ACERCA DEL AUTOR:
Oly Millán
Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.
Oly Millán | Normalmente se suele calificar como estupidez humana a todo acto que busca tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, pero ¿cuándo se trata de gobiernos, como se pueden calificar? ¿Será que podemos definirlos como la política de estúpidos?
Esta pregunta me la hago, luego de leer el proyecto de Ley Constitucional Antibloqueo que presentó recientemente Nicolás Maduro a su Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Descifremos algunos elementos de ese proyecto de Ley y veamos, lo que a mi modo de ver, son elementos de una política de y para estúpidos, donde pareciera que la verdadera intención es vender el país al mejor postor.
Comencemos por caracterizar a la crisis económica venezolana, ámbito al cual busca apuntar el Proyecto de Ley:
El país lleva siete (7) años consecutivos con una contracción económica brutal, expresada en una reducción para este año del producto interno bruto (PIB) en aproximadamente 70% si lo comparamos con el 2013. Con un déficit fiscal crónico que para el presente se ubica en aproximadamente 20% del PIB y para el próximo año se pudiera estimar en alrededor de un 24%, sin casi reservas internacionales liquidas, con una devaluación del bolívar hasta el extremo de conducirlo en poco tiempo a su total desaparición, con una inflación galopante que lleva más de dos años consecutivos con variaciones intermensuales superiores en muchos casos al 50%, con una caída sistemática y progresiva en la producción petrolera llevada a niveles de los años 40 del siglo XX y con una emigración de venezolanos sin precedentes en toda la historia republicana de nuestro país.
Esta situación crítica, no es más que la combinación de problemas estructurales (la profundización del modelo extractivista agotado desde fines del siglo pasado), la incapacidad y errores de gestión económica, corrupción generalizada, sumado a las sanciones financieras y económicas impuestas ilegalmente por EEUU, que si bien se instrumentan a partir de agosto del 2017, su mayor impacto lo estamos viviendo desde el 2019 hasta el presente. Como hemos dicho en varios documentos, la crisis económica no será resuelta si no se logra de forma concomitante superar la crisis política e institucional, cuya responsabilidad descansa sobre los hombros de la clase política venezolana agrupada tanto en el gobierno de Nicolás Maduro como en el sector que expresa a la oposición extrema-Guaidoista. Me pregunto, ¿podrá este Proyecto de Ley contribuir a resolver la crisis o por el contrario la profundizará?
Veamos algunos elementos relevantes del proyecto de Ley Constitucional Antibloqueo:
Desde el ámbito de la su estructura consta de 36 artículos donde, más allá de la permanente retórica de la defensa de los derechos humanos que dice ser el objetivo principal del Proyecto, existen artículos que son dignos de evaluar y que a mi modo de ver son la esencia de lo que se pretende instrumentar con dicha Ley. Veamos algunos elementos:
- Es un Proyecto de Ley que contradice en esencia a la propia constitución, tal como lo describe el escritor Lui Brito García en su último artículo que se titula: Proyecto de Ley Antibloqueo.
- Por otra parte, se coloca por encima de todo el marco legal existente en el país, es decir, en su Disposición Transitoria Segunda, expresa textualmente lo siguiente: “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones…” Es evidente que con este Proyecto se fortalece el carácter autoritario del gobierno y por ende sus mecanismos de gestión y control, colocándose prácticamente por encima del orden constitucional.
- A lo largo de todo el texto, se habla de buscar garantizarle los derechos humanos a la población venezolana, vulnerados, según el gobierno, exclusivamente por la aplicación de las sanciones internacionales. Lo que nos permite inferir que, penosamente, continúa éste evadiendo responsabilidades en cuanto a los factores que han profundizado la crisis venezolana, siendo uno de ellos, el desconocimiento que ha venido teniendo el propio gobierno de Maduro tanto a la constitución como al estado de derecho.
- En el referido proyecto de Ley se plantea con un lenguaje poco claro, con uso de muchos eufemismos, la puesta en marcha de un extenso proceso de privatizaciones, de apertura y facilidades para la inversión privada tanto nacional como internacional en empresas propiedad del Estado o aquellas donde éste tiene niveles de participación (empresas mixtas). Es prácticamente privatizar los activos de la república bajo un manto de poca transparencia y mucha discrecionalidad, lo que indudablemente fortalece el caldo de cultivo para la corrupción y el desfalco continuado a la nación.
Preguntas necesarias:
- ¿Será posible superar la profunda crisis económica que atraviesa el país, sin que se pueda resolver la crisis que vulnera el marco político institucional, elemento esencial para generar confianza y fortalecer la institucionalidad perdida y el respeto a la soberanía nacional? Definitivamente tal como están las cosas, este Proyecto de Ley es una escalada más en la dirección contraria a la búsqueda del respeto a la constitución y a la gestión transparente y responsable de los activos del Estado.
- ¿Es posible resolver la crisis, solamente con diseñar y poner en marcha leyes al margen de la constitución y de un acuerdo político nacional, que busque superar la crisis política?
Indudablemente con este Proyecto de Ley se pretende vender a Venezuela al mejor postor.
ACERCA DEL AUTOR:
Oly Millán
Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.
