diputado apureño Luis Lippa, así como la hermana del gobernador Liborio Guarulla fueron algunas de las fotografiadas.

Es probable que el debate entre los representantes del oficialismo y de la oposición sobre la discriminación política mediante los CLAP esté sesgado por la polarización; que cada una de las partes solo muestre lo que les conviene. Por ello recurrimos a los testimonios de las víctimas que, en el mismo Palacio Federal Legislativo, han relatado sus experiencias personales.

Militarización

Con la crisis causada por la escasez de alimentos, la militarización de la gestión pública ha llegado a su máxima expresión. Cinco militares han dirigido el Ministerio de Alimentación durante el gobierno de Nicolás Maduro: el teniente coronel Yván José Bello Rojas, el mayor general Carlos Osorio Zambrano, el general de Brigada Félix Osorio, el mayor general Hebert García Plaza y, actualmente, el general de División Rodolfo Marco Torres.

El 12 de julio de 2016 se anunció la creación del Comando para el Abastecimiento Soberano bajo el mando del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Ese día el presidente Nicolás Maduro fue enfático al señalar que todos los ministerios quedaban a la orden de Padrino López a efectos de ejecutar las estrategias para afrontar la escasez de alimentos, entre ellas los CLAP.  Y lo reiteró el 8 de septiembre: “El Estado Mayor de los CLAP es un Estado Mayor que tiene más que rango ministerial. Cuando el Estado Mayor de los CLAP cite a un ministro, el ministro está obligado a rendirle cuentas porque le está rindiendo cuentas al pueblo organizado, al Poder Popular. Tienen que acudir y ponerse a las órdenes directas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, como instancia central de producción, de abastecimiento, de trabajo”.

Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya estaba sumada “al fortalecimiento de los CLAP”, según lo había anunciado Padrino López el 16 de junio de 2016.

“El presidente y Comandante en Jefe Nicolás Maduro ha llamado a todo el pueblo a conformar los CLAP y  garantizar la paz, por eso la FANB se ha sumado con todo vigor a estos comités, y por eso la Milicia Bolivariana está allí como punta de lanza. También está la Guardia del Pueblo, el Ejército, las unidades de la Aviación, de la Armada y de toda la Fuerza Armada Nacional con todo su potencial para empoderar a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, afirmó el ministro de la Defensa desde el estado Portuguesa, durante una jornada de “Gobierno de Eficiencia Militar en la Calle”.

El militar de más alto rango en el país hizo suyo el discurso oficialista al señalar que el desabastecimiento es “inducido” y que existe una “guerra no convencional, con ramificaciones económicas, psicológicas y de carácter mediático, para poner de rodillas al pueblo de Venezuela”. Esa coincidencia con el chavismo, aunada a la proclamación de las FANB como socialistas y chavistas, constituye otro riesgo de discriminación política en la ejecución del programa de distribución de alimentos.

La tarea asignada a Padrino López  va más allá del cambio de denominación de un programa social; de misión a gran misión, por ejemplo. Los términos “comando” y “estado mayor” tienen las implicaciones épicas (o belicistas, desde otro punto de vista) que el gobierno ha querido imprimir a los programas sociales, y ahora al combate del desabastecimiento a partir de la tesis de la guerra económica.

A continuación el texto completo del decreto de creación del Comando para el Abastecimiento Soberano, con destacados en negrillas que, en función de los objetivos de este informe, merecen consideraciones adicionales.

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Aunque el decreto es el documento más específico sobre el uso de los CLAP como estrategia gubernamental para afrontar la coyuntura de desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, no resulta suficiente para comprender cabalmente su organización y funcionamiento.

La participación de militares “en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos y las venezolanas”, ha sido más visible en el control de la distribución a través de redes públicas y privadas que en los CLAP, específicamente en labores de orden público. Todas las víctimas de discriminación política consultadas por separado para este informe, aseguraron no tener conocimiento de la intervención de militares en la repartición de bolsas de comida. En todo caso, parece clara la disposición de instaurar los CLAP manu militari.

Sin embargo, la gobernadora de Cojedes y miembro del Estado Mayor de los CLAP, Erika Farías, afirmó el 8 de septiembre de 2016 que la Milicia Bolivariana estaba activamente incorporada a la distribución de alimentos, así como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese día se llevó a cabo el llamado Congreso de la Patria, Capítulo CLAP en el sector La Placera, parroquia María de San José, en el municipio Mariño del estado Aragua, y el presidente Nicolás Maduro saludó la presencia de los milicianos en el acto: “Teniente de milicias de Aragua sigue siendo Bolívar, personificado en su pueblo. Allá están. Mira la Milicia Nacional Bolivariana, allí están los milicianos de Bolívar”.

Del decreto a través del cual se creó el Comando para el Abastecimiento Soberano también destaca la línea de mando. Los tres primeros cargos de la estructura se enuncian en el siguiente orden: 1) El presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado y de gobierno, así como de comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien lo preside. 2)  El Ministro de la Defensa, y comandante Estratégico Operacional (CEO), quien asumirá la jefatura del Órgano Superior de dicho Comando, de acuerdo a lo establecido en el reglamento que lo organice. 3) El segundo comandante Estratégico Operacional (CEO) y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la FANB.

De esta forma, podría quedar disminuida la posibilidad de que los ciudadanos organizados incidan determinantemente en la toma de decisiones. Al militarizar los CLAP, privan los principios de disciplina, obediencia y subordinación que rigen a la institución castrense.

La idea de “unión cívico-militar”, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez a partir de las elaboraciones teóricas del argentino Norberto Ceresole, se comenzó a ensayar, precisamente, en materia de distribución de alimentos a través del Plan Bolívar 2000. Después de 16 años, el aprendizaje de los militares deja mucho que desear si se toma en cuenta el hallazgo de la ONG Transparencia Venezuela: en la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Alimentación (que ha estado en manos de cinco altos oficiales durante el gobierno de Maduro) se registra 62% de incumplimiento de metas.

“La orden de arriba es que consejo comunal que no esté aliado al gobierno no va a recibir las bolsas de los CLAP”, dice José Andrés Rivero, sobre lo que sucede en la parroquia San Juan, en Caracas, sin poder precisar cuál es esa instancia superior que da las órdenes. “Tienen que acudir y ponerse a las órdenes directas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, como instancia central de producción, de abastecimiento, de trabajo”, afirma el presidente Nicolás Maduro refiriéndose a los ministros de manera genérica, pero como comandante en jefe de la Fuerza Armada Bolivariana, como máxima autoridad del Comando para el Abastecimiento Soberano. En definitiva, no hay claridad sobre el alcance de la militarización de los CLAP, sino solo que están diseñados con lógica castrense a efectos de incorporar a las bases chavistas en la supuesta guerra económica.

Sin contraloría

Todas las víctimas consultadas coinciden en señalar que los CLAP creados en sus comunidades no cuentan con mecanismos de supervisión estatal. La ausencia de una regulación precisa y conocida por todos abre espacios para la comisión de arbitrariedades, pues la ejecución del programa de distribución de alimentos ha quedado en manos de los grupos oficialistas que pudieran actuar en forma sectaria. Nadie pudiera garantizar el estricto cumplimiento de los lineamientos impartidos verbalmente por voceros gubernamentales, ni siquiera de los de aquellos que niegan o rechazan las posibilidades de discriminación política.

Las pocas pistas que ha dado el presidente de la República sobre el funcionamiento de los CLAP no alcanzan ni siquiera para intuir mecanismos de contraloría. El 26 de abril de 2016, Maduro exhortó a los ministros de Agricultura Urbana, Lorena Freitez; Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario; Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo; y Alimentación, Rodolfo Marco Torres a “crear la articulación, comunicación y trabajo conjunto con todos los Comité Locales de Abastecimiento y Producción del país. La mejor forma de que todo lo que está naciendo en la Revolución nazca bien es que nazca articulado con los CLAP (…) porque los CLAP son nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro cuerpo”, dijo el primer mandatario.

La referencia a la “articulación” de los CLAP con los ministerios directamente relacionados con la alimentación pudiera corresponder a un acompañamiento técnico de las comunidades, pero tampoco están claras cuáles son las necesidades técnicas en cada caso.

Como quiera que la distribución de alimentos a escala nacional implica grandes desafíos de organización de recursos humanos, materiales y presupuestarios, Maduro enunció la reestructuración  de todos programas gubernamentales en materia de alimentación y mencionó a la Misión Alimentación, Mercal y Pdval. Sin embargo, tampoco dio detalles del alcance de tal reestructuración.

El 12 de mayo de 2016, desde el Palacio de Miraflores, donde se instaló el “Estado Mayor de los CLAP”, el presidente anunció: “Acabo de crear un fondo especial de estímulo e inversión a los CLAP. Ya yo le trasladé, hace 4 semanas, 8.500 millones de bolívares para que sirviera como capital semilla para la inversión, las compras, el estímulo a los CLAP. Y eso ha dado buen resultado. Ahora estoy creando un fondo especial de los CLAP, con 10 mil millones de bolívares, para arrancar como fondo para inversión”.

¿A que se refiere el jefe del Estado con buen resultado? Ni en esa oportunidad ni en ninguna otra ha rendido cuentas sobre el dinero destinado a los CLAP. Ni siquiera está claro cuál o cuáles instancias gubernamentales administran los recursos que, en teoría, deben llegar a las comunidades que ejecutan el programa social. En el decreto de creación del Comando para el Abastecimiento Soberano se mencionan mecanismos de financiamiento pero solo a efectos de “la consolidación de recursos y esfuerzos en la producción primaria y agroindustrial de rubros estratégicos para el abastecimiento nacional”.

Los números se ofrecen sin mayores especificaciones. El 12 de mayo, el presidente Maduro dijo: “Estamos siendo más óptimos, estamos aprovechando 4 y 5 veces los alimentos en su proceso de distribución”.

Ni siquiera hay concordancia de cifras en los anuncios de voceros gubernamentales  sobre el número de CLAP constituidos a aprobados por el Comando de Abastecimiento Soberano.

El 8 de agosto de 2016, Bernal aseguró que hasta esa fecha “más de 20.000 comités del CLAP  han sido estructurados en todo el país, de los cuales, de los cuales 8.500 están validados, es decir cumplen con la estructura exigida por el Ejecutivo, a saber: Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Unión Nacional de Mujeres (Unamujer), Frente Francisco de Miranda (FF) y comunas”.

Un mes después en el llamado Congreso de la Patria Capítulo CLAP, Maduro afirmó: «Ya tenemos registrado por encima de los 14 mil CLAP. Quiero ponerles una meta (…) debemos haber conformado y  (tener) en pleno funcionamiento 21 mil CLAP para cerrar el año».

La opacidad extrema sobre la administración de los recursos asignados a los CLAP implica riesgos de corrupción y de abuso de poder.  “Los CLAP no son perfectos pero son perfectibles, es decir, no dudo que en algunas parte del país en esta inmensa estructura haya alguna desviación o ineficiencia, pero para eso tenemos un equipo político que está semanalmente en constante revisión para ajustar los procesos”, admitió Freddy Bernal el 17 de julio de 2016 desde Cumaná, un mes después de que la capital del estado Sucre fuera escenario de saqueos generalizados asociados a la escasez de alimentos.

En esa oportunidad Bernal también prometió que se combatiría la corrupción “esté donde esté” y puso a disposición la dirección electrónica clapnacional2016@gmail.com, para recibir denuncias. Sin embargo, requirió “todos los soportes necesarios para el correspondiente procedimiento legal”.

«El sistema de abastecimiento soberano, con los CLAP, va a ir mejorando progresivamente (…) Considero que va a haber un salto adelante en septiembre porque está llegando un buen número de materia importada, que se procesará en gran medida y se estaría sumando la cosecha que se recoge en septiembre» agregó Bernal el 8 de agosto de 2016.

Y el  8 de septiembre de 2016, en el llamado Congreso de la Patria, Capítulo CLAP, el dirigente del PSUV admitió deficiencias: “…que todavía hay fallas, sí las hay; que aún no hemos logrado el 100% de la meta, no hemos llegado. Es parte del camino. Que seguramente hay por allí distorsiones, las hay; y por eso cada semana se reciben informes, se revisa, se chequea, se hacen llamadas, se habla con los alcaldes, con los gobernadores… Hay que felicitar a los gobernadores y alcaldes que se han involucrado en los CLAP, en la importación y en la distribución”.

¿Gobernadores y alcaldes involucrados con importaciones? Pareciera un señalamiento muy grueso en cuanto a la administración de fondos públicos que ameritaría mayores explicaciones.

El 8 de septiembre, en el referido Congreso de la Patria Capítulo Clap, se anunciaron los siguientes resultados: “Hasta la fecha, se han registrado 19 mil 409 CLAP, en 20 mil 776 comunidades de los 24 estados de Venezuela. Se han distribuido 174 mil 527 toneladas de alimentos en todo el territorio nacional con un promedio de 569 mil 365 familias atendidas semanalmente”.

La contraloría social sobre los CLAP también es difusa. De los testimonios de las víctimas de discriminación política se colige que en cada comunidad se aplican procedimientos sui generis, siempre decididos por los representantes del oficialismo que están al frente de la distribución de alimentos.

Acciones de justiciabilidad denegadas

La justiciabilidad de los derechos económicos sociales y culturales en Venezuela está comprometida desde el 26 de mayo de 2004, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia 1.002, mediante la cual  rechazó una acción de amparo interpuesta por la Federación Médica Venezolana para garantizar una adecuada dotación de los hospitales públicos del país.

“…en la actuación política, el Estado goza de una libertad de configuración propia que no puede ser sustituida legítimamente por el Poder Judicial.  La tiene como consecuencia del cumplimiento de sus funciones constitucionales, como producto de la naturaleza de su función, esto es, como una derivación del principio de división de poderes que estatuye un ámbito reservado para cada Poder que excluye la sustitución de voluntades, y que en la relación Gobierno-Poder Judicial impide que el control jurisdiccional sea la medida de la suficiencia de la carga prestacional.

Por ende, la libertad de configuración política hace que ese control judicial, mientras no se afecte un derecho, no exista; sin embargo, que el Poder Judicial no pueda controlar la legitimidad de las políticas y, simultáneamente, esté habilitado para controlar la juridicidad del actuar estatal no puede asumirse como contradictorio.

Ahora, que las políticas, en principio, estén exentas de control judicial no por eso escapan a un control, sólo que el que le es aplicable es el político que también está dispuesto constitucionalmente.  Los órganos que ejercen el Poder Público obran bajo su propia responsabilidad, que puede ser cuestionada en el plano político, lo que significa que son susceptibles de sufrir la desautorización sobre el modo de ejercicio de la gestión política, pero ese proceso de deslegitimación no puede ser calificado por el Poder Judicial, salvo que se trate de establecer la responsabilidad administrativa por los daños producidos como consecuencia de la actuación que se juzga política y dejando al margen, así mismo, que un derecho fundamental sea afectado por esa decisión, lo que al final, por cierto, deja de ser un control sobre los elementos políticos del acto para pasar a ser un control sobre los elementos jurídicos del mismo.

(…) Según las ideas expresadas en los párrafos anteriores se concluye, hasta ahora, que: a) los derechos económicos, sociales y culturales gozan, como cualquier derecho, de tutela jurisdiccional; b) para saber cuándo se está en presencia de uno de esos derechos debe existir un relación jurídica perfectamente definida donde la lesión de los mismos provenga de una modificación de la esfera jurídica del ciudadano o de un colectivo; c) la actividad estatal destinada a satisfacer la procura existencial es una actividad de gran contenido político; d) que esa actividad puede traducirse bien en actos o bien en políticas; e) que esos actos pueden ser objeto de control jurisdiccional en sus elementos jurídicos, no en los políticos; f) que las políticas no son objeto, en principio, de control jurisdiccional sino de control político; g) que esa imposibilidad del juez no puede ser entendida como una negación del derecho de acción de los ciudadanos.

(…) El Poder Judicial no puede sustituir al Legislativo o Ejecutivo en la formulación de políticas sociales, como una manifestación del principio de división de poderes, que, de quebrantarse, conduciría a un gobierno de los jueces”.

A pesar de la sentencia 1.002, se han tomado dos iniciativas legales para detener la tendencia de discriminación política a través de los CLAP.

La primera acción fue ejercida por Aixa López, concejal del Municipio Libertador y secretaria femenina nacional de Acción Democrática. El 13 de julio de 2016, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, López demandó la inconstitucionalidad e ilegalidad  de los numerales 3 y 9 del artículo 2 del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, publicado en Gaceta Oficial N° 6227 Extraordinario, el 13 de mayo de 2016.

La concejal considera que los CLAP son violatorios de los artículos 305 y 117 de la Constitución, así como la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, pero no especificó qué artículos.

En el documento consignado ante el TSJ se indica: “Con esta nueva modalidad de distribución de alimentos se evidencia una discriminación contra el resto de la población que no pertenezca a una UBCH o a los consejos comunales; es decir, los beneficiarios deben tener una afiliación y contacto político con el gobierno”.

A la fecha de cierre de este informe (15 de septiembre de 2016) la impugnación de la concejal López no ha sido admitida, como tampoco la solicitud de amparo con el propósito de que sean suspendidos los efectos de las normas objetadas.

La segunda acción fue ejercida por los integrantes de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para investigar irregularidades en la distribución de alimentos a través de los CLAP, presidida por la diputada Mariela Magallanes. Se trata de una demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos interpuesta ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Los parlamentarios alegaron la  violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la alimentación y la seguridad alimentaria.

En el documento razonan que “el otorgamiento de competencias del Poder Nacional en materia de seguridad alimentaria a organizaciones de hecho, profundamente políticas, pro oficialistas, trajo a los ciudadanos de este país mucho más desabastecimiento, mayor inequidad en la consecución de los alimentos, discriminación al momento de la entrega de alimentos a grupos que no comparten la ideología oficialista y, sobretodo, mucha más hambre y desesperanza”.

La demanda por intereses difusos y colectivos hace valer el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Al referirse a los derechos a la vida, salud y alimentación y seguridad alimentaria, los parlamentarios argumentan: “…cualquier restricción al suministro regular, permanente y libre de alimentos, por vía de acciones voluntarias, como es el caso, por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es un atentado a la vigencia de los prenombrados derechos”.

Para los demandantes los CLAP son organizaciones “de hecho” y no de derecho: “Cuando el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anuncia limitaciones al acceso a los alimentos, derivada de la opinión política,  y delega tal esencial responsabilidad del Estado en organizaciones políticas de base oficialista, atenta, indudablemente, contra los más básicos intereses de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, al pretender convertir el fracaso de la política alimentaria de la nación en una suerte de castigo para los que no opinen igual que el sector oficial (…) máxime cuando los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son organizaciones de hecho y no de derecho, toda vez que no surgen de normativa alguna, por lo que su funcionamiento carece de la más absoluta base de legalidad”. Los parlamentarios insisten al caracterizar a  los CLAP como “una estructura fáctica, de perversa e ilegal ejecución, que concluye en un apartheid político”.

Los diputados también pidieron a la Sala Constitucional que ordene al presidente de la República, en tanto presunto agraviante, suspender la distribución de alimentos mediante los CLAP. La demanda de los parlamentarios ha corrido la misma suerte que la ejercida por la concejal Aixa López: no ha sido admitida.

Dos datos muy concretos podrían explicar la falta de respuesta del TSJ. El 19 de mayo de 2016, la Sala Constitucional, en ponencia conjunta, dio su visto bueno al decreto presidencial 2.323, a través del cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica; a saber el principal asidero jurídico de los CLAP.  Y el 19 de julio de 2016, volvió a fallar a favor del gobierno pues convalidó la prórroga de 60 días del referido decreto de estado de excepción.

Conclusiones

1.- Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) surgen como respuesta gubernamental a la profundización de la crisis de desabastecimiento de alimentos, la cual se ha convertido en una fuente de descontento popular que merma la legitimidad de desempeño del presidente de la República, Nicolás Maduro.

2.- El oficialismo ha promocionado los CLAP como una estrategia, con énfasis mediático, para deslastrar al gobierno, y en particular al presidente de la República, Nicolás Maduro, de responsabilidades por el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad. En esta oportunidad volvió a utilizar la táctica de renombrar los programas sociales (de Misión Alimentación a Gran Misión Abastecimiento Soberano), administrados con una lógica asistencialista y, según los denunciantes consultados, a modo de premio y castigo. Como ha ocurrido con otras medidas populistas, tal lógica suele conducir al sectarismo, al clientelismo y a la discriminación política.

3.- La reiterada alusión a una supuesta guerra económica promovida por el gobierno de Estados Unidos y sectores de oposición incorpora un tono belicista que debilita las garantías de igualdad y no discriminación en el diseño y ejecución de los CLAP. Incluso, el gobierno ha retomado en forma explícita la idea de guerra convencional; y en forma implícita, la noción de enemigo interno. Ambas categorías comprometen la plena vigencia de los derechos humanos, y en el caso de los CLAP  los derechos a la alimentación y seguridad alimentaria, salud, integridad personal y vida.

4.- La conciencia de derechos se percibe en los relatos de las víctimas de discriminación política. Incluso, grupos organizados de ciudadanos han formalizado denuncias a partir de la convicción de que el suministro oportuno y suficiente de alimentos, independientemente del mecanismo que se utilice, corresponde a una obligación estatal y no a una dádiva del gobierno. Pero en algunos casos los efectos del chantaje político inhiben las acciones de exigibilidad y justiciabilidad.

5.- Todos los derechos violados por el uso discriminatorio de los CLAP están consagrados en la Constitución. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos ofrece mayores argumentos jurídicos y es particularmente útil la Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales de Naciones Unidas. El numeral 19 del referido documento establece: “Las violaciones del derecho a la alimentación pueden producirse por actos realizados directamente por los Estados o por otras entidades insuficientemente reguladas por los Estados. Entre ellos cabe señalar: derogar o suspender oficialmente la legislación necesaria para seguir disfrutando el derecho a la alimentación; negar el acceso a los alimentos a determinados individuos o grupos, tanto si la discriminación se basa en la legislación como si es activa…” (Destacado nuestro).

6.- El dato de discriminación más evidente es la conformación excluyente de los CLAP. Tanto en los señalamientos del presidente de la República y otros voceros gubernamentales, como en el sitio web del Ministerio de Alimentación se precisa que están integrados por consejos comunales, Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (que están concebidos y actúan como parte de la maquinaria electoral del PSUV), Unamujer y el Frente Francisco de Miranda. Los cuatro componentes son organizaciones oficialistas que, según confirman las víctimas, no dan cabida a la participación de personas no identificadas con el chavismo.

7.- Los CLAP constituyen una reedición de las JAP (Juntas de Abastecimiento y Control de Precios) que se implementaron en Chile, durante los últimos años del gobierno de Salvador Allende. El contexto socioeconómico del país austral en 1972 era similar al venezolano en la actualidad. Como en Venezuela, las JAP fueron instrumentalizadas de acuerdo con criterios político-partidistas: «…dar la lucha ideológica en el seno de los comerciantes para ganarlos hacia una política correcta’ frente al ‘enemigo común’: el monopolio y el gran comerciante mayorista. Entre los consumidores, la lucha ideológica consiste en explicar las razones del desabastecimiento (el problema de divisas y el cerco del imperialismo, acaparamiento por parte de la derecha, etc.) y su relación con la producción…”.

8.- La falta de reglamentación de los CLAP, precisa y suficientemente conocida tanto por los ejecutores como los beneficiarios del programa social de distribución de alimentos, abre espacios a las arbitrariedades, entre ellas la discriminación por razones políticas. El principal asidero jurídico de los CLAP es el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, emitido por el Ejecutivo el 13 de mayo de 2016. En ese documento se insiste en enunciar como causas de la escasez la supuesta guerra económica que, desde la perspectiva oficialista, debe ser combatida con organización popular.

9.- Ni las autoridades directamente vinculadas con el diseño y ejecución de los CLAP ni las víctimas de discriminación pueden identificar mecanismos de contraloría que se ajusten a los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado públicamente desembolsos por el orden de los 18.500 millones de bolívares, sin que se sepa con claridad quién los ha administrado, cuándo, cómo y con qué resultados. La contraloría social es difusa, pues los CLAP se han convertido en apéndices de los consejos comunales, pero solo de los consejos comunales comprobadamente chavistas. En este sentido, privaría más la lealtad política y el respaldo a los fines últimos establecidos por el gobierno (combatir la guerra económica del imperialismo yanki y la derecha golpista), por encima de una administración escrupulosa de recursos que pertenecen a todos los venezolanos.

10.- El aumento de la militarización de la gestión pública durante el gobierno de Nicolás Maduro tiene efectos, aguas abajo, sobre la organización y funcionamiento de los CLAP. Las denominaciones “Comando para el Abastecimiento Soberano” y “Estado Mayor de los CLAP” dan cuenta de una estructura jerárquica y una línea de mando que pone en duda que este sistema de distribución de alimentos corresponda a una gestión verdaderamente autónoma de las comunidades, en atención a sus necesidades específicas y diferenciadas.

11.- La falta de trámite de las iniciativas legales contra los CLAP, ejercidas ante el Tribunal Supremo de Justicia, dificulta la justiciabilidad de las violaciones de derechos humanos denunciadas por las víctimas de discriminación política. Un primer obstáculo está asociado a la jurisprudencia adversa establecida por la Sala Constitucional, según la cual la pertinencia y ejecución de los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser evaluados por los jueces. Y la reiterada convalidación del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica (que constituye el principal fundamento jurídico de los CLAP) por parte de la misma Sala Constitucional constituye un desafío adicional para detener, investigar, juzgar y sancionar las prácticas discriminatorias.

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Edgar López / Especial para Provea