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Carlos Patiño

Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.

Carlos Patiño |

“¿Del tirano? Del tirano
Di todo, ¡di más!; y clava
Con furia de mano esclava
Sobre su oprobio al tirano.”  

José Martí

El pasado 22 de febrero Amnistía Internacional presentó el Capítulo Venezuela de su informe anual 2017/18, en un evento denominado “Datos de la Emergencia Humanitaria en Venezuela”. El solo título representa un gran avance en la caracterización del momento que atraviesa el país, pues no es igual hablar de crisis que de una emergencia humanitaria expresada en una reiterada violación de derechos humanos, especialmente en los temas de salud y alimentación.

Las emergencias humanitarias, de acuerdo a las muchas veces citada por el gobierno  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), suelen ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos, violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente; son prolongadas en el tiempo, están causadas por el ser humano y afectan todos los ámbitos de la vida humana.

Sin embargo, lo grave de la emergencia humanitaria en Venezuela viene a ser que no es ocasionada por un desastre natural o un conflicto bélico, sino que es la consecuencia de un modelo político: el gobierno de Nicolás Maduro y su fábrica de pobreza. En la actualidad, la trillada excusa del fracaso económico y social por causa de una guerra económica, originada en una conspiración internacional en contra de la revolución bolivariana, no cuenta con la credibilidad de la comunidad internacional.

De hecho, en la Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a la salud y la alimentación en Venezuela realizada el pasado 27 de febrero en la ciudad de Bogotá, el Presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, se dirigió al representante del Estado, expresándole:

“La CIDH no solo exhorta sino exige al gobierno de Maduro aceptar la ayuda humanitaria que se ofrece, porque es claro que no puede atender su deber y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Más allá de discutir sus causas, pues es claro que esa situación humanitaria grave existe, ¿cuál es la razón por la que el gobierno de Venezuela se niega a permitir y aceptar la ayuda humanitaria? No es un tema ideológico, está de por medio la vida de las personas»

El informe de Amnistía revela que durante 2017 y 2018 la crisis alimentaria y médica siguió empeorando y afectaba especialmente a niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Señala que la FAO declaró en su informe mundial que no disponía de datos fiables sobre Venezuela y que el empeoramiento de la situación económica, ya de por sí crítica, podría dar a lugar a una ausencia mayor de bienes de consumo como alimentos y suministros médicos. Asimismo, menciona que las causas más comunes de mortalidad infantil son la septicemia neonatal, la neumonía y los nacimientos prematuros, además de un incremento exponencial de la difteria.

Durante la rueda de prensa sobre emergencia humanitaria que realizó Amnistía Internacional Venezuela, en el marco de la presentación del informe, Vivian Díaz, gerente de Amnistía Internacional, reiteró la preocupación de la organización por el impacto del empeoramiento de la escasez de productos básicos para el consumo humano provocado por la crisis económica. También exhortó a escuchar a los representantes de la sociedad civil quienes alertan sobre la existencia de un alto número de niños y niñas malnutridos y en riesgo de malnutrición.

En el mismo evento, el director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), Francisco Valencia, denunció que la situación de las personas con condiciones de salud crónica se agrava a medida que pasan los días, mientras que el gobierno insiste en omitir la emergencia humanitaria compleja condenando a muerte a miles de personas con situaciones de salud crónica.

Otro de los expertos, Manuel Sutherland, del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), denunció que actualmente Venezuela sufre la crisis económica más profunda de su historia. En los últimos 19 años la inflación ha alcanzado cifras sin precedentes, lo que la ha ubicado como la más alta en el mundo: Estima que en 2018 pase de 2.616% a 13.000%.

Frente al tema, el canciller Jorge Arreaza afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que no existe ni emergencia ni crisis humanitaria en Venezuela: “Se pretende hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, un viejo truco unilateralista.” Criticó los “Informes sin fundamento” del Alto Comisionado, así como a los expertos de la ONU  que “publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado Venezuela”.

Nicolás Maduro fue más allá y enfiló contra la organización de derechos humanos: “De Amnistía Internacional no podemos esperar ninguna opinión positiva sobre Venezuela y la Revolución Bolivariana.”

La respuesta clara y contundente de Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, no se hizo esperar: “Presidente Nicolás Maduro, no tenemos opiniones, tenemos evidencia imparcial, cuidadosa y enfocada en proteger a lxs venezolanxs, a quienes su gobierno les violenta sus derechos humanos. También denunciamos enérgicamente al gobierno de EEUU, en caso de que quisiera llamarnos imperialistas.”

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