ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
Keymer Ávila | Casos como la lamentable muerte de Marielle Franco quien denunciaba valientemente los atropellos y excesos de las UPP en Brasil, junto a las OLP en Venezuela, la institucionalización del “gatillo fácil” en Argentina, las propuestas de la Ley de Seguridad Interior en México y las reformas del Código de Policía en Colombia, dejan en evidencia que hay una clara tendencia a la militarización de la seguridad ciudadana en nuestros países. Como puede apreciarse, esta lógica autoritaria parece no ser monopolio de una sola tendencia político-ideológica.
En el caso de Venezuela tenemos indicadores generales en los que se puede apreciar un incremento de la violencia a partir de los años 1983 y 1989, que ha tenido un crecimiento sostenido y acelerado a partir de 1998. Esto es importante tenerlo en cuenta para ubicarnos en cuál ha sido la situación de la violencia letal en el país, y cuáles han sido las respuestas institucionales hacia esa violencia. Si esto es así, es importante visualizar que los problemas de seguridad ciudadana y de la militarización de la misma no nacen ni se generan a partir del año 1999. Lo que ha ocurrido a partir de esa fecha es más una consecuencia de los períodos que le anteceden, una profundización negativa de lo que ya venía en deterioro.
La Guardia Nacional, por ejemplo, está activa desde 1937 ejerciendo de facto labores de policía nacional en todo el país, es un cuerpo de naturaleza militar inspirado en la Guardia Civil Española, que también tiene este carácter y que para esa fecha estaba inmersa en el franquismo. Esta corporación fue la que impidió desde hace décadas la creación de una policía nacional de carácter civil.
Si observamos las dos últimas décadas, destaca el hecho que de los últimos 15 ministros de interior 12 (80%) han sido militares, sin embargo, ese no puede ser el único o principal indicador. Deben considerarse, entre otros, al menos cuatro aspectos:
1) Antes de 1998 el Ministro de Interior era el segundo a cargo del país, incluso se consideraba como el futuro “presidenciable”, esa visión y rol quedó atrás con la figura del Vicepresidente de la República. Es posible que a partir de ese momento el Ministerio de Interior se haya vaciado políticamente para ser considerado como un espacio meramente policíaco, “técnico”, de “gente de armas” que se encarga principalmente del empleo de la fuerza;
2) Hay civiles que pueden ser más militaristas que los propios militares, basta contrastar, por ejemplo, los resultados de las gestiones de algunos Ministros de Interior civiles con otros de origen militar, o la del propio Presidente Chávez con la del Presidente Maduro;
3) La participación de las policías, en especial de la Policía Metropolitana, en el golpe de Estado de abril de 2002, pudo también haber influido en la desconfianza política del gobierno nacional hacia las policías, y, en consecuencia, crear la necesidad, desde una lógica de poder, de ejercer un control militar sobre las mismas;
4) La lógica de la militarización no sólo se reduce al ejercicio de los militares en determinadas áreas (que trasciende al tema de la seguridad para abarcar la generalidad de la política, como la alimentación, las empresas del Estado, etc.), por militarización debe también comprenderse la cultura, prácticas y lógicas bélicas internalizadas y llevadas a cabo por los funcionarios en general, y en especial por los cuerpos de seguridad del Estado. Lo que hay que denunciar es la racionalidad bélica que se salta todos los límites legales e institucionales, para convertir las labores de seguridad ciudadana en una especie de guerra, con consecuencias fatales para cualquiera. Todos estos elementos, entre muchos otros, deben ser considerados cuando hablamos de la militarización de la seguridad ciudadana en el país.
En términos generales, la militarización de la seguridad ciudadana ha sido cuestionada en toda la región, es una de las herencias que nos queda de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que no sólo son ineficientes para generar seguridad en las personas, sino que además tienen consecuencias negativas en materia de Derechos Humanos. Porque se confunden dos racionalidades: la seguridad de la nación y la seguridad de las personas.
Así entonces, cuando se habla de seguridad de los ciudadanos se debe hacer referencia a la garantía de los derechos civiles con bienes jurídicos concretos (vida, libertad ambulatoria, integridad personal, propiedad), de personas también concretas, y los actores estatales responsables de tal garantía son también civiles. En cambio, cuando se habla de seguridad de la nación se hace referencia al sistema político en su totalidad como una abstracción, incluso como valor, pero también se refiere a las fronteras y a la integridad territorial en términos de soberanía, siendo los militares y las FAN, los principales actores responsables de defenderla.
La fusión de ambos conceptos puede traer consecuencias graves y ocasionar más problemas de los que pretende resolver. La nación se defiende de enemigos externos en un contexto bélico, a los que hay que aniquilar. Mientras que la conflictividad en escenarios de seguridad ciudadana se da entre civiles, cuya máxima expresión estaría en la comisión de delitos, en esos casos el delincuente tiene derechos y debe ser sometido a un proceso legal con resguardo de todas las garantías. Son racionalidades y actores institucionales distintos; dos entrenamientos y adoctrinamientos claramente diferenciados, que no desempeñan las mismas funciones.
Los contextos en nuestros países pueden variar pero las políticas represivas y de control son muy similares. Es importante hacer causa común contra esta expansión militarista y punitiva, a favor de la vida y de la dignidad de las personas, en especial la de los más humildes y racializados, quienes son sus principales víctimas. Algunas iniciativas y organizaciones que trabajan en este sentido son las siguientes: #SeguridadSinGuerra ; http://sinmilitarizacion.mx/ ; https://www.seguridadsinguerra.org/ ; @FJEDD ; http://fundacionjusticia.org/ ; @congresoALPEC ; https://www.facebook.com/groups/134071041084/ ; @instintodevida_; https://www.instintodevida.org/; @Reacin_Vzla; http://www.reacin.org/ ; @_Provea ; https://provea.org/
Hagamos nuestra la lucha de Marielle contra los excesos policiales y militares ¡Basta ya!
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Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
