ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Rafael Uzcátegui | Los actuales ministros venezolanos de Defensa e Interior, según el reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, tienen responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país desde el año 2014. Ambos figuran en la lista de graduandos de la llamada “Escuela de las Américas”, un centro creado por Estados Unidos desde el año 1946 y que ha sido denunciado por activistas del continente por ser un centro donde se enseñaron técnicas de tortura y asesinato.
En 1946 los Estados Unidos crearon en Panamá un centro de adiestramiento militar para actividades de guerra y contrainsurgencia. Durante la Guerra Fría fueron entrenados centenares de militares de toda América Latina para mantener a raya la influencia de la Unión Soviética en la región. Según divulgó Amnistía Internacional en 2005: “A mediados de los 90 el gobierno de los EEUU reveló que la Escuela de Américas (SOA por sus siglas en inglés) había utilizado manuales de capacitación que defendían prácticas como la tortura, la extorsión, el secuestro, y ejecución. Si bien se han implementado algunos cambios curriculares en este instituto de capacitación, nadie ha alguna vez se ha responsabilizado por los manuales de capacitación ilegales o por el comportamiento de los graduados de SOA”.
Según la organización SOA Watch entre los alumnos de la Escuela de las Américas “figuran destacados violadores de derechos humanos como los argentinos Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, el boliviano Hugo Bánzer Suárez, el salvadoreño Roberto d’Aubuisson, además de dos de los tres oficiales vinculados con el asesinato del arzobispo Oscar Romero; tres de los cinco oficiales citados en la violación y el asesinato de cuatro religiosas norteamericanas; y diez de los doce militares que participaron en la masacre de 900 civiles en El Mozote, en El Salvador”. La polémica hizo que en 1984 el centro fuera trasladado al estado de Georgia, en Estados Unidos, y que en el año 2001 fuera rebautizada como “Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC)”. Las críticas se han mantenido hasta el día de hoy, pues para sus críticos mantiene su misión original.
En el año 2004 el Estado venezolano dejó de mandar alumnos para sus diferentes cursos. Hasta ese momento, según las cifras disponibles, 3590 venezolanos habían realizado sus entrenamientos. Dos de ellos, en la actualidad, tienen altos cargos en el gobierno de Nicolás Maduro. Y sus nombres aparecen reiteradamente en el reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, sobre situaciones ocurridas en el país a partir del año 2014.
Según el listado disponible en sitio web de SOA Watch (https://soaw.org/graduados-de-soa/) entre el 21 de febrero al 19 de abril de 1995 el capitán Vladimir Padrino López realizó el “Curso de operaciones psicológicas”. Seguidamente, entre los días 24 de abril al 5 de mayo, del mismo año, también participó en el “Curso de adiestramiento para instructores”, lo que sugiere que multiplicaría en Venezuela las enseñanzas aprendidas. Por su parte el capitán Nestor Luis Reverol Torres realizó entre el 15 de octubre al 14 de noviembre de 1996 el “Curso de administración de recursos”. Hoy el primero es Ministro de Defensa, mientras Reverol es Ministro de Interior y Justicia, dos cargos de primer nivel en la administración Maduro.
La Misión de la ONU tuvo como mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2019, investigar sobre 4 situaciones ocurridas en Venezuela desde el año 2014: Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Uno de los focos de la investigación fueron los operativos de seguridad ciudadana denominados “Operativos de Liberación del Pueblo”, que según las ONG venezolanas ocasionaron graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos: “La Misión -reza en el informe- tiene motivos razonables para creer que quienes ocupan los más altos cargos del poder en relación con las OLP, en particular el Presidente, el Ministro del Interior, y el Ministerio de Defensa, contribuyeron a la comisión de las violaciones y los crímenes ocurridos durante las operaciones entre julio de 2015 y julio de 2017”.
La investigación reflejó que el Padrino López era responsable de la creación del llamado “Plan Zamora”, bajo el cual se reprimieron las protestas ocurridas en el año 2017 que ocasionaron más de 140 personas asesinadas: “El Plan -afirma la Misión de la ONU- se aplica bajo la premisa que “en parte o en todo el territorio nacional, grupos desafectados y organizados realizan protestas violentas que generan graves alteraciones al orden público”. Según la descripción, esas amenazas incluyen campañas en medios de comunicación contra el gobierno, pronunciamientos de agentes políticos contra el gobierno y la promoción de la delincuencia y la inseguridad como parte de “una estrategia de desestabilización” de los agentes contra el gobierno”. Padrino López es citado en otros casos descritos en las más de 400 páginas que conforman la investigación.
Sobre Nestor Reverol se indica que como Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), publicó un manual con normas y procedimientos operativos que describe las acciones de la GNB en respuesta a situaciones que amenazan el orden público. Los enemigos internos del Estado, según este documento, serían “aquellos individuos que pueden ser nacionales o extranjeros que se encuentran en el territorio nacional y que mantienen posiciones opuestas a las políticas del gobierno nacional”. Los tres expertos independientes que conforman la Misión de la ONU, entre ellos Francisco Cox quien también investigó para la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, redactaron: “La Misión tiene motivos razonables para creer que el Presidente y el Ministro del Interior tenían conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de las operaciones de seguridad y contribuyeron a su comisión”.
El informe de la Misión también describe una serie de métodos y casos de tortura contra personas privadas de libertad en Venezuela por razones políticas. Uno pudiera especular si hay alguno de factura Escuela de las Américas. Lo cierto es que el legado de esta peculiar universidad continua vivo en el continente, y se expresa en los autoritarismos de diferente signo. Esto es una buena razón para que los venezolanos nos involucremos en la campaña internacional que durante años ha pedido el cierre de la Escuela de las Américas.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
