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Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
Keymer Ávila | Hace unos días tuve una conversación con Javier Barrios de Radio Fe y Alegría sobre los casos de Barlovento y Cariaco, en los que fueron asesinadas más de 20 personas por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente por miembros de las FAN. De este intercambio destacan 8 claves para analizar estos fenómenos:
- Estas muertes estaban ya anunciadas desde el 13 de julio de 2015, fecha en la que se promovió y apoyó una política como la OLP. No se le puede dar poder ilimitado a militares y policías, sin rendición de cuentas, sin consecuencia institucional alguna ante sus desviaciones y excesos. De esas aguas provienen nuestros actuales lodos.
- Lo que estamos presenciando en la actualidad es una masacre por goteo: si bien los casos de Cariaco, Barlovento y Tumeremo son escandalosos porque se consiguen una gran cantidad de víctimas en un solo evento, no debe perderse de vista también que aquí hay una masacre continuada o por goteo. A comienzos de año la Fiscal General habló de doscientas cuarenta y cinco personas fallecidas en apenas 5 meses de la OLP ¿qué ha pasado con esos casos? Esto sin tener en cuenta que allí no se están contando todas las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado que no llevan la etiqueta OLP. En 2015 este fenómeno aumentó más de un 80% respecto al año anterior y todo apunta que en 2016 la cifra será mucho mayor. En un seguimiento de prensa que llevamos junto a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, hemos contado ya más de mil personas, en lo que va de año, muertas en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. A la prensa llegan apenas, aproximadamente, una cuarta parte de estos casos, la cifra real ha de ser mucho mayor. Esta masacre por goteo que vemos a diario también debe denunciarse y visibilizarse.
- El sustrato de este tipo de políticas es el miedo. Las campañas de ley y orden, las demandas alarmadas de mayor seguridad y de políticas de mano dura favorecen este tipo de prácticas. En la clase política de ambos bandos existe un consenso autoritario y represivo, ante ello la ciudadanía y los movimientos sociales deben exigir una intervención del Estado eficiente en la garantía de nuestros derechos, oportuna, proporcional, enmarcada en la legalidad. Las políticas de seguridad ciudadana son para proteger nuestros derechos, no para disminuirlos ni violentarlos. Ceder derechos para ganar seguridad no tiene sentido. ¿Es lógico que en procura de tu seguridad te quiten la vida, te afecten tu integridad personal y tu libertad? Uno pide seguridad para que le protejan la vida, la integridad personal y para tener más libertad.
- No se puede permitir que el Estado termine comportándose como la delincuencia que pretende combatir. La delincuencia se frena, se controla, se reduce con mayor institucionalidad, con actuaciones ajustadas al derecho, no convirtiendo a los funcionarios del Estado en delincuentes.
- La denuncia de violaciones a los derechos humanos y excesos policiales y militares no debe interpretarse como una petición de inacción por parte del Estado. Por el contario, lo que se requiere es una mayor intervención del Estado, pero una intervención legítima y legal. Una intervención no solamente penal, el Estado debe intervenir en su totalidad, satisfacer las necesidades básicas de la población y en los casos que deba reprimir, debe hacerlo, en el marco de la legalidad.
- Si estos eventos ocurrieron o no en el marco de una OLP no es lo más importante, hoy es la OLP, mañana puede tener cualquier otro nombre. Más allá de las siglas lo que hay que cuestionar es la praxis institucional concreta, pero también sistemática y reiterada con independencia del nombre que tenga. Por otra parte, al concentrarnos sólo en las OLP pudiéramos, sin querer, estar encubriendo la totalidad de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, porque no todas las muertes que ocurren en manos de los cuerpos de seguridad son por las OLP.
- Hay que denunciar la militarización de la seguridad ciudadana, esto no debe entenderse únicamente como el ejercicio de funcionarios militares en labores de seguridad ciudadana, con ello se hace referencia también a su cultura, prácticas y lógicas bélicas llevadas a cabo por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Actualmente la totalidad de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad, no son sólo consecuencia de la actuación de órganos militares, hay policías estadales, municipales y cuerpos de policía nacional (PNB y CICPC), que también están involucrados en este tipo de eventos. Lo que hay que denunciar es la racionalidad bélica que se salta todos los límites legales e institucionales, para convertir las labores de seguridad ciudadana en una especie de guerra, con consecuencias fatales para cualquiera.
- La cualidad de inocente o culpable de la víctima de una ejecución extrajudicial no debe ser lo más importante. En el caso de Barlovento uno de los aspectos más destacados fue la inocencia de las víctimas, que si bien es relevante para su memoria y sus familiares, no debe ser el centro del discurso de actores institucionales ni del debate público. Este tipo de hechos no debe tolerarse, justificarse ni legitimarse en ningún caso, con independencia de la inocencia o no de las personas. En nuestro país no existe formalmente la pena de muerte, pena que por cierto está en proceso de extinción en todo el mundo, y en caso de que existiese la pena de muerte ésta sería consecuencia de un juicio y de la decisión de un juez, no de policías y militares en plena calle. Los derechos tienen que ser para todos, no solamente para los inocentes, porque cuando se comienza a tolerar y a legitimar que los delincuentes no tengan derechos, estamos legitimando que nos quiten los derechos a todos.
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Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
